CODIGO-CIVIL

Ministerio de Justicia y derechos Humanos
En nuestra opinión, en el lenguaje común «obligación» es el vínculo que nos
impone el cumplimiento de un deber. En consecuencia, el término «obligación»
equivale al de un «deber». Esta aproximación genérica debemos utilizarla como
guía para llegar a la definición que nos interesa, esto es al concepto de obligación
desde una perspectiva jurídica.
Esa óptica enmarca la obligación dentro del campo del Derecho. La definición del
Derecho –al menos desde un punto de vista filosófico– es bastante compleja y
excede a los fines de este trabajo. Pero lo que sí es cierto es que la función principal
del Derecho es la de regular conductas –entendidas como comportamientos
conscientes y voluntarios de los seres humanos– entre personas, para permitir el
desarrollo de la vida en sociedad. En este orden de ideas, la obligación constituye
una relación jurídica existente por lo menos entre dos personas, llamadas deudor y
acreedor, es decir, entre un sujeto pasivo y un sujeto activo.
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Cabe añadir que el Derecho no regula cualquier tipo de conducta. Él sólo se ocupa
de aquellas relaciones y comportamientos que merezcan su tutela. De allí que la
obligación, en tanto relación jurídica, tenga como finalidad la satisfacción, por parte
del deudor y a favor del acreedor, de un interés digno de protección jurídica.
Otra característica del Derecho es su capacidad coercitiva a partir de una actividad
estatal, que constituye nota de distinción entre el orden jurídico y las relaciones
sociales, religiosas o morales.
Por ello la obligación no sólo implica la sujeción del deudor para satisfacer el interés
del acreedor a través de un comportamiento determinado (llamado prestación),
sino también el poder del acreedor para compeler a su deudor a fin de que cumpla
con aquello a que se obligó. Esta es la consecuencia del «vínculo» o «relación
jurídica». En caso contrario las obligaciones no tendrían razón de ser para el
Derecho, pues las personas cumplirían con sus deberes atendiendo al dictado de su
conciencia, a sus principios religiosos o a las formas sociales, lo que sería propio del
orden moral, religioso o social, pero de ninguna manera del orden jurídico.
De acuerdo con esos conceptos, consideramos que la obligación constituye una
relación jurídica que liga a dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas,
llamada deudor, debe cumplir una prestación a favor de la otra, llamada acreedor,
para satisfacer un interés de este último digno de protección. Dentro de esa
relación jurídica corresponde al acreedor el «poder» o «derecho de crédito» para
exigir la prestación. Si el deudor, vinculado en tal forma, no cumple la prestación, o
la cumple parcial, tardía o defectuosamente, por razones a él imputables, responde
con sus bienes de dicho incumplimiento, en razón del elemento coercitivo previsto
por la ley.