Una-tierra-prometida (1)

años más tarde un tribunal mayoritariamente progresista pudo sentenciar
que la Constitución otorga al Congreso una potestad casi ilimitada para
regular la economía. Y cómo un conjunto de jueces, en el caso Plessy
contra Ferguson, pudo interpretar que la cláusula sobre protección
igualitaria permite el «separados pero iguales», y otro grupo de jueces, en el
caso de Brown contra el Consejo de Educación, pudo partir exactamente del
mismo texto para llegar por unanimidad a la conclusión opuesta.
Resultaba que los jueces del Tribunal Supremo siempre habían hecho la
ley.
Con el paso de los años, la prensa y el público empezaron a prestar más
atención a las decisiones del Tribunal Supremo y, por extensión, al proceso
de confirmación de los jueces. En 1955, los demócratas sureños —en una
pataleta tras la decisión sobre el caso de Brown— implantaron la práctica
de hacer que los candidatos al Tribunal Supremo se presentasen ante el
Comité Judicial del Senado para que los interrogasen sobre sus opiniones
legales. La decisión de Roe contra Wade de 1973 concentró aún más la
atención sobre los nombramientos para el tribunal, y a partir de ese
momento cada nominación desencadenó una encarnizada batalla entre las
fuerzas pro y antiabortistas. El tan publicitado rechazo de la candidatura de
Robert Bork a finales de los años ochenta y las comparecencias de Clarence
Thomas y Anita Hill a principios de los noventa —en las que el candidato
fue acusado de acoso sexual— resultaron ser material de irresistible drama
televisivo. Todo lo cual significaba que, cuando llegó mi turno para elegir al
sustituto del juez Souter, lo fácil fue identificar a un buen candidato. Lo
difícil sería conseguir que se aprobase a esa persona evitando al mismo
tiempo un circo político susceptible de hacer descarrilar nuestros otros
proyectos.
Ya teníamos un equipo de abogados encargado de gestionar el proceso de
cubrir las decenas de vacantes en tribunales de menor rango, que enseguida
comenzó a elaborar un listado exhaustivo de posibles candidatos al Tribunal
Supremo. En menos de una semana, la lista se había reducido a unos pocos
finalistas, a los que se pediría que se sometiesen a una investigación de
antecedentes por parte del FBI y que acudiesen a la Casa Blanca para una
entrevista. Entre estos finalistas estaban Elena Kagan, exdecana de la
Escuela de Derecho de Harvard y actual procuradora general, y Diane
Wood, jueza de apelaciones del Séptimo Circuito, ambas expertas juristas
de primer nivel a las que conocía de cuando impartí clases de Derecho