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N ° 9 3P á g i n a 14pensional de un trabajador oficial, la jurisdicción competente es la ordinaria, en su especialidad laboraly de seguridad social, así lo expresó: "El presente asunto corresponde a una controversia relativa ala seguridad social de un trabajador oficial cuya pensión es administrada por una entidad pública, porlo que, al no tratarse del supuesto exclusivo y excluyente de una controversia entre un empleado públicoy un administrador público del régimen de seguridad social, procede naturalmente la aplicación dela cláusula general y residual de competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral yde seguridad social. Habida cuenta de lo anterior, y dando aplicación en el caso concreto al marconormativo que se expuso en el acápite 3.1, esta Sala considera que el presente conflicto deberá serdirimido asignándole el conocimiento del proceso al juez ordinario laboral y de la seguridad social, envirtud de lo específicamente dispuesto en el artículo 2.4 del Código Procesal del Trabajo y de la SeguridadSocial, concordante con el artículo 12 de la ley estatutaria 270 de 1996." En consecuencia, conformeal reciente criterio aplicado tanto por el Consejo de Estado como por la Sala Disciplinaria del ConsejoSuperior de la Judicatura, fuerza concluir que el conocimiento de los procesos donde está en discusiónel reconocimiento de una pensión de un trabajador oficial o de un trabajador del sector privado,como sucede en el presente litigio, es de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, independientementede que la entidad demandante, en este caso, COLPENSIONES, sea de naturaleza pública.MAGISTRADA: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZPROVIDENCIA: Sentencia de fecha 30 de julio de 2020MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODEMANDANTE: JAIME IVÁN ORDOÑEZ Y ASOCIADOS S. EN C.DEMANDADO: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVARADICACIÓN: 15001333300420170022401DESCRIPTORES – Restrictores:FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO – Caducidad.CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO - Así como el ciudadano debe sometersea un plazo perentorio para promover una acción judicial, también la administración tiene la obligaciónde obrar con diligencia para hacer uso de su facultad sancionatoria, en este caso, en asuntosurbanísticos.CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO - Si la Administración tiene conocimientode un hecho, pero por su inactividad, decide adelantar otras gestiones para que no opere lacaducidad, desconoce los derechos del investigado y la naturaleza misma del término perentorio.CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO - No puede indefinirse en el tiempo, nimucho menos prorrogarse a través de distintos sucesos provocados por la Administración parareiniciar el término.TESIS:De lo expuesto, deviene claro que el procedimiento administrativo sancionatorio fue iniciado con ocasiónde la visita técnica realizada el 2 de agosto de 2013, en efecto, este fue el soporte de todas lasactuaciones y de la resolución por la cual se declaró infractor al señor Jaime Iván Ordoñez. Aunado a loanterior, se evidencia que al momento de aquella visita el profesional indicó que la obra estaba terminadaen un 90% y que se encontraba en etapa de acabados, luego puede entenderse que la estructuray construcción de la casa ya se encontraba plenamente definida. En efecto, tal como lo sostuvo el Municipiode Villa de Leyva, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, el término de caducidadde la facultad sancionatoria se cuenta desde la última obra constitutiva de infracción al régimenurbanístico, lo cual, en el caso bajo análisis, no es otra que la visita del 3 de agosto de 2013. (…) Si seobserva el criterio de cada una de las sentencias, puede afirmarse que la sentencia proferida en 2003,también citada por el apelante, es una decisión aislada y no reiterada en la jurisprudencia del Consejode Estado. Por el contrario, en los demás casos que se analizan, los tres años se cuentan desde el momentoen que la Administración tuvo conocimiento de la infracción, en algunos casos se originó pordenuncias y, en otras, por el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia a través de visitas
P á g i n a 15"La moderación, latolerancia y la justiciarigen el corazón ydesarman eldescontento "Francisco de PaulaSantandertécnicas, como en este caso. Reitera la Sala que el 23 de julio de 2016 no se realizó una visita técnicaque contara con todos los elementos que permitieran tomar una decisión sancionatoria de fondo;como se dijo, el único sustento de la decisión fue la visita realizada en agosto de 2013.Y es que nopodría darse otra interpretación pues, aceptar que los tres años se deben contar desde el 23 de juliode 2016, sería tanto como avalar que, si la Administración tiene conocimiento en una fecha y noadelanta la investigación, actúe posteriormente con el fin de revivir el término permitido para tomaruna decisión de fondo. Ello implicaría, entonces, que la Administración tiene conocimiento de unhecho, pero por su inactividad, decide adelantar otras gestiones para que no opere la caducidad, locual, desconoce los derechos del investigado y la naturaleza misma del término perentorio que no esde poca importancia pues, precisamente, este impide arbitrariedad y vulneración de derechos porparte del Estado. En definitiva, la caducidad es una institución de orden público, por la cual el legisladorestableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración,que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de las personassometidas a un procedimiento de esta naturaleza. De ahí que, como lo sostiene la jurisprudencia,si el ciudadano se ve sometido a un plazo perentorio para acudir a una acción, también la Administracióntiene la obligación de acudir con diligencia y celeridad a resolver si hay lugar a imponeruna sanción o no pues, como en el sub lite, el señor Jaime Iván Ordoñez no podía someterse a unplazo indefinido para conocer una decisión de fondo. Como se dijo, bajo ninguna circunstancia puedeaceptarse que la autoridad administrativa, so pretexto de necesidad, acuda a otras diligenciaspara prorrogar el término perentorio que ya estableció el legislador. En suma, si bien es cierto que elartículo 52 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, cuando se trate de conductas continuadas el términodeberá contarse desde el día siguiente al que cesa la infracción, también lo es que desde agosto de2013 la obra estaba adelantada en un 90% y, por consiguiente, era determinable la infracción, comoen efecto ocurrió. En ese orden, no podrá afirmarse que el término debía contabilizarse desde juliode 2016, primero, porque esa no fue la fecha de terminación de la obra, solo la de la visita realizadapor el profesional del municipio y, segundo, porque en esta tampoco se determinó la infracción. Endefinitiva, si bien el procedimiento adelantado por el Municipio de Villa de Leyva atiende las previsionesdel ius puniendi a cargo del Estado, lo cierto es que tal potestad no puede indefinirse en eltiempo, ni mucho menos prorrogarse a través de distintos sucesos provocados por la Administraciónpara reiniciar el término de caducidad. (…) En conclusión, comoquiera que los hechos que dieronlugar a la apertura del procedimiento administrativo y su decisión ocurrieron en agosto de 2013, eraesta la fecha que debía tenerse en cuenta para calcular el término de caducidad. En ese orden, comoquieraque el plazo fenecía en agosto de 2016 y la resolución que declaró la infracción fue expedidael 13 de diciembre de 2016, habrá que colegirse que el acto administrativo fue expedido sincompetencia temporal.MAGISTRADO: Dr. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJOPROVIDENCIA: Sentencia de fecha 9 de septiembre de 2020MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODEMANDANTE: INDUSTRIA DE LICORES DE BOYACÁ S.A. C.I.DEMANDADO: CORPOBOYACÁRADICACIÓN: 15001333300920170004001DESCRIPTORES – Restrictores:RÉGIMEN SANCIONATORIO AMBIENTAL - Marco normativo.TESIS:De esta manera, la concepción ecológica de la Constitución Política exige que la legislación que seadopte propenda por la garantía y protección del medio ambiente en los aspectos sustanciales comoen su régimen sancionatorio. Por su parte, con la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009 secreó un régimen sancionatorio ambiental más completo, que respondió a la necesidad de actualizarel marco legal a las exigencias propias que implicó la vigencia de la Constitución. Es de recordar queantes de la Ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio se encontraba disperso y desactualizado, locual no daba claridad sobre el procedimiento sancionatorio, las circunstancias de atenuación oagravación de las conductas, los eximentes de responsabilidad, entre otros. Así, el régimen aplicableB o l e t í n 9 3
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