Una-tierra-prometida (1)

Unidos. (La propia Administración Bush había liberado ya a más de
quinientos detenidos de esa clase enviándolos a sus países de origen o a
terceros.) Pero un pequeño grupo de prisioneros en Guantánamo eran
sofisticados agentes de Al Qaeda, conocidos como detenidos de alto valor;
por ejemplo Khalid Sheikh Mohamed, uno de los autores intelectuales
declarados de los ataques del 11-S. Los hombres que formaban parte de esa
categoría estaban acusados de ser responsables directos del asesinato de
personas inocentes, y en mi opinión, soltarlos sería peligroso a la par que
inmoral.
La solución parecía clara: podíamos repatriar a los detenidos de menor
rango a sus países de origen, donde serían controlados por sus gobiernos y
lentamente reintegrados en la sociedad, y llevar a juicio a los detenidos de
alto valor en tribunales penales estadounidenses. Pero cuanto más
estudiábamos el caso, más obstáculos encontrábamos. Respecto a la
repatriación, por ejemplo, muchos de esos detenidos venían de países que
no tenían capacidad para gestionar su regreso de forma segura. De hecho, el
contingente más grande —noventa y nueve hombres— provenía de Yemen,
un país paupérrimo con un Gobierno que apenas funcionaba, con profundos
conflictos entre tribus y la sección local más activa de Al Qaeda fuera de las
áreas tribales bajo la Administración Federal de Pakistán.
El derecho internacional también nos prohibía repatriar a detenidos si
teníamos motivos para creer que iban a ser maltratados, torturados o
asesinados por sus propios gobiernos. Ese era el caso de un grupo de
uigures detenidos en Guantánamo: miembros de una minoría étnica
musulmana que habían huido a Afganistán debido a una antigua y brutal
represión en su China natal. Los uigures no tenían ningún reclamo real
contra Estados Unidos. Pekín, sin embargo, los consideraba terroristas, y
estábamos prácticamente seguros de que si los enviábamos a China los
exponíamos a una durísima recepción.
La alternativa de llevar a los detenidos de alto valor a juicio en tribunales
estadounidenses era tal vez incluso más compleja. Por un lado, la
Administración Bush no había dado prioridad a la conservación de
evidencias ni al mantenimiento de registros claros sobre las circunstancias
en las que habían sido capturados los detenidos, por lo que el expediente de
muchos de ellos era un caos. Aparte, varios detenidos de alto valor, incluido
Khalid Sheikh Mohamed, habían sido torturados en los interrogatorios, lo
que impedía que no solo sus confesiones sino cualquier otra evidencia