Tribuna Comunista Núm. 500

editorial
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Por primera vez se tomó el toro por los cuernos,
se hablo claro y sin tapujos y si bien el documento
entregado además a la Fiscalía fue testado a fin
de garantizar la no afectación del justo proceso,
dejan otros aspectos fundamentales, que ponen
en evidencia la forma parcial y facciosa con que
actuó la anterior administración.
Emerge por, sobre todo, la aseveración de que lo
que ocurrió hace casi ya ocho años, correspondió a
un crimen de Estado. No era entonces derrumbar
la llamada “verdad histórica”, decretada por
el gobierno anterior a través de el Procurador
Murillo Karam, sino el papel jugado por todo el
aparato del poder entonces prevaleciente.
Destaca, además, la no exoneración de las
fuerzas armadas, a quien se había mantenido
hasta hace poco de manera distante, quizá como
omisos, pero no como partícipes directos. De tal
manera que ahora ha trascendido que dentro de
los estudiantes desaparecidos se encontraba un
militar infiltrado.
El siguiente paso es el soporte documental de
más de ochenta involucrados que permitieron
las órdenes de aprehensión casi inmediata del
exprocurador Murillo Karam, aunque ahora falta
proseguir con los demás involucrados entre ellos
los militares y sus mandos.
Encinas redimensionó este caso, que se había
ubicado hasta ahora, como uno de los grandes
pendientes del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, no obstante, lo difícil del mismo y
aún las líneas sensibles que se tuvieron que tocar
y afectar, porque, al fin y al cabo, lo que valía era
la verdad, la satisfacción de los mexicanos y de los
familiares de los estudiantes desaparecidos.
En este último sentido, debe quedar claro que el
Informe detalla un avance significativo, producto
de un arduo, pormenorizado, profesional, de
investigación y peinado de más de seiscientos
lugares de Guerrero. Pero ello no quiere decir
que los trabajos hayan concluido.
Más si consideramos la insatisfacción de los
familiares de los estudiantes desaparecidos,
por saber con precisión y certeza de qué pasó
con sus hijos. Si fueron asesinados, cómo y
dónde quedaron sus restos, quienes fueron los
responsables y que se aplique en ellos todo el
peso de la ley.
Finalmente, también se espera que nos se
omita el papel jugado por Enrique Peña Nieto, de
quien no se puede pensar que no estaba al tanto
de las cosas ni participado en la determinación
del decreto de la “verdad histórica”.