Listín Diario 20-06-2022

10 cm
5 cm
La República
SANTO DOMINGO, RD. LUNES, 20 DE JUNIO DE 2022
19
4 cm
3,5 cm
Enfoque
3 cm
ÁNGEL LOCKWARD
Santo Domingo, RD
Un o d e l o s
argumentos
del Presidente
Luis
Abinader,
en ocasión de su propuesta
de reforma constitucional,
fue la necesidad de debilitar,
como un aporte al desarrollo
de la democracia,
el poder del Presidente de
la República.
Parece entender el mandatario
que el Ejecutivo concentra
mucho poder y en
consecuencia conviene,
un Poder Ejecutivo menos
fuerte.
Respetando el criterio
del primer ciudadano de la
República, si la Presidencia
como institución se debilita
las veleidades de nuestra
cultura democrática
nos llevarían a corto plazo
al desastre del siglo XIX,
empero, por otra parte, el
Palacio Nacional –en realidad–
no es tan fuerte.
Lo fue cuando Trujillo
por su naturaleza dictatorial
que tuvo como pretexto
el desorden institucional
previo y, se cimentó en
el crimen, en la primera organización
del Estado y en
un obvio desarrollo económico,
sin olvidar su control
personal de los medios de
producción y comercio como
empresario privado.
Una Presidencia más
débil sería desastrosa
Puede parecer que el
artículo 55 de la anterior
Constitución –pre democrática–
contuviera las
atribuciones, más que de
un Presidente, de un César,
empero sin ellas Joaquín
Balaguer no habría
podido sacar a la nación
del colapso de la revuelta
de abril y conducirla a
través de la Guerra Fría
–aunque forzado– hacia
la democracia. Sin embargo,
lo que amplificaba
entonces ese poder
era la arquitectura político
geográfica del Congreso
Nacional y el control
del Senado sobre el
Poder Judicial, así como
la existencia de las tres Cs
–Consejo Estatal del Azúcar,
Corporación de Empresas
Estatales y Corporación
Dominicana de
Electricidad–, entes que
junto al Gobierno controlaban
el 85% de los empleos
del país: Nada de
eso existe.
Antonio Guzmán, Salvador
Jorge Blanco y el mismo
Balaguer, cuando regresó
en 1986, no dispusieron de
presidencias fuertes y, Leonel
Fernández, en su primer
mandato, fue el Ejecutivo
democrático más débil de la
etapa contemporánea, pues
gobernó sin mayoría en el
Congreso Nacional y sin
control de la Justicia que en
su gestión pasó al CNM –en
donde tenía un solo voto– y
de ahí a la SCJ y, ya, sin las
tres Cs.
Este siglo fue abierto por
Hipólito Mejía, quien en el
1998 había logrado mayoría
congresual, tras la muerte
del Dr. José Francisco Peña
Gómez y sucedido en el
2004 por Leonel Fernández,
ninguno controló el Poder
Judicial, este último hubo
de esperar casi hasta su
salida para la designación
–errada por falta de gerencia–
de una Suprema Corte
de Justicia afín, situación
que se repitió con el Presidente
Medina, quien es obvio,
que carece de influencia
en ese órgano.
La Democracia presidencial
americana que heredó
con serias limitaciones la
imagen del monarca europeo
se dibujó negativamente con
las dictaduras previas a la ola
de democratización iniciada
en RD en el 1978 y, que excepto
en Cuba, eligió gobiernos
democráticos en todo el
hemisferio, pero ese sistema
triunfante a lo largo del siglo
XX, en las dos primeras décadas
de este siglo, ha entrado
en crisis y, hasta en Estados
Unidos con Donald Trump,
se han colado legalmente al
poder outsiders que desde la
cima socavan la base de la democracia.
Otro problema, éste en
América Latina es que la mayoría
de los objetivos ideológicos
de los partidos se han
convertido en conquistas
constitucionales o legales y,
esas banderas, que ya no están,
han dado lugar a su fragmentación
y pérdida de influencia
en una sociedad que
ahora se comunica en forma
distinta, dando lugar casos
como el de Venezuela con
AD y Copey y RD, con PRSC y
PRD; un caso singular –entre
otros– es Colombia con Conservadores
y Liberales, dos
organizaciones cuyos candidatos
ni siquiera calificaron
para ir este pasado domingo
a la segunda vuelta que lideraron
dos outsiders, Gustavo
Petro, ex guerrillero y Rodolfo
Hernández.
Un Presidente con excesivo
poder, no es democrático
y uno muy débil, es inadecuado
para el rol de su investidura
en países en donde
todavía falta mucho por
hacer, lo ideal es que se ejerzan
los controles democráticos
–diariamente– a través
de la jurisdicción contenciosa
–para evitar ir a la penal–
y la sucesión, a través de la
jurisdicción electoral.
Destituir presidentes en
juicios políticos como ha sucedido
en América del Sur y
en algunos países de Centroamérica
–aunque a veces es
necesario– no es bueno: a pesar
de ello en las últimas décadas
más de 20 presidentes
fueron cesados. Tampoco
ayuda la ligereza con que se
somete penalmente a los ex
presidentes; en la región, en
la última década se ha enjuiciado
y extraditado a más de
una docena y, eso hace que
los ciudadanos pierdan la fe
en la clase política y en el sistema.
Provisoriamente, la
Constitución prevé que el
Presidente, la Vicepresidenta
y los ciudadanos electos
a esos cargos, no pueden
ser privados de su libertad
¡Imagínese el bochorno de
un Procurador solicitando
orden de arresto en contra
del Presidente o allanando
el Palacio Nacional, en aras
de su independencia!
Pero eso no está previsto
así en Perú, por ejemplo, en
donde esta semana el Presidente
Pedro Castillo ha sido
oído como investigado en la
Fiscalía de la Nación... y ojo,
que en Colombia, la semana
pasada, un tribunal contencioso,
ni siquiera penal,
dictó arresto domiciliario en
contra del Presidente Iván
Duque.
El poder ejercido sin prudencia,
sea del Ejecutivo o
de una Justicia sorda, en
cualesquiera de sus dos brazos,
solo conduce la sociedad
al desastre, por eso hay
que felicitar a la Honorable
Magistrada, Miriam German,
cuando advierte que
la justicia no se imparte desde
las gradas. Por ahora, las
atribuciones de la Presidencia
dominicana establecidas
en el artículo 128, son atinadas,
hagamos todo para
convertirla en una institución
como lo es en Estados
Unidos, en donde castigaron
a Richard Nixon hasta
el día de su muerte, pero no
lo enjuiciaron, casi defenestran
a Bill Clinton, pero no
fue a la jurisdicción penal y,
todos se hicieron ciegos ante
Bush, que con una mentira
condujo al mundo a una
guerra devastadora.