Forbes Mar 2021

FRONTAL ● NICARAGUA ● BANCA
Por Jorge Hurtado
El sistema
14
financiero
FRONTAL
en jaque
UNA REFORMA PARA REGULAR A LOS BANCOS
HA PUESTO EN JAQUE AL SISTEMA FINANCIERO,
YA QUE OTORGA AL ESTADO ATRIBUCIONES
QUE ALGUNOS ESPECIALISTAS CONSIDERAN
INNECESARIAS.
Las tensiones entre el sector
público y privado crecen en
Nicaragua. La aprobación de la
Ley de Protección de los Derechos
de las Personas Consumidoras
y Usuarias para regular a los bancos
podría afectar a los usuarios del sistema
financiero nacional, el cual incluso se encuentra
en peligro de desaparecer, con las
consecuencias negativas que traería para
la economía.
La ley “pone entre la espada y la pared
al sistema bancario; ya que, si ellos cumplen
con la ley interna, posiblemente sean
afectados a nivel internacional por hacer
transacciones con personas sancionadas”,
explicó el economista Luis Murillo, quien
cree que algunas facultades que otorga la
ley son “innecesarias”.
Murillo asegura que la reforma da nuevas
atribuciones al Banco Central sobre
las remesas que llegan al país, que pueden
elevar el nivel de riesgo y un efecto de ello
es que los prestadores de servicio a nivel
internacional puedan aumentar la comisión
o la tasa de intermediación, cargando
el precio sobre los receptores.
El Consejo Superior de la Empresa Privada
(Cosep) augura que, tras la reforma,
Nicaragua podría ser excluida del sistema
financiero mundial y “pone en riesgo de
que el sistema financiero nacional pueda
desaparecer”, declaró Michael Healy,
presidente del organismo.
El parlamento de Nicaragua aprobó el
pasado 4 de febrero la reforma y adición
a la Ley 842 o “Ley de Protección de los
Derechos de las personas Consumidoras
y Usuarias”, pese a la advertencia de los
bancos privados de Nicaragua sobre las
consecuencias negativas que traería para
la economía local.
La Asociación de Bancos Privados de
Nicaragua (Asobanp) emitió una carta
pública a los parlamentarios explicando
que “el riesgo país se aumentaría [con la
ley], perjudicando a todos los sectores de
la población, en especial, a los que reciben
remesas del exterior, al sector productivo
exportador, y sector comercio, que
requieren de un sistema financiero que
mantenga una buena relación con los corresponsales
extranjeros y los fondeadores
externos para desarrollar su actividad”.
La reforma, que ahora define al Estado
de Nicaragua como una persona consumidora
y le da facultades para demandar a
los bancos e incluso imponer multas bajo
su criterio en caso de violar su derecho
como consumidor, se aprueba en medio
del aumento de tensiones entre el gobierno
y la empresa privada nicaragüense,
distanciados desde las revueltas sociales
de 2018 y a meses de celebrarse las próximas
elecciones generales.
Los analistas consultados afirman que
el gobierno persigue con esta ley blindarse
de las sanciones que ya han recibido al
menos 27 funcionarios cercanos a Daniel
Ortega, empresas vinculadas a su familia y
hasta la Policía Nacional, que han sido señalados
por “corrupción, lavado de dinero
y violaciones a los derechos humanos”
por Estados Unidos, la Unión Europea y
otros gobiernos.
Estas sanciones internacionales imposibilitan
a los bancos a tener relaciones
comerciales con las personas o empresas
sancionadas y, según los banqueros, las
reformas “transgreden el principio de
autonomía de la voluntad de los contratos
y la libertad contractual, al impedirle a
los bancos que de manera libre elijan con
quien iniciar sus relaciones comerciales e
igualmente decidir cuándo cancelar una
relación con un usuario o consumidor”.
En contrapunto, el diputado Byron
Jerez justificó: “Los bancos no podrán
tomar represalias ni contra mí, ni contra
ninguno de los compañeros aquí presentes,
ni contra nuestros familiares cerrando
una cuenta bancaría porque así lo desean,
sin darle explicación a nadie”.
© FG TRADE / GETTY IMAGES
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