BOLETÍN MENSUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Nº 89

Boletín Mensual
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Relatoría
En este boletín se destacan algunos de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo
de Boyacá proferidos en las diferentes acciones constitucionales, ordinarias y especiales.
“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar
cortésmente, responder sabiamente, ponderar
prudentemente y decidir imparcialmente.”
Sócrates

Boletín Mensual
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C o n t e n i d o :
C umplimiento
Cumplimiento 3
T utela
Tutela
5
Nulidad y restablecimiento
del derecho 9
Reparación directa 13
Repetición 20
ulidad y restablecimiento del
N derecho
eparación directa
R
R epetición
Ejecutivo 25
Verificación de cumplimiento
utilización
inmueble expropiado
Validez de acuerdo
municipal
29
31
erificación de cumplimiento utilización
inmueble V expropiado
alidez acuerdo municipal
V
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CONSULTE LA
PROVIDENCIAS
PROVIDENCIA
VIDEOS
respectivamente la providencia, el
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video (si esta disponible) y el acta de la
radicación de cada proceso para consultar la providencia
audiencia .
SENTENCIAS
DE INTERÉS

P á g i n a 3
CUMPLIMIENTO
MAGISTRADO: Dr. JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Sentencia de segunda instancia de fecha 24 de julio de 2018.
ACCIÓN: CUMPLIMIENTO
ACCIONANTE: IGLESIA CATÓLICA - DIÓCESIS DE DUITAMA Y SOGAMOSO
ACCIONADO: JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA
RADICACIÓN: 15238333300320180020801
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - No puede entenderse cumplido el requisito de constitución en renuencia
con la interposición de recursos en sede administrativa.
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - No procede para discutir la legalidad de actos administrativos de
carácter particular.
TESIS:
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
Verificado el expediente, la Sala advierte que la presente acción es manifiestamente improcedente.
En primer lugar, se evidencia que el Juez de primera instancia, tanto al momento de admitir la demanda
como en el fallo, tuvo por cumplido el requisito de procedibilidad atinente a la constitución
en renuencia de forma claramente desacertada. Para acreditar este requisito, el demandante manifestó
que la renuencia de la entidad se manifestaba en la resolución de los recursos de reconsideración
interpuestos en contra de los 18 actos que liquidaron oficialmente el impuesto predial a cargo
de la DIÓCESIS DE DUITAMA Y SOGAMOSO, lo cual fue aceptado sin mayor análisis por parte del a
quo. En criterio de la Sala, mal puede admitirse que un recurso presentado en contra de un acto de
carácter particular y concreto pueda entenderse como una petición encaminada a constituir en renuencia
a la entidad. Al respecto, consistentemente el Consejo de Estado ha afirmado que “no puede
tenerse por demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la
solicitud '[...] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia”’, lo cual se hace patente
en el sub lite, ya que el escrito elevado la finalidad que tenía era la de agotar la actuación administrativa.
Esta circunstancia implica, por una parte que cuando se pide el cumplimiento de una norma
con fuerza material de ley o un acto administrativo la autoridad cuenta con un término de 10 días
para pronunciarse (art. 8 L 383/1997), mientras que cuando se eleva un recurso de reconsideración
la Administración tiene 1 año para resolver, en concordancia con el artículo 732 del ET. Asimismo,
por su naturaleza un recurso no pretende conminar a una entidad para que cumpla una disposición
legal o un acto administrativo, sino que busca que un acto particular sea revocado, por ejemplo,
alegando la violación de normas superiores, que es una causal de nulidad. El Consejo de Estado en
un caso semejante expuso:“(...) Ahora bien, aunque la Sección ha establecido que para agotar el
requisito de procedibilidad no es necesario que se haga mención expresa a que el objetivo de tal
escrito es constituir en renuencia a la entidad, lo cierto es que del documento presentado sí debe
desprenderse, de manera unívoca, que aquel se elevó con tal propósito. Es decir, no debe quedar
duda para el juez que con la petición presentada ante las autoridades, lo que se buscaba era poner
en conocimiento de las entidades accionadas la existencia de un deber presuntamente incumplido.
Como quedó expuesto en los párrafos que anteceden, del escrito presentado por el apoderado de la
señora AIXA EDITH VILLALOBOS DE GONZÁLEZ ante las autoridades accionadas no se desprende que
su objetivo haya sido, previo a acudir al juez, solicitar la aplicación del acto administrativo que se
consideraba desatendido, todo lo contrario, la finalidad del documento presentado por la parte
actora era que las accionadas revocaran la Resolución N° 118 de 16 de febrero de 2016 v por consiguiente,
la sustituyeran con un nuevo acto administrativo conforme al querer de la accionante. Por
ello, aunque la Sala no establece mayores exigencias para el entender agotado el requisito de procedibilidad
de que trata el artículo 8° de la Ley 393 de 1997, lo cierto es que el escrito presentado por
la parte actora no satisface los requerimientos mínimos para entender constituidas en renuencia a
las entidades demandadas, va que de aquel no solo no se podía inferir, bajo ninguna óptica, que lo
que se requería era el cumplimiento de la lev, so pena de acudir a la autoridad judicial, sino que,
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además, de él se desprendía un fin contrario, esto es la revocatoria de la Resolución N° 118 de 19 de
febrero de 2016. ( . . . ) ” Aceptar, como lo hizo el a quo, que los recursos interpuestos en sede administrativa
hagan las veces de peticiones para la constitución en renuencia, además de los protuberantes
problemas esenciales que conlleva respecto de la naturaleza de esta vía procesal, favorecería la desnaturalización
de los medios de control previstos en el ordenamiento, ya que permitiría la evasión de los
mecanismos ordinarios que el legislador ha previsto para la resolución de controversias. Precisamente
eso es lo que pasa en este proceso. De la simple lectura de las pretensiones de la demanda puede extraerse
que lo que busca la parte actora, bajo la excusa del cumplimiento de una norma de rango legal,
es la modificación de una situación jurídica de carácter particular y concreto que le fue resuelta
de forma desfavorable en sede administrativa. En otras palabras, lo que se persigue es discutir indirecta
y disimuladamente la legalidad de actos definitivos para eludir el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contraviniendo lo dispuesto en el artículo9 o de la Ley 393 de 1997. (…)En
este sentido, Incluso si se admitiera que el requisito de procedibilidad fue adecuadamente cumplido y
que es posible ordenar al MUNICIPIO DE DUITAMA que acate la norma que la parte actora Indica como
Inobservada, no podría llegar a disponerse la revocatoria o nulidad de los actos que determinaron
oficialmente el impuesto predial a cargo de la DIÓCESIS DE DUITAMA Y SOGAMOSO, por estar cobijados
con la presunción de legalidad según lo prescribe el artículo 88 del CPACA. (…)Cabe anotar que en
la impugnación la parte demandante alegó que se estaba ante un perjuicio irremediable y, por esa
razón, era procedente la acción de cumplimiento de acuerdo con lo preceptuado en el inciso 2° del
artículo 9° de la Ley 393 de 1997; empero, este argumento no es de recibo para este Tribunal. Por una
parte, resulta contrario a la lealtad procesal que en primera instancia no se adujera esta circunstancia
sino que solo fuera planteada en la impugnación, cuando la parte demandante vio frustradas sus pretensiones.
Además, en el acápite denominado “prueba de la renuencia al cumplimiento” expresamente
se indicó que se había agotado este requisito porque no se estaba ante la existencia un perjuicio
irremediable. Inclusive dejando de lado lo antedicho, la argumentación de la supuesta configuración
de un perjuicio irremediable es evidentemente infundada. En primer lugar, se señala que el cumplimiento
pretendido tiene un efecto no subjetivo o particular, aun cuando las pretensiones 2 a y 3 a del
libelo introductorio consisten en la revocatoria de actos particulares y concretos y la terminación de los
procesos de cobro coactivo iniciados por el MUNICIPIO DE DUITAMA, respectivamente. En segundo
lugar, se esgrime que el remate de los inmuebles de propiedad de la DIÓCESIS DE DUITAMA Y SOGA-
MOSO impide el derecho al culto (sic), a pesar de que no está probada la imposición de medidas cautelares
sobre dichos bienes y, además, este razonamiento desconoce que las liquidaciones oficiales solo
quedan en firmes después de que se fallan las demandas de nulidad y restablecimiento interpuestas en
su contra, como prescribe el artículo 829 numeral 4° del ET. Por ende, si no ha iniciado el procedimiento
de cobro coactivo, mal podría considerarse que los bienes están ad portas de ser rematados. En
tercer lugar, se sostiene que los actos de determinación del impuesto generan doble tributación; aspecto
del que no se deriva un perjuicio irremediable y que, de hecho, es contrario a la realidad, porque
el derecho de dominio no está en cabeza de los fieles sino de la organización religiosa, que no ha tributado
sobre su valor, CConst, C- 183/1998, A. Barrera y H. Herrera. En cuarto lugar, la afectación a los
derechos a la libertad religiosa y de culto y al derecho a la igualdad son aspectos que, de estar efectivamente
configurados, permiten la interposición de una acción de tutela y no de una de cumplimiento.
Finalmente, el supuesto incumplimiento de un tratado internacional no demuestra per se la presencia
de un perjuicio irremediable, más aun teniendo en cuenta que, como norma supra constitucional, puede
ser esgrimida como desatendida en un proceso ordinario para configurar la causal de violación de
normas superiores. En conclusión, al no haberse agotado en debida forma el requisito de constitución
en renuencia y existir un mecanismo ordinario idóneo para debatir la legalidad de los actos respecto
de los que se pretende su desaparición del ordenamiento jurídico, la Sala confirmará la sentencia de
primer grado que declaró la improcedencia de la acción.

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TUTELA
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 9 de agosto de 2018.
ACCIÓN: TUTELA
ACCIONANTE: JUAN CARLOS ALVARADO RODDRÍGUEZ Y OTROS
DEMANDADO: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y OTROS
RADICACIÓN: 15238333300220180001601
DESCRIPTORES – Restrictores:
PÁRAMO DE PISBA - Declaratoria como sujeto de derechos.
TESIS:
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
La Constitución Colombiana de 1991, ha sido definida como una Constitución ecológica, que regula
el medio ambiente desde una triple perspectiva, en tanto, "es un principio que irradia todo el orden
jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la nación (artículos 1°, 2 o , 8 o y
366 superiores); es un derecho constitucional fundamental y colectivo exigible por todas las personas
a través de diversas acciones judiciales (artículos 86 y 88)[78]; y es una obligación en cabeza de
las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección
(artículos 8 o , 79, 95 y 333). Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como
servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (artículos 49y 366)” (…) En el marco
de la triple representación del derecho al medio ambiente, y conforme la ilación de ideas que plantea
la sentencia T- 622 de 2016, se reconoce el avance hacia una constitución con perspectiva egocéntrica
hasta el punto tal de declarar, en ese caso particular, al Rio Atrato como sujeto de derechos.
Se trasladan ciertos apartes considerativos de especial relevancia, conforme a tenor textual
reza: (…) Se rescata fundamentalmente la visión que imprime la Corte Constitucional en su subrayado,
pieza esencial que ésta Sala comparte y que procede armonizar en el contexto de la lógica de los
páramos. (…) Para la Sala resulta claro que los deberes enunciados como a cargo del Estado, no
pueden ser satisfechos si previamente no se da a los páramos la especial protección que merecen
como sujetos de derechos, y como entes de los cuales también se derivan ciertos derechos fundamentales
y colectivos de la población que de éste dependen, so pena inclusive de comprometer su
responsabilidad internacional. (…) Debe resaltarse que, adicionalmente, la propia Corte Constitucional
estableció el deber del estado de brindar una especial protección a los páramos, dada su vulnerabilidad,
fragilidad y pocas perspectivas de recuperación ecosistémica ante los daños causados por
las actividades humanas. En Sentencia C-035 de 2016, afirmó: (…) Tal como lo definiera en actuaciones
precedentes la Corte Constitucional en Sentencia T-622 de 2016 respecto al Rio Atrato y, posteriormente,
la Corte Suprema de Justicia en el proceso 110012203000201800319-01 en relación con
La Amazonia, para situarlos como sujetos con derechos autónomos, similares consideraciones son
aplicables a los páramos. Tal reconocimiento tiene los siguientes efectos: 1. Plena aplicación Convenio
de Diversidad Biológica, el cual estatuyó lineamientos de obligatoria observancia, cuales son: (…)
2. Se le otorga estatus de protección auto ejecutiva, es decir; como derecho fundamental autónomo,
para su protección no requiere de desarrollo legal que prohíba el ejercicio de actividades que atenten
contra su conservación como sujeto de protección constitucional, tales como la minería, la agricultura,
la extracción de hidrocarburos, etc.; tal protección es extensiva a la fauna y flora que la
componen, por lo tanto no es posible tampoco, la realización de actividades de caza y pesca industrial.
Tal orden es también extensiva a los ecosistemas de bosques que lo rodean en las partes inferiores.
La presente prohibición se impone en virtud del principio de precaución ambiental y solo es
posible su excepción cuando científicamente se demuestre que la actividad a realizar no genera
daño ambiental. 2. Se impone el deber al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de delimi-
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tar las áreas de páramo bajo criterios eminentemente científicos, para tales efectos deberá siempre
actuar en procura del respeto y armonización de los derechos en que puedan verse en conflicto, conforme
adelante se expondrá y siempre garantizando el derecho a la participación ambiental de las comunidades
afectadas, según se deduce de lo expuesto up supra. 3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o quien el presidente de la República designe, actuará como representante legal de las zonas
de páramo en la defensa de los intereses de dichos ecosistemas, lo que incluye plenas facultades de
intervención en los procesos de concesiones mineras y de hidrocarburos. 4. El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, deberá actuar como representante de los Páramos ante la Agencia Nacional de
Minería, con el objeto de gestionar la no expedición de nuevos títulos mineros en las áreas a delimitar.
Lo anterior con sustento en lo dispuesto por la sentencia C-035 de 2016 y en aplicación de los principios
pro ambiente y de precaución ambiental. 5. Para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales
de la Orinoquia y de Boyacá, se les impone la prohibición de autorizar nuevos planes de manejo ambiental
que tengan por objeto servir de requisito a la obtención de un título minero en Pisba en las zona
delimitadas por el Instituto Alexander Von Humboldt como páramo de Pisba. Lo anterior con sustento
en lo dispuesto por la sentencia C-035 de 2016 y en aplicación de los principios pro ambiente y de precaución
ambiental.
DESCRIPTORES – Restrictores:
PÁRAMO DE PISBA - Parámetros a seguir para compensar de manera concertada a las personas
afectadas con su delimitación.
TESIS:
El reconocimiento del área de páramo como sujeto de derechos, dada la especial protección que merece
como ecosistema; la delimitación de una específica zona como área de páramo; la prohibición de
realizar actividades económicas, sociales, culturales que pueden considerarse tradicionales, o no, por
cuenta de las comunidades asentadas en áreas de páramo; son factores que esta Sala reconoce como
causal de una confrontación de derechos constitucionalmente amparados. Ahora bien, como pudiese
pensarse no se trata eminentemente de un conflicto de principios, en tanto, la jurisprudencia constitucional
ya ha sentado una serie de sub-reglas que como juzgador debe ésta Corporación aplicar en respeto
de la figura del precedente constitucional vertical, y brinda coherencia, así como solidez conceptual
y elementos esenciales de un juicio de racionalidad. En cualquier caso, la procura de satisfacción
de derechos fundamentales debe garantizar, aún en eventos de confrontación de derechos, un núcleo
esencial inherente a los mismos cual es el respeto por la dignidad humana, entendida esta desde tres
facetas, a saber: “(i) como autonomía individual; (ii) como condiciones materiales de subsistencia; (iii)
como expresión del carácter intangible de determinados bienes. Esta concepción de la dignidad humana
resulta especialmente relevante en tanto desvirtúa la tesis del valor fundamental que persigue cada
grupo de derechos y, en tal forma, elimina la jerarquización de estos, pues, se segregaría el concepto
de dignidad según la postura axiológica con la que determinada sociedad conciba un derecho. En tal
caso, los derechos humanos están prima facie en un plano de igualdad que obliga al Estado a
“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.”; para
tal efecto es deber aplicar una interpretación que propugne por el entendimiento según el cual toda
limitación en los efectos de un derecho debe ser: (….)Tales principios relacionados con el test de proporcionalidad
se estima son aplicables no exclusivamente por el juez al resolver un caso concreto, sino que
las autoridades administrativas tienen de igual manera el deber de materializar las fines del Estado,
esto es, en el ejercicio de su actividad pues, pese a tratarse de una función legal y reglamentaria, debe
estar irradiada por los principios y valores constitucionales, entendidos como auténticos mandatos de
optimización de su qué hacer. (…). Así, considera la Sala la manifestación de una evidente contradicción
entre los derechos del páramo a su conservación e integridad como ecosistema, el derecho fundamental
al agua de las comunidades beneficiarías del páramo -entendido desde una perspectiva de órgano
fuente de cauces hídricos-,así como de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal de
dichos individuos, por una parte; y los derechos al trabajo, a la libertad para escoger profesión u oficio
y al libre desarrollo de la personalidad de las comunidades parameras, por la otra. (…) Así, se establece

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que el precedente constitucional dio explícitamente un grado de prevalencia a los derechos de los
páramos, así como a los de las comunidades que de estos se benefician. En consecuencia, para la
Sala que tal determinación es constitucionalmente valida y torna en adecuada cierta restricción de
los derechos de las comunidades paramunas, sin desvanecer su núcleo esencial, esto es, garantizando
que no existe un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de dichos principios constitucionales,
para alcanzar el fin de la protección medioambiental; y que el trato desigual no sacrifique
valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se quiere satisfacer mediante
dicho trato. (…) En la ilación de ideas, el interés general que representa la protección de los páramos
no puede constitucionalmente afectar los derechos de una población minoritaria que para el caso
sería la persona ligada por diferentes vínculos al área a delimitar como tal, por el contrario se debe
procurar la adopción de medidas que maximicen la protección del derecho deben ser guiadas por la
proporcionalidad y la racionalidad un criterio determinante para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. En tal contexto, se hace imprescindible la participación de cada comunidad afectada,
así como de los entes territoriales con influencia en la zona de delimitación, con miras a dilucidar
e incluir la diversa gama de intereses particulares que rodean el proceso en el marco de la máxima
representatividad que sea posible. Se habla de la concurrencia de las entidades territoriales, en tanto,
estas tienen una doble connotación en el proceso; tanto como garantes de derechos conforme
las especificidades socio-económicas de su población; así como titulares en sí mismos del derecho a
la participación ambiental ante la afectación del territorio económicamente productivo en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones. (…) Conforme a lo expuesto, corresponde al Estado en su conjunto
la satisfacción del restablecimiento de los derechos afectados en forma amplia a las personas que
tienen interés directo e indirecto en las resultas del proceso de delimitación del área de páramo. Tal
acto se debe dar en pleno ejercicio de la coordinación armónica entre las entidades estatales como
mandato imperativo del artículo 113 Constitucional y conforme a las responsabilidades que de suyo
corresponden por mandato de la regla de reconocimiento y de la legalidad. (…) Conforme se evidencia,
el impacto de la delimitación del Páramo de Pisba no es menor, sin embargo su protección como
sujeto de derechos constitucionalmente amparados, así como los derechos de las comunidades que
aprovechan los beneficios del recurso hídrico que este ecosistema genera, es axiológicamente superior
en el contexto de los fines de nuestro Estado en el marco de las disposiciones del bloque de
constitucionalidad, en tanto, tiene estrecha relación con la pervivencia de la naturaleza y de la humanidad
como especie. No es un problema constitucional menor, pues su planteamiento subvierte
las concepciones modernas del término desarrollo, como un concepto que trasciende la concepción
de la mera estabilidad económica hacia un plano ontológico. La solución al tenor de la jurisprudencia
constitucional que se ha traído a colación, en desarrollo del sustento normativo, es la democratización
del proceso de delimitación del Páramo de Pisba, a través de la efectividad del proceso de
participación ambiental, en el cual se pueden presentar criterios científicos que determinen un área
de protección diferente a aquella presentada por el instituto de investigación de recursos bilógicos
Alexander von humbolt, siempre y cuando estos sean más benéficos para el ecosistema de páramo,
a efectos que sea considerado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme lo
establece el numeral (iii) de la subregla A sentada porta Sentencia T-361 de 2017. (…) Se plantea
entonces la necesidad de establecer planes de compensación o reubicación laboral, según el caso,
que deben ser fruto de la concertación democrática, a través de los representantes de los distintos
grupos de interés y luego de un proceso en el que es esencial la garantía al acceso a la información a
favor de las comunidades, en los que no basta poner en conocimiento los respectivos proyectos gubernamentales
sino que es necesario garantizar que el grupo poblacional procure el asesoramiento
idóneo respecto al alcance de las medidas, según las reglas de la sentencia T-361 de 2017. Si bien
dichos planes deben ser concertados, se reitera, deben procurar el mayor grado de satisfacción de
los derechos ambientales protegidos a costa del menor grado de afectación de aquellos inherentes a
la población paramera, además, deberá respetar unos parámetros mínimos definidos por la Corte
Constitucional y por esta sentencia, según disposición contenida en el texto ibídem, conforme a
continuación se describe: (…) Por su parte, estima este Tribunal que, en procura de la máxima optimización
de la satisfacción de los derechos fundamentales, sobre todo lo concerniente a la igualdad,
la libertad y la dignidad humana, se deberán asumir las siguientes medidas como standard mínimo
de concertación: 1. Al tratarse de derechos derivados del ius cogens, la concertación no puede conducir
a la renuncia de derechos, ni por el páramo como sujeto de derechos ni por cuenta de los pobladores
en cuanto a recibir una compensación y/o reubicación que procure la satisfacción cabal del
principio de dignidad humana. 2. Se encuentra prohibido cualquier tipo de discriminación derivada
del tipo de actividad que realiza la persona en el área que va a ser delimitada como páramo, es de-
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cir, se debe dar cumplimiento a la orden de compensación sin importar que se trate de actividad agrícola,
minera o de cualquier otra índole. Para tal efecto el criterio determinante debe ser el respeto del
principio de dignidad humana y la satisfacción de los derechos humanos de las comunidades. 3. Se
debe priorizar en los planes de compensación a los sujetos reconocidos como beneficiarios de una especial
protección constitucional; como es el caso de las mujeres bajo el reconocimiento de ser un grupo
poblacional tradicionalmente discriminado según lo reconoce la convención CEDA. 4. Las concertaciones
deben ser lo más inclusivas posible, en tal caso, deberán realizarse como mínimo con la intervención
de la totalidad de entes territoriales cuyo territorio se encuentre al interior del páramo de Pisba;
con los representantes de los titulares mineros, incluyendo los mineros tradicionales si los hubiere; con
los trabajadores mineros, por si o a través de sus representantes, esto es, las organizaciones sindicales
si las hubiere; con los agricultores; por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible en su doble
condición de entidad encargada de la delimitación y de representante del páramo.
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Auto de fecha 15 de agosto de 2018.
ACCIÓN: TUTELA
ACCIONANTE: JOSÉ DELVI MORENO VARGAS
ACCIONADO: JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
RADICACIÓN: 15001233300020180045000
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN DE TUTELA - El único competente para conocer las acciones de tutela presentadas contra las
acciones u omisiones de la Jurisdicción Especial de Paz, es el Tribunal para la Paz.
TESIS:
La demanda de tutela pretende la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y de petición del accionante. En la misma, JOSE DELBI MORENO VARGAS dirige la acción en
contra del ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, EL PARTIDO POLITICO FARC Y LA JURISDICCIÓN ESPECIAL
DE PAZ. Respecto de la última de las mencionadas, indicó en el hecho noveno de la acción de tutela
(flo.8):“En escrito que data 17/01/2018, solicite amparado en mi fundamental derecho de petición, a la
Jurisdicción Especial Para La Paz: la suscripción de acta de compromiso de que trata el artículo 36 de la
Ley 1820/2016, lo cual se hace menester para solicitar ante la justicia ordinaria la libertad condicionada
que contempla el art. 35 de la norma atrás citada,(…) sin embargo después de tanto ir y venir no he
recibido una respuesta de fondo en mi petición elevada aquel 15 de enero de 2018” Ahora bien, conforme
lo establece el inciso tercero del artículo transitorio 8º del Acto Legislativo 01 de 2017, el único
competente para conocer de las acciones de tutela presentadas contra las acciones u omisiones de la
Jurisdicción Especial de Paz, es el Tribunal Para la Paz. (…) Así las cosas, carece este Tribunal de competencia
para conocer de la presente acción ya que su trámite corresponde a las Corporaciones Judiciales
indicadas en precedencia, lo que obliga a su inmediata remisión. Ha de resaltarse que la Corte Constitucional
en auto de A021 de 1 de febrero de 2018 sostuvo una línea argumentativa similar a la del
presente, al manifestar: (…)

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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
MAGISTRADO: DR. FELIX ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 12 de julio de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: EUGENIO SANTA MONTOYA
DEMANDADO: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES
RADICACIÓN: 15001333300420150003201
DESCRIPTORES – Restrictores:
REAJUSTE PENSIONAL POR INCREMENTO DE APORTES A SALUD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 143
DE LA LEY 100 Y 42 DEL DECRETO 692 DE 1994 - Es de carácter netamente compensatorio y no una
retribución que deba recibir directamente el pensionado.
TESIS:
Sea lo primero señalar que los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud son rentas parafiscales,
debido a que son contribuciones que tienen como sujeto pasivo un sector específico de la población
y se destina para su beneficio, y conforme al principio de solidaridad, se establecen para
aumentar la cobertura en la prestación del servicio de salud. El diseño General de Seguridad Social
en Salud define en forma específica los destinatarios, los beneficiarios y los servicios que cubre el
Plan Obligatorio de Salud, es decir, todos elementos constitutivos de renta parafiscal. Para los pensionados
con antelación a la Ley 100 de 1993, la referida contribución parafiscal en salud fue prevista
desde el artículo 2 o de la Ley 4 o de 1966, el artículo 90 del Decreto reglamentario 1848 de 1969 y
el artículo 16 de la Ley 4 a de 1976, normas que establecían que la Caja Nacional de Previsión Social
se encontraba autorizada para descontar el 5% de cada mesada pensional que pagara como aporte
para salud. Sin embargo, posteriormente el artículo 204 de la Ley 100 de 1993aumentó el porcentaje
de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud al 12%, y con las modificaciones introducidas
por el artículo 10 de la Ley 1122 de 9 de enero de 2007 se estableció que la cotización al Régimen
Contributivo de Salud sería, a partir del 1 o de enero del año 2007, del 12.5% del ingreso o salario
base de cotización, sin que pueda ser inferior al salario mínimo, y finalmente, por virtud del artículo
1 o de la Ley 1250 de 2008, es del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional. Ante el
evidente aumento de la base de cotización en salud, que lo fue del 5% al 12%, la Ley 100 de 1993
estableció en su artículo 143 que a quienes con anterioridad al 1 o de abril d 1994, fecha de entrada
en vigencia de dicha codificación, se les hubiera reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez
o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, "a un reajuste mensual equivalente a la elevación
en la cotización para salid que resulte de la aplicación de la presente ley." Esta norma se encuentra
reglamentada en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, en virtud del cual se fija el porcentaje
en que deberán ser ajustadas las pensiones anteriores al 1 o de abril de 1994, de cara al aumento
de los descuentos obligatorios para el Sistema de Salud, así: (…)De la normatividad referida se
colige que quienes consolidaron su derecho pensional con antelación al 1 o de abril de 1994, tienen
derecho a que sus mesadas pensiónales sean reajustadas en el equivalente a la elevación de la cotización
para salud prevista en la Ley 100 de 1993, esto en, en el 7%, habida cuenta que se pasó de
efectuarse una cotización del 5% al 12%.La Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del
el artículo 143 de la ley 100 de 1993, en sentencia C-111 de 1996 consideró que el reajuste por incremento
de la cotización en salud del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 tiene por objeto preservar el
principio de igualdad, al reconocer que los pensionados con anterioridad al 1 o de enero de 1994, se
encuentran en una situación diferente a la de quienes se pensionen con posterioridad a esa fecha,
debido a que aquellas personas han tenido un régimen de obligaciones, montos de pensión y demás
derechos o beneficios distinto al previsto en el sistema contributivo instaurado por la Ley 100, en el
cual, la cotización por salud pasa a estar a cargo del pensionado. Adicionalmente, la Corte señaló
que el reajuste previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 tiene naturaleza puramente compensatoria
y difiere de los ajustes o incrementos anuales que se ordenan a favor de todos los pensionados.
Al respecto indicó lo siguiente: "La Corte estima que en el caso que se examina con el inciso
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1o de la norma acusada, se trata de compensar a los pensionados con anterioridad al 1o. de enero de
1994, a quienes se les hubiere reconocido la pensión, en el sentido de otorgarles un reajuste que sea
equivalente al incremento de la cotización para la salud, que resulte de la aplicación de la Ley 100 de
1993 y de las disposiciones legales que señalen el monto de la cotización. Este reajuste de la pensión es
específico para quienes se les hubiere reconocido la pensión con anterioridad al 1o. de enero de 1994 y
rige a partir de dicha fecha, como lo señala la norma cuyos apartes se acusan; no ampara ninguna
desigualdad sino que , por el contrario acata dicho principio consagrado en el artículo 13 de la C.P., y es
evidente que es distinto al reajuste anual ordenado para todos los pensionados a que se refiere el artículo
14 de la Ley 100 de 1993." (Resaltado fuera del texto). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia
en sentencia de 14 de agosto de 2002, igualmente precisó que el reajuste especial de pensiones ordenado
en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 "no comportaba una revalorización en el ingreso real del
pensionado, sino una compensación por la depreciación a que se vería abocado el beneficiario de una
pensión como consecuencia del incremento en el monto de cotización para salud, con destino a cubrir
la medicina familiar, y por ese mecanismo extender la cobertura ciertamente precaria en esta materia
antes de la Ley 100." Adicionalmente, la referida Corporación precisó que "el valor de la pensión así
incrementado no va a engrosar definitivamente el peculio del pensionado, sino que debe destinarse a
la correspondiente entidad promotora de salud para los fines explicados, por lo que si bien se puede
hablar de un verdadero reajuste en el monto nominal de la citada prestación social, esa cifra adicional
debe ponerse a disposición de las respectivas empresas recaudadoras, mediante descuento efectuado
por el responsable de la cotización, la entidad pagadora de la pensión o por la entrega directa que
haga el pensionado de ese porcentaje en el evento de que se le hubiere cancelado directamente a él la
totalidad de la mesada... No de otra forma es dable entender que la Ley haya atado el aumento de la
cotización (e impuesto esta carga a los pensionados), a la revalorización especial, al señalar claramente
que los pensionados antes del primero de enero de 1994, a partir del momento del incremento de la
cotización en salud tienen derecho a un reajuste mensual equivalente a la elevación de la cotización
para salud que resulte de la aplicación de dicha Ley, lo que evidencia que el objetivo fue que no se aminorara
el monto de la pensión como consecuencia de la nueva carga. (Resaltado fuera del texto). En el
mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de 19 de mayo de 2005 al estudiar la
legalidad del artículo 42 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, al indicar que el objeto del reajuste
no es otro que el de procurar que los pensionados no soporten una desmejora en sus ingresos o que los
mismos vean disminuidos, en razón del aumento de la cotización en salud, así lo expresó: (…) Se encuentra
probado en el plenario que el día 24 de febrero de 1991 el señor EUGENIO SANTA MONTOYA
adquirió el status de pensionado, razón por la que la Caja Nacional de Previsión mediante Resolución
No. 8880 de 09 de marzo de 1993 le reconoció una pensión de jubilación efectiva a partir del 01 de
marzo de 1991 (fls. 8 a 10). Bajo dicho contexto, resulta evidente que al haber adquirido el demandante
el status de pensionado con antelación a la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reajuste a que hace
referencia el artículo 143 de la referida norma, ante el evidente aumento de la base de cotización en
salud que acaeció con posterioridad a dicha codificación, que lo fue del 5% al 12%, tal como se puede
evidencia en los históricos de pagos realizados por el FOPEP (fls. 244 a 246). Sin embargo, teniendo en
cuenta que las Altas Cortes al interpretar los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692
de 1994, son claras en señalar que el reajuste pensional ordenados en dichas normas para aquellas
personas a quienes se les hubiera reconocido la pensión con anterioridad a su entrada en vigencia, es
de carácter netamente compensatoria y no es una retribución que deba recibir directamente el pensionado,
en la medida que lo que se busca es compensar y/o sopesar el efecto negativo del valor de la
mesada pensional por la depreciación a que se vería abocado el beneficiario de una pensión como consecuencia
del incremento en el monto de cotización para salud, y por ese mecanismo extender la cobertura
ciertamente precaria en esta materia antes de la Ley 100. En consecuencia, al no representar dicho
reajuste un incremento incremento del ingreso del pensionado, sino una compensación destinada a
la correspondiente entidad promotora de salud para extender la cobertura ciertamente precaria en
esta materia antes de la Ley 100, forzoso resulta concluir que el demandante no tiene derecho al reajuste
pretendido. Finalmente, es importante precisar que, en casos como éste, prima el principio de
solidaridad, pilar básico del Estado Social de Derecho reconocido por nuestra Constitución Política en
los artículos 1º, 48, 49 y numeral 2 o de artículo 95, en virtud del cual, quienes tienen mayores ingresos
deben subsidiar a los que perciben menos para garantizar la cobertura total de los ciudadanos al sistema
de seguridad social. La Corte Constitucional ha reflejado en su jurisprudencia el papel preponderante
del principio de solidaridad, que en nuestro sistema actual adquiere mayor relevancia, como se indica:(…)

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MAGISTRADA: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de segunda instancia de fecha 10 de mayo de 2018.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HENRY EDGARDO QUIROGA HERRERA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE
RADICACIÓN: 150011333300120150000201
DESCRIPTORES – Restrictores:
OBLIGACIONES PRESCRITAS - Consecuencias jurídicas de su pago.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PRESCRITAS - No es posible declarar la nulidad del acto que liquida
un tributo prescrito o niega la prescripción, cuando el contribuyente al pagar la obligación natural
acepta su existencia, convalidando la actuación de la administración.
OBLIGACIONES PRESCRITAS - Consecuencias jurídicas de su pago.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PRESCRITAS - No es posible declarar la nulidad del acto que liquida
un tributo prescrito o niega la prescripción, cuando el contribuyente al pagar la obligación natural
acepta su existencia, convalidando la actuación de la administración.
TESIS:
El artículo 534 del Acuerdo N° 022 del 31 de diciembre de 2009 del Concejo Municipal de San José de
Pare dispone que "Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no su puede compensar ni
devolver, es decir que no se puede repetir aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de
la prescripción. Esta redacción es idéntica a la contenida en el edículo 819 del E. T. Al interpretar
esta disposición normativa, la Alta Corporación de lo contencioso administrativo ha acudido, por
regla general, al método gramatical según el cual cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá
su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, de manera que la relación del juez con
la norma es de cumplimiento, teniendo en cuenta su claridad, precisión y ausencia de vacíos. Es
decir, que ha aplicado la prohibición, tal como la estableció el legislador. En la misma línea de pensamiento,
la DIAN, a través de conceptos, ha considerado que si bien, la prescripción es un modo de
extinguir las obligaciones, nada impide al deudor efectuar el pago de las mismas y, por ello, el artículo
819 del E. T. en ningún caso admite la devolución de lo pagado de forma voluntaria: (…). Entonces,
en casos como el que convoca el presente estudio, con fundamento en el artículo 819 del E.T.
no es posible declarar la nulidad del acto administrativo que liquida un tributo prescrito o niega la
prescripción, pues el contribuyente al pagar la obligación natural acepta su existencia, lo cual por
contera valida la decisión de la administración. (…) Comoquiera que el señor Quiroga pagó la obligación
tributaria que se encontraba a su cargo según la liquidación de la administración, no es procedente
declarar la nulidad del acto demandado, pues con esta actuación de carácter voluntario, validó
el acto administrativo que negó la prescripción. Ello encuentra fundamento en los artículos 819
del E.T. y 534 del Estatuto de Rentas del Municipio de San José de Pare, que de forma clara prevén
que la cancelación de obligaciones prescritas no dan derecho a la devolución. El demandante manifestó
su aquiescencia con el acto que negó la prescripción al no interponer recurso alguno y pagar. A
pesar que era consciente del carácter natural de la obligación debido a su extinción por prescripción,
de forma voluntaria, decidió consignar lo debido, de manera que ahora no puede alegar su propia
culpa. Recuérdese que al juez le esa vedado amparar situaciones en las que el presunto perjuicio se
deriva de la acción u omisión de quien reclama. El ordenamiento jurídico, le otorgaba formas de
defensa al contribuyente para discutir la prescripción de las obligaciones previo al pago, como el
recurso de reposición contra la Resolución N° 005 de 27 de agosto de 2014, y en caso que fuera confirmada,
la demanda de nulidad y restablecimiento, la cual procedía también contra las facturas que
contenían la liquidación de la obligación. En un caso de similares contornos al que convoca el presente
estudio, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia del consejero doctor Jorge
Octavio Ramírez en sentencia del 12 de diciembre de 2014, al resolver la apelación en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido con el objeto de atacar la legalidad del acto administrativo
que liquidaba el impuesto predial respecto de obligaciones prescritas, concluyó la Corporación
que en virtud del artículo 819 del E.T., el cargo no estaba llamado a prosperar porque de
forma voluntaria, el contribuyente consignó el valor del tributo: (…). En este contexto, tampoco resulta
admisible para la Sala la tesis según la cual, debe declararse la nulidad del acto demandando
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porque el pago de la obligación tributaria obedeció a la necesidad de constituir una garantía hipotecaria.
Sobre el particular, insistirá la Sala que ni el artículo 534 del Estatuto Tributario de San José de
Pare, ni el Consejo de Estado al interpretar la disposición homologa del E.T., admiten excepciones a la
prohibición de devolución o compensación de lo cancelado por concepto de una obligación prescrita.
En el sub lite, de forma voluntaria el señor Henry Edgardo Quiroga Herrera pagó el impuesto Predial
Unificado por los años 2005 a 2013. Si bien, ello obedeció a la necesidad de constituir una garantía
hipotecaria, en modo alguno puede admitirse como una grave situación que minara su capacidad de
decisión. Se trata de la adquisición de obligaciones que nacen del concurso de voluntades, respecto de
las cuales es posible su negociación o cambio de objeto. Además, contrario a lo manifestado en la demanda
y en el recurso, esta situación no aparece apremiante, toda vez que el señor Quiroga contaba
con la posibilidad de adquirir el crédito por otros medios. Precisamente, desde la fecha en que el Municipio
de San José de Pare negó la prescripción -21 de agosto de 2014-, trascurrieron tan solo cuatro (4)
días para que el señor Henry Edgardo Quiroga Herrera obtuviera un préstamo por valor de veinte millones
de pesos ($20.000.000). Por otra parte, en relación con el argumento según el cual, está probado
que el contribuyente conocía la prescripción y por lo tanto, no le asistía la obligación de pagar, dirá la
Sala que ello en nada incide en la devolución de lo pagado. En efecto, el artículo 534 del Estatuto Tributario
municipal no sujetó el reintegro al conocimiento de la prescripción. En contraste, previo de forma
expresa, que lo pagado para satisfacer la obligación prescrita no se puede devolver "aunque se hubiere
efectuado sin conocimiento de la prescripción. Esta previsión normativa hace referencia al error en que
puede incurrir el contribuyente al pagar una obligación que creía que no se había extinguido por falta
de conocimiento sobre su prescripción. Y, de forma diáfana precisó que esta circunstancia tampoco le
da derecho a obtener devolución de las sumas por concepto de la obligación natural. Por las razones
expuestas, no están llamados a prosperar los argumentos de la apelación sobre el tema estudiado.

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REPARACIÓN DIRECTA
MAGISTRADA: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 22 de marzo de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: ERNESTO SALGUERO
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE MACANAL
RADICACIÓN: 15001333301020150004902
DESCRIPTORES – Restrictores:
DAÑO - Para que sea indemnizable, este debe ser antijurídico.
TESIS:
Entonces, el daño antijurídico a efectos de que sea resarcible requiere que esté cabalmente estructurado,
por tal motivo, se torna imprescindible que se acredite que i) la persona no tiene el deber jurídico
de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir que se pueda apreciar material y jurídicamente (que no
sea una conjetura) y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita. A su turno,
la antijuridicidad del daño va encaminada a que no sólo se constate la materialidad y certidumbre
de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que se determine que la vulneración del
derecho contravenga el ordenamiento jurídico en tanto no exista el deber de tolerarlo. Al respecto,
debe advertirse que no constituyen elementos del daño la anormalidad ni la acreditación de una
situación legitima, cosa distinta será la determinación de si la afectación proviene de una actividad
o recae sobre un bien ilícito, caso en el que no habrá daño antijurídico derivado de la ilegalidad o
ilicitud de la conducta de la víctima. Así, las características del daño son: i) que sea cierto, presente o
futuro; ii) determinado o determinable y anormal y iii) que se trate de una situación jurídicamente
protegida, esto es, que no se trate de situaciones jurídicas ilegítimas o contrarias a la ley y la Constitución.
Entonces, para que el daño resulte indemnizable, es necesario que este afecte o se concrete
en un derecho subjetivo o en un interés legítimo del cual sea titular la victima que, valga decir, debe
estar situado dentro de la tutela y protección del Estado. Ahora, la lectura de las sentencias traídas
en cita permite concluir que aquel daño que recaiga sobre un bien o interés ilegítimo, ilícito o contrario
a derecho, será justo o legítimo y, en consecuencia, quien lo sufra se encuentra en el deber
jurídico de soportarlo. En otras palabras, “la licitud del bien afectado (por bien se hizo referencia" a
interés, derecho o subjetivo o bien jurídicamente tutelado) es requisito sitie quemón para que el,
daño tenga el carácter de antijurídico, en otros términos, el menoscabo no debe tener por objeto
relaciones o situaciones jurídicas ilegítimas, so pena de no poder ser resarcido, aspecto sobre el cual
se volverá más adelante con mayor detalle.”
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 12 de julio de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: XXX Y OTROS
DEMANDADO: RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RADICACIÓN: 15238333300220160005701
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Título de imputación.
TESIS:
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En resumen, se tiene que, conforme a la sentencia de unificación, en casos de privación injusta de la
libertad, incluso si la absolución se obtiene por aplicación del principio “in dubio pro reo”, el régimen de
responsabilidad es objetivo y el título de imputación es el daño especial, sin que sea trascendente si la
actuación del Estado fue o no ajustada a derecho.
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Análisis de la culpa exclusiva de la víctima como eximente de
responsabilidad del Estado.
TESIS:
En el sub-lite, conforme al material probatorio, se establece que en audiencia realizada el 4 de abril de
2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha con Función de Garantías ordenó la captura en contra
de xxxxxxx, por el presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años, por hechos ocurridos el 1 o
de abril de según denuncia instaurada por la madre del menor XXXXXXX y con base en los demás elementos
materiales probatorios presentados por la Fiscalía 21 Seccional de Socha. La captura se hizo
efectiva el día 15 de abril de 2013. El día 16 de abril de 2013, el mismo Juzgado llevó a cabo la audiencia
de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento. Legalizadas las
dos primeras etapas, se pronunció sobre la solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento
de reclusión, concluyendo que la conducta del imputado se enmarcaba dentro del contenido del artículo
313 de la Ley 906 de 2004, descartando la solicitud de la defensa de detención preventiva en la residencia
del imputado e imponiendo medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento
carcelario. Evacuadas las audiencias de acusación, celebrada el 3 de julio de 2013, y la preparatoria,
la cual se llevó a cabo en sesiones de 31 de julio y 8 de agosto de 2013, el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Socha, el 10 de septiembre de 2013, celebró audiencia de juicio oral, la cual fue evacuada el 10 de
octubre de 2013, y mediante fallo del 7 de noviembre de 2013 resolvió: “PRIMERO.- CONDENAR A (…) a
la PENA PRINCIPAL DE CINTO DIEZ (110) MESES DE PRISION, por ser autor penalmente responsable a
título de dolo directo del delito de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS de que trata el artículo
209 del C.P., del que fuera víctima el menor XXXXXXX, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar
anotadas, según lo motivado. (...). ” Lo anterior con fundamento en el testimonio rendido por el menor
víctima, del cual dijo, fue recaudado con todas las garantías y requisitos legales y cuya credibilidad
estaba respaldada por una valoración psicológica, según la cual el mismo obedeció a una vivencia y un
sentimiento real, que no había sido producto de la imaginación ni de la manipulación de un tercero,
advirtiendo que su decisión tenía como principal soporte probatorio la única prueba directa que según
la experiencia existe en esta clase de delitos. En últimas, concluyó que existía certeza más allá de toda
duda de la responsabilidad del procesado como autor de la conducta punible, al precisar: (…) La decisión
de primera instancia, fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo, mediante sentencia de 13 de junio de 2014, en la que, entre otros, dispuso: “REVOCAR la sentencia
condenatoria proferida el día fecha 07 de Noviembre de 2013, en el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Socha, y en su lugar ABSOLVER xxxxxxxxx por duda sobre su responsabilidad en el delito de
ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 ANOS, de conformidad con lo expuesto en la parte argumentativa
de esta sentencia. (...). ”. La misma providencia ordenó la libertad inmediata del procesado con fundamento
en el principio in dubio pro reo. (…) En relación con este asunto, la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 2 de mayo de 2016 con ponencia del consejero
Ramiro Pazos Guerrero, recordó que el juez de lo contencioso administrativo debe analizar los argumentos
de la sentencia penal absolutoria para determinar si la misma obedeció a la demostración de la
inocencia del acusado o al principio in dubio pro reo: (…) En el caso que convoca la atención de la Sala,
se encuentra que en la sentencia de segunda instancia proferida el 13 de junio de 2014 por la Sala Tercera
Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, se destacó la existencia de pruebas directas
relacionadas con los actos sexuales, así: “Corolario, no existe razón para desechar los testimonios del
menor y de la psicólogo, resultado los mismos completamente legales y válidos como pruebas directas
tanto de los hechos como de las consecuencias padecidas por el agredido, por ende pierde razón de ser
el cimiento del extremo defensivo alusivo a que la sentencia no puede basarse exclusivamente en pruebas
de referencia. (...)” Y, a continuación, precisó esa Corporación, que existe duda de la participación
del señor (…) en la conducta punible, pues resultaba posible que el menor el menor sustituyera al agresor
o incurriera en mala interpretación, pues aquel, fue víctima de otra conducta similar, además, proporcionó
dos versiones sobre los hechos y la madre no observó nada raro en el comportamiento de su

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hijo. En efecto, se lee en la referida providencia: (…) Por lo expuesto, no le asiste razón al apelante
cuando afirma que la decisión absolutoria se fundamentó en la ausencia de pruebas, pues insiste la
Sala, de la lectura integral de la sentencia penal de segunda instancia, se infiere sin lugar a divagaciones
que aquella obedeció a que, a pesar de los medios de convicción en relación con la conducta
punible, existían dudas que hacían imposible una sentencia condenatoria, lo cual es propio del principio
in dubio pro reo. (…) En las anteriores condiciones examinará la Sala si en este caso procede
algún eximente de responsabilidad, tal como lo precisó la sentencia de unificación que sirve de guía
a esta sentencia. (…)
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Juicio autónomo sobre el dolo civil o la culpa grave de la
víctima frente a delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
TESIS:
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha admitido que en juicios de responsabilidad
del Estado por privación injusta de la libertad, es imprescindible establecer si el actuar
víctima fue doloso o gravemente culposo en los términos del artículo 63 del Código Civil y bajo los
parámetros de la buena fe, de manera que la causa eficiente del daño le sea imputable, y con ello,
se rompa el nexo de causalidad entre el daño antijurídico y la acción o la omisión de la entidad pública.
La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 14
de diciembre de 2016 con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero, consideró que en los procesos
promovidos para obtener indemnización del Estado por privación injusta de la libertad y que
se originan en los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el juicio autónomo sobre dolo
civil o culpa grave del demandado se acentúa, en atención a que se encuentra involucrado el interés
superior de los niñ@s: (…). En efecto, en esa oportunidad, el máximo órgano de cierre de lo contencioso
administrativo sostuvo la fuerza probatoria de las declaraciones del menor involucrado en el
proceso penal por abuso sexual, argumentos que se citan en extenso por constituir, además, tesis
reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado y que, para el caso en concreto, como se verá
resultan ser el estandarte del análisis que corresponde a este caso: (…)
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Culpa exclusiva de la víctima por delito sexual cometido contra menor.
TESIS:
Siguiendo los derroteros delineados por la jurisprudencia de la Sección Tercera, que enmarca esta
sentencia, se abordará el caso concreto a fin de establecer si se configura o no eximente de responsabilidad.
Tal como fuera vertido en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, en sentencia proferida el 1 de agosto de 2016 en el proceso con radicación
20001-23-31-000-2008-00263-01(42376) y ponencia del Consejero Doctor Ramiro Pazos Guerrero,
los delitos sexuales, en particular contra NNA, suceden en lugares donde el agresor se precave de la
ausencia de testigos, siendo las víctimas los únicos que sufren la afrenta, por ello para los efectos
del proceso conocido por el juez contencioso administrativo, no puede descartarse, ni el relato del o
la menor afectad@, ni tampoco los otros medios probatorios que inducen a considerar la veracidad
de su dicho. No puede admitirse una dogmática probatoria, que impondría una desigualdad, sino
que debe acudirse a una ponderación exige flexibilizar los medios probatorios aportados, sin llegar a
extremos en los que se pretenda el aporte de pruebas directas e incontrovertibles, de lo contrario el
Estado se vería atado a la imposibilidad de iniciar las investigaciones que permitan sancionar conductas
como las que este caso informa. Adicionalmente, es imprescindible destacar que el examen
que realiza el juez de lo contencioso administrativo, en un caso como el presente, en modo alguno
soslaya la declaratoria de inocencia mediante sentencia penal, en tanto la acción de responsabilidad
es autónoma y tiene como fin único determinar si la acción o la omisión que se imputa a una entidad
pública causó un daño antijurídico. En efecto, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en sentencia de 12 de marzo de 2015, en el proceso radicado bajo el número
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520012331000199900838 01, promovido por Carlos Chamorro y otros contra la Policía Nacional y
otros, reiteró: (…) Bajo los anteriores criterios, en el material probatorio del proceso penal se encuentra
lo siguiente: (…) En desarrollo de la audiencia de juicio oral realizada los días 10 de septiembre y 10 de
octubre de 2013, la Defensora de Familia de Socha, previa clasificación de los cuestionarios aportados
por la Fiscalía y por la defensa, procedió a entrevistar al menor XXXXXXX (fl. 337 C.D. -SEGUNDA CON-
TINUACIÓN DE JUICIO ORAL- Min. 48:00), sobre los siguientes aspectos: (…) De las pruebas relacionadas
en precedencia, encuentra la Sala que según el testimonio de la víctima menor, sujeto de especial
protección por su edad -8 años-, fue sometido a ultraje de tocamientos que constituyen una inexcusable
ofensa y un agravio mayúsculo. Así, con el valor que merece su declaración, la Sala concluye que el
aquí accionante quebrantó deberes morales y de protección que, como persona mayor, debía acatar en
todo momento. Se observa, que el relato del menor xxxxx es consistente en lo que respecta al modo y
lugar de ocurrencia los hechos, así como a su comisión por parte del acusado, circunstancias que de
acuerdo con el informe y la declaración rendida por la profesional en psicología corresponden a una
vivencia real del menor, la cual no puede ser considerada producto de su imaginación o de la insinuación
de un tercero. En tales circunstancias, resulta igualmente determinante la declaración rendida por
la señora psicóloga del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha, con experiencia en valoración
psicológica de menores víctimas de delitos sexuales y en desarrollo de la etapa de investigación entrevistó
al menor xxxx en dos oportunidades, en cuyo concepto profesional, indicó: “se presume de hechos
reales y no ficticios y como consecuencia de la imaginación, sino de una vivencia real y que le afecta en
su vida diaria y su desarrollo integral” (Minutos 01:17:59 y ss. Cd. fl. 337 Audiencia de Juicio Oral). Advierte
la Sala, que el dictamen de dicha profesional acerca de la veracidad del testimonio de la víctima,
no fue controvertido en proceso penal. Ahora, si bien es cierto, en la sentencia penal absolutoria, se
consideró que el infante narró el hecho en dos momentos diferentes: “i) aduciendo que él se encontraba
sentado en la Sala, cuando se acercó xxxx, le desabrochó la correa y lo tocó, recuento defendido en
la teoría del caso del Ente Acusador; y ii) que él estaba sirviendo agua de panela y al pasar, el procesado
le desabrochó la correa del pantalón y le tocó el pene (...) ”, lo cierto es que ello corresponde a una
interpretación probatoria realizada por el juez penal y, sobre los aspectos fundamentales de la conducta
no hay variación. Precisamente, en un caso de similares contornos, la Sección Tercera del Consejo de
Estado consideró que la variación de las versiones de los menores en estos casos, en modo alguno puede
restarles fuerza probatoria en el proceso contencioso administrativo, pues debe tenerse en cuenta
su grado de madurez psicológica: (…) La credibilidad de las declaraciones de los menores es una señal
de reforzamiento del deber de protección que se ha adoptado en el contexto de las investigaciones
penales, pues no de otra manera se evitaría su revictimización; máxime, porque se constituye en única
prueba directa, dada la modalidad de comisión de la conducta, en la cual, es elemental que carece de
testigos presenciales, como se precisó en la sentencia citada de la Corte Constitucional. Entonces, es
innegable que los delitos sexuales se producen en un ámbito de intimidad y ocultamiento mucho mayor
a aquel en el que se desarrollan los delitos de otra clase. En ese contexto, se itera, el testimonio del
menor, para los efectos de este proceso, es meritorio de valor probatorio. Claro está que, en este caso,
además del testimonio de la víctima, también reviste importancia el informe de la psicóloga en relación
con los actos sexuales sufridos por el menor y su declaración en audiencia de juicio oral. Respecto a la
declaración del demandante en el proceso penal, según la cual posiblemente, golpeó al menor “sin
culpa’’ en su zona genital, se considerará que ello no cuenta con la fuerza probatoria suficiente que le
permita a la Sala inferir que la agresión ocurrió de este modo. En primer lugar, porque, al ser interrogado
por su defensor relató que posiblemente lo había hecho al momento de ingresar a la vivienda, dado
que la puerta era reducida, mientras que al ser entrevistado por el juez, indicó que los hechos ocurrieron
cuando estaba instalando el cilindro de gas, circunstancia que, torna inexacta su versión de los
hechos. Además, según su relato, decidió ingresar a la casa del menor XXXXXXX que contaba con ocho
(8) años de edad, a pesar que se encontraba solo y procedió a la instalación del gas. A juicio de la Sala,
el señor xxxxx puso en riesgo la integridad personal del infante pues de acuerdo con su misma versión
lo golpeó “por los testículos...”, circunstancia que, sin lugar a dudas, generó un alto impacto psicológico
en la víctima de forma inmediata, como lo refiere la profesional psicóloga, en varias oportunidades.
Precisamente, el demandante aseveró que el “el niño se entró por allá para donde duerme, no sé, ósea
se fue como llorando. Ante esta situación -golpe en los testículos/llanto del menor-, la conducta esperada
de una persona prudente y respetuosa de los derechos de los niñ@s, debe dirigirse a comentarles
de forma inmediata a sus padres lo sucedido, con el objeto de tomar las medidas necesarias para que
xxxx no sienta vulnerados sus derechos a la integridad así como libertad sexual. No obstante, el señor
Xxxxxxx, guardó silencio y únicamente hasta la etapa del juicio, manifestó que golpeó a XXXXXXX en
sus testículos. El rol que desempeña el señor xxxx como adulto, al interior de la sociedad tiene una car-

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ga especial de llevar a cabo conductas que eviten el desconocimiento de los derechos de los menores.
En efecto, la Ley 1098 de 2006 ‘‘Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”,
prevé que todas las personas sin excepción, están obligadas a garantizar la satisfacción integral de
los derechos de los menores (Art. 8) y que en la responsabilidad de su atención, cuidado y protección
concurren la familia, sociedad y el Estado (Art. 10) teniendo en cuenta que deben ser protegidos
contra cualquier conducta que atente contra su libertad, integridad y formación sexuales (Art. 20,
N° 4). (…) Como corolario de lo expuesto, aunque la privación de la libertad del demandante en el
proceso penal configura un daño antijurídico, éste no puede imputársele al Estado, dado que, insiste
la Sala, su actuación reprochable fue causa directa y determinante de la privación de su libertad. Así
entonces, resulta desacertada la afirmación del demandante, en el sentido que la absolución penal
de forma automática conlleva a la condena del Estado, dado que, como ya se señaló la jurisprudencia
ha descartado tal consecuencia, en tanto los procesos penal y contencioso administrativo son
independientes y tienen objetos distintos.
DESCRIPTORES – Restrictores:
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - Aplicación.
TESIS:
Esta Sala, no puede pasar por alto consideraciones vertidas en la sentencia penal de segundo grado
que ameritan ser examinadas desde la perspectiva de género, aspecto que, conforme lo ha señalado
el Consejo de Estado, debe integrarse cuando una o un menor se ve afectado por delitos de abuso
sexual, el cual se abordará sin desconocer la existencia del principio “in dubio pro reo ”, y con el fin
de llamar la atención de las expresiones e interpretaciones subjetivas en las que pueden incurrir
quienes por su función judicial conocen de casos como el que acá se ha estudiado. Se parte entonces
de que, en delitos de abuso sexual en los que se ven involucrados menores o adolescentes, es necesario
atender al principio “pro infans”, reglas convencionales, constitucionales y legales. En efecto,
leída la providencia de segunda instancia que, desde el punto de vista penal no se pone en discusión,
se observa una conclusión que desborda el caso y cae por ello en señalamientos o deducciones que
no superan el ámbito subjetivo del juzgador. Así, el juzgador penal adujo que “...el menor manifiesta
que no había dicho nada porque no sabía que ese tocamiento estaba mal, sin embargo, no se puede
olvidar que ese mismo niño quien refiere un hecho anterior respecto del cual muestra estupor absoluto,
lo que haría pensar que conoce que esa clase de tocamientos no son permitidos y sin embargo
el día del suceso no exteriorizó siquiera sentimientos de angustia, dolor o presión, que permitieran
que la mamá observara que algo le había sucedido. ”Esta afirmación, tratándose de un caso de
abuso sexual en menor, está desconociendo, sin lugar a dudas, el principio “pro infans ” pues le reprocha
a la víctima que frente a dos agresiones no haya asumido la misma respuesta psicológica,
sin atender que respecto a los hechos ocurridos el día 5 de octubre de 2011, el menor ha recibido
atención por parte de la Comisaría de Familia, en su colegio y de una psicóloga, mientras que de los
presuntamente ocurridos con su tío, no obraba atención alguna en el expediente. Además, no se
tuvo en cuenta que, según el relato del mismo acusado, el día que fue a llevar el cilindro a la casa de
xxxx, producto del golpe en los testículos, el menor se sintió mal al punto que le causó llanto, y de
acuerdo con el dictamen psicológico, por los hechos objeto de este proceso, ha sufrido alteraciones
emocionales con sentimientos recurrentes de culpa por permitir que alguien extraño tocara su cuerpo.
Al concluir que, si xxxx había sido víctima de un abuso o acto sexual anterior, debía tener conocimiento
que el tocamiento en las partes íntimas no era aceptable, puso en duda, sin justificación, la
veracidad del dicho menor, entonces de apenas 8 años de edad, es decir lo ubicó en el escenario de
un acto inmoral como es el de mentir, afirmación que resulta mucho menos aceptable cuando la
misma providencia de segundo grado precisó “...observa esta Sala que XXX, luego de recibir una
charla educativa en la institución académica, evocó los posibles escenarios en los que él pudo haber
sido objeto de agresión sexual, recordando el tocamiento efectuado por el procesado, presentado
ocho meses antes, como un acto indebido, tal como se lo explicaron en el colegio...” Nótese qué tan
injustificado es el cargo contra el menor al responsabilizarlo de callar un hecho que sabía inmoral,
cuando fue luego una charla recibida en su colegio, meses después de la ocurrencia tanto de hecho
con el “tío” como con el acá demandante, que le fue explicada la gravedad de lo sucedido en las dos
ocasiones, razón por la cual, a pesar del dolor que ello le causaba y el trauma que pudo representar,
tuvo el valor de comunicarlo a su progenitora. Una conclusión como la utilizada por el juzgador re-
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victimiza al menor abusado tachándolo, además, de callar un hecho indebido, por decir lo menos. Téngase
en cuenta que en el proceso penal por abuso sexual a NNA, el juzgador ha de guardar el máximo
cuidado a fin de no afectar su dignidad, ya maltratada por el hecho, para salvaguardar el interés superior
que legal, constitucional y convencionalmente se le ha resguardado. En este sentido, se lee en la
Sentencia C- 177 de 2014, apartes del siguiente tenor: (…) El Consejo de Estado, también ha advertido
que “es deber del juez penal sopesar todas las circunstancias del caso, en orden a garantizar eficazmente
los derechos de los sujetos de protección reforzada como son los niños y niñas víctimas de agresiones
y abusos sexuales, con el fin de que no puedan ser lesionados con una posible revictimización
por actuaciones judiciales inadecuadas y reprochables.’’. Nótese entonces, que el señalamiento efectuado
en la sentencia penal, desconoce que el delito investigado exigía para el menor un trato que no
lo revictimizara, pues teniendo en cuenta el grado de madurez psicológica, el juez, antes que presumir
el conocimiento, debe partir de que, en esa edad, l@s menores, no tienen la formación para identificar
qué actos en relación con su cuerpo son permisibles y cuáles no lo son, de allí que existan políticas públicas
que tienen como finalidad alertar a l@s menores de las situaciones que constituyen abuso sexual
en su contra. Por ello no puede la justicia achacarle a los N.N.A. responsabilidades que no son de su
resorte, mucho menos cuando, se ha estudiado científicamente, si ocurren abusos sexuales en su contra
generan sentimientos negativos y no experiencias satisfactorias y cotidianas que normal y abiertamente
cuentan l@s menores de forma inmediata al momento del suceso. Recuérdese acá que la psicóloga
que atendió el caso expuso que del hecho se tuvo conocimiento en razón a que mi otra compañera,
la que estaba trabajando en ese momento con el plan de salud territorial estaba haciendo brigadas
para prevención de abuso sexual en los colegios y ella le llevó un video al curso de él, estuvo en todos
los cursos, y a partir de la explicación que mi compañera le dio fue que el menor accedió a contarte eso
a la mamá, por eso fue que se demoró tanto tiempo en contarle, porque como dice ahí, que le daba
mucho miedo contarte a la mamá porque él no sabía qué iba a pasar, pero él le contó la mamá fue a
partir de lo que mi otra compañera les habló en el colegio ’’ (Minutos 01:16:59 Cd Fl. 337Audiencia
Juicio Oral. La sentencia penal, en casos como esos, no puede perder de vista que está arte un hecho
que tiene connotaciones de delio atroz. El artículo 4 o del Acuerdo No. PSAA08-4552 DE 2008 (Febrero
20) “Por el cual se dictan reglas para la aplicación de la equidad de género en la Rama Judicial” de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, contempló como funciones de la Comisión
Nacional de Género de la Rama Judicial, entre otras, promover la sensibilización y la formación en materia
de género para todos los funcionarios judiciales y, como estrategia la “Información y divulgación,
dirigida a todos los servidores y las servidoras judiciales, así como a los usuarios y las usuarias de la
administración de justicia, con uso de las herramientas telemáticas y de comunicación.” De acuerdo
con la Naciones Unidas, debe entenderse por género las identidades, funciones y atributos construidos
socialmente de la mujer y el hombre así como al significado social y cultural que se le atribuye a esas
diferencias biológicas. De manera que la Comisión de Género cumple funciones frente a ambos sexos.
Se reitera, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado “en todos los ámbitos en los
que se ven envueltos los menores de edad se debe aplicar la perspectiva de género’ A juicio de esta
Sala, el caso denota, precisamente, la vulneración de los derechos del menor de edad, al considerar que
un@ menor tiene el deber de reconocer desde sus primeros años lo que constituye abuso sexual. Entonces,
considera esta Sala que, en aras a la implementación de la política que acompaña la a Iabor de la
Rama Judicial, se remitirá copia de la presente providencia a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura-Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial', para que sea incluida en el
observatorio de política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencia y de género.
DESCRIPTORES – Restrictores:
MEDIDAS RESTAURATIVAS - Aplicación del criterio jurisprudencial del Consejo de Estado.
TESIS:
Las medidas restaurativas que aquí se adoptarán, atienden el criterio jurisprudencial establecido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” en sentencia proferida el 14 de diciembre de 2016
en el proceso radicado bajo el número 17001-23-31-000-2008-00305-01(42615) con ponencia del consejero
Ramiro Pazos Guerrero. Ello, en atención a los especiales deberes de protección de l@s menores,
y que de acuerdo con las pruebas del proceso, el niño XXXX sufrió un grave perjuicio psicológico debido
a su convicción de ser víctima en dos (2) ocasiones de conductas sexuales que afectan su integridad. Así
entonces, como medida de tipo restaurativa, se exhortará al Instituto Colombiano de Bienestar Fami-

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liar para que le brinde asistencia psicológica teniendo en cuenta que permanece en circunstancia de
debilidad manifiesta pues a la fecha es menor de edad. Lo anterior, a través de la unidad de atención
más cercana o de la entidad con la cual se haya articulado la prestación de servicios, con fundamento
en el artículo 205 de la Ley 1098 de 2006…”Con el objeto de verificar el cumplimiento de la
medida de asistencia al menor, se ordenará a la Secretaría remitir copia de la sentencia a la Procuraduría
Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia.
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REPETICIÓN
MAGISTRADO: DR. JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 10 de julio de 2018.
MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
DEMANDADO: GUSTAVO ALFREDO CANO RIAÑO
RADICACIÓN: 15238333300120140017301
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN DE REPETICIÓN - La omisión de la realización del estudio técnico previo a la supresión de
cargos de carrera, se considera una conducta realizada a título de culpa grave.
TESIS:
Descendiendo al caso concreto, la Sala precisa nuevamente que el análisis que le corresponde a esta
instancia está delimitado conforme los argumentos expuestos en el recurso de apelación, es decir determinar
si hay certeza de la cualificación de la conducta del agente determinante del daño antijurídico,
como dolosa o gravemente culposa, la cual encontró no probada el juez de primera instancia. Al
respecto, la parte recurrente afirmó que la conducta del ex alcalde del Municipio de Duitama Gustavo
Alfredo Cano Riaño, al expedir el Decreto 122 de 01 de agosto de 2002, mediante el cual se dio por
terminado el nombramiento en carrera señor Jorge Villalba en el cargo de Celador, sin la existencia del
estudio técnico previo a la supresión de cargo, se enmarca dentro de las conductas consideradas como
gravemente culposas a la luz del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, particularmente las previstas en los
numerales primero y tercero de dicha norma. (…) De las normas antes referidas es dable concluir que
para la modificación de una planta de personal que implique supresión de empleos en carrera se debe
contar con los estudios técnicos que justifiquen dicha reestructuración, estudio que además tiene que
ser realizado siguiendo los lineamientos previstos en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998, proceso
de supresión que en todo caso debe estar orientado a logar el mejoramiento administrativo en términos
de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio. Precisamente ese procedimiento reglado que establecen
las normas a efectos de proceder a suprimir cargos en los que se encuentren personas vinculadas
en carrera administrativa, responde a la importancia de éste sistema de administración de personal,
tanto que ha sido considerado como un principio constitucional definitorio en la concepción del
Estado Social y democrático de derecho, de ahí la imperiosa necesidad que por parte de las autoridades
del Estado cuando con su actuación afecten derechos de carrera administrativa, de aplicar sin excepción
alguna el referido procedimiento, el cual se reitera se constituye en una garantía para éstos trabajadores.
Ahora bien, respecto a la competencia para adelantar los procesos de supresión de cargos en
los municipios, la misma se encuentra radicada en cabeza del Alcalde Municipal, tal como lo establece
el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución: (…)Bajo lo consignado hasta el momento, dirá la Sala
que el señor Gustavo Alfredo Cano Riaño en su condición de Alcalde del Municipio de Duitama para el
año 2001, para que hubiera válidamente expedido los actos administrativos, mediante los cuales se
suprimieron algunos empleos de la planta de personal de la Secretaría de Salud de dicho municipio,
entre los cuales se encontraba el cargo del señor Villalba, era su obligación previo a adoptar tal determinación,
adelantar el estudio técnico para determinar su viabilidad. Deja ver lo anterior, que la función
del representante legal del ente territorial estaba enmarcada tanto Constitucional como legalmente;
así, el artículo 6 superior, establece como principio de responsabilidad jurídica de los servidores
públicos, ser responsables por infringir la Constitución, las leyes, y por omisión y extralimitación de sus
funciones. Lo expuesto, se consolida, al atender el artículo 41 de la Ley 443 de 1998, así como sus decretos
reglamentarios, los cuales en desarrollo de los principios de la función administrativa previstos
en el artículo 209 de la Constitución y el sistema de carrera administrativa previsto en el artículo 125
ibídem, imponen la obligación en cabeza del Alcalde Municipal, de adelantar el estudio técnico previo a
la supresión de empleos de carrera, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores que se encuentran
vinculados en carrera administrativa, requisito que debe ser cumplido obligatoriamente en todos
los casos. Así la inobservancia de realizar los estudios técnicos previos a la supresión de empleos de

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carrera, no solamente tuvo la entidad suficiente para invalidar en sede de Nulidad y Restablecimiento
del derecho, los actos administrativos que así lo dispusieron, sino que también visualiza en medio
de control de repetición la presencia de la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6 numeral
3 de la Ley 671 de 2001, es decir, “omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez
de los actos administrativos determinada por error inexcusable”, esto a fin de declarar la responsabilidad
patrimonial del señor Gustavo Alfredo Cano Riaño en el proceso de la referencia. (…)
Como se advierte la norma referida si bien reguló lo concerniente a la prestación del servicio de
salud en tratándose de municipios certificados a 31 julio de 2001, en modo alguno puede entenderse
como una habilitación para que el Alcalde Municipal pudiera desconocer las normas previstas en
la Ley 443 de 1998, en cuanto a la reforma de las plantas de personal, particularmente sobre la
obligación de realizar el estudio técnico previo a la supresión de empleos en carrera. (…) No sobra
reiterar que la Sala está convencida que quienes ejercen cargos de dirección o manejo cuentan con
los conocimientos suficientes y la experiencia necesaria para el cumplimiento de sus funciones
(experiencia que debe llevarlos al menos a consultar lo que no sepan o respecto de lo cual tengan
duda), de suerte que, en los términos de los artículos 6 y 121de la C. P., las omisiones de aquéllos en
el cumplimiento de sus deberes los torna responsables de los daños que sus actos llegaren a causar.
En suma, al omitir la realización del estudio técnico previo a la supresión de los cargos en carrera
dentro de la Secretaría de Salud del Municipio de Duitama, tiene como consecuencia necesaria que
la conducta del demandado en el presente asunto, sea considerada realizada a título de culpa grave,
ello, por cuanto se configura plenamente la presunción prevista en pluricitado numeral 3 del
artículo 6 de la Ley 678 de 2001, la cual no fue desvirtuada debidamente por el señor Gustavo Alfredo
Cano Riaño, ello por cuanto no aporta elementos de prueba que así lo indiquen.
MAGISTRADO: Dr. LUIS ERNESTO ARCINIÉGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 15 de agosto de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE SABOYÁ
DEMANDADO: CONCEJO MUNICIPAL DE SABOYÁ Y OTRO
RADICACIÓN: 15001333300720130022701
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Condena a ex concejales y a ex alcalde por haber fijado el salario del
Personero Municipal en un 90% del señalado para el Alcalde.
TESIS:
Se trata en este caso de establecer si los concejales del municipio de Saboyá y el alcalde municipal
para el periodo constitucional 2008-2011, son civil y administrativamente responsables, a título de
dolo y/o culpa grave, por la actuación administrativa que dio lugar a la condena impuesta por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja el 29 de febrero de
2012, dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15000-23-31-011-
2010-00145-00, instaurado por el señor Álvaro Andrés Laitón Chiquillo contra el municipio de Saboyá
y el concejo municipal. (…).La pretensión de restablecimiento del derecho estaba encaminada a
obtener la condena del municipio de Saboyá y el Concejo Municipal a reconocer y pagar todas las
sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados
de percibir, inherentes a su cargo, con efectividad a la fecha de causación del perjuicio, hasta
cuando sea revocado y reformado los actos administrativos cuestionados en nulidad, incluyendo el
valor de los aumentos que se hubieran decretado con posterioridad a la emisión de los actos atacados
en nulidad, suma que estimó en $12'688.034,58. Mediante sentencia de 29 de febrero de 2012
el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja resolvió declarar
la nulidad del Oficio SGH-028-10 de 12 de febrero de 2010 e inaplicó oficiosamente por ilegalidad el
Acuerdo No. 04 de 2008 y los artículos 6 o y 7 o del Acuerdo No. 023 de 2009. A título de restablecimiento
del derecho condenó al municipio de Saboyá a reconocer y pagar al señor Álvaro Andrés
Laitón Chiquillo las sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás
emolumentos dejados de percibir, inherentes a su cargo, en el porcentaje restante al que faltaba por
cancelar, del 90% reconocido para completar el 100% establecido legalmente de la asignación del
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salario mensual aprobado por el Concejo para el alcalde. La parte actora endilga responsabilidad tanto
a los concejales del municipio de Saboyá como a quien fungió como alcalde municipal para el periodo
comprendido entre 2008-2011, en tanto fueron quienes, los primeros mediante los Acuerdos No. 04 de
5 de marzo de 2008 y No. 023 de 9 de diciembre de 2009 fijaron al personero como asignación mensual
el 90% del salario mensual decretado para el alcalde, y el segundo dado que fue quien los sancionó
y publicó como ley del municipio. El Acuerdo No. 04 de 5 de marzo de 2008 por medio del cual se asigna
el sueldo al personero del municipio de Saboyá, previo lo siguiente: (…). No puede perderse de vista
que la facultad en la determinación de la escala salarial de los distintos niveles de empleos es del Concejo
Municipal y que la iniciativa concedida al alcalde no puede desbordar los precisos términos en que
la Corte avaló la constitucionalidad de la ley. Si bien, es claro que las autoridades municipales están
obligadas a acatar las sentencias de inexequibilidad proferidas por la Corte Constitucional, no es menos
cierto que el Concejo Municipal al expedir los respectivos acuerdos en el ejercicio de sus funciones debe
atender la iniciativa del Alcalde, cuando ello resulta necesario.(…)En estas condiciones, el salario del
Personero Municipal no tiene asignación autónoma que pueda provenir de la iniciativa del alcalde sino
que debe reflejar el 100% del salario que dentro de los límites previstos en Decreto Nacional, establezca
el Concejo Municipal para el cargo del alcalde municipal. El acuerdo No. 04 de 5 de marzo de 2008
no cumplió con ese precepto, pues allí se le fijó como asignación al Personero Municipal solo el 90% del
salario mensual decretado para el alcalde, y no lo que correspondía, es decir el 100% del salario que el
Concejo establezca para el cargo del alcalde municipal. Así pues, el Concejo Municipal había establecido
mediante Acuerdo la escala salarial del Alcalde y ese mismo emolumento correspondía al Personero,
se reitera, sin que ello implicara fijar una nueva escala salarial. No hay duda para la Sala que la
conducta de los ex concejales de fijar como asignación al Personero Municipal solo el 90% del salario
mensual decretado para el alcalde, se encuentra enmarcada bajo el título de imputación de culpa grave,
pues con su actuar desconocieron lo dispuesto por el ordenamiento jurídico así como por la jurisprudencia
que para la época de los hechos ya existía. No sirve de excusa que el mismo personero haya
recomendado a través del Oficio de 27 de febrero de 2008, a la comisión de estudio del acuerdo que
regulaba los topes salariales para el empleo de Personero Municipal, que la asignación fuera del noventa
por ciento (90%) del salario que se le fijó al alcalde municipal, pues como ya se indicó en precedencia,
dicho funcionario no era el competente para fijar la escalara salarial, ya que de acuerdo al
numeral 6 o del artículo 312 de la Constitución Política era el Concejo Municipal el encargado de determinarla
dependiendo de las distintas categorías de empleos, y de acuerdo con lo establecido en la ley.
Ahora la conducta del ex alcalde municipal de Saboyá para el periodo comprendido entre 2008 y 2011
de igual manera se encuentra enmarcada dentro del título de culpa grave por violación inexcusable de
las normas de derecho, pues si bien es cierto la competencia directa para fijar la escala salarial era del
Concejo municipal, no es menos cierto que dicho ex funcionario al sancionar los mentados acuerdos,
los cuales fueron proferidos sin cumplimiento de la ley, pasó por alto el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales. De otro lado, no está de acuerdo la Sala con la condena impuesta por el a
quo, quien resolvió en repetición que los accionados debían cancelar el monto actualizado establecido
en el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo de 16 de junio de 2017, pues si bien es cierto, existe
responsabilidad de los ex concejales y del ex alcalde a título de culpa grave, los primeros por haber
proferido los Acuerdos No. 04 de 5 de marzo de 2008 y No. 023 de 9 de diciembre de 2009 en donde
fijaron al personero como asignación mensual el 90% del salario mensual decretado para el alcalde, y
el segundo por haberlos sancionado y publicado, es evidente que la entidad territorial estaba en la
obligación de reconocerle y pagarle al señor Álvaro Andrés Laitón Chiquillo los sueldos, primas, bonificaciones,
vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes a su cargo, en el porcentaje
restante al que faltaba por cancelar, del 90% reconocido para completar el 100% establecido legalmente
de la asignación del salario mensual aprobado por el Concejo para el alcalde, de ahí que ahora no
puede venir a endilgarle toda la responsabilidad a los ex funcionarios que en su periodo no fijaron la
asignación como se debía a hacer, cuando su deber era ese. Revisada la Resolución No. 129 de 13 de
noviembre de 2012 por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia de 29 de febrero de 2012
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja vista a
folios 23 a 26 del expediente, da cuenta la Sala que la diferencia dejada de devengar por el señor Álvaro
Andrés Laitón Chiquillo quien fungió como personero del municipio de Saboyá para el periodo 2008-
2012 arroja la suma de dieciséis millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro
$16'544.434 por concepto de sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos
dejados de percibir, valor este que el municipio de Saboyá estaba en la obligación de reconocerle y
pagarle. En esos términos, se debe condenar a los demandados de forma solidaria, pero solo por el
detrimento causado al erario público, es decir por la suma de un millón ciento noventa y cuatro mil

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novecientos treinta y tres pesos ($1.194.933) que corresponde a la actualización del monto atrás
indicado y que arrojaba el valor de $17739.367, razón por la cual el fallo de primera instancia será
modificado en este sentido. Es dable traer a colación la sentencia proferida por esta Sala dentro del
proceso con radicado No. 15238-33-33-002-2013-00246-01, en el que actuó como demandante el
municipio de Cerinza y demandado el señor Rigo Antonio Boada Castro, providencia en la que se
resolvió un caso similar, pues allí se condenó al ex funcionario solo por la suma que causó un detrimento
al erario público y no por lo que el ente territorial estaba en la obligación de reconocer y pagar
al señor Manolo Alberto Eslava Manosalva, quien fungió como alcalde de dicho municipio:(…)
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 24 de mayo de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA
RADICACIÓN: 15001333300120130018001
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN DE REPETICIÓN De la autonomía de juzgamiento en la acción de repetición.
ACCIÓN DE REPETICIÓN - La sentencia en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
constituye prueba de la condena judicial en proceso de repetición, pero no de la culpa grave o
dolo del agente o ex agente del Estado.
TESIS:
Lo expuesto en el acápite anterior sería suficiente para confirmar la sentencia, no obstante, se referirá
la Sala al argumento del recurrente conforme al cual probada la falsa motivación en el proceso
que dio lugar a la condena, tal decisión tiene alcances para sacar avante las pretensiones. En efecto
dice “...se encuentra demostrado en el proceso No. 15000-23-31-000205-4163, que cursó en el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Tunja, que incurrió en falsa motivación al momento de
la expedición, por tanto, incurrió en dolo, el cual no fue desvirtuado dentro de este proceso o por lo
menos el Juzgado no indica las pruebas con las cuales se desvirtúa dicha presunción.” Al respecto
debe indicar la Sala que el juicio realizado al interior de un proceso que por repetición se adelanta
contra un servidor o ex servidor público, parte de la noción de autonomía de juzgamiento en relación
con el proceso primigenio del cual se derivó la condena; es decir, el análisis del Juez de repetición
está circunscrita a las características propias que definen este tipo de debate procesal, desligándolo
de las valoraciones y conclusiones que, de acuerdo a la realidad procesal tenida para ese
momento, fueron realizadas y adoptadas por el juzgador de la demanda inicial. En términos más
claros, el análisis jurídico en instancia de repetición se nutre de la situación fáctica y probatoria que
en razón del planteamiento del litigio propuesto por las partes se da al interior de la controversia
retributiva, por ello, su resolución, no se gobierna por las razones que llevaron al resultado desfavorable
a la entidad pública que ahora demanda. Todo lo anterior lleva a concluir que en casos como
el presente el ejercicio intelectivo del juzgador no parte del estudio de legalidad del acto que, de
forma acertada o no, fuera declarado nulo, sino de análisis valorativos de la conducta del demandado,
eje medular de las sentencias dadas en el contexto de una demanda de repetición. De ahí que el
solo hecho de que se haya declarado la nulidad del acto administrativo suscrito por el funcionario
público, no da lugar a deducir qué obró con dolo o con culpa grave en su expedición, puesto que
estos son calificativos de su conducta, en el que se analiza la responsabilidad personal de la parte
demandada. En efecto, de forma pacífica ha considerado la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo
que el criterio que tiene el juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad
patrimonial del Estado no vincula al juez de la repetición, ya que en esta última no se trata de evaluar
la responsabilidad del Estado sino únicamente la conducta del Agente”. De manera que la sentencia
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho constituye prueba de la condena
judicial pero no de la culpa grave o dolo del agente o ex agente del Estado. Entonces, el Juez de la
repetición, con fundamento en los medios de prueba allegados de forma oportuna al proceso, tiene
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la obligación de analizar si hay lugar a la condena. En ese orden de ideas, de la prueba aportada, que
se reduce a la copia de la sentencia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
no es posible inferir el dolo del señor Jorge Eduardo Londoño Ulloa cuando expidió el Decreto 777 de 29
de agosto de 2005. En efecto, esta no se dirige a demostrar la modalidad de la conducta que se le reprocha,
sino las circunstancias objetivas que conllevaron a la nulidad parcial de aquel acto administrativo.
Como se indicó, la prueba reseñada no es demostrativa del dolo alegado por la parte actora. En
efecto, la sentencia señala que la falsa motivación existió y por ello declaró la nulidad parcial del acto
administrativo, pero nada dice sobre la intención del hoy demandado de causar daño a quien no fue
incorporada en la planta de personal reestructurada. En el sub lite, se reitera, la sentencia condenatoria
se refiere únicamente a la ilegalidad del acto administrativo, sin que fuera objeto de análisis la modalidad
de la conducta del aquí demandado, al expedir la resolución. El calificativo de conducta dolosa,
debió ser precisado por la parte demandante en este proceso, en el que se analiza la responsabilidad
personal del demandado. Era deber del demandante llevar al juez a la convicción del actuar doloso del
demandado, sin que le bastara aferrarse a los argumentos de la sentencia condenatoria, era su deber
señalar las conductas del demandado intencionadas a desviar la realidad o a ocultar los hechos, pero,
por el contrario, se limitó a afirmar que la entidad fue condenada por la conducta dolosa en que incurrió
el señor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, sin precisar de forma cierta en qué consistía el reproche
subjetivo. Súmese que ni siquiera solicitó se allegara como prueba trasladada el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que dio lugar a la condena. (…) De tal manera que cuando en la demanda
se acude a las presunciones citadas (Arts. 5 o 6 Ley 678 de 2001), el demandante está en el deber de
indicar el hecho que configura la presunción, la cual como queda visto no es la sentencia condenatoria,
sino la conducta del agente que, a juicio de la demandante, configura el dolo o la culpa grave que se le
endilga. Sobre ello nada dijo la demanda.

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EJECUTIVO
MAGISTRADO: Dr. FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA
PROVIDENCIA: Auto de segunda instancia de fecha 8 de agosto de 2018
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO
DEMANDANTE: JUAN CARLOS LIZARAZO
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SAMACÁ
RADICACIÓN: 15001333300320150014501
DESCRIPTORES – Restrictores:
RECURSOS - Requisitos para su trámite.
RECURSO DE APELACIÓN - Inadmisible por falta de interés del apelante.
RECURSO DE APELACIÓN - No es procedente cuando el fallo es totalmente favorable a las pretensiones
del recurrente, así como para hacer reparos a providencia interlocutoria anterior.
TESIS:
De manera general, a efecto de conceder o admitir un recurso, el juez debe verificar que concurran
ciertos requisitos necesarios para que el mismo sea decidido. Según la doctrina, los requisitos para
la viabilidad de los recursos son: 1. Capacidad. 2 Interés para recurrir. 3 Procedencia. 4. Oportunidad.
5. Sustentación. 6. Observancia de las cargas procesales. En esta oportunidad, el Despacho se
detendrá en analizar el de interés para recurrir, el cual, grosso modo, consiste en que aquella parte
del proceso que salió vencida o perjudicada con determinada decisión, es quien está interesada o
legitimada para atacarla, proponiendo para tal efecto argumentos encaminados a su revocatoria.
Por el contrario, aquella parte del proceso a quien el fallo le fue favorable carece de interés para
impugnar la decisión del juez; por tanto, si con una providencia judicial no se ocasiona a un extremo
de la Litis una afectación a sus derechos, carece de interés para proponer un recurso. Sobre el referido
aspecto, el inciso final del artículo 320 del CGP establece que, "Podrá interponer recurso la parte
a quien le haya sido desfavorable la providencia. El interés como requisito para tramitar un recurso
no es novedoso, pues la norma anteriormente citada reiteró lo que en su momento dispuso el artículo
350 del CPC, norma sobre la cual se refirió el Consejo de Estado en los siguientes términos: "En
efecto, el artículo 350 del C.P.C. -aplicable al presente proceso por expresa remisión del artículo 267
del Código Contencioso Administrativo- referente a los fines de la apelación y el interés para interponerla,
establece en su segundo inciso que “ podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia", lo que quiere decir que si la misma no decide nada en contra de la
parte, ella carecerá de interés para interponer el respectivo recurso; y eso fue precisamente lo que
sucedió en el sub-lite, puesto que habiendo sido negadas todas las pretensiones de la parte actora,
qué interés podía asistir a la entidad demandada para recurrir, si no se anuló el acto administrativo
cuestionado ni se condenó a ésta a pagar suma alguna de dinero. Por lo tanto, no resulta procedente
pronunciamiento alguno sobre el recurso interpuesto por la Industria Licorera de Caldas”. Se advierte
entonces que en aquellos casos donde quien interpone el recurso de alzada no tiene interés
alguno para atacar lo decidido al no haberse visto afectado, el mismo no puede ser tramitado. Como
quiera el requisito analizado es de aquellos indispensables para su admisibilidad, es deber del
juez realizar un control sobre el referido aspecto antes de concederlo para el caso del A quo, así
como de declararlo inadmisible por parte del A quem. Lo anterior, como quiera que tal como se
desprende del extracto jurisprudencial citado, no es posible realizar pronunciamiento alguno sobre
el mismo. (…) Lo primero que ha de precisar el Despacho es que en el fallo de excepciones recurrido
se modificó el mandamiento de pago en favor Sección Tercera, Fallo de fecha 16 de febrero de 206,
Radicado 13001-23-31-000-1988- 07186-01(13414), Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra
del accionante, pues se ordenó seguir adelante con la ejecución en contra del Municipio de Samacá
por la suma de $1.171.362,44, correspondiente a intereses moratorios, valor adicional a los
$7.041.447 reconocidos por el A quo conforme a la orden de pago consignada en el ordinal primero
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N ° 8 9
P á g i n a 26
de la providencia de fecha 28 de octubre de 2016 (fol.180.185), siendo la última de las sumas citadas
cancelada por el ente territorial con la constitución de un depósito judicial. A su turno, el recurso de
alzada formulado y sustentado por la parte ejecutante contra la decisión de excepciones, se sujetó
únicamente a alegar que, contrario a lo manifestado por la Juez de primera instancia, sí existe prueba
de la fecha en que se presentó ante el Municipio de Samacá la solicitud de cumplimiento, oportunidad
en la cual dio lectura a un oficio de fecha 10 de junio de 2014, en el cual, el referido ente territorial
afirma que va a darle trámite a la petición de pago de sentencia, por lo que solicita se cancelen intereses
moratorios, por los siguientes periodos: i) desde la ejecutoria de la sentencia base de ejecución y 6
meses después, ii) desde el 15 de febrero de 2013, (fecha en que se envió el cumplimiento a fallo) y hasta
el 6 de enero de 2017, cuando el municipio accionado realizó depósito judicial para hacer pago parcial.
Respecto del argumento presentado como base de la impugnación, considera el Despacho necesario
realizar las siguientes precisiones: Lo pretendido por la parte apelante está dirigido a conseguir la
modificación del valor reconocido por concepto de intereses moratorios en el auto que libró mandamiento
de pago, pues afirma que el juzgado, para su cálculo, no tuvo en cuenta la fecha de la solicitud
de cumplimiento de fallo. Es claro que si la parte ejecutante no estaba de acuerdo con las sumas por
las cuales se libró mandamiento, tenía la oportunidad de interponer el recurso de alzada contra la referida
providencia en los términos del artículo 438 del CGP. En efecto, como quiera que, para el presente
caso, las sumas por las cuales se libró mandamiento de pago fueron inferiores a las solicitadas en la
demanda, debe entenderse que el recurso procedente es el de apelación por negarse parcialmente lo
solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 321 del CGP, y 438 ibídem,
momento en el que estaba facultada para aportar los documentos que tuviese en su poder a efecto de
controvertir el valor reconocido por concepto de intereses moratorios. Debido a que la parte actora no
hizo uso de los mecanismos que tenía para oponerse al valor contenido en el mandamiento, que se
repite era inferior a lo pretendido en la demanda ejecutiva, precluyó la oportunidad de recurrirlo, siendo
necesario en este punto recordar, que en materia de procesos ejecutivos el fallo se limita a resolver
las excepciones planteadas por los accionados. Así las cosas, debe resaltarse que la oportunidad del
ejecutante para oponerse a la suma por la cual se había librado parcialmente mandamiento de pago
era con la interposición del recurso contra dicha providencia, sin que sea posible de manera posterior
revivir o aplazar dicha discusión para el fallo de excepciones. En análisis de las decisiones adoptadas en
el fallo de excepciones proferido el 10 de agosto de 2017, se advierte que si bien fue modificado el valor
por el cual se había librado mandamiento, dicha circunstancia, lejos de perjudicar al ejecutante, lo
benefició, pues se determinó que el municipio de Samacá adeudada $1.171.362.44 más de lo reconocido
en la providencia de fecha 28 de octubre de 2016. Para el Despacho, es evidente que el argumento
expuesto por la parte recurrente, en estricto sentido no ataca o arremete lo resuelto por el Juez de
primera instancia en la sentencia de excepciones, puesto que no acusa la modificación del mandamiento
de pago realizada de oficio, sino que pretende revivir un debate que debió darse en una etapa anterior
del proceso, como es la suma por la cual se libró el mandamiento. Conforme a la línea argumentativa
expuesta, el ejecutante, al no hacer uso de los recursos de que disponía para oponerse a las sumas
por las cuales fue librado mandamiento, aceptó las mismas, lo que implica que en el fallo la única labor
del juez de instancia era decidir las excepciones propuestas. Ahora, la única posibilidad de que el monto
por el cual fue librado mandamiento se pudiese discutir por parte del ejecutante como recurso de
apelación contra la sentencia del 10 de agosto de 2017, es que la Juez A quo de manera oficiosa hubiese
modificado en su perjuicio dicho valor, lo cual no sucedió en el presente caso. Conforme a lo expuesto,
es posible concluir que la parte actora no tenía interés legítimo en apelar el fallo de excepciones
proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja, por las siguientes razones: (…) Al no interponer
recurso alguno contra la providencia que libró mandamiento de pago, aceptó que el proceso continuara
por las sumas consignadas en la referida providencia. Como quiera que el fallo de excepciones
de ninguna manera fue desfavorable al ejecutante, sino que, por el contrario, aumentó el valor del
crédito fijado en el mandamiento la decisión adoptada no le causa ningún perjuicio que se pueda alegar
en esta etapa del proceso, pues se aclara que si no estaba de acuerdo con las sumas por las cuales fue
librado mandamiento de pago debió interponer la alzada contra la providencia del 28 de octubre de
2016. Se advierte entonces que la parte ejecutante no acreditó interés alguno en apelar el fallo de fecha
10 de agosto de 2017, además el aspecto relacionado con la fecha solicitud de cumplimiento del
fallo ante el Municipio de Samacá es un asunto que debió analizarse como recurso de apelación en
contra del auto que libró mandamiento de pago. Por ende, el recurso de alzada era improcedente por
la ausencia de interés para recurrir, pues tal como fue expuesto en el numeral II.3, la impugnación presentada
no cumplió con los requisitos para darle trámite. En consecuencia, se dejarán sin efectos las
providencias de fecha 21 de febrero de 2018 y 11 de julio de 2018, -inclusive- emitidas por este Despa-

P á g i n a 27
cho en el trámite del proceso de la referencia, y se procederá a declarar la inadmisibilidad del recurso
de apelación propuesto por la parte ejecutante.
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Auto de fecha 27 de abril de 2018
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO
DEMANDANTE: MARÍA MYRIAM GUTIÉRREZ DE RAMÍREZ
DEMANDADO: FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
RADICACIÓN: 15001333301020140020001
DESCRIPTORES - Restrictores:
EMBARGO DE RECURSOS PÚBLICOS - Es procedente por la ejecución de intereses moratorios e
indexación, cuando se deriven de acreencias laborales.
TESIS:
Se trata en este caso de establecer si, como lo decidió el juez de instancia, por tratarse de la ejecución
de intereses e indexación ordenados en una sentencia, no es procedente el decreto de medida
cautelar en tanto se trata de conceptos indemnizatorios y no de acreencias laborales, excepción a la
regla de inembargabilidad de recursos públicos, tal como se sostuvo en el auto apelado.(…) Al respecto
es oportuno mencionar que la condena principal, los intereses moratorios, la Indexación y
posibles sanciones ordenados en la sentencia judicial conforman un todo jurídico, y estos conceptos
no son ajenos al derecho principal sino que, por el contrario, garantizan su efectividad a pesar del
paso del tiempo. En estos términos lo expuso la Honorable Corte Constitucional al estudiar la procedencia
de la tutela para garantizar el cumplimiento de providencias judiciales: “(...) desde la sentencia
T-553 de 1995 o la jurisprudencia ha conectado esa utilidad con la vigencia de un orden justo, el
principio de buena fe, el derecho de acceso a la administración de justicia y el vigor del Estado Social
de Derecho. Bajo esos términos, allí se dispuso que es deber del condenado acatar cada una de las
órdenes íntegramente, evitando que la conveniencia a la subjetividad afecte total o parcialmente la
materialización de cualquiera de los aspectos de la decisión judicial. Sobre el tema vale la pena recordar
los siguientes párrafos: ‘La vigencia de un orden justo no pasaría de ser una mera consagración
teórica plasmada en el preámbulo del Estatuto Superior, si las autoridades públicas y privadas,
no estuvieran obligadas a cumplir íntegramente las providencias judiciales ejecutoriadas. Acatamiento
que debe efectuarse de buena fe, lo que implica que el condenada debe respetar íntegramente
el contenido de la sentencia, sin entrar a analizar la oportunidad, la conveniencia, o los intereses
de la autoridad vencida dentro del proceso, afín de modificarlo. La observancia de las providencias
ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte
del derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229 Superior-. Este se concreta no
sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la
emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al
caso concreto. En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la
providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta último se
han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara
viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón. Así entonces, no es posible afirmar que los
intereses moratorios y la indexación que se ordenen en la sentencia judicial no constituyen parte del
derecho laboral protegido, aunque no puedan ser igualados a los que se generan en las relaciones
civiles y comerciales, ello porque en realidad lo que sucede con la indexación y los intereses es que la
primera evita la devaluación de la acreencia laboral y los segundos pagan un perjuicio porque el
acreedor del derecho laboral no puede contar con su dinero - salario o prestación social - en la debida
oportunidad, concepto que también contiene atiende a la inflación, como lo precisó la Corte
Constitucional en la Sentencia C- 604 de 2012 en la que, luego de examinar lo relacionado con la
forma de reconocer intereses en la sentencia proferidas por esta jurisdicción, concluyó: “Por lo anterior,
en Colombia el interés moratorio tiene un contenido indemnizatorio distinto a la simple corrección
monetaria, situación que no puede ser desconocida por el legislador al momento de determinar
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las tasas a las cuales lo vincula, por to cual los intereses moratorios deberán contemplar al componente
inflacionario o de corrección monetaria y una indemnizatorio, el cual podrá variar teniendo en cuenta
la existencia de diversos regímenes en cuanto a las tasas de interés, tal como sucede en relación con
los intereses civiles y comerciales según se reconoció en la sentencia C - 364 de 2000." (Resaltado original,
subrayado fuera de texto). En estas condiciones, no encuentra la Sala fundamento para escindir la
indexación y los intereses moratorios de la acreencia laboral que les dan origen, mucho menos cuando
tanto uno como otro preservan el derecho de la devaluación, lo cual responde al artículo 53 constitucional
en los principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo y, por ende, a sus consecuencias.
A la anterior conclusión se llega sin desconocer que este Tribunal en auto de ponente se ha pronunciado
en sentido contrario, análisis que este Despacho no comparte pues si bien en la Sentencia C-543 de
2013 se demandó el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo); el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012; los
numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, en materia de la inembargabilidad
de tos recursos del Fondo de Contingencias y del Sistema General de Regalías, la decisión que allí
se tomó fue inhibitoria y la Sentencia C-1154 de 2008, también citada en tos autos referidos concluye
puntualmente que tratándose de acreencias laborales derivadas de condenas se aplica una excepción
al principio de inembargabilidad de recursos públicos, condición predicable del presente asunto. En el
presente proceso, se observa que el ejecutante solicitó librar mandamiento de pago por las siguientes
sumas y conceptos para el cumplimiento de la sentencia del 13 de mayo de 2010 que ordenó la reliquidación
de la pensión de jubilación:$10.103.761 por concepto de intereses moratorios faltantes desde la
ejecutoria de la sentencia (27/05/2010), hasta la fecha de pago (30/09/2013).$1.351.954 por concepto
de indexación faltante sobre las sumas reconocidas en la Resolución No. 135 de 11 de junio de 2013.
Tal como ha quedado expuesto, comoquiera que la solicitud presentada por la ejecutante tiene como
finalidad garantizar el cumplimiento de una sentencia judicial proferida por esta jurisdicción que ordenó
la reliquidación de su pensión de jubilación, el pago de las diferencias de las mesadas pensiónales,
así como de los intereses moratorios y la indexación generados por este concepto, considera este Despacho
que la medida es procedente, dada la naturaleza, de la obligación, es decir, porque se trata de
un derecho laboral de carácter pensional reconocido en una sentencia judicial, que cuenta con protección
constitucional, que sin lugar a dudas se adecúan a los casos exceptivos de inembargabilidad previstos
por el Máximo Tribunal Constitucional. No se comparte pues, el fundamento central de la decisión
denegatoria, consistente en que las sumas ejecutadas "tienen una naturaleza indemnizatoria" que
dista del contenido laboral de la acreencia. De la anterior forma se agota la competencia de esta instancia
en tanto el juzgador de instancia, si bien adelantó las gestiones para establecer la existencia de
dineros a nombre de las ejecutadas, no avanzó a examinar si, atendiendo al tipo de recursos informados,
era procedente decretar el embargo, análisis que debe agotarse en esa instancia para preservar el
derecho de apelación si, por razones distintas a las consignadas en el auto apelado, se negara la medida
cautelar. En efecto, la medida cautelar dispone a priori de un derecho, por ello se deben cumplir
requisitos mínimos no solo por parte del solicitante sino del juez para determinar su procedencia. El
artículo 599 del Código General del Proceso dispone: (…).Se observa que el ejecutante solicitó el embargo
de cuentas bancadas del Ministerio de Educación Nacional "NIT 8-999990017” y del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio" “NIT 830.053.105-03 ”. Deberá la primera instancia determinar
si los recursos informados están exceptuados de la regla de inembargabilidad y las demás condiciones
que establece el artículo 599 trascrito. En estas condiciones se revocará el auto apelado y, en consecuencia,
se ordenará al juez que proceda a examinar si el tipo de recursos informados por las entidades
financieras son embargables y, de considerarlo, decrete la medida cautelar.

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VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO UTILIZACIÓN
INMUEBLE EXPROPIADO
MAGISTRADO: Dr. JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 26 de junio de 2018
ACCIÓN: VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO UTILIZACIÓN INMUEBLE EXPROPIADO
DEMANDANTE: RAFAEL ANTONIO ARÉVALO MUÑOZ Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA
RADICACIÓN: 15001233300020180025000
DESCRIPTORES – Restrictores:
DERECHO DE REVERSIÓN O RETROCESIÓN EN EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Devolución
del inmueble por no haber sido utilizado para los fines para los que fue expropiado.
TESIS:
En este sentido, el MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA aportó copia de varios documentos que dan
cuenta que el proyecto inicialmente se planteaba con un periodo de ejecución que correspondía a
los años 2015 y 2016, y además, que fue presentado ante el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y el MI-
NISTERIO DE SALUD al parecer en dos ocasiones, siendo la última devuelta mediante oficio calendado
del 8 de mayo de 2017, en donde la SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ hace observaciones tanto
de forma como de fondo al proyecto, considerándolo técnicamente inviable. Todo lo anterior demuestra
que efectivamente el MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA ha adelantado gestiones para la
elaboración de los planos del centro de salud y ha presentado el proyecto ante otras autoridades
con miras a conseguir cofinanciación, pero está claro que el predio expropiado a la fecha no ha sido
utilizado. Sobre este punto, el ente territorial argüyó que el inmueble ya había tenido una utilización,
que era la de servir de base para adelantar la proyección de los estudios y diseños a partir de
los cuales se iba a adelantar la construcción; empero, la Sala no comparte esta apreciación. Para
este Tribunal, el concepto de obligación de utilizar el inmueble expropiado es parcialmente indeterminado,
pues la Ley 388 de 1997 no detalla a qué se refiere en específico, pero es posible definir su
contenido a partir del sentido natural del término y su coherencia con el propósito perseguido por el
legislador. Así las cosas, la palabra utilizar, de acuerdo con la el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, significa “hacer que algo sirva para un fin”, que en este caso es el de materializar
los motivos de utilidad pública o interés social invocados en el procedimiento administrativo. Por
ende, la utilización del inmueble expropiado no puede de ninguna manera prescindir de una valoración
física y material de la ejecución de los fines por los que fue expedido el acto expropiatorio, donde
si bien no se requiere de la constatación de la finalización y entrega definitiva de la obra pública,
sí es indispensable que por lo menos ésta haya iniciado. Esta conclusión se refuerza con el siguiente
pronunciamiento del Consejo de Estado:“(...) dicha norma [numeral 5 o del artículo 70 de la Ley 388
de 1997] incorpora la figura denominada por la doctrina como derecho de reversión o retrocesión,
que, grosso modo, constituye una «sanción a la entidad pública que no desarrolla oportunamente la
obra pública que obligó a decretar la expropiación o que destina el bien expropiado a una finalidad
distinta a la señalada en la respectiva ley que lo calificó como de utilidad pública o como de interés
social». (...). Contra lo afirmado por la demandante, la Sala considera que de la disposición referida
no se desprende la exigencia de culminar la obra en el término de tres años. Ese entendimiento resulta
poco razonable cuando de construcción de infraestructura de gran calado (vías, ferrovías, líneas
de metro, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.) se trata. De hecho, es muy probable
que la ejecución de un proyecto de infraestructura de las dimensiones de una planta de tratamiento
de aguas residuales, como el que justificó la expropiación del predio Miralindo, tarde más
tres años. En ese contexto, se muestra adecuada la interpretación que realizó el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, respecto del numeral 5 del artículo 70 de la
Ley 388 de 1997, según la cual dicha norma no exige que la obra de interés general o público, que
justifica la medida de expropiación, se culmine en el término de tres años, sino que lo importante es
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que el inmueble se utilice durante ese lapso con fines de utilidad pública o interés social. (...)”(Subraya y
negrilla fuera del texto original). Y sobre el derecho de reversión, la providencia traída a colación cita
textualmente a los doctrinantes EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS- RAMÓN FERNÁNDEZ,
así:"(...) «Dogmáticamente, debe calificarse el fenómeno de la reversión como un fenómeno de
'invalidez sucesiva' sobrevenida a la expropiación por la desaparición del elemento esencial de la causa;
precisamente porque la causa expropiandi se configura como el destino a que se afecta el bien expropiado
tras la expropiación, resulta normal su consideración ex post. Lo peculiar de esta invalidez
sobrevenida es que sus efectos se producen ex nunc, es decir, que no condena la validez originaria con
que la expropiación fue realizada. No hay, pues, anulación de la expropiación, sino mera cesación de
sus efectos, resolución de la misma, la cual se habilita mediante la retransmisión de signo contrario a la
inicial, mediante una devolución recíproca de prestaciones que es precisamente la reversión. Procederá
el derecho de reversión de los bienes expropiados: a) cuando no se ejecute la obra o no se establezca el
servicio que motivó la expropiación; b) cuando realizada la obra o establecido el servicio quede alguna
parte sobrante de los bienes expropiados; c) Cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos
a las obras o servicios que motivaron la expropiación)). Curso de Derecho Administrativo. Editorial
Civitas. Madrid, 1991. Tomo II.; págs. 205 y 206. (...) ”(Subraya y negrilla fuera del texto original) Por
ende, por utilización del bien expropiado debe entenderse ejecución de la obra, aun cuando no haya
culminado en su totalidad. Esta obligación no admite un entendimiento diferente, ya que precisamente
la teleología de la misma consiste en evitar que la Administración expropie bienes y finalmente los deje
ociosos, en perjuicio del derecho de dominio que ostentaba el ciudadano, que bien podía desarrollarlo
para su goce personal o para obtener rendimientos, y con menoscabo de las finanzas públicas, que se
verían afectadas por la falta de aprovechamiento de los inmuebles de su propiedad a pesar de incurrir
en inversiones para adquirirlo. Por ende, es inviable hablar de una utilización inmaterial, teórica o apenas
ideal, pues en ese orden de ideas incluso con la mera incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal
del proyecto a construir podría llegarse a la conclusión de que el predio está siendo utilizado como
base de una futura y eventual obra pública. Similar a lo antedicho es lo que ocurre en el sub lite. El
hecho de que el predio haya servido para la elaboración de planos y la presentación de proyectos para
cofinanciación no significa que esté siendo utilizado para la finalidad para la cual fue expropiado sino
que, contrario a esta aseveración, los documentos arrimados al plenario por el MUNICIPIO DE VENTA-
QUEMADA dan cuenta de la deficiente planeación al respecto, ya que en 3 años no se ha logrado siquiera
el correcto planteamiento constructivo de la obra en planos. En este sentido, las gestiones adelantadas
y valores desembolsados por el ente territorial dentro de las mismas no satisfacen la obligación
a su cargo en razón a que, en todo caso, la realidad indica de modo innegable que materialmente
el inmueble expropiado se encuentra absolutamente inutilizado y, de hecho, su edificación permanece
incierta a la fecha. Por todo lo expuesto, la Sala declarará el incumplimiento de la obligación en mención
por parte del MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA y, en consecuencia, dispondrá restituir el derecho
de dominio sobre el bien a favor de sus anteriores propietarios, que son los accionantes. Asimismo,
para volver las cosas a su estado anterior, los demandantes deberán reintegrar al MUNICIPIO DE VEN-
TAQUEMADA el valor que les fue pagado a título de indemnización por efecto de la expropiación. No
obstante, como ya lo ha señalado esta Corporación, esa suma deberá ser actualizada “como quiera
(sic) que así como el predio del accionante le generará un beneficio por cuenta de su valorización, también
debe mantenerse el poder adquisitivo de lo pagado por concepto de indemnización por parte del
ente territorial”. Para actualizar la suma se aplicará la siguiente fórmula matemática: RA = RH * índice
final IPC índice inicial IPC. La renta actualizada será igual a la renta histórica (valor efectivamente pagado
por concepto de indemnización) por el guarismo que resulte de dividir el IPC vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia, entre el IPC vigente al momento en que la indemnización se puso a disposición
de los accionantes. El plazo para el reintegro de la indemnización indexada será de 3 meses y,
una vez efectuado, el MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA deberá expedir la certificación respectiva para
efectos del registro de la presente sentencia, en los términos del inciso final del numeral 5 o del artículo
70 de la Ley 388 de 1997.

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VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
MAGISTRADO: Dra. JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 12 de junio de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE EL COCUY
RADICACIÓN: 15001233300020180013400
DESCRIPTORES – Restrictores:
JURISDICCIÓN COACTIVA Y RECAUDO DE OBLIGACIONES EN FAVOR DEL MUNICIPIO - Es una
atribución conferida por la Ley al Alcalde y por tanto el Concejo Municipal no puede facultarlo
para ejercerla.
TESIS:
Sobre el particular, sostiene el demandante que los artículos 290 a 296 del Acuerdo 016 de 29 de
diciembre de 2017 son violatorios de las Leyes 1066 de 2006 y 1551 de 2012, así como del Decreto
4473 de 2006, por cuanto el Concejo Municipal carece de competencia para otorgar facultades que
por ley le corresponden única y exclusivamente al Alcalde Municipal como representante legal de la
entidad territorial. En tal sentido, avizorando las normas señaladas como violadas, se advierte, que
en efecto, las obligaciones para recaudar rentas o caudales públicos a nivel territorial, recaen en el
representante legal o máxima autoridad, quien en efecto deberá “Establecer mediante
normatividad de carácter general, (...) el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a
lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de
acuerdos de pago” (artículo 2 numeral 1 de la Ley 1066 de 2006).Conforme lo anterior, las entidades
públicas tienen inmersas facultades de jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones
exigibles a su favor a través de su máxima autoridad y, para estos efectos, deberán seguir el
procedimiento descrito en el Estatuto Tributario (artículo 5 de la Ley 1066 de 2006). Precisamente,
para el reglamento interno del recaudo de cartera, el Decreto 4473 de 2006, consagra que es el
representante legal, quien deberá expedirlo (artículo 1). Por su parte, la Ley 1551 de 2012, estatuye
como funciones de los alcaldes ejercer la jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las
obligaciones a favor del municipio y a su vez puede ser delegada dicha función en las tesorerías
municipales, lo cual se ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso-
Administrativa y de Procedimiento Civil. Así las cosas, dentro del ordenamiento jurídico aplicable, no
otra cosa habrá de señalarse que la jurisdicción coactiva, como facultad de cobrar directamente
deudas a favor, está en cabeza del representante legal del ente municipal, y por tanto, cualquier
recaudo de cartera que se aplique para obtener las obligaciones a su favor, debe estar
reglamentada por acto de carácter general conforme con disposiciones Constitucionales y Legales
que para el efecto de consagran, expedido por el mismo Alcalde Municipal. Nótese que el Concejo
Municipal y el alcalde de el Cocuy refieren que, las facultades conferidas en el acuerdo municipal
demandado, están señaladas en la ley, y que sobrepasaron su competencia para concebir facultad
para el mismo efecto en el burgomaestre, motivo adicional para no tener duda de la extralimitación
en la competencia del cuerpo colegiado, pues le concedió facultades al Alcalde que solo pueden
estar establecidas por el legislador. Si bien es cierto, los artículos precitados no conceden más de lo
señalado en la ley, ello no una atribución propia, y por tanto, no es procedente que se establezcan
procedimientos así sean idénticos a la atribución asignada en la ley. Bajo las anteriores
consideraciones, se declarará la invalidez de los artículos 290 a 296 del Acuerdo 016 de 2017.
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MAGISTRADO: Dr. LUIS ERNESTO ACINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 12 de septiembre de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TOGUÜI
RADICACIÓN: 15001233300020180017500
DESCRIPTORES - Restrictores:
PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE ESPECIALIZACIÓN - No se transgredió al cambiar la destinación de
parte de empréstito para compra de maquinaria amarilla y lote de interés social, para destinar esos
recursos a proyecto de vivienda de interés social.
TESIS
Descendiendo al caso bajo estudio, en la presente oportunidad se tendrá que determinar si el Concejo
Municipal de Togüí al expedir el Acuerdo No. 031 de 30 de noviembre de 2017, mediante el cual se
autoriza al alcalde del citado ente territorial para cambiar la destinación de parte de un empréstito
adquirido por el municipio, desconoció el principio de especialización, previsto en el artículo 18 del
Decreto 111 de 1996. Lo anterior teniendo en cuenta que el empréstito solicitado fue destinado para el
proyecto “compra de maquinaria amarilla y bien inmueble-lote de interés”, y según la Gobernación de
Boyacá no podía destinarse para realizar un proyecto de vivienda de interés social como lo pretende el
Concejo Municipal de Togüí. En el Acuerdo No. 031 de 30 de noviembre de 2017 “por medio del cual se
concede una autorización al alcalde municipal de Togüí para cambiar la destinación de parte de un
empréstito adquirido por el municipio…” se consideró y resolvió lo siguiente (…)Teniendo en cuenta lo
anterior, se hace necesario analizar lo acordado en el citado Acuerdo 015 de agosto de 2016 “por medio
del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar, tramitar e incorporar en presupuesto, un
contrato de empréstito para proyectos de inversión y demás operaciones conexas al crédito y se dictan
otras disposiciones. Dentro de las consideraciones allí previstas se destacan las siguientes (…) En este
orden de ideas, se puede concluir que i) mediante el Acuerdo 015 de 2016 se autorizó al alcalde de
Togüí para firmar un contrato de empréstito, por la suma de $1.800.000.000 de pesos, para la compra
de maquinaria y de un bien inmueble para la construcción de obras de beneficio común, crédito respaldado
con la pignoración de los recursos del SGP de libre destinación. ii) Las operaciones de crédito público
únicamente podrán destinarse a gastos de inversión como el sector vivienda. iii)En los empréstitos
la pignoración está limitada a las rentas o ingresos forzosos de los entes territoriales, y a que el crédito
que garantice sea para financiar la inversión de esos mismos servicios, actividades o sectores, a los
cuales deba asignarse la respectiva renta o ingreso, es decir, por el principio de especialización consagrado
en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996, los recursos asignados a los diferentes sectores de que
trata el Sistema General de Participaciones deben ejecutarse conforme al fin para el cual fueron programados.vi)
De acuerdo con las consideraciones del Acuerdo No. 031 de 30 de noviembre de 2017
está probado que el municipio adquirió un empréstito con el Banco Agrario de Colombia, por la suma
autorizada por el Concejo Municipal, de la cual ya se desembolsó el valor de $1.195.000.000 para pagar
la maquinaria pesada, restando el desembolso de $605.000.000. v) Finalmente, mediante el Acuerdo
No. 031 de 30 de noviembre de 2017 se autorizó al alcalde municipal de Togüí para cambiar la destinación
del mencionado saldo ($605.000.000 de pesos) para cofinanciar un proyecto de vivienda de
interés social en la parte urbana del municipio. Por lo expuesto, la Sala estima que en el presente caso
no se vulneró el principio de especialización, consistente en que “...las apropiaciones deben referirse en
cada órgano de la administración, únicamente a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente
conforme al fin para el cual fueron programadas. No se trasgrede dicho principio como quiera que los
recursos aquí pignorados para respaldar el contrato de empréstito son los del SGP de libre destinación
o participación de propósito general, que se pueden destinar para inversión, en particular, un porcentaje
en el sector vivienda. En el presente caso es evidente que los recursos pignorados (SGP libre destinación)
se van a ejecutar e invertir en el mismo sector (vivienda) (principio de especialización).Efectivamente,
el contrato de empréstito, por la suma de $1.800.000.000 de pesos, se destinó
para la compra de un bien inmueble para la construcción de obras de beneficio común, y la nueva destinación
que se le quiere dar al mencionado saldo ($605.000.000) es para cofinanciar un provecto de
vivienda de interés social, luego es evidente que la apropiación se ejecutará conforme al fin para el cual
se programó. Por consiguiente, la Sala estima que el Acuerdo 031 de 2017 expedido por el Concejo

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Municipal de Togüí, no transgrede la disposición normativa acusada por el Departamento de Boyacá
y por el contrario, fue proferido de conformidad con las normas previstas para el presente asunto.
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 30 de agosto de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE DUITAMA
RADICACIÓN: 15001233300020180035300
DESCRIPTORES - Restrictores:
ESCALAS SALARIALES - Noción - Competencia para determinarla en las entidades territoriales
TESIS
Así, resulta indudable el carácter técnico de la competencia de los Concejos Municipales en materia
salarial, que no comprende, ni puede comprender la facultad de crear salario o factores salariales,
sino que se limita a la fijación en abstracto de las escalas de remuneración para las distintas categorías
de empleos. (…). Del anterior contexto, deduce la Sala que la atribución conferida a las entidades
territoriales en los artículos 300 (numeral 7º) y 313 (numeral 6º) de la Constitución Política para
determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de
los órdenes seccional y local, comprende únicamente la facultad de establecer en forma sucesiva,
numérica, progresiva y sistemática tablas salariales por grados, en donde se consignan la asignación
o remuneración básica mensual para el año respectivo, teniendo en cuenta la clasificación por
niveles de los diferentes empleos - sobre la base además de que cada nivel tiene una nomenclatura
específica de empleos y una escala de remuneración independiente-, no involucrándose dentro de
tal concepto la potestad de crear factores salariales diferentes. En síntesis, -se reitera- una escala
salarial es una sucesión sistemática, ordenada y progresiva de valores para cada uno de los diferentes
niveles o categorías de empleos, sin determinar denominación o código de empleo alguno en
particular, para luego, a partir de ella obtener la asignación salarial para cada uno de los empleos,
competencia del Alcalde Municipal.Por tanto, las asambleas departamentales y los concejos municipales
tienen autonomía para establecer y definir las correspondientes escalas salariales, esto es,
para fijar los sueldos correspondientes a cada una de las diferentes categorías ocupacionales, pero
dentro del límite máximo, fijado por el gobierno nacional, el cual busca establecer el equilibrio y
unificación del sistema. Por su parte, los gobernadores y alcaldes quienes también tienen atribuciones
en materia salarial, actúan sujetos a tales parámetros, es decir, dentro de esas escalas, determinando
el sitio que corresponde a cada uno de los empleos, lo cual equivale a definir el sueldo concreto
asignado a cada uno de ellos. De suerte que dentro de este marco la asignación mensual correspondiente
a cada empleo queda determinada por su grado y la escala del respectivo nivel.
VIÁTICOS DEL ALCALDE - Los debe fijar el Concejo Municipal.
Establece la norma cuestionada: “Artículo sexto: Viáticos y gastos de viaje: Los empleados públicos y
Trabajadores Oficiales a que se refiere el presente Acuerdo, tendrán derecho a reconocimiento de
viáticos y gastos de viaje, cunado deban desplazarse fuera del municipio concediendo la respectiva
comisión y debidamente autorizados por el nominador. Parágrafo: Facúltese al Alcalde Municipal
por el término de treinta (30) días contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, para reglamentar
la escala de los viáticos, de conformidad con la escala salarial y demás normas que reglamentan
la materia”. Conforme se vislumbra de la lectura de la norma en cita, el marco de aplicabilidad
subjetivo del Acuerdo, conforme su inciso primero, establece la regulación de los viáticos a favor
de “Los empleados públicos y trabajadores oficiales a que se refiere el presente Acuerdo”; en tal
caso, conforme se vislumbra a lo largo del texto del Acto Administrativo acusado las escalas de remuneración
reguladas, incluyen lo correspondiente al Alcalde del Municipio de Duitama. Estableció
el inciso segundo del artículo 112 de la Ley 136 de 1994, lo siguiente: “Corresponde al Concejo Municipal
definir el monto de los viáticos que se le asignarán al alcalde para comisiones dentro del país y
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para las comisiones al exterior corresponde al Gobierno Nacional definir el monto de los viáticos.”. De
forma tal que la ley determinó como competencia exclusiva del Concejo Municipal definir el monto de
los viáticos asignados a favor del Alcalde. Al no efectuar el Acuerdo impugnado una distinción respecto
a tal servidor, se extralimitaron las funciones de la Corporación al delegar competencias que le son
propias, es decir, se autorizó al Alcalde municipal para reglamentar sus propios viáticos, en abierta
contradicción de las disposiciones del referido inciso segundo del artículo 112 de la Ley 136 de 1994.
Por lo expuesto, este Tribunal declarará la invalidez parcial del parágrafo correspondiente al artículo 6
del Acuerdo Nº 004 de 25 de mayo de 2018, ya que lo dispuesto en el mismo desconoció el alcance de
las atribuciones conferidas a los Concejos Municipales por el inciso segundo del artículo 112 de la Ley
136 de 1994.

NOTA DE ADVERTENCIA
“La indexación de la información a través de descriptores, restrictores
y la tesis, no exoneran al usuario de la información de corroborar
su contenido con los textos de las providencias y atendiendo
posibles inconsistencias que de presentarse se sugiere sean puestas
en conocimiento de la Relatoría”.
Tribunal Administrativo de Boyacá
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Dr. José Ascención Fernández Osorio
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Relator
Gonzalo López Niño
Diseñó
Ing. Daniel Alberto Granados Patarroyo
BOYACA
ALTAR DE LA PATRIA DE TODOS LOS COLOMBIANOS