REVISTA PESCA OCTUBRE 2019

ATÚN: UN CASO EN QUE SE DAÑA
AL PERÚ PRIMERO
En enero de 2007 se publicó la Ley 28965, de promoción
para la extracción de recursos altamente migratorios,
como el atún. Establece que, a la captura de especies
con tal característica obtenidas por embarcaciones extranjeras
con permiso de pesca otorgado por el Perú,
independientemente de la zona de captura le es aplicable
cualquiera de los regímenes aduaneros previstos en
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas.
Ante inconvenientes en su aplicación, en noviembre de
2008 la gerente jurídica de la Sunat, Sonia Cabrera Torriani,
actualmente en servicios en la misma entidad,
emitió el Informe 067-2008-SUNAT/2B4000, en el que
concluye que “…la captura del recurso hidrobiológico
realizada por embarcaciones de bandera extranjera premunidas
de permiso de pesca en cualquier zona del dominio
marítimo del Perú o de las 200 millas marinas, así
como fuera de dicho territorio, da lugar a la aplicación de
los siguientes regímenes aduaneros: importación, tránsito,
transbordo, depósito en aduanas, exportación, exportación
temporal, admisión temporal para perfeccionamiento
activo, drawback y reposición de mercaderías en
franquicia, siempre que se cumplan para efectos de su
destinación con los requisitos que para tal fin establece
la Ley General de Aduanas…”.
Debido a esta disposición normativa y medidas complementarias
que se han dado, se ha ido consolidando desde
entonces una industria atunera nacional que era
inexistente en 2007 y que hoy genera exportaciones por
41 millones de dólares anuales, con proyección a 250
millones en 2021. Los empresarios nacionales han invertido
más de 200 millones de dólares en maquinaria,
equipo y embarcaciones especiales para esta actividad,
que requiere de mucha eficiencia ya que tiene pequeños
márgenes de utilidad y precisa grandes volúmenes de
producción.
A pesar de que en junio de 2018 se promulgó la Ley
30788, que declara de interés nacional el incentivo al
desarrollo de la industria atunera en el país, la Sunat pareciera
haberse propuesto desaparecerla en 2019. Su
Intendencia de Aduana de Paita, principal puerto atunero
nacional, ha decidido desconocer las Declaraciones
Aduaneras de Mercancías referidas a las compras de
atún a naves extranjeras por parte de industrias peruanas,
y desde el 2016. Con ello, en la práctica está desconociendo
la Ley 28965 y la opinión de la gerente jurídica
de la Sunat. Esto obliga a los industriales a pagar el 30%
del valor de todo el atún adquirido en esos años como
Impuesto a la Renta (renta que no es tal), con lo que
está decretando la desaparición de la industria atunera
peruana en las próximas semanas.
En momentos en que empresarios y trabajadores del
sector resaltan en el mundo nuestra vocación atunera,
resulta inexplicable que la Sunat la destruya y el MEF no
se entere. Pero lo más dramático es que volveremos a
liquidar, igual que en los 70, esta iniciativa privada que
podría revitalizar a la industria nacional de pesca para
consumo humano. Así, perderían la posibilidad de obtener
empleo formal más de 6,000 peruanos y se producirá
un cierre de plantas conserveras. ¿Hay alguien en las
altas esferas interesado en seguir comprando conservas
asiáticas de dudosa calidad, a quien le disguste el fortalecimiento
de nuestra industria? A la hora de hacer daño,
¿quieren hacerlo al PERÚ PRIMERO?
Alfonso Miranda Eyzaguirre
Ex viceministro de Pesquería.
Revista Pesca octubre 2019 66