Una-tierra-prometida (1)

relacionada con esos interrogatorios fuera admisible según las normas de
procesamiento penal ordinarias.
A los funcionarios de la Administración Bush nada de todo eso les había
parecido un problema porque, según ellos, los detenidos en Guantánamo
eran «combatientes enemigos ilegales», exentos de las garantías de la
Convención de Ginebra y sin derecho a juicio en tribunales civiles. Para
juzgar esos casos, la Administración había creado en su lugar un sistema
alternativo de «comisiones militares» en el que algunos jueces militares de
Estados Unidos determinaban su culpabilidad o inocencia, y en el que
imperaban escasos requisitos probatorios y garantías procesales aún más
débiles. Muy pocos observadores consideraron que el criterio de la
Administración cumplía con los requerimientos mínimos de un juicio justo,
y a consecuencia de los constantes recursos, los retrasos y los
inconvenientes procesales, las comisiones habían conseguido pronunciarse
solo en tres casos durante dos años. Mientras tanto, un mes antes de que
fuera elegido, los abogados que representaban a diecisiete uigures
apresados en Guantánamo habían solicitado con éxito que un juez federal
revisara su detención, lo que había llevado al juez a ordenar que se les
pusiera en libertad y había sentado las bases para una prolongada batalla
legal sobre el tema de las jurisdicciones. También estaban pendientes
algunas apelaciones similares sobre otros detenidos.
«Esto no es un sándwich de mierda —comentó Denis después de una de
nuestras sesiones sobre Guantánamo—, esto es todo un bufet de mierda.»
A pesar de las dificultades, empezamos a desbrozar el problema. Ordené
que se suspendiera la derivación de nuevos casos a comisiones militares;
aunque para hacerle un guiño al Pentágono, accedí a que un equipo
interinstitucional evaluara si se podía reformar y utilizar las comisiones
como refuerzo ante la posibilidad de que no pudiéramos juzgar a algunos
detenidos en tribunales civiles. Establecimos un proceso formal para
analizar qué detenidos podían ser liberados de forma segura, ya fuera
enviándolos a sus países de origen o a otros países dispuestos a aceptarlos.
Junto a un equipo de abogados del Pentágono y de la CIA, el fiscal general
Eric Holder y un equipo de fiscales del Departamento de Justicia,
comenzamos a revisar los expedientes de los prisioneros para ver qué
evidencias hacían falta para llevar a juicio y dictar sentencia a cada uno de
los detenidos de alto valor en Guantánamo. Empezamos a buscar una
instalación en Estados Unidos —ya fuera militar o dentro del sistema