Una-tierra-prometida (1)

Larry Summers había advertido ya que el desempleo era un «indicador
con retraso»: las compañías por lo general no empezaban a despedir
empleados hasta después de varios meses en recesión y no volvían a
contratar hasta mucho más tarde de que la recesión terminara. En efecto,
aunque el ritmo de destrucción de empleo se redujo gradualmente a lo largo
de 2009, el número de desempleados siguió creciendo. La tasa de
desempleo no llegó a su punto máximo hasta octubre, con el 10 por ciento,
la más alta desde comienzos de 1980. Las noticias eran tan terriblemente
malas que me descubría con un nudo en el estómago el primer jueves de
cada mes, cuando el Departamento de Trabajo enviaba a la Casa Blanca su
avance sobre el informe laboral. Katie aseguraba que por lo general podía
anticipar el contenido del informe por la expresión corporal de mi equipo
económico: si evitaban mi mirada, me dijo, o hablaban en voz baja, o
sencillamente le dejaban el sobre de papel manila para que ella me lo diera
en vez de esperar para dármelo en persona, sabía que aquel mes el informe
era malo.
Si los estadounidenses estaban comprensiblemente frustrados con el
ritmo glacial de la recuperación, el rescate de los bancos los puso al borde
del precipicio. ¡Dios, cómo odiaba la gente el TARP! No les importaba que
el programa de emergencia hubiese funcionado mejor de lo esperado, o que
más de la mitad del dinero que se había dado a los bancos ya se hubiese
devuelto con intereses, o que la economía en términos generales no pudiera
empezar a reponerse hasta que los mercados financieros funcionaran de
nuevo. En todo el espectro político, los votantes consideraban el rescate a
los bancos un fraude que había permitido a los señores de las finanzas salir
de la crisis relativamente ilesos.
A Tim Geithner le gustaba señalar que eso no era del todo cierto. Hacía
una lista de todas las cuestiones en las que Wall Street había pagado por sus
pecados: los bancos de inversión que habían desaparecido, los directores
ejecutivos expulsados, las participaciones diluidas, las pérdidas de miles de
millones de dólares. Asimismo, los abogados del fiscal general de Estados
Unidos en el Departamento de Justicia no iban a tardar en conseguir
inmensas indemnizaciones de instituciones financieras que habían roto la
ley. Con todo, no había forma de eludir el hecho de que muchas de las
personas más culpables de los infortunios económicos de la nación seguían
siendo extraordinariamente ricas; que habían evitado las acusaciones sobre
todo porque tal y como estaba redactada la ley parecía que una temeridad