Una-tierra-prometida (1)

cabo, los demócratas disfrutaban de una mayoría de setenta y siete escaños
en la Cámara y de diecisiete escaños en el Senado. Pero incluso en el mejor
de los casos tratar de aprobar en un tiempo récord en el Congreso la ley de
gasto de emergencia más grande de la historia iba a ser como si una pitón se
tragara a una vaca. También tenía que luchar contra algunos procedimientos
institucionales problemáticos —las tácticas dilatorias del Senado, conocidas
como filibusterismo—, que al final acabaron siendo la peor migraña política
de mi presidencia.
El filibusterismo no se menciona en ninguna parte de la Constitución. Por
el contrario, nació por accidente: en 1805, el vicepresidente Aaron Burr
urgió al Senado para que suprimiera la «moción para proceder»; una
cláusula común parlamentaria que permite a una mayoría simple de
cualquier legislatura concluir un debate sobre un asunto y llamar a una
votación. (Burr, que parece que nunca desarrolló el hábito de pensar las
cosas hasta el final, consideraba las reglas una pérdida de tiempo).
No les llevó mucho tiempo a los senadores resolver que sin una vía
formal para concluir un debate, cualquier persona podía paralizar la
actividad del Senado —y obtener de ese modo todo tipo de concesiones de
colegas frustrados— sencillamente hablando sin parar y negándose a dar su
brazo a torcer. En 1917, el Senado moderó la práctica adoptando el «cierre
de debate» y permitiendo el voto de dos tercios de los senadores presentes
para acabar con la táctica dilatoria. Durante los siguientes cincuenta y cinco
años el filibusterismo se usó solo con moderación; por lo general se trataba
de demócratas sureños que trataban de bloquear leyes antilinchamiento y de
empleo igualitario o cualquier otro tipo de legislación que amenazara con
afectar a Jim Crow. Aun así, poco a poco el filibusterismo se fue
convirtiendo en una rutina cada vez más fácil de mantener, transformándose
en un arma más poderosa, una mezquindad con la que el partido minoritario
podía salirse con la suya. La simple amenaza de una dilación con frecuencia
era suficiente para descarrilar toda una ley. En los años noventa, las líneas
de batalla entre republicanos y demócratas se recrudecieron, fuera cual
fuese el partido que estuviera en la minoría podía bloquear —y de hecho lo
hacía— cualquier proyecto de ley que no fuera de su gusto, siempre y
cuando permanecieran unidos y tuvieran al menos los cuarenta y un votos
necesarios para impedir que se desestimara la dilación.
Sin ninguna base constitucional, sin ningún debate público y ni siquiera
el conocimiento de los estadounidenses, aprobar una ley en el Congreso