REVISTA PESCA JUNIO 2019

cia con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 24.922
que indica “son de su dominio y jurisdicción exclusiva,
los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la
ZEE y en la plataforma continental argentina y, en su
condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de
conservación en la ZEE y en el área adyacente a ella,
sobre los «recursos transzonales y altamente migratorios
o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones
de especies asociadas a las de la ZEE». Cuando el
Estado ribereño no tenga buques pescando en la Alta
Mar, estas especies originadas en la ZEE podrían considerarse
excedentes en la Alta Mar, pero sujetas a regulación
por parte de los Estados ribereños, de modo de asegurar
la sustentabilidad de las especies. Ello, le permitiría
a la Argentina negociar en forma directa empresaempresa,
sin necesidad de la firma de Acuerdos que
subordinan al país a entes regionales o Estados de Bandera,
con la accesoria dificultad posterior de denunciarlos,
como ya ocurrió con los Acuerdos con la URSS o la
Unión Europea.
Es importante que la CONVEMAR defina en forma precisa
la preminencia de los Estados ribereños sobre los Estados
de bandera y, la FAO (FIDI, FAO) es esclarecedora
en este aspecto, cuando dice: «las poblaciones transzonales
son fundamentalmente “residentes” de las ZEE (es
decir, su biomasa global se encuentra en gran parte dentro
de la ZEE) las que “desbordan” unas millas hacia alta
mar» y, amplía: «actualmente observamos la tendencia
a la firma de acuerdos de pesca entre países costeros y
los que pescan en aguas distantes, donde estos últimos,
se comprometen a pagar el acceso a los recursos y, el
Estado ribereño fija el número de licencias, por ejemplo,
en la zona del Pacífico Sur, Seychelles, Mauricio, Marruecos,
Senegal, etc. Esta tendencia se interpreta como el
reconocimiento de facto de un derecho privilegiado del
Estado ribereño (Munro, 1993), pero es necesario avanzar
en forma urgente para terminar con la depredación
de los recursos migratorios y asociados y, accesoriamente,
desalentar la pesca con licencias ilegales otorgadas
por el Reino Unido en Malvinas, donde las empresas españolas
se quedan con la mayoría de estas licencias.
En ese sentido es llamativa e inoportuna la reciente
reunión en España de la vicepresidente de la
Nación Gabriela Michetti y el Subsecretario de
Pesca Juan Bosh con importantes referentes del
sector pesquero español, ya que es inaceptable,
no solo la presencia de buques de esta nacionalidad
en la milla 201 pescando nuestros recursos
pesqueros, sino la captura ilegal de buques españoles
en la ZEE argentina ocupada por el Reino
Unido. No es con los propietarios o gerentes españoles
incursos en la Pesca ilegal (INDNR), los que
se llevan nuestros recursos pesqueros por decenas
de miles de millones de dólares y están muy
preocupados por el Brexit, con quien nuestra vicepresidenta
se puede sentar a hablar de sustentabilidad
o negocios con Argentina y, mucho menos
cooperar, mientras estos buques sigan pescando
ilegalmente y la Unión Europea mantenga aranceles
a las exportaciones argentinas con valor agregado.
Una Cuarta Enmienda debe referirse al paso inocente
o de tránsito de los buques pesqueros por la ZEE de los
países ribereños, durante el cual, éstos deben tener la
facultad suficiente para abordar e inspeccionar las bodegas
de los buques y, de encontrarse en éstas productos
pesqueros, determinar precautoriamente que fueron
capturados dentro de la jurisdicción de los Estados ribereños
y aplicar, consecuentemente, las normas legales
vigentes de este Estado, salvo, que éstas especies sean
exóticas y no se encuentren asociadas a especies que
cumplen su ciclo vital en la ZEE del país ribereño.
Una Quinta Enmienda referida a que los buques pesqueros
que capturan en la Alta Mar no pueden tirar al
mar ningún tipo de residuo o desperdicio orgánico ni
efectuar descartes pesqueros al mar durante todo el
tiempo que permanezcan pescando y, deben estar provistos
de plantas elaboradoras de harinas y depósitos
adecuados para contener los residuos hasta la llegada a
puerto. Las exigencias de la CONVEMAR respecto a los
Estados ribereños, entre ellas, el establecimiento de la
Captura Máxima Permisible en la ZEE, no se compadecen
con los escasos requisitos para la pesca en la Alta Mar.
La Autoridad creada al efecto, con cargo a los Estados
de Bandera de Bandera que pescan en la Alta Mar, debiera
ocuparse de evitar la depredación, los descartes y
el trabajo esclavo.
Respecto a los puertos, una Sexta Enmienda debería
estar destinada a sancionar y retener en los puertos a
los buques pesqueros que hacen Pesca ilegal (INDNR),
se encuentren o no con capturas en sus bodegas, entendiendo
por pesca ilegal, la que se realiza sin permiso de
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