Niñas Esposas

J u eve s 8 de marzo de 2018 /1
DossierSiete
especial@paginasiete.bo / EDITORA: LILIANA CARRILLO V.

2 Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
Síganos en Facebook y Twitter
especial@ p a g i n a s i e te . b o Especial
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te @ p a g i n a _ s i e te
Niñas esposas,
invisibilizadas por
violencia y pobreza
No hay cifras, pero a diario en Bolivia
decenas de niñas y adolescentes son
obligadas a convivir con hombres
que les doblan o triplican la edad. Son víctimas
de matrimonios precoces o forzados,
una de las cinco vulneraciones a niñas y adolescentes
que prevalece en el país.
La causa de los concubinatos de menores
de edad con adultos son, en general, la pobreza
y la violencia. Esta última se expresa en violaciones
sexuales que en muchos casos intentan
encubrirse con conciliaciones entre familiares
de la víctima y su agresor. Se suma, la
naturalización del delito: las niñas se convierten
en esposas bajo consentimiento de los padres
y -a veces- de la comunidad.
El Estado Mundial de la Infancia 2015 de
Unicef señala que en Bolivia, el 3% de las mujeres
de 20 a 24 años de edad se casaron o tuvieron
algún tipo de vínculo antes de cumplir
15 años y el 22% antes de los 18. Este es el único
dato oficial de esta situación.
Con el apoyo del fondo Spotlight de Apoyo
a la Investigación Periodística en los Medios
de Comunicación, Página Siete buscó durante
cuatro meses las historias de “niñas esposas”.
El resultado es una decena de casos recogidos
en el norte de La Paz, en el Beni, en el
área rural de Potosí, de Tarija y Santa Cruz.
La investigación aborda también el problema
desde la perspectiva jurídica y desde la
óptica de especialistas y autoridades regionales.
Pero ante todo intenta darle voz a las niñas
y adolescentes que han sobrevivido a una
unión forzosa.
En albergues, escuelas u hospitales de pueblos
y ciudades las protagonistas relatan sus
historias. Algunas de las entrevistadas están
consientes de que el problema es parte de un
círculo de violencia que se repite de generación
en generación, otras ven la unión y la maternidad
precoz como un destino que les toca
como antes a sus madres y abuelas; pero hay
quienes se rebelan y buscan justicia.
Sus testimonios, con los nombres cambiados
por su seguridad, se reúnen en este especial,
cuyo objetivo es evidenciar una situación
anómala que atenta contra las leyes y los
derechos de niñas y adolescentes bolivianas.
DIRECTOR A: ISA B E L MERC ADO HEREDIA
Su b d i re c to ra : Mery Vaca Villa
Jefe de Redacción: Alcides Flores Moncada
Jefe de Informaciones: Juan Carlos Véliz Morejón
Director Gráfico: Edmundo A. Morales C.
Periodistas: Leny Chuquimia Ch. y Liliana Carrillo V.
Diseño y Armado: Ariel Aldana S.
I n fo gra f í a : Ariel Aldana S.
Fotos : Juan Quisbert y Liliana Carrillo
Este reportaje se elaboró con el patrocinio del
“Fondo Spotlight de Apoyo a la Investigación
Periodística en los Medios de Comunicación” de la
Fundación Para el Periodismo.
Página Siete /
La Paz
Departamento de Pando
Testimonios: “Todas se
embarazaron tiernitas”
“Me arre-
piento que
desde chiqui-
tita tuve ma-
rido en vez de
terminar de
estudiar. Yo
hallo culpable
a mi mamá
que me buscó
esposo tant
pront
onto. . Ella
no me impul-
só, me acon-
sejaba mal”.
Madre pandina
de 21 años
e n t rev i sta d a
l Un estudio de UNFPA en Pando estableció
que en el 80,3% de embarazos adolescentes,
los progenitores fueron adultos de más de 30.
“
A los 15 tuve
mi primera
hija. Tengo
una tía y primas,
ellas iban a la escuela
conmigo pero tampoco terminaron
la escuela porque igual que yo,
tuvieron marido a los 14 años. Todas
se embarazaron tiernitas” (mujer indígena
de Pando).
Este es el testimonio de una mujer indígena
que fue recogido en el estudio
de Maternidad temprana, pobreza y violencia
en Pando, elaborado por el Ministerio
de Autonomías con la colaboración del
Fondo de Población de las Naciones
Unidas UNFPA. Si bien el documento
publicado en 2016 busca datos sobre el
embarazo adolescente, las entrevistas
realizadas especialmente en comunidades
indígenas sacan a flote la realidad
de los concubinatos precoces.
Muestran que las creencias, la pobreza
y la violencia son factores que
orillan a las niñas y adolescentes o a sus
progenitores a propiciar una relación
marital. En estas situaciones la desinformación
y la falta de educación juegan
un papel determinante.
“A mi hija mayor yo le decía que estudie
como su papá, él sí estudió. Pero
ella dejó la escuela a los 14 años, porque
le dio epilepsia, entonces mi abuelita
me dijo ‘parece que ella quiere marido
y por eso le da epilepsia, que tenga y deje
sus estudios’. Mi hija no tenía enamorado,
y entonces mi abuelita le consiguió
un esposo”, relata otra de las
mujeres campesinas que formaron parte
del estudio.
Para conseguir los datos se aplicaron
320 encuestas en igual número de viviendas
en los 15 municipios de Pando,
En 257 se encontraron a 392 mujeres
adolescentes, de las cuales 148 tenían
hijos o estaban embarazadas .
Los datos establecieron que cerca el
55% de las adolescentes entrevistadas
se embarazaron antes de cumplir los 16
años; aunque hubo casos de gestantes
aún más jóvenes; como el caso de una
niña de 11 años.
“La adolescente actualmente tiene
16 años y dos hijas, una de cinco y otra
de tres. El progenitor de las pequeñas
es un hombre de 39 años. La unión de la
niña de 11 años y su pareja adulta fue
aceptada; ahora conviven en medio de
la comunidad”, explica la representante
de UNFPA para Bolivia, Ana Angarita.
En el 80,3% de los casos fueron hombres
adultos los que embarazaron a las
adolescentes y sólo en un 19,7% se trató
de hombres adolescentes. El padre
más joven tenía 15 años mientras que el
mayor 40.
“El 51% de los
progenitores tomó
la actitud de
apoyo frente al
embarazo, un
21,7% de rechazo,
y un 27,3% decidió
abandonar a la adolescente emb
a ra z a d a ”, señala el estudio.
El 89,6% de adolescentes con hijos o
embarazadas mencionaron que el acto
fue consentido, el 10,4% dijeron que
fue forzado. El 49,3% viven aún con sus
padres, el 12,3% con otra persona.
“Un 38,4% vive con el padre de sus
hijos”, es decir en un concubinato o
matrimonio temprano recalca la investigación
Según una de las adolescentes que
fue parte del grupo focal, “en el campo”
no se reconoce una edad temprana o
mediana para la maternidad y, por tanto,
tampoco para que las mujeres mantengan
una relación de pareja. “Para las
personas es mucho mejor que las chicas
se embaracen antes porque en el
campo no hay muchos recursos y la pareja
se la pueda llevar a otra parte”.
“Los testimonios, son realmente duros
y las causas no son muy diferentes a
las que vivieron abuelas, madres e
hijas. Es un ciclo que se repite y si en
una de esas generaciones no se hacen
las intervenciones para que la realidad
cambie, vamos a seguir escribiendo, libros
y estudios contando estas mismas
historias y datos”, manifestó.

Síganos en Facebook y Twitter
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te
@ p a g i n a _ s i e te
Especial
Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
especial@ p a g i n a s i e te . b o
3
Rurrenabaque, La Paz
Ab i ga i l : Mis papás han conciliado
con el hombre que me abusó
Leny Chuquimia / R u r re n a b a q u e
“Las violaciones
eran
transadas con
indemniza -
ción de daños
y perjuicios y
convivencias
de la víctima
con el agresor.
Era como
comprar la
honra de las
niñas. Pero
no tenemos
las pruebas
a h o ra ”.
El 3 de enero de 2017, en una ambulancia
que partió de Palos Blancos
Abigail llegó al Hospital del
Norte de El Alto. Su embarazo era de alto
riesgo, el parto presentó complicaciones,
ella “quería morir”. Apenas tenía
14 años y ocho meses. Antes había
sido violada. Ese delito fue encubierto
por el agresor con una asistencia familiar
de 1.500 bolivianos.
Hasta ese instante, en la Defensoría de
la Niñez de Rurrenabaque no había una
denuncia formal de violación, sino un documento
de transacción en el que el agresor
admitía su culpabilidad y prometía dinero
a cambio de que la víctima desista de
la denuncia. El padre de Abigail firmaba
en representación de la niña.
“Antes te forzaban y tus papás arreglaban
que te cases, como
una compensac
i ó n”, comenta doña
Rosa P. desde su
puesto en el mercado
de Rurrenabaque.
No había Defensorías
ni Fiscal
-dice- cualquier
problema se arreglaba
así”.
La conciliación
entre víctimas menores
de edad y violadores
era práctica
común. “No tengo
pruebas, pero sabemos
que había libros
de actas donde
las violaciones eran
Mariel Gonzales, transadas con indemnización
por
Defensoría de
R u r re n a b a q u e daños y perjuicios o
convivencia de la
víctima con su agresor. Era como comprar
la honra de las niñas”, dice Mariel
Gonzales, responsable de la Defensoría
de la Niñez y la Adolescencia (DNA) de
R u r re n a b a q u e.
Ocupa el cargo desde el año pasado y
en ese tiempo no ha recibido casos similares.
“El único que tenemos ahora y en
el que estamos a la espera de un juicio
oral es el de una transacción en la violación
de una menor de edad”, dice refiriéndose
al caso de Abigail.
El 2017, la Defensoría interpuso ante la
justicia cinco denuncias por estupro, cifra
baja para la realidad de la región,
donde las adolescentes entre 14 y 16 años
tienen esposos que les doblan en edad.
Para las familias esto es normal y por eso
no denuncian, explica Gonzales.
En los registros de la Policía local, desde
el mes de septiembre solo hay dos casos
de estupro y violación. Ambos fueron
reportados por la misma persona.
“Vino una mamá e hizo la denuncia pero
desistió. Luego volvió para hacer otra
acusación pero no dio el nombre de la
l A los 14 años fue violada y embarazada.
El agresor pretendió encubrir el delito de
estupro con el pago de asistencia familiar.
nueva víctima”, explica un efectivo. No
es una excepción: “Entre las familias
acuerdan la convivencia”.
Estas conciliaciones se esconden en la
clandestinidad de las uniones libres. “Acá
no se dan matrimonios, la mayoría son
concubinatos de hecho, por eso no hay registros
”, asegura la jefa de la Defensoría.
Uno de los pocos datos que visibilizan
las uniones tempranas son las solicitudes
de asistencia familiar. La gestión pasada
se asesoraron 245 casos. Todas las
demandantes eran mujeres que se habían
separado tras 10 o 15 años de convivencia.
“Viendo sus historias, sabemos
que el 50% se juntó antes de los 16. Ya no
estudiaron y tuvieron muchos hijos”.
Entre julio y diciembre de 2017, la unidad
de psicología del SLIM de Rurrenabaque
atendió 360 casos de mujeres víctimas
de violencia. “La mayoría de ellas comenzó
a vivir a los 14 a 16 años con hombres
mucho mayores porque se embarazaron
o porque sus padres, al saber que
hubo relaciones sexuales, conciliaron
para que el hombre no las deje”, expone
la responsable de la unidad edil de Género
y psicóloga del SLIM, Carolina Soliz.
El estupro se evidencia años después
con violencia económica, verbal, psicológica
y física. Para identificar e intervenir
en estos casos la Defensoría ha instruido
al hospital de Rurre que todo embarazo
adolescente sea notificado.
Abigail, un caso sin justicia
Cuando Abigail llegó al Hospital del
Norte, la unidad de Trabajo Social del
nosocomio envío a Rurrenabaque una
solicitud de información. En el expediente,
la actual responsable de DNA
encontró el testimonio del abuso, un
examen médico que certificaba el embarazo
y un acuerdo transaccional firmado
entre el violador y el progenitor.
“Ella va y viene de Palos Blancos donde
está su papá y Rurrenabaque, donde
vive su mamá. En
abril de 2016 el mototaxista
la abuso
acá en Rurre. Cuando
el papá se dio
cuenta ya había un
embarazo de más de
cuatro meses. Hizo
la denuncia al anterior
defensor, pero
el proceso se detuv
o”, relata.
En el documento
“Nos enteramos
de
estos delitos
por terceros y
al intervenir
acabamos peleando
con las
familias. Entre
ellos
acuerdan la
convivencia y
nos dicen que
no hay delito”.
Efectivo policial
R u r re n a b a q u e
transaccional el
agresor reconoce
haber “d o b l e g a d o”a
la adolescente dejándola
en estado de
gravidez. A cambio
de que desista de la
demanda se compromete
a pasar a una pensión de 1.500
bolivianos mensuales y darle otros
4.000 por los daños causados, monto
que fue entregado a la firma del documento
ante un notario.
Dejaba la custodia completa del bebé
a Abigail y ponía una cláusula de “v isitas
a la menor”. En la audiencia cautelar no
se aceptó la solicitud de la Defensoría de
la detención preventiva.
El agresor empezó una denuncia contra
la familia de la víctima por chantaje y
extorsión. Alega que Abigail lo provocó
y busca el sobreseimiento. “El agresor
esta libre. Lo último que sabemos es que
mediante su abogado ha pedido una
prueba de ADN que garantice su paternidad.
No estamos disputando que se
haga cargo de la bebé, sino que pague el
delito cometido contra la adolescente”,
dice Gonzales, que ya formalizó la denuncia
contra el agresor.
“No quería, él me amenazó y ellos, mis
papás, han transado. Me da asco... yo no
quería ser madre”, dice Abigail con un
dolor indescriptible. Su hija, que hace
poco cumplió un año, está al cuidado de
la abuela materna.

4 Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
Síganos en Facebook y Twitter
especial@ p a g i n a s i e te . b o Especial
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te @ p a g i n a _ s i e te
l Para salir de la
pobreza, se pactan
uniones ilegales de
adultos con menores
de edad. Hay varias
denuncias y pocas
condenas.
Liliana Carrillo V. / Santa Cruz
“
Si no me juntaba con ese señor me
hubiera muerto de hambre; no teníamos
qué comer ni yo ni mis hermanos”.
Así, sin rodeos, Ana L. explica
por qué antes de cumplir 13 años tuvo
que convivir con un hombre de 46, que
podría ser su abuelo.
Ahora está en un hogar en la ciudad de
Santa Cruz. Ha dejado la casucha en la
que vivía “aunque más paraba en la cal
l e”. Ahora no ve a su madre intoxicada
de alcohol, ya no la espera durante horas
al lado de la puerta, hasta que, a fuerza
del dolor de panza, tenga que salir a buscar
algo que puedan comer sus hermanos,
de seis y ocho años.
Cuando iba a pedir ayuda a sus vecinos,
conoció a aquel hombre mayor. Vivía
cerca a su casa y le regalaba comida.
Poco después, la niña fue a vivir con él
con la anuencia de su madre. Alguien
presentó la denuncia ante la Policía. Ana
fue remitida a la Defensoría y después al
a l b e r g u e.
Ana nunca sospechó que aquel señor
que le regalaba comida cometía los delitos
de estupro y violación y que ella era la
víctima. “No es malo”, dice.
Departamento de Santa Cruz
Ana: Si no me casaba
con ese señor, , me
moría de hambre
Hogar para sanar
Al albergue Nazaria Ignacia, a cargo
de la congregación religiosa del mismo
nombre, llegan niñas víctimas de abuso
sexual, físico y psicológico. Son remitidas
por la Defensoría de la Gobernación
o por los Servicios Legales Integrales
Municipales. “Vienen de familias disfuncionales,
algunas han sido rescatadas
de las calles. Están lastimadas”, comenta
la hermana Isabel, miembro de la
c o n g re g a c i ó n .
La vieja casona del casco viejo donde
durante décadas funcionó el hospicio se
cae a pedazos a causa de una mala construcción
vecina y sus muchos años. Un
pasillo oscuro; al fondo, una puerta pesada;
a la izquierda, un escaparate similar
al de las boutiques donde en lugar de
maniquíes está una estatua de Cristo
cargando la cruz, con flores de plástico
raídas a sus pies.
La casa está casi deshabitada por riesgo
de desplome. “Las niñas internas han
sido trasladadas a otra propiedad, más
lejos”, comenta la hermana Isabel. No
lleva ni hábito ni tocado y, potosina como
es, sufre por las altas temperaturas
cruceñas. Un jardín claro, con árboles
coposos y un mural con la imagen de la
beata Nazaria contrastan con la entrada
pero no disimulan los alambres de púas
sobre los muros.
“La mayoría de las pequeñas han sido
víctimas de abuso sexual por parte de alguno
de sus familiares. Son niñitas de
hasta 13 años pero algunas han tenido
que convivir con hombres como sus parejas.
Aquí las cuidamos, tienen ayuda

Síganos en Facebook y Twitter
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te
@ p a g i n a _ s i e te
Especial
Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
especial@ p a g i n a s i e te . b o
5
psicológica, aprenden oficios; no les falta
un plato de comida y atención”, cuenta
la responsable del hogar.
La Casa de la Mujer
En la Defensoría de la Niñez no hay cifras
de cuántas uniones de hecho de menores
de edad con adultos se registran
en el departamento de Santa Cruz. Lo
cierto es que hay más casos en las comunidades
del área rural.
“No se puede estigmatizar pero a medida
que te alejas de la ciudad hay menos
información, más miedo y más pobreza.
La niña necesita vínculos que le
permitan crear vínculos seguridad y esta
necesidad es aprovechada por los
hombres. Ellas nunca pueden ser responsabilizadas;
son víctimas,
analiza Miriam Suárez,
directora de la Casa de la
Mujer de Santa Cruz.
Se define como una asociación
sin fines de lucro y funciona
desde hace 28 años en
un chalet de dos plantas, con
árboles frutales en los jardines.
A la Casa de la Mujer de
Santa Cruz llegan diariamente
decenas de personas
en busca de asesoramiento y
ayuda psicológica y jurídica
en casos de violencia.
“Me estoy separando de
mi marido; mucho me pega.
Ya no puedo más”, comenta
Luisa mientras espera su turno
en la consulta jurídica.
Tiene 18 años y dos hijos, de
uno y tres años.
“Me embaracé a los 15, mi
pareja tiene mi misma edad. Estábamos
en el mismo curso. Nos hicieron casar y
yo ya no he estudiado nada. Ahora ya no
puedo aguantar tanto abuso; quiero que
pase pensión a sus hijos”, añade.
Según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), Santa Cruz Ocupa el
tercer lugar nacional en número de embarazos
adolescentes. El 40% del total
de gestantes en ese departamento son
adolescentes.
“La mayor cantidad de embarazos de
menores están en las áreas con menores
recursos de donde las niñas huyen para
escapar de la pobreza y la violencia. Pero
“En delitos
sexuales
no se aplica la
justicia por
usos y costumbres.
Los
padres de las
niñas vejadas
prefieren
transar con
los violadores.
Así se
normaliza el
estupro”.
Paola García,
a b o ga d a
también en los colegios
privados con familias estables”,
comenta Suárez.
En caso de estupro o violación a menores,
el aborto es impune, según establece
la sentencia constitucional
206/2014, aprobada en febrero de 2014
por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Esa norma establece como causales
legales para interrumpir un embarazo:
si es producto de violación, incesto
o estupro o si pone en riesgo la vida de la
m a d re.
María, “esposa”del Capitán
Cuando María, de 13 años, llegó desde
su comunidad al hospital público cruceño
por complicación en su parto, los médicos
presentaron denuncia ante la Defensoría.
Hechas las averiguaciones, se
estableció que el padre del bebé era el
capitán grande, máxima autoridad del
pueblo. Pasaba de los 50
años y convivía con la pequeña
de 13 desde hacia varios
meses.
La familia de la menor sabía
de esta situación. La conocía
también toda la población
pero se veía como algo
normal, porque él mantenía
a la pequeña que se encargaba
de las tareas domésticas.
“La niña lloraba y pedía que
no lo lleven a la cárcel porque
él era su marido. Ella vivía un
supuesto enamoramiento, a
raíz de una dependencia económica
y emocional que crea
el adulto respecto al infante”,
explica la abogada de la Casa
de la Mujer, Paola García Villagómez
.
Cuando ya se iba a detener
al hombre por cargos de estupro y violación,
los miembros de la comunidad
–incluidos los padres de la niña–avala -
ron la unión del Capitán con la menor y
anunciaron protestas. De la noche a la
mañana, María y su hijo recién nacido
desaparecieron del hospital.
“En delitos sexuales no se aplica la
justicia por usos y costumbres. No obstante
hay otros factores en juego, como
la pobreza de la familia de la víctima o la
distancia que separa a las comunidades
de los juzgados. Por esos en muchos casos
los padres de las niñas vejadas prefieren
arreglar y transar con los violadores.
Así se normaliza el delito de estupro
con concubinatos de adultos con infantes
que van en contra de los derechos de
las menores”, recalca la abogada.
Regalos para Vania
Al argumento de “usos y costumbres”
recurrió Elías V. para obtener su libertad
en 2016 después de haber sido detenido
acusado de “violación agravada a infant
e”. El hombre, de 32 años, convivía con
una niña de 13.
A esa edad, Vania dio a luz en el hospital
público cruceño. Personal del nosocomio
presentó denuncia del caso y se
inició la investigación. Según el reporte
policial publicado, la niña estaba convencida
de que se había casado y que
“así eran todos los matrimonios”.
Durante la investigación, la víctima
declaró que Elías le daba regalos y ayudaba
económicamente a su familia. Así
la fue conquistando. La embarazó contra
su voluntad y se la llevó a vivir consigo.
Los padres de Vania lo aceptaron como
yerno.
La familia, migrante de una comunidad
lejana, vivía en condiciones precarias
y agradecía los regalos del hombre
que se llevó a su niña.
“Las chicas están muy expuestas y no
sólo por las condiciones económicas, sino
por la violencia en los hogares y la
descomposición en las familias. Por eso
huyen y es cuando creen que encuentran
a un ‘s a l v a d o r’”, señala Suárez.
Recalca que en esa situación la niña es
siempre la víctima que debe ser protegida:
“La niña siente que ese adulto le está
resolviendo problemas que tiene que
ver con el hambre , nada funciona si no
está bien el estómago. Son menores que
deben ser protegidas en todas las circunstancias”.
Más casos
De acuerdo con los registros de la Casa
de la Mujer, hay muchos más casos de
convivencia forzada de niñas con personas
adultas que no salen a luz. “L amentablemente
están normalizados y nadie
los denuncia”, dice García.
Recientemente, se atendió del caso de
una menor de 14 años que convivía con
un hombre de 40, que había sido pareja
de su madre. “Botaron a la mamá de la
casa. La niña quería tomar su lugar y casi
sentía que estaba jugando a la casita,
cuando en realidad era víctima de abus
o”, relata la abogada.
“Las niñitas necesitan amor y también
necesitan atender sus necesidades básica
de subsistencia: comida, techo. Si no
tienen a nadie y encuentran un hombre
que les ofrece ayuda, ellas se aferran a él.
Y es que son apenas unas niñas, que deben
ser protegidas”, comenta la hermana
Isabel del hogar Nazaria Ignacia.

6 Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
Síganos en Facebook y Twitter
especial@ p a g i n a s i e te . b o Especial
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te @ p a g i n a _ s i e te
Punto de vista
MIRIAM SUÁREZ,
directora de la Casa de la Mujer
“Las niñas son
víctimas, nunca
re s p o n s a b l e s ”
L
as uniones entre una niña y una
persona adulta son ilegales. Son,
en general casos, en los que la menor
de edad ha vivido una situación de estupro.
Ella es la víctima y en todo momento
debe ser protegida, en ningún
caso culpabilizada.
Normalmente se trata de casos en los
que la menor de edad ha sido seducida,
ilusionada, por un adulto que a veces
se disculpa diciendo que ella lo sedujo.
Pero una niña no tiene la madurez de
un adulto. Ahí no hay justificativo de
los hombres, ellos son los responsables
y deben ser responder a la justicia.
Ocurre en el oriente, en tierras bajas,
donde la gente es alegre –quizás tiene
que ver con el clima–que las niñas son
más despiertas y eso a veces se confunde.
No es coqueterío ni ostentación del
cuerpo y ese no puede ser nunca pretexto
para que un adulto se aprovec
h e.
En los 28 años de la Casa de la Mujer
hemos ha visto decenas de casos de
convivencia forzada de menores de
edad con adultos; incluso de niñas desde
los 11 años, que están muy expuestas
y no sólo por las condiciones económicas,
sino por la violencia en los hogares
y la descomposición en las familias.
Por eso huyen y es cuando creen que
encuentran a un “salvador”.
Ese “salvador”las convence con regalos
y también convence a sus padres y termina
enamorando a la niña, embarazándola
y forzando un concubinato. Y ello
debido también a la pobreza que se vive
especialmente en las áreas rurales.
Hay también grandes carencias afectivas
de las niñas que las hacen confundir
esa seguridad que le da un hombre
adulto con enamoramiento. Normalmente
van a repetir un círculo de violencia
machista.
En muchos casos, las pequeñas son
violadas y obligadas a casarse con su
agresor. Aún pasan estas cosas pese a la
existencia de leyes , como la 348 contra
todo tipo de violencia contra la mujer,
que se aplica en estos casos.
Tampoco se aplica la sentencia que
permite el aborto en caso de violación o
estupro. Estamos en una negación de
los avances jurídicos. Existen las leyes
que nos sirven, pero debemos empoderarnos
de ellas para defender a las
mujeres, a las niñas.
Matrimonios y uniones precoces en América Latina y el Caribe
Guatemala
30% 5%
En el ámbito mundial, un 36% de
mujeres entre 20 y 24 años de edad
se casaron o tuvieron un vinculo
marital antes de los 18 años;
mientras que en América Latina y el
Caribe es de 24%. En Bolivia, según
datos publicados por
UNICEF, el
porcentaje es
de 22%.
Cuba
41% 4%
Belice
26% 2%
Honduras
33% 8%
El Salvador
25% 6%
Marco legal
El matrimonio precoz
vulnera derechos de
niñas y adolescentes
Costa Rica
18% 3%
Perú
19% 2%
Jamaica
8%
Colombia
23% 4%
Haití
18% 3%
Bolivia
22% 3%
40% 10%
Guyana
23% 5%
Brasil
36%
Surinam
18% 3%
Antes de los 18
Antes de los 15
Paraguay
17% 1%
Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
Una aproximación a la situación de adolescentes y jóvenes en
América Latina y el Caribe. / Gráfico: Ariel Aldana S. / Página Siete
Código de Familias
Tres artículos del Código de Familias
se refieren a los matrimonios adolescentes.
Es importante señalar
que no establece ninguna diferencia
ni mención a las uniones entre adultos
e infantes.
De manera excepcional,
Art. 139se podrá constituir matrimonio
o unión libre a los 16 años, siempre
que haya autorización de los padres, tutores o
a falta de ellos de la Defensoría de la Niñez y
Adolescencia. Es válida la autorización verbal
al momento de la celebración del matrimonio.

Síganos en Facebook y Twitter
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te
@ p a g i n a _ s i e te
Especial
Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
especial@ p a g i n a s i e te . b o
7
l La falta de datos
evita que se puedan
trazar estrategias de
prevención efectivas
en favor de las niñas
y adolescentes.
Página Siete / La Paz
No hay cifras oficiales en Bolivia sobre
el matrimonio precoz, que se constituye
en una de las cinco vulneraciones
graves a los derechos de las niñas y
adolescentes. Aunque invisibilizado, el
problema existe a contra ley - a veces tiene
aval social- y con énfasis en áreas rurales. Va
de la mano de los embarazos de menores de
edad, de la pobreza y de la violencia.
El matrimonio infantil es la unión formal
o informal en la que uno o ambos contrayentes
son menores de 18 años. La práctica
es considerada como matrimonio forzoso
porque no cuenta con el
Las uniones
libres
te m p ra n a s
violan todos
los derechos.
A menudo resultan
en embarazos
no
deseados,
maternida -
des forzadas
y alto riesgo
de mortalidad
materna.
Ana Angarita,
U N F PA
consentimiento pleno e informado
de una o ambas partes.
La ley establece que, de
manera excepcional, se podrá
constituir matrimonio o
unión libre de adolescentes
de no menos de 16 años,
siempre que haya autorización
de los padres, tutores o a
falta de ellos de la Defensoría
de la Niñez y Adolescencia.
En Bolivia, hay uniones de
hecho de niñas, incluso de 12
años, con hombres que les
duplican o triplican la edad.
“No hay datos”es la respuesta
de los Servicios Legales Integrales
Municipales (SLIM)
y Defensorías de la Niñez y la
Adolescencia cuando se
aborda el tema.
“Como ONU también hemos
tenido dificultad en encontrar datos
porque lo que existen son de estudios
puntuales o de sistemas de información.
Pero si nos preguntamos cuántos o qué
porcentaje de adolescentes viven en matrimonios
precoces, sus causas y sus consecuencias
no podemos dar un cifra”, declaró
Ana Angarita, representante para
Bolivia del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).
Según un informe de ONU-Mujeres
publicado en 2016, en el mundo más de
700 millones de mujeres se casaron o tuvieron
una unión antes de cumplir los 18
años. De ellas al rededor de 250 millones,
antes de cumplir 15 años.
El informe Una aproximación a la situación
de adolescentes y jóvenes en América latina y el Caribe
de Unicef, publicado en 2015, señala
que en la región el 24% de las mujeres entre
20 y 24 años se casaron antes de los 18. En
Bolivia el parámetro es de 22% de adolescentes
que se unieron antes de los 18 y 3%
antes de los 15 años, según el estudio.
Hay estadísticas que pueden orientar
sobre el tema. Un dato importante es que
en Bolivia, la población joven (hasta los
29 años) representa, según el censo de
2012, el 60,3% de la población. “Estamos
hablando de un contingente bastante
grande que demanda más en cuanto a necesidades
para desarrollar su proyecto
de vida”, explicó Angarita.
Otro dato relevante es que, Bolivia ocupa
los primeros lugares en la región en número
de embarazos de adolescentes, aunque
esa tasa ha disminuido. En cuatro
años, según datos del Sistema Nacional
de Información de Salud (SNIS), el número
de embarazos y maternidad en adolescentes
entre 15 y 19 años bajó en un 61,2%.
De 90.005 casos reportados en 2013 a
34.958 registrados hasta julio de 2017.
“Se trata de una reducción significativa
y positiva. Como Estado y como Ministerio
de Salud, en un trabajo conjunto con
los ministerios de Educación y de Justicia,
se viene implementado campañas
periódicas sobre la prevención del embarazo
en la adolescencia”, afirmó entonces
la ministra del área, Ariana
Campero.
El embarazo precoz es causa
y consecuencia de las uniones
ilegales entre adultos y
infantes. En caso de estupro o
violación de menores, el
aborto es legal, según establece
la sentencia constitucional
206/2014, aprobada en
febrero de 2014 por el Tribunal
Constitucional Plurinacional.
No obstante, la norma
no se cumple a cabalidad; en
muchos casos porque no se
presentan denuncias y los padres
de las niñas transan
uniones con los agresores antes
que demandas.
De febrero de 2014 a enero
de 2017 se registraron 120
abortos legales al amparo de
la sentencia constitucional
206/2014, según un estudio en seis departamentos
del país realizado por la organización
no gubernamental IPAS Bolivia.
Ante la falta de información sobre el
número de matrimonios precoces a nivel
regional, el UNFPA ha firmado un convenio
con Plan Internacional para realizar
un levantamiento de datos en seis países.
Bolivia está entre ellos.
“Todo este esfuerzo es para que salga una
resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre matrimonios infantiles.
Con ella se puede bajar a los países
para empezar a diseñar políticas que den
respuesta a esta situación”, dijo Angarita.
Las uniones libres tempranas violan
además todos los derechos sexuales de la
mujer. A menudo resultan en embarazos
no deseados, maternidades forzadas y
alto riesgo de mortalidad materna. “Y algo
que resta investigar son los suicidios
por embarazos tempranos y forzados”.
Embarazos adolescentes en Bolivia
En Bolivia un tercio de las muertes maternas ocurre en mujeres menores
de 24 años de edad y un 14% en adolescentes entre 15 y 19. El porcentaje
de embarazos es mayor en el área rural que en la urbana.
90.005
85.500 82.416
65.916
Paola Barriga, abogada
“Ahora se puede actuar con la
348 para denunciar el delito”
34.958
2013 2014 2015 2016 2017
(julio)
Casos Área urbana Área rural
Dio a luz antes de los 15 0,80% 1,40%
Dio a luz antes de los 18 7,10% 12,70%
*En base a mujeres de 15 a 19 años de edad
Fuente: INE, ENSDA 2016, UNFPA. / Gráfico: Ariel Aldana S. / Página Siete
Aunque el Código de Familias excepcionalmente
permite matrimonio
de adolescentes no menores
de 16 años, con autorización de
sus apoderados, las uniones de menores
de edad con adultos son delitos, explica
la abogada Paola Barriga.
Las uniones precoces ¿son legales?
En absoluto, son ilegales porque se
debe precautelar al menor de edad.
Incluso de forma constitucional un
adolescente de 18 años tan sólo tiene
derecho a sufragar. El hecho que haya
matrimonios o concubinatos con un
menor de edad o entre adolescentes
no está permitido.
Pero estas convivencias se dan,
¿por qué la ley no actúa?
Hay delitos que en materia penal
llamamos intuito persona, es decir que
si tú no los denuncias no tienen efecto.
Los concubinatos de menores de
edad con alguien mayor se califican
como estupro, pero si están consentidos
por papá y mamá, nadie denuncia
y esa menor no se siente víctima de un
hecho delictivo, no se genera un delito
a investigar.
¿Las leyes de protección a la mujer
no pueden ser aplicadas?
Ahora sí se puede actuar con la 348
bajo el amparo de violencia intrafamiliar,
por que si yo mamá o papá estoy
consintiendo esa unión estoy actuando
con violencia contra mi hija.
En ese caso la norma nos da la posibilidad
que incluso un tercero pueda
denunciar y se constituya en un hecho
delictivo. Ahí se debe ver cuál es
el motivo porque el que se está consintiendo
la convivencia: No hay que
olvidar que se puede estar dando al
interior un tema de trata o violación.
En países de la región se está prohibiendo
esa práctica, ¿qué pasa en Boliv
ia?
Acá no existe una norma específica
que prohíba; ni siquiera hay rigurosidad
para los procesos y peritajes que
se hacen a las menores en hechos de
violación. Hay casos en los que las
muchachas se arman de valor para denunciar
pero al llegar a las instancias
forenses no encuentran objetividad.
Lamentablemente si bien hay leyes
maravillosas no tenemos un personal
idóneo para su aplicación.
El Código de Familias determina
los 16 años como la edad mínima para
contraer matrimonio, siempre y
cuando haya una autorización de los
padres y legaliza las uniones libres
que esconden a la mayoría de las convivencias
tempranas.
El matrimonio o unión
Art. 170libre entre menores a la
edad requerida, se revalida por el lapso del
tiempo que hiciere falta para que los cónyuges
alcancen la edad determinada por el Código, si
siendo púberes hubieren hecho vida en común
durante dicho lapso o si hubieren concebido.
este articulo del Códi-
Penal señala que in-
Art. 309go
curre en estupro el mediante seducción o engaño
tuviere acceso carnal con una mujer que
hubiere llegado a la pubertad y fuere menor de
17 años. La sanción es la privación de libertad
de dos a seis años de edad.

8 Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
Síganos en Facebook y Twitter
especial@ p a g i n a s i e te . b o Especial
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te @ p a g i n a _ s i e te
Minas de Potosí
Daniela: Mi papá me pega, no sé
si para librarme me debo casar
Leny Chuquimia / Po rc o
“
Mi papá me pega mucho, me insulta
todo el tiempo, me grita . Mi chico
no es así, quisiera juntarme con
él, estaría mejor”, dice Daniela en un
aula del colegio de Porco. Tiene 15 años
y un embarazo de tres meses.
Hasta hace algún tiempo, le gustaba
arreglarse y tomarse fotos para subirlas
al Facebook, pero hace varios meses que
no lo hace. Sus manos están llenas de cicatrices,
hay moretones en su rostro y
viste muchas capas de ropa para esconder
su vientre que empieza a crecer.
El padre de su bebé tiene nueve años
más que Daniela y trabaja en la mina.
“En la Defensoría nos han prohibido
vernos, pero no importa; él dice que me
va a esperar”, afirma la joven. Ve en él, su
primer amor, un escape al miedo y a la
violencia de su casa.
Daniela y su pareja viven en Porco, uno
de los municipios mineros de Potosí,
donde los hombres entran a los socavones
desde los 12 años. A los 20 años, la
mayoría de los jóvenes ya tienen por lo
menos dos hijos.
A ese pueblo acunado por montañas
teñidas de colores por el mineral, a diario
llegan desde otras comunidades
hombres jóvenes “para probar la suerte
del Tío de la mina”. Llevan consigo a sus
l El machismo origina círculos de violencia
familiar. Para escapar muchas niñas,
erradamente, se unen en concubinatos.
esposas, muchachas que pocas veces pasan
de los 16 años. Muchas de ellas también
huyeron del maltrato que
sufrían en sus hogares. Aceptaron
concubinatos como salvavidas
momentáneos que, a
la larga, perpetúan la violencia.
“Mi papá mucho nos pegaba
a mi mamá y a mí. Cuando he
conocido a mi esposo, bonito
hablaba: el hombre no debe
pegar a la mujer, me decía y
que nos escapemos a la mina
porque se gana bien. Como yo
ya había conocido hombre me
han votado de mi casa y me he
juntado con él. Me arrepiento
porque ahora cuando está borracho
me pega”, cuenta Flora
en el centro de salud de Porc
o.
Tiene 16 años y un bebé de tres semanas.
Flora llegó a Porco con esposo de 31
años desde “más allá de Macha”.
“Tal vez
sería mejor
juntarme con
mi chico, así
mi papá ya no
me maltrataría
. Mi pareja
dice que voy
a seguir estudiando,
pero
¿por ahí no es
así?”
Daniela,
a d o l e s c e n te
e m b a ra z a d a
El 2017 el hospital del centro minero
reportó 47 embarazos en adolescentes.
De ellos menos de cinco correspondían
a muchachas del municipio.
“Son casos de parejas
que llegan de otros lugares, son
migrantes. Por eso no podemos
identificar ni a los progenitores
de la menor gestante ni aplicar
campañas de prevención. Pero
cuando vienen ya implementamos
la planificación familiar”,
señala el encargado de obstetricia.
Daniela conoció a su pareja
hace dos años; cuando ella tenía
13 y él 21 años. Le dio un celular
y otros regalos; de a poco
se convirtió en su confidente.
El año pasado después de una
fiesta se la llevó con él; el “ro b o”
es una práctica común en la región para
empezar el concubinato.
“Me quedé con él dos días. Al tercero
me dijo que quería hablar con mi padre.
Fuimos pero mi papá no quiso recibirle
ni escucharle. A mí me encerró en la casa
y me dio una paliza”, relata.
Daniela recuerda ese episodio como
un sueño borroso. No veía nada de tantos
golpes y sentía como por nariz y boca
le escurrían hilos de sangre. Su padre
también le fracturó un brazo.
Su madre corrió a buscar ayuda a la
Defensoría pero ésta estaba cerrada. “De
ahí fuimos a la Policía, pero ellos me pusieron
en una esquina mirando a la pared
y no me dejaron hablar. Le dijeron a
mi mamá que no se meta, que mi papá
era hombre y sabía lo que hacía, que podía
matarme porque tenía derecho”.
La entonces trabajadora social del
SILM Marcela Quispe se enteró del caso
días después. “La Policía no hizo ningún
registro pero la abuela pidió que le ayudemos
a que se reconozca al bebé”.
Aunque no hizo nada por proteger a
Daniela de la violencia paterna, la Defensoría
advirtió un caso de estupro:
“Dicen que si me voy con mi chico es un
delito porque es mayor. Yo no sabía eso,
él me quiere”, dice la quinceañera. La familia
del varón pide a la pareja que “se
junte de una vez”. Pero Daniela duda.
Ella quiere estudiar y tener una carrera.
En Porco, ni autoridades de la Policía
ni de la Defensoría quisieron hablar del
caso de Daniela.

Síganos en Facebook y Twitter
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te
@ p a g i n a _ s i e te
Especial
Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
especial@ p a g i n a s i e te . b o
9
Agua Castilla, Potosí
Mujeres con guardatojos luchan
contra el embarazo precoz
Leny Chuquimia / Agua Castilla
¡
Ya has tenido un hijo para mí. Eres y
serás mi mujer!, le increpó a la salida
del colegio antes de asestarle un golpe
tan fuerte que la tumbó. Carolina tenía
16 años y llevaba a su bebé de meses
en brazos; pero nadie la defendió.
Carolina había decidido irse de su hogar,
ese en el que por un par de semanas
vivió con su pareja. Apenas dio unos pasos
fuera del colegio en el que estudiaba
cuando sintió el primer golpe y no logró
incorporarse para protegerse de los siguientes.
Nadie la ayudó pues en Agua
Castilla, comunidad minera del municipio
potosino de Porco, la idea que el
hombre tenía todos los derechos sobre
“su mujer”era el común denominador.
Han pasado seis años de todo ello. Carolina
es parte de una generación que
“Lo deje y
escapé a Potosí.
Ahí trabajé
y terminé
el colegio.
Pero aún así
donde me
veía me pegaba.
Decía que
aunque tuviera
una esposa
yo le
per tenecía
porque ya había
tenido un
hijo de él”.
Carolina L.
fue madre a
los 15 años.
–junto a clubes de madres,
profesores y autoridades–
ha decidido
prevenir el embarazo
adolescente, la violencia
contra la mujer, el
machismo y las uniones
tempranas y forzadas.
Situaciones que forman
parte de un círculo del
que pocas logran salir.
“Aprendí a la fuerza.
Cuando empecé a enamorar
todo era bonito.
Claro, entonces yo era
chica, tenía 14 años, y él
era cinco mayor”, dice.
El día que ella cumplió
15, el que sería el
papá de su primer hijo
le prometió una sorpresa.
Le regaló flores y con
los ojos vendados la
condujo por las calles
del pueblo hasta su habitación. En medio
de la penumbra el le pidió la “fa m o s a
prueba de amor”.
“Al principio yo no entendía de qué
hablaba, pero ahora que ya todo pasó
aprendí que eso no era amor. Fue la primera
vez que tuve relaciones y me embara
c é ”, relata la joven.
Al enterarse, él se fue al cuartel y no
volvió sino hasta después de que el niño
nació. A su retorno dio su apellido al niño
y ambos hablaron de vivir juntos. Pese
a que los papás de Carolina no estaban
de acuerdo, nadie pudo impedir el concubinato
que duró menos de un mes.
“Tenía 15 años y pensé que no me quedaba
otra salida que irme con él. En esas
semanas casi me mata, me pegaba todos
los días mi hijo veía y lloraba, hasta hoy
tiene pesadillas. Luego me enteré que
tenía esposa y otro hijo que había nacido
poquito antes que el mío”, cuenta.
Hasta entonces, Carolina había estudiado
con su hijo a cuestas. Ayudada por
sus compañeros, había decidido abandonar
a su pareja; lo que ratificó después
de las golpizas y agresiones.
l El pueblo minero Agua Castilla marchó
contra la violencia hacia las mujeres y se
organiza para combatir el machismo.
“Ya había salido de mi casa y con qué
cara iba a volver con mis papás. Me fui a
Potosí, ahí trabajé y terminé el colegio.
Pero donde él me veía me pegaba. Aunque
estaba casado, repetía que yo le pertenecía”,
recuerda.
Madres, estudiantes y guardatojos
En 2016, el cuerpo de Marlene Choque
Villa, de 25 años, fue encontrado sin vida
en los alrededores del pueblo Agua de
Castilla. Ella también tuvo su primer
hijo muy joven y empezó a convivir con
el padre del niño antes de salir del colegio.
Su asesino fue su expareja.
No era la primera vez que se registraba
un feminicidio, pero sí la primera cuando
toda la población , indignada, exigió
un alto. Madres, estudiantes, mineros y
autoridades emprendieron una marcha
rumbo a Potosí pidiendo justicia para
Marlene. Meses después repetían el peregrinaje
por la violación de una niña.
La extrabajadora social del SLIM y la
Defensoría de la Niñez y la Adolescencia
de Porco, Marcela Quispe, señala que el
municipio minero arrastra una fuerte
carga machista y que el alto consumo de
“Una vez
encargué a un
muchacho
que ayude a
servir el desayuno
escolar
en el curso.
Me respondió
que él no hacía
eso, que
era cosa de
mujeres ”.
B e r n a rd i ta
M o n te s i n o s ,
profesora de
Agua Castilla
alcohol genera olas de violencia contra
la mujer. Los varones ingresan a trabajar
a la mina desde los 12 años y a los 15 ya beben
a la par de sus progenitores.
En lugar de lazos de comunicación y
amor para los hijos hay maltrato y violencia
y ello incide en los embarazos
adolescentes. La misma situación se ha
repetido a lo largo de generaciones.
“Desde el 2013 se ha trabajado en temas
de prevención mediante el teatro.
Al principio eran apenas unos seis alumnos
pero ahora tenemos 12 grupos que
también hacen música y que hablan de
violencia, alcoholismo, machismo, embarazo
adolescente y uniones tempranas.
Poco a poco la forma de pensar está
cambiando. Las cifras de embarazos
dentro del colegio han bajado”, comenta
la profesora Bernardita Montesinos.
Cuando ella llegó al establecimiento,
hace ocho años, encontró niñas y adolescentes
introvertidas y tímidas. Ninguna
tenía planes a futuro,
salvo formar una
familia, lo que hacían
incluso antes de salir
del colegio.
“Recuerdo que una
vez encargué a un muchacho
servir el desayuno
escolar. Me respondió
que eso era cosa de
mujeres. Con el teatro,
serio o chistoso, hemos
visibilizado este problema”,
comenta.
Después de cinco
años, ahora ve un cambio.
Las chicas asumen
roles de liderazgo en la
dirigencia estudiantil y
quieren seguir carreras
universitarias. “Sienten
y saben que pueden decidir
sobre su cuerpo y sobre su vida”.
La madre de familia Maribel Quispe
explica que abordar estos temas no fue
fácil porque al principio ni los directores
del colegio ni los padres querían que a
los estudiantes se les hable de embarazos
o de violencia. Ahora ya hay una red
de prevención y ella es la presidenta.
“Aún no hemos logrado entrar a Porco
porque la misma población se resiste,
pero en Agua Castilla hay más conciencia.
Al principio yo misma mentía para ir
a las reuniones porque mi esposo y mis
hijos pensaban que sólo debía atenderles
a ellos, ahora me apoyan”, dice doña
Maribel, esposa y madre de mineros.
Carolina ahora tiene 21 años y recuerda
su experiencia con tristeza y rabia pero
también con esperanza. Rehizo su vida,
tuvo un segundo hijo y se casó con un
hombre que la ama y respeta.
Con orgullo, la “p ro f e” B ernardita
cuenta que en el festival de teatro del
club de madres de 2017 por primera vez
participaron hombres “con todo y guardatojos”en
una obra antimachista. Uno
de ellos era el esposo de Carolina.

10 Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
Síganos en Facebook y Twitter
especial@ p a g i n a s i e te . b o Especial
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te @ p a g i n a _ s i e te
Departamento de Tarija
Jackeline llevó a la cárcel al
“m a r i d o”de quien escapó
Liliana Carrillo V. / Tarija
Cuando tenía 12 años, Jackeline fue
violada, embarazada y obligada a
convivir con su agresor de 38 años.
En cuanto pudo huyó con su bebé de su
casa en Bermejo y halló refugio en un albergue
de Tarija. Estudió y esperó pacientemente
para, al cabo de años, iniciar una
demanda contra el hombre que “hizo de
su infancia una pesadilla”.
Su padre tenía una discapacidad física
que lo hacía especial, como especial era
la mujer con la que se casó. Jackeline
perdió a su progenitor cuando tenía 9
años y a los 11 ya tenía padrastro. Era un
hombre más joven que su madre y que,
se rumoreaba en el pueblo, vivía a costa
de ella. Trabajo no se le conocía.
A los 12 años Jackeline fue violada por
su padrastro. Su madre, que sabía del
abuso constante, no hizo nada por detenerlo.
“No quería que él se vaya e intentó
retenerlo incluso a costa de su hija”,
cuenta Karina Flores, responsable del
Servicio Legal Integral Municipal
(SLIM) dependiente de la Secretaría de
la Mujer y la Familia de Tarija.
Jackeline resultó embarazada a los 13
años y huyó de su Bermejo natal. En la
ciudad de Tarija encontró cobijo en el albergue
Vida Digna que atiende a niñas y
adolescentes víctimas de violencia.
l Cuando tenía 12 años, fue violada,
embarazada y obligada a convivir con su
agresor de 38 años.
Allí conoció Karina a Jackeline. “Se esforzó
mucho, por ella y su bebé. Logró
estudiar enfermería y mantenerse con
mucho esfuerzo”, relata. Después
de años, la joven inició el
proceso contra el hombre que
la violó cuando era una niña.
Hubo un juicio y una sentencia:
20 años de cárcel para el
ag re s o r .
“Es un caso entre pocos en
los que hubo respuesta de la
justicia”, comenta la responsable
del SLIM de Tarija. En su
experiencia, hay uniones de
menores con sus agresores que
nunca se denuncian y hasta se
aceptan socialmente.
“Por razones culturales, en
muchas comunidades, los padres
de familia no entienden que cuando
un hombre mayor embaraza a una
menor de edad hay un delito; que es el
estupro. Hace falta aún orientación”,
sostiene la abogada.
“Por razones
culturales,
los padres
no entienden
que
cuando un
hombre mayor
embaraza
a una menor
hay delito de
estupro”.
Karina Flores,
SLIM
En la gestión 2017, la Defensoría de la
Niñez de Tarija atendió 203 causas de
delitos sobre la libertad sexual de menores:
violaciones, estupros o
corrupción de niños niñas y
adolescentes.
“Al menos una decena fueron
de menores embarazadas por
adolescentes o por adultos, lo
que se constituye en delito de
e s t u p ro”, explica el responsable
de la Defensoría, Ramiro
Pérez. No hay datos sobre los
casos concluidos.
En San Lorenzo, el año pasado
una mujer denunció que su
exmarido había “s e c u e s t ra d o”
a su sobrina con intenciones de
vivir con ella. La niña, de 13
años, había logrado escapar del
agresor. El caso aún está en investigación.
“Pero es un avance que se haya presentado
una denuncia”, asegura Pérez.
Hace tres años, la Defensoría del Pueblo
de Tarija denunció públicamente el
caso de un supuesto matrimonio forzado
entre una menor, víctima de violación,
con su agresor. El enlace ilegal permitió
al imputado salir del penal Morros
Blancos donde estaba detenido.
“Lamentablemente se traban los procesos
en los juzgados. En Tarija hay una
sola juez de familia y ello deriva en retard
a c i ó n”, asegura Patricia Paputsakis, secretaria
de la unidad de la Mujer y la Familia
del gobierno municipal de Tarija.
Asegura que desde su despacho se llevan
adelante una serie de acciones en
miras al empoderamiento de las mujeres
y de los niños, niñas y adolescentes. “Pa -
ra que estén consientes de sus derechos
y los hagan respetar”.
“Creemos que una de las claves es la
prevención y la educación. Por eso para
evitar los matrimonios precoces, trabajamos
en la prevención de los embarazos
en adolescentes”, explica Paputsakis.
Brigadas integrales orientan y
atienden a los alumnos y alumnas de
las 76 unidades educativas del municipio,
dice.
Para la directora del SLIM, la clave está
en la educación. “Que los padres sepan
que las niñas son un tesoro, que tienen
derecho a vivir su niñez. Esa es responsabilidad
compartida”. Y cierra la historia:
Jackeline tiene un segundo hijito, está
casada, tiene trabajo...es feliz.

Síganos en Facebook y Twitter
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te
@ p a g i n a _ s i e te
Especial
Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
especial@ p a g i n a s i e te . b o
11
Penal Morros Blancos
Defensoría: Forzaron a una niña a
casarse para liberar a su violador
Página Siete / Tarija
l El caso fue denunciado en la ciudad de
Tarija. Tres años después no hay resultados
de la investigación.
En 2015, la representación del Defensor
del Pueblo en Tarija denunció un
matrimonio forzado de una menor
de 13 años con su violador. El enlace ilegal
había permitido al imputado salir de la cárcel.
Han pasado tres años y no hay resultados
en el caso.
“Seguimos a la espera de alguna determinación
de la justicia sobre aquel caso viciado
de ilegalidad”, explicó la actual representante
del Defensor del Pueblo en Tarija,
Carola Romero. La denuncia fue presentada
por la anterior gestión, encabezada
por Gladys Sandoval Salgado.
De acuerdo a la investigación policial,
en agosto de 2015 se realizó en el penal de
Morros Blancos el matrimonio entre el
acusado de violación y la muchacha menor
de edad, su supuesta víctima.
“Han hecho aparecer un certificado de
matrimonio de un oficial de Registro Civil.
Hicieron el documento a raíz de la investigación.
Dijeron que el matrimonio
fue efectuado dentro del penal, pero resulta
que según los cuadernos de ingreso
en las fechas en las que se legaliza la
unión ni el oficial de Registro Civil ni la
menor entraron al penal a realizar el mat
r i m o n i o”, aseguró la entonces representante
de la Defensoría.
El abogado defensor del acusado sostuvo
que el enlace había sido por consentimiento
de la madre de la niña.
La ley establece que de manera excepcional
se podrá constituir matrimonio
o unión libre de adolescentes
de no menos de 16
años siempre que haya autorización
de los tutores. No obstante,
las uniones de infantes
con adultos son consideradas
delitos de estupro o violación.
“La figura que se ha presentado
es violación y así está la imputación
formal en contra de la
persona de 28 años que ha tenido
relaciones sexuales con una
niña, incluso antes de cumplir
los 13 años, ella tenía 12 años en
ese momento”, era el argumento
de la Defensoría
La madre de la víctima se sumó
a la denuncia. “Se trata de un matrimonio
ilegal, obligado, armado, que solo
tuvo el objetivo de dar libertad al agresor de
mi hija”, declaró entonces ante la prensa.
“Se precisa
trabajo de
varias instancias
para concientizar
a la
población de
que no es
normal que
una niña viva
en concubinato
con un
a d u l to”.
Carola Romero,
defensora del
Pueblo, Tarija.
Han pasado tres años de aquellos hechos
y ha cambiado la delegada del Defensor
del Pueblo. Hoy, Carola Romero
lamenta que no haya avances en
ese caso.
“Cuando el acusado ha admitido
que la menor lo estaría frecuentado
en el penal Morros
Blancos, se estaría continuando
con la victimización de la
menor de edad. No se presentaron
los resultados de la investig
a c i ó n”, asegura.
En los dos años de su gestión
como representante del Defensor
del Pueblo, Romero ha atendido
denuncias relacionadas a
retardación de justicia en casos
de estupro o violaciones de menores,
procedentes mayormente
de las áreas rurales de Tarija.
“Estos enlaces de infantes con adultos,
donde en toda circunstancia el consentimiento
está viciado, se registran más en
las comunidades de los valles y del Chac
o”, dice la abogada.
La consecuencia de los matrimonios
forzados son los embarazos precoces, las
situaciones de dependencia emocional y
la frustración del futuro de las niñas -reitera
Romero-. Normalmente hay violaciones
y abusos a las niñas , casos en los
que se debe aplicar la Ley 348.
“Se precisa el trabajo de varias instancias
para que se logre conscientizar a la
población de que no es normal que una
menor de edad tenga una relación de
concubinato con un adulto, ni que haya
esposas niñas. Como Defensoría del Pueblo
cuando conocemos un hecho de esa
naturaleza, hacemos el seguimiento para
evitar la retardación de justicia”, explica
la delegada.
Recuerda un caso, en Villamontes, en
el que una quinceañera vivía con un hombre
de más de 50 años, que además estaba
casado. La joven estaba obligada además
a realizar trabajos domésticos y sufría
constantes castigos y agresiones.
“La ley es clara en estos casos: la menor
de edad es siempre la víctima y el responsable
es el adulto. No se puede acusar a
una niña y menos aún revictimizarlas.
Estas situaciones evidentemente están
relacionadas con la idiosincrasia. Hay
que empoderar a las mujeres y a los mismos
varones”, aconseja.

12 Página SIETE J u eve s 8 de marzo de 2018
Síganos en Facebook y Twitter
especial@ p a g i n a s i e te . b o Especial
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g i n a s i e te @ p a g i n a _ s i e te
San Buenaventura, Norte de La Paz
Pobreza, el velo que cubre a las
niñas que se vuelven esposas
Leny Chuquimia / San Buenaventura
l Las comunidades aceptan la unión de
menores con hombres que les doblan la edad
en miras a mejorar su calidad de vida.
Samaí H. tiene 13 años y hace unos
meses se convirtió en mamá. La noticia
de su embarazo le cambio la
vida. Dejó la escuela y –como le pasó a su
madre, su abuela y a muchas mujeres de
su comunidad–fue “e n t re g a d a ”al padre
de su hijo, como su “esposa”.
“Todavía no me he juntado bien. No sé
qué será cuando vuelva a la comunidad
con el niño”, dice la niña con el acento típico
del norte de La Paz. Llegó al hospital
de San Buenaventura desde Tumupasa
donde dio a luz a un bebé prematuro. Su
vientre aún está hinchado y sus pechos
diminutos, sin una gota de leche para el
hijo que duerme en una incubadora.
Relata que conoció a su “p a re j a ”hace
poco más de un año –él tenía 22 y ella no
había cumplido 12–, que se hizo su amigo,
que le daba regalos, que después se
convirtió en su enamorado y que ahora,
que iba a nacer su hijo, prefirió quedarse
trabajando en Tumupasa. “Él es mayor…
pero allá es lo normal ”, justifica.
En el hospital de San Buenaventura
hace poco atendieron el parto de una niña
de la misma edad de Samaí. “Hicimos
la denuncia a la Defensoría, pero sus padres
decidieron entregar a la pequeña a
su pareja –de 30 años– y formalizar la
unión. No pudimos hacer nada más”, dice
el director interino del nosocomio,
Santos Gutiérrez.
“El es mayor…pero
aquí eso es
normal. Todavía
no me
he juntado
bien. No sé
qué será
cuando vuelva
a la comunidad
con
elbebé”.
Samaí H.,
mamá de13 años
de edad.
Las embarazadas primerizas
que llegan al hospital referencial
del norte paceño provienen
de pueblos alejados.
Tienen 13, 14 ó 15 años y conviven
con hombres que les doblan
o triplican la edad en
uniones libres o matrimonios
de hecho. Para sus familias y
comunidades esta situación es
“totalmente normal”.
“A veces, las familias son tan
pobres y numerosas que prácticamente
se ven obligadas a
entregar a sus hijas, piensan
que ellas tendrán mejor vida.
Eso prometen los hombres pero
al final las abandonan”, lamenta
el galeno.
Samaí tiene seis hermanos, cuatro son
mujeres y la menor apenas tiene tres
años. Sólo los varones son bachilleres;
ellas se embarazaron o se fueron a la zafra
de castaña. “Yo también me hice de
familia muy joven, a los 15 ya tenía mi
primer hijo. Así es la vida aquí”,
cuenta su madre.
Para el director municipal de
Educación de San Buenaventura,
Alcides Torres, las uniones
precoces truncan el desarrollo
personal y las oportunidades
de niñas y adolescentes, lo que
consolida la cadena de pobreza
para la mujer. “Una vez que forman
su familia dejan de estudiar.
Por eso hemos abierto un
centro alternativo para mamás
y el año pasado hemos tenido
36 graduadas”, cuenta.
Asegura que el municipio ha
tratado de intervenir en estas
uniones pero no ha tenido resultados.
“En un caso, la joven
desapareció. La encontramos con un
hombre mayor y empezamos la denuncia
por estupro. Él fue detenido pero la
adolescente intentó envenenarse. El padre,
por miedo, ha entregado a su hija”.
Y es que la sociedad admite el concubinato
y maternidad en menores de
edad. “Hace falta educación. Lamentablemente,
la comunidad ve el tema como
algo admisible, normal y natural”,
dice la directora del SLIM y la Defensoría
de la Niñez y la Adolescencia de San
Buenaventura, Helen Jiménez.
Al igual que en otros regiones del país,
en el norte paceño no hay datos sobre
cuántas niñas y adolescentes viven o vivieron
en esta situación. Se estima, no
obstante, que el 50% de las menores de
18 años conviven con una pareja contemporánea
o que les dobla la edad.
“Lo que sabemos es que gran parte de
las muchachas que se casan antes de los
15 años proceden de familias de bajos recursos.
Al conseguir un marido –s o b re
todo cuando éste es mayor– su estatus
económico mejora, incluso su alimentación
y su forma de vestir mejoran. Por
eso sus padres o ellas mismas buscan pareja,
piensan que van a mejorar su vida.
No nos queda más que apoyarlas para
que tengan una convivencia pacífica”,
sostiene Jiménez.
Samaí mira a su hijo de lejos. No lo toca,
no lo abraza, no tiene planes para su
futuro ni el de ella. “Antes tampoco tenía
ningún plan. Ha sido un descuido”, dice
con voz quedita, de 13 años.