CODIGO-CIVIL

Ministerio de Justicia y derechos Humanos
luego de transferida la propiedad, pasará a ser un bien de propiedad exclusiva del
cónyuge donatario.
Por otra parte, es claro que no se podría presentar dentro del régimen de sociedad
de gananciales, el supuesto en el cual uno de los cónyuges pueda contratar, a título
personal, sobre un bien de propiedad de la sociedad conyugal, a menos que la
sociedad se lo donara, es decir se lo transfiriera a título gratuito; o si se tratase de
un bien de propiedad exclusiva de uno de los cónyuges, que la sociedad adquiriera
por contrato celebrado con ese cónyuge.
Por otra parte, si el régimen patrimonial fuera el de separación de patrimonios,
entendemos que no habría ningún problema para que los cónyuges celebraran
contratos entre sí con respecto a sus bienes, ya que dentro de este régimen cada
uno de ellos tiene la libre disposición de sus bienes y no se presenta el problema
teórico y práctico de los bienes comunes.
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1.8. El consentimiento. Consideraciones preliminares
El consentimiento es, junto con el objeto y la causa, un elemento esencial del
supuesto de hecho contractual, constituyendo, por tanto, un elemento indispensable
para la validez y la existencia del contrato. 373
Con relación a este elemento, cabe destacar el pensamiento de Gete-Alonso y
Calera 374 , profesora española que manifiesta que «el contrato es técnicamente,
una estructura consensual: la concordancia de las declaraciones de voluntad de las
partes contratantes (acuerdo consensual)».
373 También consideramos importante destacar las palabras de Castañeda, quien respecto a este tema
precisa: «El fundamento esencial en que reposa el contrato es el consentimiento de las partes,
es el acuerdo de voluntades sobre su objeto. En la infraestructura del contrato se encuentra el
consentimiento. Sin consentimiento no hay contrato. Aquel que no ha concurrido manifestando su
voluntad en el contrato resulta un tercero ajeno al mismo». Expresa además Castañeda que en algunas
hipótesis, las personas pueden quedar vinculadas a pesar de no haber prestado su consentimiento como
ocurre con los llamados «contratos colectivos» o aquellos donde priman los intereses de orden social o
razones de interés público, el interés de la mayoría debe prevalecer e imponerse sobre el de la minoría.
Y es en el Derecho Laboral —concluye— donde se consagra la validez de estos contratos (Castañeda,
Jorge Eugenio. «Teoría General de los Contratos. Sección Primera. Disposiciones Generales». En: Revista
de Derecho y Ciencias Políticas de la U.N.M. de San Marcos. Año XXVIII, Segundo y Tercer Cuatrimestre
de 1964, p. 255. Citado por Romero Zavala, Luis. Op.cit., p. 26).
374 Gete-Alonso y Calera, María del Carmen. «El Contrato». En: Lluís Puig, I. Ferriol. Manual de Derecho
Civil. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1998, 2 da Edición, vol. II, pp. 537 y 538.