Una-tierra-prometida (1)

resistencia política las que guiaran una decisión, y utilizar luego
determinados datos escogidos para justificarla. En cambio, me di cuenta de
que, mediante un proceso riguroso —uno que me permitiera dejar mi ego
aparte y escuchar de verdad, siguiendo los hechos y la lógica lo mejor que
pudiera y considerándolos junto con mis objetivos y mis principios— podía
tomar decisiones difíciles y seguir durmiendo bien, sabiendo como mínimo
que nadie en mi situación, dada la misma información, podría haber tomado
una decisión mejor. Un proceso correcto también me permitía conseguir que
todos y cada uno de los miembros del equipo se sintieran autores de la
decisión, lo que implicaba una mejor ejecución y un menor cuestionamiento
de las decisiones de la Casa Blanca mediante filtraciones a The New York
Times o a The Washington Post .
Al regresar de mi cena y de mi corte de pelo aquella noche, tuve la
sensación de que las cosas habían salido como esperaba. Larry y Christy
asumían que tenía sentido esperar a ver cómo iban los test de estrés antes de
tomar medidas más drásticas. Tim aceptó algunas sugerencias útiles acerca
de cómo prepararse mejor para unos potenciales malos resultados. Axe y
Gibbs ofrecieron ideas sobre cómo mejorar nuestra estrategia de
comunicación. En general, me sentía bastante satisfecho del trabajo
realizado.
Al menos fue así hasta que alguien mencionó el tema de las
bonificaciones de AIG.
Parece ser que AIG —que hasta el momento había recibido más de
170.000 millones de dólares en fondos del TARP y todavía necesitaba más
— estaba pagando a sus empleados 165 millones de dólares en
bonificaciones a las que estaba obligada por contrato. Y lo que era aún
peor: gran parte de esas bonificaciones iban a parar a la división
directamente responsable de dejar sobreexpuesto al gigante de los seguros
en el negocio de los derivados de hipotecas subprime . El consejero
delegado de AIG, Edward Liddy (que está libre de culpa, ya que había
aceptado tomar el timón de la empresa en una fecha reciente como un
servicio público, y cobraba solo un dólar al año), reconocía que las
bonificaciones eran indecorosas. Pero, según Tim, Liddy había sido
advertido por sus abogados de que cualquier intento de no pagarlas
probablemente se traduciría en demandas judiciales por parte de los
empleados de AIG y en indemnizaciones por daños y perjuicios que podrían
llegar a triplicar la cantidad original. Para colmo, parecía que no teníamos