REVISTA PESCA OCTUBRE 2019

adyacente a la ZEE.
Triplicar la mano de obra directa en la actividad pesquera hoy
estimada en 25.000 personas (en blanco) como consecuencia
de las mayores exportaciones, el incremento de consumo interno
(hoy está en 6kg/año y el promedio mundial es de 19kg/
año), el cambio del modelo extractivo por el industrial, agregando
mayor valor a los productos, prohibiendo el descarte y
su aprovechamiento industrial.
Contribuir a la reducir del hambre de la niñez y adolescencia
cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de
niños y adolescentes diarios todo el año, con motivo del desembarco,
proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil
toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias
de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014
y la Ley 24.922 exige desde 1998.
Definir los ámbitos de aplicación de la legislación nacional y
federalizar los recursos pesqueros para devolverle los recursos
originarios a las provincias, generando una mayor radicación
poblacional e industrial, con la consiguiente generación de empleo
y riqueza.
Aumentar la ocupación del Atlántico Sur con barcos nacionales
en la Alta Mar, con motivo de los incentivos a la flota argentina
para pescar en esta área.
Reducir todos los derechos e incentivar la captura del calamar
para darle competitividad a esta flota frente a los subsidios
que recibe la flota extranjera y, al mismo tiempo, provocar
una menor captura de esta especie por parte de los buques
extranjeros licenciados por el gobierno ilegal de Malvinas.
Ampliar el interés de los argentinos en la problemática marítima
y pesquera derivada de un mayor consumo de esta especie,
de la mayor afectación de fondos para la capacitación de
los consumidores y difusión de las bondades del pescado en la
salud.
Mejorar la calificación del personal y consecuente eficiencia en
el trabajo y calidad de los productos como consecuencia de
afectación de más fondos a la capacitación de operarios y técnicos.
Desalentar la presencia de buques extranjeros en el Atlántico
Sur como consecuencia de una mayor presencia de fuerzas
armadas y de seguridad en el mar, otorgándoles una mayor
cantidad de fondos y, de promover acuerdos con empresas
nacionales que les permitan menores costos operativos, disminuyendo
el interés en las licencias ilegales británicas por parte
de buques extranjeros con motivo de mejores condiciones
económicas y operativas para las capturas asociados a empresas
nacionales.
Ampliar la distribución de los recursos pesqueros de dominio
del Estado para generar un mayor desarrollo de las pequeñas
y medianas empresas.
Renovar la flota pesquera obsoleta, en especial los 240 buques
que a 2019 se consideran que han cumplido la vida útil, como
consecuencia de la afectación de mayores fondos para construcción
nacional y la disposición de medios financieros y otras
facilidades previstas en la Ley de Renovación Solanas-Luenzo
que se trata en el Congreso de la Nación y, con tal motivo reducir
la siniestralidad y los naufragios con pérdidas de tripulantes.
Establecer una tabla de vida útil de los buques pesqueros,
para sacar los buques de la operatividad en término y evitar
naufragios con pérdidas humanas.
Disponer de una Ley Federal y Social de Pesca que promueva
el desarrollo pesquero y la sustentabilidad del recurso y, el
amparo a todas las reformas que se propician promover una
previsión cierta a las inversiones nacionales y extranjeras en la
actividad, un desarrollo integral de todos los territorios de la
Nación y cumplir con la función social de la explotación de este
recurso del Estado.
Mejorar las condiciones de negociación en las empresas nacionales
con los buques extranjeros que pescan las especies migratorias
argentinas y asociadas en la Alta Mar, a través de
facilitar los acuerdos con las empresas locales, al reafirmar la
titularidad de Argentina de esos recursos en su condición de
país ribereño y titular de sus especies originarias.
Jerarquizar y ampliar el alcance de la misión y funciones de la
Subsecretaría para demostrar a los actores de la actividad la
vocación del Estado de darle mayor importancia y atención a
los asuntos productivos relativos al Atlántico Sur y facilitar al
funcionario las negociaciones de acuerdos y la ejecución de los
programas de inversión y desarrollo.
Reducir los costos operativos, dándole mayor participación a
las Provincias, al sector empresario y gremial en el Consejo
Federal Pesquero.
Independizar del poder político la investigación del INIDEP
dándole autonomía en las decisiones para asegurar la tarea
científica, garantizar los informes sobre el stock biológico y la
Captura Máxima Sostenible y, en base a ello, siendo necesario
y vinculante, su dictamen previo para el otorgamiento de Cuotas
y Autorizaciones de Captura por parte del Consejo Federal
Pesquero.
Efectuar un seguimiento en forma continua de todos los proyectos
de inversión, radicación industrial, agregado de valor y
ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias
de cuotas y autorizaciones de captura.
Disponer, que si bien las transferencias de los buques, en determinadas
condiciones serán posibles, el Estado cobrará todos
los derechos relativos a los permisos, cuotas y autorizaciones
de captura, evitando la venta entre privados de estas habilitaciones.
Revista Pesca octubre 2019 77