CODIGO-CIVIL

Ministerio de Justicia y derechos Humanos
Si la respuesta fuera positiva, estaremos entonces a favor de que el Registro califique
el fondo de las decisiones notariales, lo que por lo demás le está vedado en el campo
de las resoluciones judiciales, justamente porque un Estado “jurídicamente” sólido y
bien diseñado no puede permitir que la función jurisdiccional se vea invadida por la
función registral, pues cada estamento jurídico debe estar bien definido. 607
Mas, la inmediata pregunta es ¿acaso existe norma positiva alguna que legitime
al Registro para invadir el fondo de las decisiones notariales? ¿es acaso el
Artículo 2011º del Código Civil norma suficiente y eficiente para lograr aquello?
Nuevamente, si fuera ello correcto, podemos sostener que dentro de la pirámide
–si podemos hablar de ella– de entes “administradores de derechos”, los registros
públicos tienen primacía frente a los demás, claro está, después del poder judicial,
para decidir qué actos son válidos y cuáles no.
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Mas no solo ello; también tendrían un lugar preferente en la pirámide, en atención
a que a su turno definirían también la denegatoria o el acceso a los registros
públicos de actos administrativos, emitidos por el propio Estado bajo el auspicio
de todos los principios que regulan la actividad administrativa del Estado como la
autotulela, entre otros. Es decir, el Estado contra el Estado; y es que finalmente, el
Registro puede decidir que determinado acto es inválido y por tanto no tiene mérito
inscriptorio.
607 Como ya lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, el Poder Judicial define por encima del
Registro quién finalmente es titular de un derecho; muestra de ello que la Constitución Peruana admita
–a diferencia de otras latitudes– la llamada acción contencioso administrativa.