Una-tierra-prometida (1)

y mi equipo legislativo estaban atareados en los pasillos del Congreso, mi
equipo de política exterior y yo buscábamos la manera de recuperar el
estatus de Estados Unidos como líder en los esfuerzos climáticos
internacionales.
En otros tiempos, nuestro liderazgo en este ámbito prácticamente se
había dado por descontado. En 1992, cuando el mundo se reunió en Río de
Janeiro en lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra, el presidente
George H. W. Bush se sumó a representantes de otros ciento cincuenta y
tres países en la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, el primer acuerdo global para tratar de
estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero antes de que esta
alcanzase niveles catastróficos. La Administración Clinton enseguida tomó
el relevo y trabajó con otros países para traducir los vagos objetivos que se
anunciaron en Río en un tratado vinculante. El resultado final, el llamado
Protocolo de Kioto, establecía planes detallados para la actuación
internacional coordinada, incluidos objetivos específicos de reducción de
los gases de efecto invernadero, un sistema global de comercio de carbono
similar al de topes e intercambios, y mecanismos de financiación para
ayudar a los países pobres a adoptar las energías limpias y proteger bosques
que, como la Amazonía, contribuían a neutralizar las emisiones de carbono.
Los ecologistas aclamaron el Protocolo de Kioto como un punto de
inflexión en la lucha contra el calentamiento global. En todo el mundo, los
países participantes acudieron a sus gobiernos para ratificar el tratado. Pero
en Estados Unidos, donde la ratificación de un tratado requiere el voto
afirmativo de dos tercios del Senado, el Protocolo de Kioto se topó con un
muro infranqueable. En 1997, los republicanos controlaban el Senado, y
pocos consideraban el cambio climático un problema real. De hecho, el
entonces presidente del Comité del Senado sobre Relaciones Exteriores, el
archiconservador Jesse Helms, se enorgullecía de despreciar por igual a los
ecologistas, la ONU y los tratados multilaterales. Poderosos demócratas,
como el senador por Virginia Occidental Robert Byrd, también se oponían
enseguida a cualquier medida que pudiese perjudicar a las industrias de los
combustibles fósiles vitales para su estado.
A la vista de ese panorama, el presidente Clinton decidió no remitir el
Protocolo de Kioto al Senado para someterlo a votación, sino que optó por
retrasar la derrota. Aunque la suerte política de Clinton se recuperaría tras
superar el impeachment , el Protocolo de Kioto permaneció guardado en un