Una-tierra-prometida (1)

millón de inevitables demandas (presentadas no solo por los tipos de Wall
Street, sino también por fondos de pensiones y pequeños inversores airados
por los «recortes» forzosos), la cuestión era a quién poníamos a cargo de
esos bancos, teniendo en cuenta que casi cualquiera que tuviera la
experiencia requerida probablemente estaría contaminado por una u otra
forma de participación en las hipotecas subprime . ¿Quién fijaría sus
salarios y bonificaciones? ¿Cómo se sentiría la ciudadanía si esos bancos
nacionalizados seguían chupando dinero? Y en última instancia, ¿a quién
podría vendérselos el Gobierno, aparte de a otros bancos que podrían haber
sido igualmente cómplices de crear el caos inicial?
Debido en parte a que no había buenas respuestas a esas preguntas, Tim
había ideado una tercera opción. Su teoría era esta: aunque nadie dudaba de
que los bancos estaban en mala forma y tenían un montón de activos malos
en sus libros, el pánico del mercado había deprimido tanto las cotizaciones
de todos los activos que ahora la situación podía parecer peor de lo que
realmente era. Al fin y al cabo, la abrumadora mayoría de las hipotecas no
terminaban en impago. No todos los títulos con garantía hipotecaria
carecían de valor, y no todos los bancos estaban inundados de malas
apuestas. Sin embargo, mientras el mercado tuviera problemas para
discernir la auténtica insolvencia de la falta de liquidez temporal, la
mayoría de los inversores se limitarían a evitar todo lo relacionado con el
sector financiero.
La solución propuesta por Tim pasaría a conocerse como «test de estrés».
La Reserva Federal establecería un valor de referencia con respecto a la
cantidad de capital que necesitaba cada uno de los diecinueve bancos de
relevancia sistémica para sobrevivir en el peor de los escenarios posibles.
Luego enviaría a sus reguladores a examinar los libros de cada banco,
evaluando rigurosamente si disponían o no de un colchón financiero
suficiente para superar una depresión; en caso contrario, el banco tendría
seis meses para obtener esa cantidad de capital de fuentes privadas. Si aun
así se quedaba corto, el Gobierno intervendría proporcionándole el capital
necesario para alcanzar el valor de referencia, y únicamente si la inyección
del Gobierno superaba el 50 por ciento se plantearía la posibilidad de la
nacionalización. En cualquier caso, los mercados tendrían así una idea clara
de la situación de cada entidad bancaria. Los accionistas verían diluirse sus
acciones en un determinado banco, pero solo en proporción a la cantidad de