Tribuna Comunista Núm. 500

cultura
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servir, presuntamente, a sus mandantes, se dispara
de pronto y ya se lanza la cantidad de personas
que pueden ser favorecidas si la Corte aprovecha
su posición de definitividad para cancelar ese
que llaman aspaviento. Las que pueden salir se
calculan en 90 mil 595. El más pintado de los
delincuentes oficiales y los privados, ya se están
frotando las manos en las cárceles transitorias.
LA PRISIÓN PREVENTIVA ES NECESARIA EN
CASOS BIEN FUNDADOS
Y como también sucede, hasta los que reconocen
su ignorancia en el asunto pintan su raya ahora
de un derecho que ha sido clasista no solo en
México sino en el mundo. Y no falta quien se
centra, porque los casos los mueven los mismos
interesados, en la señora Rosario Robles, el señor
Jesús Murillo Karam y otros por el estilo. Como se
ha mencionado en algunos editoriales y artículos
centrados, los miles de presos de sectores
proletarios, que tienen prisión preventiva oficiosa,
son seres vistos de soslayo. Lo que importa son
los personajes a los que no les tembló la mano
para robar al erario o crear presuntas verdades
que se caen por su propio peso. Piensan en doña
Chayo que olvidó sus orígenes y en don Chuy,
pobrecitos, pero de los miles, millones de pobres
mexicanos, los que por su propia estructura
endémica más aportaron a las muertes del Covid,
y que fueron afectados por esos personajes,
ni quien se preocupe. Si nos acercamos, hasta
Rafael Caro Quintero puede salir libre, más si hay
un juez generoso que se apiade de él. La prisión
preventiva oficiosa, claramente delineada en el
código penal, se refiere a delitos de alto poder,
los más terribles entre ellos la traición a la patria
y la cual podrían tipificar alguno de los criticones
del Congreso. O esos que envían informes del
país al extranjero para defenestrar a México
como el pináculo de la agresión y la muerte. En
ese tema que se convierte en correveidile no
está el dedo acusador en las cárceles mexicanas
privatizadas por Felipe Calderón, a empresas
que ganan millonadas con los presos y precios (4
mil pesos diarios de comida por persona) y que
curiosamente podrían ser las que protesten si la
prisión preventiva oficiosa se limita o cancela,
porque sus ganancias vendrían a menos.
LOS CAMBIOS EN EL DERECHO SON PARA
GENERAR JUSTICIA, NO PRIVILEGIOS
Si el derecho es considerado una supraestructura,
es claro que su utilización, al contrario de lo que
creía el gran jurista Hans Kelsen (La Teoría pura del
Derecho, Edinal Impresora, 1976), será política.
Y en esta discusión sobre la prisión preventiva
oficiosa lo estamos viendo. Algo que estuvo ahí
desde hace años y más de un siglo en la prisión
preventiva que se aplicaba ya en los delitos de
pena corporal, se convierte tramposamente,
porque proviene de la Corte, en un tema político.
Las 90 mil 595 personas que podrían salir para
que se les juzgue en libertad, quizá no eran en
total la cantidad en la propuesta que hizo AMLO
en su momento, para liberar a delincuentes de
poca infracción, pero ese tema no fue sometido
a discusión, a nadie le importó que el gobierno
pudiera liberar a raterillos menores, a ejercedores
de riñas, a fraudulentos de barriadas, delitos
generados por la pobreza. Pero si un gallo
poderoso es detenido por un delito que amerita
prisión preventiva oficiosa, la oposición se
enardece. Si el derecho es utilizable es claro que
puede ser utilizado como materia moldeable, un
derecho que genere justicia. A ese es, al que hay
que dirigirse y exigir. Como se ha dicho desde
la presidencia, abrir en casos graves las cárceles
preventivas, es promover más la impunidad, la
posibilidad de fuga, la destrucción de pruebas
y otras consecuencias. La Corte que decidirá el
tema el 5 de septiembre, tiene frente a ella una
gran decisión, en la que se juega no solo la justicia
que merecen las víctimas, sino el empuje de mayor
impunidad.