Una-tierra-prometida (1)

inteligentemente como «la compra de Luisiana» y «el soborno de los
Cornhuskers».
Harry estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. A veces
demasiado. Se le daba bien mantener contacto con mi equipo y brindaba a
Phil o Nancy-Ann la posibilidad de atajar cambios legislativos que podían
afectar negativamente a los elementos fundamentales de nuestras reformas,
pero a veces se ponía terco con un acuerdo determinado y tenía que
intervenir yo con una llamada. Solía ceder al oír mis objeciones, pero no sin
protestar y preguntar cómo iba a sacar adelante el proyecto de ley si hacía
las cosas a mi manera.
«Señor presidente, usted sabe mucho más que yo sobre políticas de
atención sanitaria —dijo en una ocasión—, pero yo conozco el Senado, ¿de
acuerdo?»
En comparación con tácticas indignantes como el uso de fondos estatales
para conseguir votos, el intercambio de favores y el clientelismo, que
habían utilizado tradicionalmente los líderes del Senado para que se
aprobaran grandes proyectos controvertidos como la Ley de Derechos
Civiles, la Ley de Reforma Fiscal en 1986 por Ronald Reagan o un paquete
como el New Deal, los métodos de Harry eran bastante benignos. Pero esos
proyectos de ley habían prosperado en una época anterior a la llegada de los
noticiarios veinticuatro horas, en la que buena parte del regateo que se
producía en Washington no figuraba en los documentos. Para nosotros, los
escollos en el Senado fueron una pesadilla en materia de relaciones
públicas. Cada vez que se alteraba el proyecto de ley de Harry para
apaciguar a otro senador, los periodistas creaban un nuevo aluvión de
noticias sobre «acuerdos entre bastidores». El empujón que quizá generase
en la opinión pública mi discurso ante la Cámara y el Senado sobre la
iniciativa de reforma no tardó en desvanecerse, y las cosas empeoraron
notablemente cuando, con mi bendición, Harry decidió suprimir del
proyecto de ley algo denominado «opción pública».
Desde el inicio del debate sobre la atención sanitaria, los analistas
políticos de la izquierda nos habían presionado para que modificáramos el
modelo de Massachusetts y ofreciéramos a los consumidores la posibilidad
de contratar una cobertura en la «bolsa central» online, no solo a Aetna y
Blue Cross Blue Shield, sino a una compañía de nueva creación y
gestionada por el Gobierno. Como cabría esperar, las compañías de seguros
se oponían a la idea de una opción pública, argumentando que no podrían