Una-tierra-prometida (1)

Lo cual no significa que toda crítica de la regulación federal fuera
infundada. En algunas oportunidades los obstáculos burocráticos lastraban a
las empresas de manera innecesaria, o retrasaban la llegada al mercado de
productos innovadores. Sí era cierto que algunas normativas costaban más
dinero del que valían. En particular, los grupos ecologistas detestaban una
ley de 1980 que obligaba a que una desconocida subagencia dependiente de
la rama ejecutiva llamada Oficina de Información y Asuntos Regulatorios
(OIRA, por sus siglas en inglés) llevase a cabo un análisis de costebeneficio
de cada nueva normativa federal. Estaban convencidos de que el
proceso favorecía a los intereses empresariales, y algo de razón tenían: era
muchísimo más fácil medir los beneficios y las pérdidas de una empresa
que poner precio a preservar una especie de ave en peligro de extinción o a
reducir la probabilidad de que un niño desarrollase asma.
A pesar de todo, por motivos regulatorios y políticos, pensaba que los
progresistas no podían permitirse ignorar los aspectos económicos. Quienes
creíamos en la capacidad del Gobierno para resolver grandes problemas
teníamos la obligación de prestar atención a las consecuencias de nuestras
decisiones en el mundo real; no podíamos limitarnos a confiar en la bondad
de nuestras intenciones. Si una agencia proponía un proyecto de norma para
preservar los humedales que imponía una reducción de la superficie de una
granja familiar, esa agencia debería tener en cuenta las pérdidas que
supondrían para esos granjeros antes de seguir adelante con el proyecto.
Precisamente porque tenía interés en hacer las cosas bien en este ámbito,
nombré a Cass Sunstein, un antiguo colega en la facultad de Derecho de la
Universidad de Chicago, para que se hiciese cargo de la OIRA y fuese
nuestro experto titular en coste-beneficio. Cass era un destacado académico
en Derecho Constitucional que había escrito una docena de libros y cuyo
nombre solía barajarse como futuro juez del Tribunal Supremo; de hecho,
fue él quien me insistió en que le encargase dirigir la OIRA, en una clara
muestra de su vocación de servicio, su indiferencia al prestigio y un elevado
cociente intelectual que hacía de él el candidato ideal al puesto. (Además,
era encantador, un jugador de squash de talla mundial y el individuo con el
escritorio más desordenado que haya visto jamás.) En el transcurso de los
tres años siguientes, Cass y su pequeño equipo echaron horas y más horas
en la discreta oficina de la OIRA, situada enfrente de la Casa Blanca, para
asegurarse de que las regulaciones que proponíamos ayudaban en efecto a
un número suficiente de personas como para justificar su coste. También le