La Voz de Mida Edición SEPT-OCT 2019

P O R T A D A
En el limbo quién tiene
jurisdicción sobre el
acuerdo que controlaría
los muelles de San Juan
Por Yanira Hernández Cabiya |
Caribbean Business y Centro
de Periodismo Investigativo
La Comisión Federal de Transporte Marítimo
(FMC, por sus siglas en inglés) evalúa
distintas alternativas para obtener mayor
información sobre el acuerdo entre dos de
las principales empresas que operan en el
muelle de carga en Puerto Nuevo.
Sin embargo, el presidente del ente
federal, Michael A. Khouri, le advirtió a la
gobernadora Wanda Vázquez Garced,
que si como sospechan, la transacción
constituye una fusión de empresas o
una compra de activos, la FMC podría no
tener jurisdicción para detener el acuerdo
entre Luis Ayala Colón (LAC), la empresa
encargada de la operación de carga y
descarga de barcos internacionales en
el muelle de Puerto Nuevo, y Puerto Rico
Terminals, una subsidiaria de Tote Maritime,
que es la segunda compañía más grande
que opera los muelles de carga doméstica
en San Juan.
“La Comisión va a insistir en aumentar
el monitoreo con amplia divulgación de
información del mercado empresarial. La
Comisión también está explorando otras
vías para recibir información adicional
sobre el acuerdo, como audiencias de
investigación; una orden de investigación
y audiencia; una Orden para un Informe
Especial que requiera que las partes
proporcionen información a la Comisión”,
señala Khouri en su carta a la gobernadora,
que La Fortaleza entregó al CPI.
La comunicación de Khouri se produjo en
respuesta a la carta que Vázquez Garced
escribiera a la FMC en septiembre 19 de
2019, solicitándole que intervinieran para
asegurarse de que la transacción entre
Puerto Rico Terminals y LAC no afecta a los
consumidores de la isla.
La gobernadora le dijo a la Comisión, que
si bien el exgobernador Ricardo Rosselló
Nevares no objetó la transacción y se
abstuvo de someter comentarios sobre
el posible impacto para el mercado y la
economía de la isla, ante la preocupación
que le han expresado varios sectores “quiero
asegurarme que esta transacción no afecta
negativamente a los puertorriqueños”.
La preocupación de la FMC de que se
reducirá el servicio y aumentarán los costos
de transporte de carga desde y hacia
Puerto Rico quedó consignada por Khouri
en una carta enviada a la gobernadora el 1
de octubre de 2019.
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Si la FMC no asumiera jurisdicción, tanto el
Departamento de Justicia federal como el de
Puerto Rico podrían intervenir debido a que
la controversia se convertiría en una sobre la
posible concentración de poder económico,
que implique problemas con el ejercicio de
la libre empresa. “Eso sería competencia de
la División de Asuntos Monopolísticos del
Departamento de Justicia de Puerto Rico
y de Justicia federal”, explicó el abogado
experto en derecho corporativo y exdirector