Una-tierra-prometida (1)

requería de sesenta votos en el Senado, o como se solía llamar, una
«supermayoría». Cuando fui elegido presidente, la dilación estaba ya tan
integrada en el proceder habitual del Senado —donde era considerada una
práctica esencial y de larga tradición—, que nadie se molestaba en plantear
la posibilidad de reformarla o suprimirla.
Y por ese motivo —a pesar de acabar de ganar unas elecciones por un
margen electoral abrumador y con el apoyo de la mayoría en el Congreso
más grande en muchos años— aún no podía cambiar el nombre a una
estación de correos, muchos menos conseguir que se aprobara un paquete
de estímulos, sin conseguir ganar para la causa unos cuantos votos
republicanos.
¿Cuánto podría costar?
Una iniciativa importante de la Casa Blanca puede llevar meses de
preparación. Hay multitud de encuentros que implican a varios agentes y tal
vez a cientos de empleados. Son necesarias exhaustivas consultas con las
partes interesadas. El equipo de comunicaciones de la Casa Blanca se
encarga de coreografiar una campaña firmemente dirigida para venderle la
idea a la gente, y la maquinaria de todo el poder ejecutivo se alinea para
convencer a presidentes de comités clave y a congresistas de alto rango.
Todo eso sucede mucho antes de que se haga un borrador de la legislación y
se presente.
No teníamos tiempo para nada de eso. Es más, antes incluso de que
asumiera el cargo, mi equipo económico todavía no oficial trabajó en
muchos casos de manera gratuita y sin descanso durante las vacaciones para
complementar los elementos clave de lo que se convertiría en «la Ley de
Reinversión y Recuperación de Estados Unidos» (al parecer «paquete de
estímulos» no le sonaría bien a la gente).
Proponíamos que cerca de ochocientos mil millones de dólares se
dividieran en tres baldes de un tamaño aproximado. En el primero estarían
los gastos de emergencia como seguros suplementarios por desempleo y
ayudas directas a los estados para reducir los despidos en masa de
profesores, agentes de policía y otros trabajadores públicos. En el segundo,
los recortes de impuestos de la clase media, al igual que variadas
exenciones tributarias que incentivaban con fuerza a las compañías para
invertir en nuevas plantas de producción o equipamiento lo antes posible.