STP9911-2019 Libertad por vencimiento de términos

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
MAGISTRADA PONENTE
STP9911-2019
Radicación N° 105672
Acta 179
Bogotá D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil
diecinueve (2019).
VISTOS
Resuelve la Sala la impugnación instaurada por
HÉCTOR ALFONSO GÓMEZ MORENO, contra el fallo
proferido el 17 de junio del presente año por la SALA PENAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, mediante el cual
negó el amparo de los derechos fundamentales del
accionante, supuestamente vulnerados por el JUZGADO 79
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS, el JUZGADO 41 PENAL DEL CIRCUITO CON
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO y la FISCALÍA 253
SECCIONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA,
todos de esta ciudad. Al trámite fueron vinculados el agente
del MINISTERIO PÚBLICO que actuó en el proceso penal de

Proceso de Tutela
Radicación 105672
Impugnación
Héctor Alfonso Gómez Moreno
radicado N°110016000023201707167 y la FISCALÍA 307
DEL GRUPO DE FLAGRANCIAS DE USAQUÉN.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
La Fiscalía adelanta proceso penal, entre otros, contra
HÉCTOR ALFONSO GÓMEZ MORENO, por los delitos de
concierto para delinquir, imitación y simulación de alimentos,
productos o sustancias, fabricación de sustancias nocivas
para la salud, usurpación de derechos de propiedad
industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales,
y falsedad marcaria.
El 10 de octubre de 2018, el Juzgado 75 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
legalizó la captura del accionante; la Fiscalía le formuló
imputación y el 12 de octubre de la misma anualidad, se le
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva
en su lugar de residencia.
Afirmó el demandante que, el 11 de enero de 2019 su
apoderada y los defensores de los demás procesados,
solicitaron audiencia de libertad por vencimiento de
términos, por considerar que la Fiscalía 253 Seccional de la
Unidad de Seguridad Pública incumplió los términos
procesales previstos en el artículo 317-4 de la Ley 906 de
2004, puesto que radicó escrito de acusación el 11 de febrero
de 2019, pese a que debía presentarlo el 7 de febrero
anterior.
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Proceso de Tutela
Radicación 105672
Impugnación
Héctor Alfonso Gómez Moreno
El 25 de febrero de 2019, el Juzgado 79 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
resolvió desfavorablemente la mencionada petición, con
fundamento en que los términos procesales estuvieron
suspendidos durante el período comprendido entre el 20 de
diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019, puesto que, en
dicho lapso los funcionarios adscritos a la Fiscalía General
de la Nación gozaron de vacaciones colectivas. Decisión que
fue confirmada el 23 de mayo de 2019, por el Juzgado 41
Penal del Circuito de esta ciudad.
Señaló que, la Dirección Seccional de Fiscalías de
Bogotá le informó a su defensora –luego de haber sido amparado
su derecho fundamental de petición por vía de tutela- que, durante
el referido período las diligencias estuvieron asignadas a la
Fiscalía 307 Seccional adscrita al Grupo de Flagrancias de
Usaquén, cuyos empleados prestan de manera permanente
el servicio, en tanto disfrutan de vacaciones individuales.
Por lo anterior, considera que los juzgados accionados
incurrieron en una vía de hecho al negar la solicitud de
libertad, puesto que los términos procesales nunca
estuvieron suspendidos. Pide, en consecuencia, se ordene su
libertad inmediata.
EL FALLO IMPUGNADO
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Impugnación
Héctor Alfonso Gómez Moreno
El Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo
invocado, tras advertir que el demandante incumplió el
requisito de subsidiariedad.
En tal sentido, destacó que la apoderada judicial que
asistió al accionante durante la audiencia de solicitud de
libertad por vencimiento de términos, solamente interpuso
recurso de reposición en contra de la decisión que negó esa
pretensión, sin agotar el de apelación; el cual se instituía
como mecanismo idóneo para dirimir el asunto en
controversia.
Así mismo resaltó que, aunque el demandante no
estuvo presente en tal diligencia, ello de ninguna manera
justificaba la omisión defensiva reseñada, como quiera que
al inicio de la vista pública se allegó memorial en el que el
actor manifestaba renunciar a su derecho de comparecer a
la misma.
Bajo tal comprensión, concluyó que la acción de amparo
resultaba improcedente, en el entendido que el promotor
constitucional asumió las consecuencias de no ejercer los
mecanismos de defensa judicial dispuestos al interior del
proceso para lograr el amparo de sus derechos
fundamentales. De modo que, la tutela no podía ser utilizada
como mecanismo adicional o complementario.
LA IMPUGNACIÓN
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Impugnación
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Fue propuesta por el accionante. Aduce que, si bien es
cierto que su defensora no interpuso recurso de apelación en
contra de la decisión que negó la libertad por vencimiento de
términos, también lo es que, los demás defensores presentes
en la audiencia sí lo hicieron. Sin embargo, la decisión de
primera instancia fue confirmada con base en la misma
argumentación expuesta en aquella oportunidad, que el
período en el que los servidores de la Fiscalía General de la
Nación disfrutaron de vacaciones colectivas debía
descontarse del cómputo de términos de la detención
preventiva.
Señala que las autoridades accionadas incurrieron en
un defecto material y desconocieron el precedente
jurisprudencial al interpretar erróneamente la resolución
mediante la cual la Fiscalía General de la Nación implementó
vacaciones colectivas para sus funcionarios. Esto, debido a
que, tal como se verifica en la respuesta suministrada por la
Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá a su apoderada,
la agencia fiscal que conoció del proceso durante dicho
interregno, se encontraba en servicio.
En consecuencia, afirma, las demandadas vulneraron
su derecho a la libertad al estructurar su decisión judicial en
razonamientos erróneos. Por lo tanto, solicita sea revocada la
decisión de primer grado y, en su lugar, se ampare el derecho
fundamental invocado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
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1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para
resolver la impugnación interpuesta por el accionante contra
el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá.
2. En el caso que concita la atención de la Sala, el
accionante pretende le sea concedida la libertad inmediata,
por estimar que los juzgados accionados incurrieron en un
defecto material y en desconocimiento del precedente. Esto,
por cuanto negaron la libertad por vencimiento de términos
con fundamento en que el cómputo de vigencia de la medida
de aseguramiento se suspendió durante el período
comprendido entre el 20 de diciembre de 2018 y el 10 de
enero de 2019, debido a que los funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación gozaron de vacaciones colectivas, pese
a que, sostiene, la fiscalía que conoció de las diligencias
durante ese lapso se encontraba prestando el servicio con
normalidad.
2.1. En punto de ello, la Sala advierte que, como
acertadamente expuso el Tribunal a quo, el gestor
constitucional desconoce la naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela, en el entendido que sus críticas versan sobre
asuntos que pudieron zanjarse al interior del proceso penal,
pues allí disponía de los mecanismos de defensa judicial
idóneos para plantear las inconformidades expuestas en sede
constitucional.
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Los reproches formulados por el actor en punto de la
motivación expuesta en la providencia confutada, pudieron
ser controvertidos mediante el recurso ordinario de
apelación, en la audiencia de solicitud de libertad por
vencimiento de términos celebrada el 25 de febrero del año
curso, ante el Juzgado 79 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá.
Este mecanismo de defensa judicial garantiza el control
constitucional y legal en relación a las decisiones proferidas
en primera instancia. De manera que, en tratándose de la
concesión de la libertad, contaba con la posibilidad de
remover las transgresiones sustanciales que ahora plantea
(art. 177, inc. 2°, num. 1° del C.P.P.).
No obstante, el demandante –representado por su
defensora- omitió agotar los instrumentos que estuvieron a su
alcance en el proceso penal, en tanto no interpuso recurso
de apelación contra la providencia confutada. De manera
que la acción de tutela no puede ser utilizada para suplir la
inactividad de las partes en el momento en que dicha
oportunidad procesal estuvo vigente, como quiera que su
naturaleza es residual.
Tampoco, puede el censor justificar la omisión
defensiva en que los apoderados judiciales de los demás
procesados interpusieron recurso de apelación contra la
decisión en comento, puesto que el derecho de postulación
se predica estrictamente del abogado a quien se confirió
poder especial (art. 73 y ss. del C.G.P. y art. 118 del C.P.P.).
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Sumado a que, no hubo sustitución del mismo que hubiera
habilitado actuar de tal manera (art. 123 ibídem).
Precisamente, uno de los presupuestos de
procedibilidad de la acción de tutela consiste en que se
hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial, punto sobre el cual ha sido consistente
la jurisprudencia tanto de esta Corporación como de la
Corte Constitucional (cfr., entre otras, CC T-590 de 2005, CC T-
332 de 2006, CSJ STP, 10 jul. 2007, rad. 31781 y STP, 14 ago. 2007,
rad. 32327).
2.2. En todo caso, aun si se diera por superado el
incumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la tutela, en aras de garantizar la protección del derecho
fundamental invocado, tampoco habría lugar a conceder el
amparo en mención.
Esto, debido a que el Juzgado 41 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá confirmó la negativa de
conceder la libertad por vencimiento de términos, según el
numeral 4° del artículo 317 del C.P.P. 1 , con fundamento,
1 ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. <Artículo modificado por el artículo 2 de
la Ley 1786 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento
indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin
perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 307 del presente código sobre
las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o
acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos: […]
4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la
preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294.
PARÁGRAFO 1o. Los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente
artículo se incrementarán por el mismo término inicial, cuando el proceso se
surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los imputados o
acusados, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la
Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro
Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). […]
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principalmente, en que el ente persecutor había radicado
escrito de acusación, incluso antes de que el juez de
garantías se pronunciará sobre esa pretensión. De manera
que, las diligencias se encontraban en una nueva etapa
procesal, así señaló que:
Ahora para el caso puesto a consideración de este Despacho, la
defensa técnica de los aquí procesados el 11 de febrero de 2019,
acuden al centro de servicios judiciales de Paloquemao de esta
ciudad a solicitar la realización de audiencia preliminar de libertad
por vencimiento de términos en favor de sus asistidos al
considerar que ya han transcurrido 123 días desde la fecha en la
que se había formulado imputación, sin que la Fiscalía General de
la Nación, a través de su delegado, hubiese radicado escrito de
acusación, pero obsérvese que en la misma data la Fiscalía
253 Seccional Delegado radicó el escrito de acusación lo
que da paso a que desde ese momento empiece una nueva
etapa procesal, es decir, la etapa del juicio.
Si bien aluden los defensores técnicos que el mencionado lapso de
que trata el numeral 4° del artículo 317 del Código de
Procedimiento Penal ya había fenecido para la fiscalía, pues a la
hora en que fue radicada la solicitud de audiencia preliminar de
libertad por vencimiento de términos 8:15 de la mañana, también
el escrito acusatorio fue presentado en la misma fecha pero a las
2:45 de la tarde […] esta situación lleva al Despacho a considerar
que se torna inane e insustancial cualquier definición en punto de
lo que concierne al juez penal con funciones de control de garantías
en este caso respecto de la libertad por vencimiento de términos,
pues superada esta primera etapa ya los procesados se
encuentran a cargo del juez penal del circuito con función
de conocimiento, pues se entiende que ello ocurre a partir
del momento en el que presenta el escrito de acusación para
el cómputo de términos […] ello aplicable por el principio de
preclusividad de las etapas procesales que armoniza con el de
legalidad […] de manera que ante la dificultad legal de retrotraer
la actuación penal a una etapa ya superada se hace imposible el
otorgamiento de la libertad reclamada, pues antes de celebrarse
la audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos ya
estaba o corría por cuenta de los juzgados penales del circuito de
conocimiento como se indicó […] 2 .
2 Audiencia de segunda instancia llevada a cabo el 23 de mayo de 2019. Audio 51:10.
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Dicha interpretación se armoniza con la postura
acogida por esta Corporación en sede de tutela y de hábeas
corpus, pues, se ha precisado que la libertad por vencimiento
de términos no es procedente cuando la fiscalía cumple,
aunque de manera tardía, con la carga procesal echada de
menos; léase para el caso, radicación del escrito de
acusación, porque se configura un hecho superado. De modo
que desaparece el fundamento que daría lugar a la causal de
libertad, en tanto «el Estado realizó aquello que se encontraba en
mora de hacer» (CSJ STP1262 5 feb. 2019, rad. 102523; SP1285 7 feb.
2019, rad. 102889; STP1944 21 feb. 2019, rad. 102742; AHP, 25 abr
2012, rad. 38836; AHP, 19 dic 2012, rad. 40459; AHP, 03 sept 2013,
rad. 42154; AHP, 22 ene. 2015, rad. 45227).
En recopilación de tal criterio, la Sala de Tutelas en
providencia CSJ STP 5111 17 abr. 2018, rad. 97755, reseñó:
Posteriormente, la Corte ha venido señalando, a través de
providencias de acciones constitucionales, que solamente se
podría conceder la libertad por la causal en comento,
mientras subsista la omisión del órgano de persecución. En
efecto, ha considerado que desaparece el derecho a libertad
provisional, en razón a que una vez materializado ese
supuesto, el motivo desaparece (CSJ. Sentencia 58433). De
igual manera ha indicado que una vez el Estado satisface
la expectativa procesal reclamada (proferir escrito de
acusación), se extingue "el germen de derecho surgido en
torno de una eventual liberación transitoria como
consecuencia de la prosperidad de tal causal” (CSJ AP,
32272 julio 22 de 2009). Por lo tanto, se debe negar la
solicitud de libertad por vencimiento de términos, por
cuanto la presentación del escrito de acusación extingue "el
derecho generado en torno a una eventual liberación
transitoria" (CSJ. Sentencia 65256; febrero 20 de 2013).
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De allí se deriva que, el juzgado de segundo grado, aquí
demandado acogió la postura que sobre el particular ha
sostenido esta Corporación en sede constitucional, toda vez
que, en el caso concreto, se configuró un hecho superado
ante la radicación del escrito de acusación.
2.3. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, la Sala debe
precisar que, contrario a lo expuesto por los juzgados
demandados, los términos consagrados en las causales de
libertad previstas en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 se
cuentan de manera ininterrumpida y continúa, es decir, en
días calendario y no en días hábiles.
El origen legal de esa orden radica en la Ley 1142 de
2007, en la cual se consignó expresamente que los términos
contenidos en el numeral 4° del artículo 317 de la Ley 906 de
2004, se contabilizarían de manera ininterrumpida. Luego,
en virtud de la Ley 1453 de 2011, tal regulación fue ampliada
al numeral 5° ejusdem. Sin embargo, la Ley 1760 de 2015
que modificó el artículo en comento, nada dijo sobre el
particular.
Sobre el asunto, esta Corporación ha sostenido que
dicho silencio legislativo no impide que se continúe
interpretando según el precepto normativo antecedente, esto
es, que «la contabilización de los términos previstos en el
citado artículo 317 del C.P.P. debe realizarse “en forma
ininterrumpida”», puesto que resulta ser la postura más
favorable para el procesado (STP 2 feb. 2013, rad. 65256; STP1262
5 feb. 2019, rad. 102523; STP21643 12 dic. 2017, rad. 35621).
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Dicho lo anterior, es cierto que en las providencias
judiciales discutidas en esta acción, se adujo que el
interregno comprendido entre el 20 de diciembre de 2018 y
el 10 de enero de 2019 no debía tenerse en cuenta a efectos
de contabilizar el término de vigencia de la medida de
aseguramiento, ya que durante ese período los funcionarios
adscritos a la Fiscalía General de la Nación se encontraban
gozando de vacaciones colectivas.
No obstante, en el caso concreto, tal error pierde
relevancia de cara a los motivos expuestos en el acápite
anterior (cfr. 2.2. ut supra), toda vez que se configuró un
hecho superado. Motivo por el cual, le asistió razón a los
juzgadores accionados al no conceder la libertad por
vencimiento de términos.
3. En esas condiciones, lo procedente en este evento es
confirmar el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE
DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 2,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
RESUELVE
NEGAR el amparo invocado, por inexistencia de
vulneración, de acuerdo con la parte motiva de esta decisión.
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NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, una vez en firme.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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