Una-tierra-prometida (1)

los demás proponentes amplio margen para redactar su versión del proyecto
de ley, imaginando que más adelante en el proceso podríamos arreglar
cualquier disposición problemática.
Entretanto, nos preparábamos para lo que se avecinaba en Copenhague.
Con la expiración del Protocolo de Kioto prevista para 2012, desde hacía ya
un año se venían desarrollando negociaciones auspiciadas por la ONU para
un tratado que le diese continuidad, con el objetivo de alcanzar un acuerdo
a tiempo para la cumbre de diciembre. Sin embargo, nosotros no nos
inclinábamos por firmar un nuevo tratado que se inspirase en exceso en el
original. Mis asesores y yo teníamos dudas sobre el diseño regulatorio del
Protocolo de Kioto; en particular, sobre el uso de un concepto conocido
como «responsabilidades comunes pero diferenciadas», que hacía recaer la
carga de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero casi en
exclusiva sobre las economías avanzadas y que hacían un uso intensivo de
energía, como las de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. En
términos de justicia, pedir a los países ricos que hiciesen más que los pobres
contra el cambio climático tenía todo el sentido: no solo la acumulación
existente de gases de efecto invernadero era en gran medida el resultado de
cien años de industrialización en Occidente, sino que la huella de carbono
per cápita de los países ricos era mucho mayor que otros. Además, era poco
lo que se podía esperar de países como Mali, Haití o Camboya —lugares
donde muchísima gente seguía sin tener siquiera el acceso más básico a la
electricidad— a la hora de reducir sus ya ínfimas emisiones (y con ello
posiblemente ralentizar su crecimiento a corto plazo). A fin de cuentas,
estadounidenses y europeos podían lograr efectos mucho más sustanciales
con solo subir o bajar unos grados sus termostatos.
El problema era que el Protocolo de Kioto había interpretado que
«responsabilidades diferenciadas» significaba que potencias emergentes
como China, India y Brasil no tenían ninguna obligación vinculante de
reducir sus emisiones. Esto quizá fuese razonable cuando se redactó el
protocolo, doce años atrás, antes de que la globalización transformase por
completo la economía mundial. Pero en medio de una brutal recesión, y con
los estadounidenses ya furiosos por la continua marcha de puestos de
trabajo a otros países, un tratado que impusiese restricciones
medioambientales a las fábricas domésticas sin pedir una actuación análoga
a las que operaban en Shangai o Bangalore no iba a ser aceptable. De
hecho, en 2005 China había superado a Estados Unidos en emisiones