La Voz de Mida Edición SEPT-OCT 2019

P O R T A D A
en barcos alquilados y les aumentaban el
precio convenido por contrato.
Cuando se le preguntó a Reyes sobre
empresarios que pudieran evidenciar
esta práctica mediante entrevistas, este
respondió que “en la medida en que nada de
esto está regulado y está tan monopolizado,
los afectados tienen miedo de hablar porque
dependen de esas empresas para traer sus
mercancías”.
“Un importador que no tiene ningún control ni
poder de negociación porque está bregando
contra un oligopolio, si se enfrenta a ellos,
el peligro de recibir una reacción adversa
es demasiado grande. Lo dicen en privado,
pero no lo van a decir públicamente”, añadió
Manuel Reyes.
Roberto Pagán Reyes, vicepresidente de
Tote Maritime en Puerto Rico, en entrevista
con este medio indicó que las tarifas y los
informes sobre sus operaciones se someten
periódicamente a la Autoridad de los Puertos
(AP) y al Departamento de Hacienda.
Para esta investigación, se solicitó a Puertos
el detalle sobre la cantidad de contenedores
y carga que se movió en Puerto Rico desde
el 2016 hasta la fecha y recibió de vuelta una
tabla con los totales de carga por año, pero
no por empresa, ni el detalle del movimiento
mensual.
Al preguntar sobre las tarifas, José Carmona,
asesor de prensa de la AP, este indicó que
esa información no obra en poder de la
agencia.
De cara a una nueva emergencia
Recientemente, en el estado de Florida,
la organización de Profesionales
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Puertorriqueños en la Florida (Profesa)
estableció una iniciativa – con el apoyo del
Puerto de Jacksonville y de las compañías
de navieros – para orientar a grupos
comunitarios sobre los protocolos para
enviar donaciones a Puerto Rico en caso de
una emergencia.
Rafael González, presidente de Profesa,
admitió que tras el huracán María, muchas
de las donaciones que se hicieron nunca
salieron del puerto, aunque no pudo dar
números concretos. Indicó que algunas
donaciones tuvieron que ser devueltas por
falta de fondos para pagar el transporte
marítimo a la isla, y otras porque no estaban
documentadas como requiere la ley federal.
“Cuando María, la diáspora de acá (Florida)
se desbordó llevando donativos y luego no
sabían qué hacer con ellos”, dijo el doctor
Tomás Agrait, presidente del comité de
temas de gobierno de Profesa.
Agrait indicó que posterior al huracán un
cargamento de donaciones no refrigerado
costó entre $5,000 y $6,000 traerlo a Puerto
Rico a través de las empresas Tote Maritime
y Crowley.
González indicó que se reunieron con los
administradores del muelle de Jacksonville
para definir protocolos que permitan agilizar
esos envíos en casos de emergencia.
Asimismo, dijo que cuando se reunió hace
una semana con el director de Puertos,
Anthony Maceira, este le informó que
cualquier negociación en ese sentido debía
hacerse con las empresas que operan los
muelles Tote y Crowley.
Manos afuera
El director de Puertos, Anthony Maceira,
admitió que la necesidad de que el gobierno
asuma un papel más activo en la fiscalización
de la operación de los puertos fue discutido
con el sector privado justo después del
huracán María. “Pero la realidad por décadas
en Puerto Rico ha sido que eso es operado
por entes privados”, dijo.
Así mismo, hizo hincapié en que aún cuando
fuera deseable cambiar la política pública