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4 Lunes 25 de enero de 2021 Ángel Metropolitano REPORTE EDITOR: David Casco COEDITOR: Juan Martínez y LA SOLICITUD DE LIQUIDÁMBAR Piden el “reconocimiento público por parte de Aureoles y López como principales responsables en la masacre, agresiones y vejaciones llevadas a cabo de manera artera e injustificada los días 4 5 de abril de 2017 en contra de la comunidad de Arantepacua” El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, con un pie en la cárcel La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo responsabiliza del asesinato de cuatro comuneros de Arantepacua
Ángel Metropolitano Lunes 25 de enero de 2021 5 La represión policiaca empezó por un problema social han hecho ningún pronunciamiento, pese a que la recomendación en cuestión les fue informada desde el pasado 11 de diciembre de 2020, lo que ha hecho que los vecinos agraviados de la comunidad de Arantepacua y organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos ya hayan lanzado pronunciamientos de doble victimización por parte del gobierno de Michoacán. Una de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a la comunidad de Arantepacua, que ha marcado una fuerte postura frente a este caso, es el colectivo Liquidámbar, el que a través de un comunicado ha expresado su indignación por el silencio guardado por el gobierno estatal sobre las recomendaciones hechas por la CNDH. POSTURA DE LIQUIDÁMBAR El colectivo de defensa de los derechos humanos, Liquidámbar, ha fustigado públicamente la actuación del gobernador y el fiscal de Michoacán, no solo por el silencio guardado ante la recomendación hecha por la CNDH, sino por haber ocasionado la violación de derechos elementales a más de mil personas en una población indígena que cuenta con poco más de 2 mil 700 habitantes. Por eso este colectivo insiste en el “reconocimiento público por parte de Silvano Aureoles Conejo y Adrián López Solís como principales responsables en la masacre, agresiones Los habitantes de la comunidad exigen justicia y vejaciones llevadas a cabo de manera artera, desproporcional e injustificada los días 4 y 5 de abril de 2017 en contra de la comunidad de Arantepacua”. Ese sería el principio, de acuerdo a la vocería de Liquidámbar, para “el reconocimiento de la legítima lucha y protesta social que históricamente ha llevado a cabo la comunidad y que los funcionarios se retracten de sus pronunciamientos que estigmatizaron y criminalizaron a los habitantes de Arantepacua”. En su reclamo, esta organización civil exige públicamente que la Fiscalía General de la Re- pública ejerza la facultad de atracción del caso, “puesto que el actual fiscal General del Estado –Adrián López Solís– incurre en conflicto de intereses al ser instado para investigar la responsabilidad del entonces Secretario de Gobierno, es decir, que se investigue a sí mismo por múltiples delitos en contra de la comunidad”. Desde el interior de la comunidad indígena de Arantepacua, también se ha manifestado la necesidad urgente de “Silvano Aureoles Conejo y Adrián López Solís reconozcan que las dependencias a su cargo han mentido y ocultado información deliberadamente para impedir el acceso a la justicia y la atención integral para las víctimas de la comunidad”. Por ello, los vecinos afectados por las violaciones de derechos humanos que les ocasionó la administración del gobierno de Michoacán, exigen “el cumplimiento de todos los puntos recomendatorios emitidos por la CNDH: una reparación integral del daño colectiva e individual, pronta y expedita, así como una investigación y sanción por responsabilidades penales”. Asimismo, la comunidad ha reivindicado su derecho a la protesta social para exigir el cumplimiento a la Recomendación 42VG/2020 y de las demandas allí expresadas, además del compromiso oficial para evitar la repetición de hechos “tan lamentables y deplorables que atenten contra la dignidad de todas las personas y comunidades indígenas”. ▪
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