Una-tierra-prometida (1)

Durante los dos años siguientes, la Administración Bush no hizo nada,
pero ahora nosotros estábamos en condiciones de dar buen uso a la decisión
del Tribunal Supremo. Lisa y Carol recomendaron que recopilásemos la
evidencia científica, emitiésemos un dictamen según el cual los gases de
efecto invernadero estaban sujetos a regulación por parte de la EPA y
usásemos de inmediato esa autoridad para elevar los estándares de
eficiencia en el consumo de combustible para todos los coches y camiones
que se fabricasen o se vendiesen en Estados Unidos. Las circunstancias no
podrían haber sido más favorables para aprobar normas en ese sentido:
aunque los fabricantes de automóviles estadounidenses y el sindicato
United Auto Workers (UAW) por lo general se oponían a unos estándares
de eficiencia más exigentes, mi decisión de seguir destinando miles de
millones de dólares de fondos TARP a mantener a flote su industria los
había vuelto «más receptivos», como Carol expresó con suma sutileza. Lisa
creía que, si actuábamos con suficiente rapidez, podíamos aprobar la
normativa antes de que los fabricantes de coches actualizasen sus modelos.
El consiguiente descenso en el consumo de gasolina en Estados Unidos
podría suponer un ahorro de unos 1.800 millones de barriles de petróleo y
reducir nuestras emisiones anuales de gases de efecto invernadero en un 20
por ciento; además, estableceríamos un precedente útil para que la EPA
pudiese regular otras fuentes de gases de efecto invernadero en los
próximos años.
Para mí, el plan era incontestable, aunque Rahm y yo estábamos de
acuerdo en que, incluso teniendo a los fabricantes de nuestra parte, hacer
que la EPA publicase nuevos estándares de eficiencia generaría muchísimo
ruido político. No podíamos olvidar que para todos los líderes republicanos
la derogación de las normativas federales era algo de máxima prioridad,
estaba al mismo nivel que bajar los impuestos a los ricos. Las
organizaciones empresariales y los grandes donantes conservadores, como
los hermanos Koch, habían hecho importantes inversiones en una campaña
que duraba ya décadas para convertir «regulación» en una palabra
malsonante. Era imposible abrir las páginas de opinión del The Wall Street
Journal sin toparse con algún ataque a un «Estado regulatorio» fuera de
control. Para los antirregulación, los pros y los contras de elevar los
estándares de eficiencia en el consumo de combustible tenían menos
importancia que lo que simbolizaba una nueva normativa: otro ejemplo más
de cómo los burócratas de Washington, a los que nadie había elegido,