Una-tierra-prometida (1)

industria sanitaria se emitiese por la televisión pública. La prensa empezó a
informar sobre los detalles de lo que llamaron «acuerdos en la trastienda».
No fueron pocos los votantes que me escribieron para preguntar si me había
pasado al lado oscuro. Además, el presidente de comité Waxman dejó bien
claro que no consideraba que su actividad estuviese obligada a respetar las
concesiones que Baucus o la Casa Blanca hubiesen podido hacer a los
grupos de interés de la industria.
Los demócratas de la Cámara, tan prontos a dar lecciones, estaban sin
embargo más que dispuestos a proteger el statu quo cuando veían
amenazadas sus prerrogativas o las ventajas políticas de votantes
influyentes. Por ejemplo, prácticamente todos los economistas
especializados en sanidad coincidían en que no bastaba con rebañar dinero
de los beneficios de las aseguradoras y farmacéuticas y destinarlo a
extender la cobertura a más personas; para que la reforma funcionase,
también teníamos que hacer algo con los precios exorbitantes que cobraban
médicos y hospitales. De lo contrario, cualquier dinero nuevo que entrase
en el sistema acabaría desembocando en una atención sanitaria cada vez
más limitada para un número cada vez más reducido de personas. Una de
las mejores maneras de «aplanar la curva de costes» consistía en implantar
una comisión independiente, aislada de la política y de la influencia de los
grupos de interés, que estableciese los porcentajes de copago para Medicare
basándose en la eficacia comparativa de tratamientos concretos.
Los demócratas de la Cámara detestaban la idea. Significaba renunciar a
su capacidad de determinar lo que cubría o no cubría Medicare (junto con
las potenciales oportunidades de recaudar fondos para sus campañas que
ese poder conllevaba). Además, les preocupaba que jubilados cascarrabias
les echasen la culpa de no tener acceso a los medicamentos o los
tratamientos más recientes que se anunciaban en la televisión, aunque un
experto pudiese demostrar que en realidad eran un derroche de dinero.
Tampoco veían con buenos ojos la otra gran propuesta para controlar los
costes: poner un tope a las deducciones de impuestos de los llamados
«seguros Cadillac», pólizas caras que costeaban los empleadores y que
incluían toda clase de servicios «premium» pero que no mejoraban los
resultados sanitarios. Aparte de ejecutivos de empresas y profesionales bien
pagados, el principal grupo de personas cubiertas por planes de este tipo
eran los afiliados a los sindicatos, por lo que estos se oponían rotundamente
a lo que se acabaría conociendo como el «impuesto Cadillac». A los líderes