Tribuna Comunista Núm. 500

actualidad, tendencias y perspectivas
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frecuencia el agua sucia con todo y niño. La tarea
es revalorar esa agenda eclipsada, necesaria para
un direccionamiento del país más volcada hacia la
izquierda.
Algunos elementos representativos de esa
agenda popular que referiremos aquí tocan la
política de salarios mínimos, la política social, y la
participación democrática.
Uno de los avances más aplaudidos de la
administración federal actual es lo que tiene que
ver con el incremento a los salarios mínimos, cuyo
monto actual es de $5,235, que, aunque positivo,
dista de cubrir las necesidades de una familia
como lo mandata el artículo 123 constitucional.
Habrá que esperar si se mantiene la trayectoria
de nuevos incrementos significativos en lo que
resta de la administración. Dos hechos hay
que remarcar en la estrategia de recuperación
salarial del actual gobierno. Sigue existiendo un
sector mayoritario de la población laborante,
31.6 millones de personas que están en el sector
informal que, aunque puedan recibir un salario
mínimo o incluso por encima de éste, trabajan
sin prestaciones sociales y están condenadas
a no cotizar para una jubilación. La otra tiene
que ver con la habilidad que ha tenido el sector
empresarial para ir aplanando el promedio de
la masa salarial, que asume el incremento de
los salarios mínimos, pero disminuye el número
de empleados más calificados que ganan entre
cuatro y cinco salarios mínimos.
Por el lado de la política social, el gobierno
ha tenido éxito con la entrega de un subsidio
monetario a amplias franjas de la población,
estudiantes, personas de la tercera edad, personas
con discapacidad, etc. Los montos que alcanzan
hasta una tercera parte de un salario mínimo
mensual, sin duda no llenan las necesidades
básicas de las personas que lo reciben, pero les
permiten completar parte del gasto individual o
familiar cotidiano. Puede considerarse éste un
modelo primitivo de lo que podría ser una renta
básica universal. Una primera crítica que habría
que hacer, es su falta de conexión con una política
impositiva que traslade recursos del sector más
pudiente de la sociedad, que sigue obteniendo
enormes ganancias pese a pandemia y crisis
económica, para fortalecer un mecanismo de
renta básica universal que cubra, por ejemplo,
a los trabajadores que no tengan prestaciones
sociales. Una segunda crítica tiene que ver con la
siguiente aserción, “te doy apoyos con una mano
y con la otra te los quito”, esto es, se requiere
una política de apoyos a los más vulnerables,
pero no a costa de la calidad de los servicios de
salud y los educativos, que, se reconoce están en
condiciones deplorables. Debe asumirse que los
ciudadanos tienen que recibir un salario social,
que se debe traducir al menos en el equivalente
a una renta universal y en servicios de salud y
educativos de calidad.
Un elemento que debe revitalizarse en la
agenda popular, sigue siendo el empoderamiento
democrático en cada ámbito social, en cada
organización e institución estatal. La pedagogía
del sujeto pasivo que espera dádivas o que se le
mantiene ajeno a las decisiones fundamentales
del país, debilita el tejido social. La eliminación
de la opacidad en las finanzas públicas, la
ofensiva partidocracia, las ataduras que dificultan
una verdadera libertad sindical, la militarización
de ámbitos civiles, son reivindicaciones
irrenunciables, pero deben acompañarse con
la dotación de nuevos derechos y el ejercicio
cotidiano de la democracia en todos los ámbitos,
lo que incluye a la escuela, la fábrica, la familia, el
espacio público.