Seguridad Minera Edición 162

particular por quienes transitamos en el ambiente
minero y que debemos hacer grandes
esfuerzos para viabilizar los proyectos en zonas
alejadas de las ciudades. Sin embargo,
la reducción de las brechas de infraestructura
debe abordarse de una manera técnica y
un avance de ello se ha dado con la aprobación
del Plan Nacional de Infraestructura en
el 2019. Sin embargo, dicho plan tiene que
enlazarse con los planes de desarrollo territorial
y, a su vez, con el plan de desarrollo del
portafolio de proyectos mineros.
La denominada tramitología es otro punto
débil de la realidad nacional. ¿A qué se
debe el incumplimiento de plazos establecidos
por ley en materia de trámites?
Es un problema que aún no se aborda con
el debido compromiso. No dudamos de la
buena fe de los altos funcionarios del Estado
que aprueban dispositivos orientados
a simplificar o eliminar los trámites que se
han acumulado en el tiempo. Lo que hace
falta para avanzar en el objetivo de facilitar
las inversiones y la mejora de la competitividad,
es una visión compartida a nivel de las
diversas instancias del Gobierno Central y
el avance en aspectos concretos.
Existen casos en que los acuerdos entre
empresas mineras y organizaciones sociales
se han incumplido. ¿Cuánto influye
el factor político en esa situación?
Lo que debe evitarse es la prevalencia de liderazgos
locales basados en caudillismos e
intereses políticos cortoplacistas. Este tipo
de actitudes terminan erosionando acuerdos
basados en compromisos de largo plazo. En
ese sentido, es importante trabajar en el alineamiento
de los intereses de los actores y
esforzarse en cumplir una agenda que tiene
detrás una visión de progreso sostenido.
La atención de necesidades básicas insatisfechas
de la población del entorno
de las operaciones es una problemática
constante, ¿cuál es el pael de las empresas
mineras?
No hay que confundir los roles. Las empresas
mineras desarrollan las operaciones, crean
empleos de calidad y generar ingresos para
los trabajadores, así como para el Estado, a
través del pago de tributos, canon y regalias.
Así mismo, impulsan otros sectores económicos,
como la construcción, el comercio,
transporte y alojamiento, entre otros.
Sin embargo, dentro de la política de responsabilidad
social, todas las empresas mineras
desarrollan una diversidad de proyectos y
actividades orientadas a mejorar la calidad
de vida de las comunidades de su entorno. Y
corresponde al Estado trabajar para la reducción
del déficit de infraestructura y la mejora
de la competitividad territorial. Los modelos
filantrópicos de atacar la pobreza no son factibles
ni aconsejables, salvo en coyunturas
extremas, como es el caso actual de la pandemia
del COVID-19.
Precisamente, el surgimiento de la pandemia
por COVID-19 ha puesto en jaque la
economía del país, ¿cuánto ha afectado la
competitividad minera?
Hay que recordar que la competitividad minera
se basa en atributos principalmente de
mediano y largo plazo; mientras que la pandemia
es un problema muy serio, pero de
corto plazo. A pesar de su gravedad, el CO-
VID-19 no debería haber afectado en forma
significativa la competitividad del país.
Nº 162 - Octubre 2020
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