REVISTA PESCA OCTUBRE 2019

cos. En la Pesca este ítem será neutro por cuanto nuestro país
tiene altos estándares de seguridad alimentaria, utilizando sistemas
de autocontrol desde 1998 con la aplicación de los planes
HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
Contrario a algunas opiniones desinformadas, la Argentina
desde hace más de 40 años ha sido habilitada para exportar a
los mercados más exigentes, como la Unión Europea, Estados
Unidos, Japón, etc.
La circulación marítima y fluvial. El gobierno ha dado
muestras de desinterés respecto a ocupar con buques argentinos
la hidrovía y, las embarcaciones que transportan bienes
por esta vía lo hacen con bandera paraguaya, boliviana y uruguaya,
motivo por el cual, el libre acceso de buques europeos,
profundizará la ausencia de ocupación argentina en el transporte
fluvial y el desarrollo regional. Hay quién ha manifestado
que los buques extranjeros que pescan ilegalmente en la Zona
Económica Exclusiva Argentina y en el área adyacente a ésta
en Alta Mar podrían calificar el origen de sus capturas según la
bandera del buque que extraiga el recurso (por ejemplo, español),
pero esto se contradice con la política que ha llevado
hasta la fecha la Unión Europea de combatir la pesca ilegal
(INDNR) y las propias normas de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En materia
de Asociación Estratégica, esté Acuerdo debería terminar con la pesca
clandestina de buques españoles que depredan nuestros recursos argentinos
en el Atlántico Sur y son los principales socios en esta materia con
el Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas, pero nada de ello no está
escrito en este Acuerdo.
La denominación de origen. No tendría implicancia alguna para la
pesca y por el contrario puede tener una significancia negativa importante
en la industria alimentaria que verá invadido el país con denominaciones
que tienen mucha tradición y prestigio internacional.
Medio Ambiente. La Argentina es firmante del Acuerdo de París y se
ha obligado a la lucha contra el calentamiento global, pero, el Acuerdo
también establece la obligatoriedad de dar cumplimiento a la Convención
del Comercio Internacional de Especies Protegidas de Fauna y Flora Salvaje,
la Convención de la Diversidad Biológicas y los Códigos de Conducta
de la FAO. En materia pesquera estas cuestiones ambientales
o de protección del recurso no son atendidas por el gobierno
nacional, ya sea porque no ha realizado acción alguna con respecto a la
depredación que realizan los buques pesqueros extranjeros con o sin
licencia ilegal británica en el Atlántico Sur, el descarte de especies de la
flota nacional, la falta de estudios de impacto ambiental a la hora de
licitar las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos offshore y la
falta de tratamiento de efluentes industriales. El Código de Conducta
para la Pesca Responsable de la FAO está lejos de cumplirse en la Argentina
y como ha manifestado recientemente su Interventor Héctor
Lobbosco en el Senado de la Nación, el INIDEP no fue consultado a la
hora de licitar las nuevas áreas petroleras y tampoco cumple con la Disposición
205/19 que establece que los buques deben llevar al menos un
60% de inspectores. Este Instituto sobre 252 buques que operan solo
cuenta con 55 observadores, «porque están en un plan de reducción de
personal», es decir, que en este tipo de agentes calificados, que son
indispensables para evitar la depredación pesquera, su número solo alcanza
al 22%, motivo por el cual, seguramente, a fines del año pasado,
la certificadora norteamericana Seafood Watch calificó negativamente
con «rojo» el manejo del langostino y, en particular, la organización
cuestionó duramente el bycath que lleva a descartar grandes volúmenes
de merluza en la captura de langostino, con los daños ambientales y
laborales que ello implica. Para revertir esta situación la Argentina debería
invertir ingentes sumas de dinero para aplicar a todas las tareas de
seguridad de la Armada y la Prefectura Nacional, controles independientes
de las capturas y, relevamiento en el mar del INIDEP.
El régimen laboral. La actividad en general cumple con las obligaciones
de la Organización Internacional del Trabajo, pero, tiene deudas
muy importantes relativas a la seguridad del personal embarcado debido
a la vetustez de los buques que, en promedio, superan los 40 años de
antigüedad, generando un alto riesgo para los trabajadores y los crecientes
naufragios que provocan desapariciones y muertes de los tripulantes.
El gobierno ha rechazado sistemáticamente y, vetado en el caso de la
Ley de Marina Mercante y Fluvial, toda forma de financiar la renovación
de la flota, a pesar de que es necesario invertir importantes sumas para
modernizar la flota pesquera y evitar nuevos naufragios. Ello, además,
se contradice con la libre importación de buques que el Acuerdo habrá
de facilitar.
En síntesis, más allá de que aún falta conocer detalles, este Acuerdo
está absolutamente desequilibrado entre los firmantes y carece de todo
planteo de Asociación Estratégica, en un país endeudado, sin crédito
para el desarrollo de las empresas y con una inflación que, como hemos
dicho, le hace perder toda competitividad a los productos argentinos en
el mundo.
Habrá que poner las barbas en remojo, porque estamos por presenciar
una carrera, donde los argentinos no hemos ni empezado
a entrenarnos y la Unión Europea ya lleva varios grandes
premios ganados. Y, ¿el gobierno?, no ha podido resolver aún -
ni siquiera- la inflación.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario
de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA,
Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor,
autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”)
y articulista de la especialidad.
30 de junio de 2019
Revista Pesca octubre 2019 68