Una-tierra-prometida (1)

Muro de Berlín y los activistas democráticos de Rusia auparon al poder a
Borís Yeltsin, apartando a un lado el viejo orden comunista y disolviendo la
Unión Soviética, me pareció no solo una victoria de Occidente sino una
demostración del poder de una ciudadanía movilizada y un aviso a los
déspotas de todo el mundo. Aunque el caos que se apoderó de Rusia en los
años noventa me hizo dudar —colapso económico, corrupción rampante,
populismo de derechas, oligarquías en la sombra—, mantuve la esperanza
de que a pesar de las inevitables dificultades de la transición a un mercado
libre y un Gobierno representativo, acabaría emergiendo una Rusia más
próspera y libre.
Cuando llegué a la presidencia ya estaba casi curado de ese optimismo.
Era cierto que el sucesor de Yeltsin, Vladimir Putin, que había llegado al
poder en 1999, no manifestaba ningún interés en regresar al
marxismoleninismo («un error», como lo denominó en una ocasión); y que
había estabilizado con éxito la economía de la nación, en buena medida
gracias a un enorme incremento de los ingresos públicos procedentes de la
subida de precios del petróleo. Ahora las elecciones se celebraban de
acuerdo con la Constitución rusa, los capitalistas estaban por todas partes,
los rusos de a pie podían viajar al extranjero y los activistas prodemocracia
como el maestro de ajedrez Garri Kaspárov podían criticar libremente al
Gobierno sin acabar instantáneamente en un gulag.
Pero aun así, con cada año que Putin estaba en el poder, la nueva Rusia
cada vez se parecía más a la vieja. Quedó claro que una economía de
mercado y unas elecciones periódicas podían ir a la par de un
«autoritarismo blando» que concentraba de forma consistente el poder en
sus manos y disminuía el espacio para una disidencia significativa. Los
oligarcas que cooperaban con él se convertían en algunos de los hombres
más ricos del planeta. Aquellos que rompían con Putin acababan recibiendo
distintas acusaciones criminales y se les despojaba de sus activos; Kaspárov
finalmente acabó pasando unos cuantos días en la cárcel por haber
encabezado una manifestación anti-Putin. Los compinches del presidente
ruso tenían el control de los mayores medios de comunicación del país, y al
resto se les presionaba para que aseguraran una cobertura al menos tan
amistosa como los medios estatales habían ofrecido a los gobernantes
comunistas. Los periodistas independientes y los líderes civiles se vieron
vigilados por el Servicio Federal de Seguridad (la encarnación moderna del
KGB) o, en algunos casos, fueron asesinados.