REVISTA PESCA OCTUBRE 2019

adelante y, no se ha tratado este importante tema como una política de
Estado, pese a lo prescripto en la Constitución Nacional.
Ahora, llama la atención que, pese a la importancia biológica,
económica y política de esta investigación conjunta de los recursos
argentinos en el área de Malvinas, el Consejo Federal
Pesquero no trató este tema en ninguna de las 21 reuniones
realizadas por este cuerpo en 2019, quebrantándose los artículos
4º, 5º y otros de la Ley 24.922.
A no ser que el Consejo Federal Pesquero y la Cancillería entiendan, que
el área de Malvinas no está sujeta a la jurisdicción nacional, o Provincial,
tratándose de una parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
El Artículo 7º y 14º de la Ley 24.922 indica que la Autoridad de Aplicación
debe «conducir y ejecutar la política pesquera nacional, regulando
la investigación; conducir y ejecutar los objetivos y requerimientos relativos
a las investigaciones científicas y técnicas; intervenir en negociaciones
bilaterales o multilaterales internacionales relacionadas con la actividad
pesquera; emitir las autorizaciones para pesca experimental, previa
aprobación del Consejo Federal Pesquero (CFP)» y, el artículo 9º, 11º y
14º indican que el CFP debe "establecer la política pesquera nacional; la
política de investigación pesquera; aprobar los permisos de pesca experimental;
dictaminar sobre pesca experimental y establecer los objetivos y
políticas de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos
vivos marinos».
Por su parte, el artículo 12º de la misma ley precisa que «corresponde al
INIDEP la planificación y ejecución de sus actividades científicas y técnicas
y la administración y la disposición de sus buques de investigación
conforme las políticas que oportunamente establezca el CFP».
Ante esta responsabilidad abrumadora, ¿por qué la Autoridad de Aplicación
y el CFP no han tratado, fundado y aprobado o no la ejecución de
esta investigación conjunta? Más aún, teniendo en cuenta, que entre los
miembros que conforman el CFP hay un diplomático de la Cancillería.
Ahora, cómo puede ser, que científicos argentinos y británicos, usando
todos los recursos del país investiguen graciosamente los recursos nacionales,
cuando el CFP, quien, como hemos visto, es el responsable de
establecer las políticas de investigación no trata el tema; aunque sí,
aprueba en este mismo año dos investigaciones alemanas y una de Estados
Unidos en el mar argentino, dicho sea de paso, sin fundamento alguno
para hacerlo, como se desprende de las respectivas Actas.
Independientemente de Acuerdos preexistentes, el CFP debe aprobar
cada investigación que se realice en el mar argentino y, más aún, cuando
intervienen investigadores extranjeros. ¿Por qué? Porque así lo establece
la ley y, muy especialmente su artículo 13º que indica que «los
resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros
deben ser puestos a disposición de la Autoridad de Aplicación antes de
cualquier utilización o divulgación de los mismos». Cuestión de aplicación
imposible, cuando en la investigación intervienen a bordo científicos
ingleses, que tienen acceso directo a la información y, que la ponen a
disposición de los súbditos británicos antes que los propios argentinos
puedan conocerla.
Es más, por el tipo de investigación y, tratándose de espacios marítimos
ocupados, entendemos que no debiera alcanzar con una Resolución del
CFP, sino que debería aprobarse en el Congreso Nacional.
¿Por qué el CFP no aprueba o desaprueba esta investigación y
viola la Ley de Pesca Nacional? Tal vez, porque el Reino Unido
no quiere sentar el precedente de ser autorizado expresamente
por el Consejo Federal Pesquero para realizar investigaciones
en el territorio que ocupa. Lo cierto, que por las razones que
fuese, este trascendente tema no fue tratado durante 2019 por
este Consejo y uno debiera preguntarse ¿por qué?
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario
de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA,
Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor,
autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”)
y articulista de la especialidad.
EL PODER CENTRAL PESQUERO
ADMINISTRA MAL E IMPIDE EL
DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS
La administración por parte del gobierno nacional se origina
con una legislación pesquera nacional inconstitucional, a cuyo
amparo el Subsecretario de Pesca y Presidente del Consejo
Federal Pesquero regula la actividad en forma central, en lugar
de representar los intereses proporcionales de las Provincias
del litoral marítimo y, distorsionando la aplicación de las normas
nacionales y provinciales referidas a la actividad pesquera,
la sustentabilidad del recurso y el desarrollo previsible y
sostenido de los pueblos y ciudades que debieran vivir de esta
actividad.
Las facultades y derechos de estas provincias quedaron conculcados
a partir de 1998 cuando se sancionó la mal llamada
Ley Federal de Pesca (Nº 24.9229), a través de la cual, la Nación
mal administra los recursos pesqueros, se apropia de
aranceles y derechos económicos derivados de la explotación
de los recursos provinciales, ocasionándoles un daño gravísimo
al impedirles un desarrollo planificado y, la aplicación de políticas
industriales que den sustentabilidad económica y social a
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