Una-tierra-prometida (1)

de condena a Wall Street. Tim, por su parte, nos advirtió de que tales gestos
populistas serían contraproducentes y asustarían a los inversores que
necesitábamos para recapitalizar los bancos. Tratando de adoptar una
posición intermedia entre el anhelo de justicia del Antiguo Testamento de la
ciudadanía y la necesidad de tranquilidad de los mercados financieros,
terminamos no contentando a nadie.
«Es como si tuviéramos una situación con rehenes —me dijo Gibbs una
mañana—. Nosotros sabemos que los bancos llevan explosivos atados al
pecho, pero para la opinión pública parece que les dejemos escapar con el
botín.»
Con las tensiones en aumento en la Casa Blanca, y queriendo asegurarme
de que todos seguíamos en el mismo barco, a mediados de marzo convoqué
a mi equipo económico para celebrar una maratoniana sesión dominical en
la sala Roosevelt. Ese día, durante varias horas presionamos a Tim y a sus
asistentes para que nos dieran su opinión sobre los test de estrés financiero
que se estaban llevando a cabo: si creían que funcionarían, y si Tim tenía un
plan B en caso de que no lo hicieran. Larry y Christy argumentaron que, a
la luz de las crecientes pérdidas producidas en Citigroup y Bank of
America, había llegado el momento de que contempláramos la posibilidad
de una nacionalización preventiva, el tipo de estrategia por la que
finalmente había optado Suecia cuando atravesó su propia crisis financiera
en la década de 1990. Eso contrastaba —explicaron— con la estrategia de
«tolerancia» que había dejado a Japón en un estancamiento económico del
que le había costado un decenio recuperarse. Como respuesta, Tim señaló
que Suecia, con un sector financiero mucho más pequeño y en un momento
en que el resto del mundo era estable, había nacionalizado solo dos de sus
principales bancos como último recurso, al mismo tiempo que ofrecía
garantías efectivas para los cuatro restantes. Una estrategia equivalente por
nuestra parte —añadió— podría hacer que el sistema financiero global, ya
de por sí frágil, se desmoronara, lo cual costaría un mínimo de entre
200.000 y 400.000 millones de dólares («¡La probabilidad de obtener un
centavo más de dinero de este Congreso para el programa TARP está entre
cero y cero!», gritó Rahm, prácticamente saltando de su silla). Algunos
miembros del equipo sugirieron que al menos adoptáramos una postura más
agresiva hacia Citigroup y Bank of America; por ejemplo, obligando a
dimitir a sus consejeros delegados y consejos de administración antes de
proporcionarles más fondos del TARP. Tim dijo que tales medidas serían