La Voz de Mida Edición SEPT-OCT 2019

Entre las historias tras el huracán María,
una que se repite con frecuencia es la
relacionada con el problema del manejo de
mercancías y donaciones en los muelles.
Por ello, al conocerse de la reducción de
las empresas que operan en los muelles de
carga se han levantado las voces de alerta.
Y es que la concentración de poder sobre
los muelles del país está en las manos de
dos compañías: Crowley que opera ocho
embarcaciones y Tote Maritime que opera
dos barcos de forma regular.
Las empresas de transportación marítima
(water carriers) se rigen por el Shippment
Act, un estatuto que establece el marco
legal bajo el que opera esta industria, y deja
en manos de la Comisión Marítima Federal la
responsabilidad establecer las regulaciones
aplicables.
Cuando el Gobierno de Puerto Rico vendió
sus navieras en la década de 1990, en la
isla operaban cerca de 30 empresas de
transporte marítimo de carga. Ese número
se ha reducido a tan solo cuatro en la
actualidad: Tote Maritime y Crowley – que
atienden el 95% de la carga marítima –; y
Trailer Bridge y National Shipping. Estas
cuatro empresas transportan la mercancía,
productos comerciales, industriales y
privados que llegan o salen de la isla en
barcos de bandera americana y sujetos a
la Ley Jones. Mientras que la compañía Luis
Ayala Colón (LAC) atiende la carga que llega
en barcos internacionales.
La Autoridad de los Puertos (AP) es el ente
del Gobierno de Puerto Rico encargado
de que los puertos y aeropuertos sirvan a
las necesidades del país, pero en el caso
de los muelles, debe asegurarse de que su
operación propende al desarrollo económico
de la isla y que no se pone en riesgo la
salida o entrada de insumos comerciales e
industriales, según el texto de la ley que crea
la agencia.
Bajo la tutela de Puertos, hay 37 muelles
alrededor de la isla. Los muelles de Ponce,
Mayagüez y Ceiba están bajo la jurisdicción
del Municipio de Ponce, la Comisión del
Puerto de Mayagüez y la Autoridad de
Transporte Marítimo, respectivamente. Solo
el muelle de Puerto Nuevo y el de Isla Grande
en San Juan, se utilizan para la carga general,
es decir los bienes de consumo y los insumos
para empresas que operan en Puerto Rico.
Por Mayagüez y Ponce solo entra carga
liviana.
Tote Maritime (antes Sea Star Agency),
alquila el muelle de Puerto Nuevo por el
que paga al gobierno $35 millones desde
diciembre de 2012 hasta el 2032. Tote, a
través de su filial Puerto Rico Terminals,
brinda servicios de carga y descarga a los
barcos de Trailer Bridge y National Shipping.
Los barcos internacionales que llegan a la
isla son atendidos por la empresa Luis Ayala
Colón.
El muelle de Isla Grande, unas 81 cuerdas de
terreno en la antigua base naval en Miramar,
está rentado a Crowley por $56 millones
desde septiembre de 2016 hasta el 2046.
Crowley tiene la operación más grande en
la isla.
Se preguntó a la Autoridad de los Puertos si
ambas empresas están al día en sus pagos
de alquiler y el portavoz de la agencia, José
Carmona, refirió la pregunta a la división
legal, pero al momento de publicación de
esta historia no se había recibido respuesta.
Histórico oligopolio
En su entrevista para esta investigación,
Eduardo Pagán Reyes, vicepresidente y
gerente general de Tote Maritime en Puerto
Rico y presidente de la Asociación de Navieros
de Puerto Rico, reconoció que la industria
de carga marítima en la isla opera como un
“oligopolio”, es decir, un sistema en el que el
número de vendedores es muy reducido, de
manera que controlan y acaparan las ventas
de determinados productos como si hubiera
monopolio.
LA VOZ DE MIDA 7
P O R T A D A