CODIGO-CIVIL

Ministerio de Justicia y derechos Humanos
se deba cumplir en diversos países, será la ley del país de la obligación principal la
que determine la ley aplicable. Esta regulación recoge lo prescrito en el Tratado de
Montevideo de 1889 y Código de Bustamante de 1928 del cual el Perú es parte.
Acorde con su opción legislativa, el Perú ha considerado que la vinculación jurídica
relevante es la del lugar del cumplimiento al acoplarse mejor con el interés del
contrato.
Sólo en los casos en los que no exista pacto expreso de las partes, ni se pueda
determinar el lugar del cumplimiento de la obligación principal, se aplicará el
factor de conexión «Lex Loci Celebrationis», es decir, la ley del lugar de celebración
del contrato, el cual es un factor residual y no siempre importante, ya que puede
haberse celebrado un contrato de manera circunstancial como en una feria
internacional, donde las partes no tienen sus domicilios ni ejecutan el contrato o la
obligación principal del mismo.
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Nuestra ley no reconoce la voluntad tácita o presunta de las partes en el sentido
que se pueda interpretar el contrato, para efectos de someter la búsqueda de la
solución del conflicto a una ley determinada, sólo reconoce la voluntad expresada
en él, por lo que el juzgador no está en la posibilidad de ubicar la ley que considere
más relevante o más conveniente y que se adecue a las estipulaciones del contrato
o los usos mercantiles aplicables al caso (la llamada Proper Law Theory).
Vemos que la ley aplicable, en defecto de la voluntad de las partes es una exigencia
imperativa del legislador, ya que deberá aplicarse de manera obligatoria el factor de
conexión señalado por la ley.
El último párrafo de la norma bajo comentario funciona en la medida –como
dice Goldschmidt 638 – que se trate de un contrato entre presentes, ya que si
nos encontramos ante un contrato entre ausentes, las diversas teorías sobre el
momento de su perfección podrían indicar igualmente diversos países como lugares
de su celebración, pudiendo darse el caso de que cada parte domiciliada en un
Estado distinto según su ley considere perfeccionado el contrato en su país.
7.- TRATADO DE MONTEVIDEO DE 1888-1889
En este Tratado se discutió el tema de la libertad de las partes para elegir la ley
aplicable, señalando que tal libertad para elegir la ley aplicable no podía ser
absoluta, porque no puede ejercitarse contra las prescripciones de orden público
relativas a los contratos y en este caso era indispensable que ese orden público se
determinase por la ley, (y esa ley no podía ser otra que la del cumplimiento de las
obligaciones).
638 GOLDSCHMIDT, Werner. Derecho Internacional Privado. Ed. El Derecho SACIFI. Buenos Aires, 1970, p. 207.