CODIGO-CIVIL

cónyuge o conviviente, para evitar posible coaliciones de los hijos con uno de los
adultos contra el otro u otros, que terminan por provocar una pérdida de control en
el grupo familiar”. 102
5. Pasemos revista al Derecho familiar cubano: ¿dónde están
las familias ensambladas?
Puede resultar asombroso para cualquier estudioso del Derecho que nuestro
Derecho familiar esté tan distanciado de la realidad social. 103 El Código de Familia
102 Grosman, Cecilia, “Las familias monoparentales y las familias ensambladas en el Mercosur y países
asociados”, en Hacia una armonización del Derecho de Familia en el Mercosur y países asociados, Cecilia
P. Grosman (directora) Marisa Herrera (coordinadora), Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, pp. 113-114.
103 En otros contextos los juristas también se han manifestado en este sentido. El profesor peruano Vega
Mere, en un interesantísimo texto de su autoría, ha expresado su preocupación por el “creciente
distanciamiento entre el derecho en los libros y el derecho en acción”. En su Perú natal, ni el poder
judicial, ni el legislativo se han esforzado en esbozar el nuevo rostro de la familia. No obstante, hace
alusión a la Sentencia del 30 de noviembre de 2007, en la Causa Nº 09332-2006-PAICT, en la que el
Tribunal Constitucional se ocupó de un reclamo de una persona, casada en segundas nupcias, a quien el
Centro Naval del Perú (del cual era asociado) le negó un carné familiar –en calidad de hija-, a favor de su
hijastra o hija afín, en cambio sí que le concedía un pase de invitada especial, el que se negó a recibir.
La Sentencia que declaró fundada la demanda sustenta el fallo, entre otras razones en que “… el hijastro
forma parte de esta nueva estructura familiar, con eventuales derechos y deberes especiales, no obstante
la patria potestad de los padres biológicos. No reconocer ello traería aparejada una afectación a la
identidad de este nuevo núcleo familiar, lo que de hecho contraría lo dispuesto en la carta fundamental
respecto de la protección que merece la familia como instituto jurídico constitucionalmente garantizado”,
“… la relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que guardar ciertas características, tales como
las de habitar y compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. Es decir,
tiene que reconocerse una identidad familiar autónoma, sobre todo si se trata de menores de edad
que dependen económicamente del padre o madre afín”, por lo cual, “A la luz de lo expuesto sobre la
tutela especial que merece la familia –más aún cuando se trata de familias reconstituidas en donde la
identidad familiar es muchos más frágil debido a las propias circunstancias en la que estas aparecen–, la
diferenciación de trato entre los hijastros y los hijos deviene en arbitraria”, y en tal sentido “Este Tribunal
estima que en contextos en donde el hijastro o la hijastra se han asimilado debidamente al nuevo núcleo
familiar, tal diferenciación deviene en arbitraria y contraria a los postulados constitucionales que obligan
al Estado y a la comunidad a proteger a la familia. En efecto, tal como se ha expuesto, tanto el padrastro
como el hijo afín, juntamente con los demás miembros de la nueva organización familiar, pasan a
configurar una nueva identidad familiar”.
Como expresa Vega Mere en el contexto latinoamericano, “la notable incorporación del concepto y de
la protección de la familia ensamblada al ordenamiento por obra del Tribunal es un logro de enorme
importancia. Pero es un primer paso”. Con él, la doctrina del país andino ha comenzado a motivarse
por el tema. Vid. Vega Mere, Yuri, Las nuevas fronteras del Derecho de Familia. Familias de hecho,
ensambladas y homosexuales, 3ª edición, aumentada y actualizada, Motivensa Editora Jurídica, Lima,
2009, pp. 147-156.
En el contexto español tampoco se ha avanzado mucho en este orden. Como nota interesante cabe
acotar la modificación operada en el Artículo 68º del Código Civil, introducida por la Ley Nº 15/2005,
cuyo propósito, según expone García Cantero, es “conectar el Derecho civil con las últimas leyes de
carácter social”. La addenda en cuestión incluye el deber de los cónyuges de compartir “… el cuidado
y atención de los ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”. Entre los
sujetos beneficiarios, sitúa el autor los ascendientes y descendientes de primer grado de cada uno de
los cónyuges, entre los últimos, los descendientes menores de edad, provenientes de uniones de hecho
o matrimonios anteriores de cada uno de los cónyuges, resultado del fenómeno de las llamadas familias
recompuestas. En todo caso, se trata de una ley bien intencionada, y por ello laudable, a pesar de
cualquier otra crítica de la que pueda ser objeto. Vid. García Cantero, Gabriel, “Notas sobre la addenda
introducida por el Art. 68º CC por Ley 15/2005”, en Homenaje a Víctor Manuel Garrido de Palma, bajo la
coordinación de José Carlos Sánchez González, Francisco Javier Gardeazábal del Río, Pedro José Garrido
Chamorro, Consejo General del Notariado, Civitas, Thomson Reuters, Pamplona, 2010, pp. 703-710.
Decreto Legislativo Nº 295 Código Civil
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LIBRO III
DERECHO DE FAMILIA