Una-tierra-prometida (1)

intentaban inmiscuirse en la vida de la gente, minar la vitalidad económica
del país, violar el derecho a la propiedad privada y socavar la visión del
Gobierno representativo que tuvieron los padres fundadores.
Yo no daba mucha importancia a esa clase de argumentos. Ya en la era
Progresista, los monopolios petroleros y ferroviarios habían empleado un
lenguaje similar para atacar los intentos del Gobierno de librar a la
economía estadounidense del completo dominio al que la tenían sometida.
Lo mismo habían hecho quienes se oponían al New Deal de Franklin
Delano Roosevelt. A pesar de ello, a lo largo del siglo XX , una ley tras otra
y en cooperación con presidentes de ambos partidos, el Congreso había
seguido delegando su autoridad regulatoria y de inspección en toda una
constelación de agencias especializadas, desde la Comisión de Bolsa y
Valores hasta la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional,
pasando por la Administración Federal de Aviación. Por una sencilla razón:
a medida que aumentaba la complejidad de la sociedad, las corporaciones
acumulaban más poder y los ciudadanos exigían más del Gobierno, los
cargos electos simplemente no daban abasto para regular tantas y tan
diversas industrias. Tampoco poseían el conocimiento especializado
necesario para establecer reglas que permitieran asegurar transacciones
justas en los distintos mercados financieros, para evaluar la seguridad del
equipo médico más reciente, para entender los nuevos datos sobre
contaminación o para prever todas las maneras en que los empleadores
podrían discriminar a sus empleados en función de su raza o su género.
Dicho de otro modo: para tener un buen gobierno era importante la
experiencia. Las instituciones públicas debían dotarse de personas cuyo
trabajo consistía en prestar atención a cosas importantes para que el resto de
los ciudadanos no tuviésemos que hacerlo. Y gracias a esos expertos, los
estadounidenses podíamos preocuparnos menos por la calidad del aire que
respirábamos o del agua que bebíamos, teníamos a quien recurrir cuando
los empleadores no nos pagaban las horas extra que nos correspondían,
podíamos contar con que los medicamentos a la venta sin receta no nos
matarían, y que conducir un coche o volar en un avión comercial era
exponencialmente más seguro hoy de lo que lo había sido apenas veinte,
treinta o cincuenta años antes. El Estado regulatorio del que los
conservadores se quejaban tan amargamente había hecho que la vida en
Estados Unidos fuese muchísimo mejor.