BOLETÍN MENSUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Nº 87

Boletín Mensual
N ° 8 7
J u l i o d e 2 0 1 8
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Relatoría
En este boletín se destacan algunos de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo
de Boyacá proferidos en las diferentes acciones constitucionales, ordinarias y especiales.
“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar
cortésmente, responder sabiamente, ponderar
prudentemente y decidir imparcialmente.”
Sócrates

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C o n t e n i d o :
P opular
Popular 3
T utela
Tutela
8
Nulidad y restablecimiento
del derecho 10
Repetición 19
ulidad y restablecimiento del
N derecho
Validez de acuerdo
municipal
21
R epetición
Sentencias de especial
interés general
25
alidez acuerdo municipal
V
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CONSULTE LA
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PROVIDENCIA
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radicación de cada proceso para consultar la providencia
audiencia .
SENTENCIAS
DE INTERÉS

P á g i n a 3
POPULAR
MAGISTRADO: Dr. JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 24 de abril de 2018.
ACCIÓN: POPULAR
ACCIONANTES: GINA MARCELA LÓPEZ CASTEBLANCO Y OTRO
DEMANDADO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
RADICACIÓN: 15001333100720080011801
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN POPULAR - Procedencia para cuestionar el cumplimiento de un contrato estatal.
ACCIÓN POPULAR - Inexistencia de vulneración de derechos colectivos con ocasión de contrato de
comodato suscrito entre la UPTC y la Cámara de Comercio de Tunja para el mantenimiento y conservación
de sitito histórico denominado “Pozo de Donato”.
TESIS:
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
Conforme a lo anterior, advierte la Sala que en el presente asunto se cuestiona la vulneración de
derechos colectivos por el presunto incumplimiento del contrato de comodato, suscrito entre la
UPTC con la Cámara de Comercio de Tunja. Sea lo primero señalar por parte de esta Sala, que los
contratos de las entidades públicas no escapan al ámbito de la acción popular, cuando con ocasión
de los mismos resulten amenazados o vulnerados los derechos colectivos, toda vez que en ellos está
contenida la actividad del Estado, en tanto son celebrados por las Entidades Públicas para cumplir
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines
(artículo 3 o de la Ley 80 de 1993), llevan ínsito el principio de legalidad, tienen la impronta del interés
general y son expresión del ejercicio de la función administrativa (art. 209 de C.P.). Es decir, no
se discute la procedencia de este medio procesal cuando la conducta vulnerante del derecho o interés
colectivo es un contrato estatal, toda vez que se trata del mecanismo idóneo para la protección
de los derechos e intereses colectivos, con independencia de la naturaleza de la conducta vulnerante.
A tal conclusión se arriba sin mayor dificultad al revisar el contenido de los artículos 9, 15, ordinal
b) del 18 e inciso segundo del 40 de la Ley 472, los cuales señalan genéricamente y de forma reiterativa
que estas acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, sin circunscribir
a determinada categoría de actuación su procedencia. En efecto, se desprende de estas
disposiciones inicialmente cuando consagra su procedencia frente a toda acción u omisión de las
autoridades públicas, criterio que se reitera al atribuirle competencia a esta Jurisdicción para el
conocimiento de aquellas que provienen de la acción u omisión de las entidades públicas; y luego al
indicar los requisitos de la demanda, cuando también en referencia genérica exige la indicación de
los hechos, actos, acciones u omisiones que dan lugar a la acción, actuaciones estas en las cuales,
sin duda, tiene cabida la celebración de un contrato, como acto jurídico generador de obligaciones.
En suma, de estas normas se infiere que un contrato con entidades públicas puede ser causante de
una vulneración de un derecho o interés colectivo y que frente a esas situaciones el juez cuenta con
unas atribuciones muy amplias para hacer cesar esa vulneración o amenaza. Conforme a lo anterior,
para lograr determinar la vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados, encuentra
la Sala probado lo siguiente: (…). Hasta aquí observa la Sala que efectivamente dentro del contrato
de comodato suscrito entre la Cámara de Comercio de Tunja y la UPTC, se encontraba la facultad
de entregar en arrendamiento las instalaciones allí construidas con el ánimo de atender los gastos
de mantenimiento y conservación del Pozo de Donato, por lo que, contrario a lo señalado por la
parte apelante, si contaba con dicha facultad de explotación comercial en beneficio del mismo terreno
y que en efecto se refleja con las demás pruebas que a continuación se relacionan.(…) Ahora
bien, como quiera que uno de los argumentos de disenso del apelante es que con el contrato de
comodato suscrito se vulneran derechos colectivos al goce, utilización y defensa de los bienes de uso
público así como la defensa de! patrimonio cultural de la Nación, advierte la Sala que a lo largo del
material probatorio acercado al expediente se logró evidenciar que las condiciones actuales del sitio
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denominado como “Pozo de Donato”, son óptimas para recibir transeúntes y turistas de toda clase;
asimismo, contrario a lo dicho por la alzada, el espacio no tiene ningún tipo de restricción para su ingreso,
hecho que desmiente que solamente este apto para el ingreso de los clientes al restaurante
Pizza Nostra, argumento este que no es de recibo para esta Sala, pues como es de público conocimiento,
el ingreso a las instalaciones del Pozo de Donato, son de libre concurrencia y así fue certificado por
el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, en el memorial obrante a folio 561 del
expediente, al señalar que: “este parque ha estado abierto para que toda la ciudadanía lo disfrute, el
cual está considerado como uno de los sitios más bonitos, cuidados y seguros de la ciudad”. (…). Ahora
bien, en cuanto al argumento de la recurrente, del incumplimiento del numeral cuarto del contrato de
comodato en lo que tiene que ver con la destinación, “clausula cuarta del convenio al no desarrollar el
fomento del conocimiento del valor arqueológico, histórico y cultural del parque Pozo de Donato”,
advierte este Órgano Colegiado que contrario a lo expuesto, el numeral cuarto del convenio suscrito
entre las partes habló de la prohibición de la actividad comercial del sitio para efectos lucrativos; sin
embargo, con posterioridad se firmó una adición al contrato en el que se modificó precisamente ese
numeral, permitiendo la entrega en arrendamiento de la construcción que allí se encontraba, para
poder atender los gastos ocasionados por los arreglos acordados ; en todo caso, a lo largo del decurso
procesal, se logró probar con suficiencia que en el sitio denominado “Pozo de Donato", se ha propendido
por el fomento histórico y cultural del parque, hecho que es soportado con el material fotográfico
aportado. (…) Teniendo en cuenta lo anteriormente trascrito, no cabe duda para este Órgano Colegiado
que los proyectos de restauración, remodelación y mantenimiento para revivir el valor histórico del
Pozo de Donato, que en algún momento se encontraban en total deterioro y descuido, vienen siendo
cumplidos por parte de la Cámara de Comercio de Tunja, conforme al convenio suscrito entre esta y la
UPTC, conservando el valor histórico y arquitectónico desde la suscripción de dicho contrato de comodato
hasta hoy, así como del suministro de Información historia a todos quienes visitan el lugar y sin
restricción alguna, lo cual permite concluir que no existe vulneración o afectación alguna a los derechos
colectivos conculcados en la presente acción popular. En este orden de ideas, estima la Sala que
el recurso de apelación no está llamado a prosperar, por cuanto el acervo probatorio recaudado en
este proceso no permite inferir la trasgresión a los derechos colectivos al goce, utilización y defensa de
los bienes de uso público, así como la defensa del patrimonio cultural de la Nación y de la simple afirmación
o análisis realizado por la parte apelante no se colige, como se analizó, una conducta lesiva o
capaz de generar un daño, peligro grave o amenaza de los derechos colectivos estudiados. En conclusión,
la falta de demostración de la existencia de amenaza o vulneración a los derechos colectivos
invocados conducen a que se nieguen las súplicas de la demanda y, por ende, a confirmar la decisión
del a quo.
MAGISTRADO: Dr. FABIO IVAN AFANADOR GARCÍA
PROVIDENCIA: Auto de fecha 22 de mayo de 2018.
ACCIÓN: POPULAR
ACCIONANTES: SERGIO AUGUSTO AYALA SILVA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TIBANÁ
RADICACIÓN: 15001333300420180003101
DESCRIPTORES – Restrictores:
TÉRMINOS - Diferencia entre interrupción y suspensión.
TESIS:
Debe señalarse que tanto la interrupción como la suspensión de términos, se relacionan de manera
directa con los eventos expuestos por el legislador en los incisos cuarto y quinto del artículo 118 del
C.G.P., norma que consagra lo siguiente: (…).Pues bien, como puede observarse, el inciso tercero de la
norma antes mencionada relaciona de manera específica la interrupción de los términos, hipótesis en
la cual el plazo corrido deja de contarse, para volver a correr íntegramente. Al respecto, la doctrina
nacional ha señalado: "Así las cosas se tiene que siempre que un auto conceda un término y se pida
reposición del mismo estaremos frente al fenómeno de la interrupción de términos previsto en el inciso
cuarto del art. 118 del C.G.P, caso en el cual el término se vuelve a contar íntegramente, lo que pone

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de presente que la utilización de la reposición puede ser un medio para lograr de hecho la ampliación
de determinados plazos, porque en el caso de interrupción de los términos no se toma en consideración
el que ya había corrido. "Caso contrario sucede con la suspensión, evento en el cual el término
que ha corrido mantiene sus efectos pero se suspende su cómputo para reanudarse en lo que
faltó.
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIONES POPULARES - El término para subsanar la demanda es de tres días.
ACCIONES POPULARES - Caso en el cual se aplicó el término de diez días para subsanar la demanda
previsto en el artículo 170 del CPACA por haberse inducido en error al actor.
TESIS:
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
En materia de acciones populares existe norma especial que señala el término para efectos de subsanar
la demanda que carezca de los requisitos señalados en el artículo 18 ibídem, en este caso, el
artículo 20 de la Ley 472 de 1998 que dispone: (…) Conforme a lo anterior, se tiene entonces que en
materia de acciones populares, hoy denominada por el CPACA como medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, el artículo 20 de la Ley 472 de 1998 consagra que en los eventos
en los que la demanda no cumpla con los requisitos establecidos en la ley, esta deberá inadmitirse,
para lo cual se le concederá al actor un término de tres (3) días a efectos de que subsane las
irregularidades que la misma adolece. Frente al caso en estudio, y antes de entrar a analizar el
fondo del asunto, se debe advertir que el A quo Incurrió en un error grosero al haber concedido al
actor el término de 10 días para efectos de subsanar el escrito de demanda, dando aplicación al
artículo 170 del CPACA, obviando por completo que en materia de acciones populares existe norma
especial que regula dicho término. Conforme a lo anterior, se tiene entonces que el juez de primera
Instancia aplicó una norma distinta a la que regula el término para subsanar la demanda en lo que
se refiere a acciones populares, trasgrediendo igualmente el artículo 13 del C.G.P que establece "Las
normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún
caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares...". En
ese sentido, se debería dar aplicación a la norma que se acaba de mencionar; no obstante, se debe
tener presente que la acción popular, al ser una acción pública, implica que la misma puede ser presentada
por cualquier persona, esto es, sin la suficiente preparación profesional para considerarlas
como conocedoras de la ley. En otras palabras, al estar legitimada cualquier persona para presentar
una acción popular, injusto sería exigírsele que tuviera que ser conocedora del término que dispone
la ley para efectos de subsanar la demanda, cuando la misma no cumple con los requisitos señalados
en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998. Ahora bien, frente al caso en estudio, mal haría la Sala
de exigirle que tuviera que conocer del término del cual se dispone para subsanar la demanda en
materia de acciones populares, más aun cuando fue el A quo, quien hizo incurrir en error al actor,
concediéndole un término distinto para subsanar el escrito de demanda. Por lo expuesto, partiendo
de la confianza que le generó el juez de primera instancia al demandante, es decir, atendiendo a la
circunstancias propias del caso, la Sala dará aplicación al término de los diez (10) días que fueron
concedidos de manera equivocada por el A quo para efectos de subsanar el escrito de demanda,
haciendo un fuerte llamado de atención al juez de primera instancia para que en futuras oportunidades
se abstengan de sustituir normas de orden público.
TÉRMINOS - Diferencia entre interrupción y suspensión.
También se encuentra demostrado que contra la anterior providencia, mediante escrito del 20 de
febrero de 2018 el actor, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto a través de auto del 26
de febrero del mismo año, en el que se decidió no reponer el auto de inadmisión y se le indicó al
demandante que se reanudaría el término para subsanar la demanda, providencia que se notificó
por estado del 27 de febrero de 2018.Así las cosas, conforme al efecto que generó la interposición
del recurso de reposición, esto es, la interrupción del término de los diez días, dicho plazo comenzó a
contabilizarse a partir del 28 de febrero del año en curso, como quiera que el inciso cuarto del artículo
118 del C.G.P., dispone que en los eventos en los que se interpongan recursos contra la providencia
que conceda un término, la presentación del mismo hace que dicho plazo se interrumpa, y
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como ya se advirtió líneas atrás, los efectos de dicha situación no son otros que el término concedido
vuelva a correr íntegramente. No obstante lo anterior, la Sala discrepa del argumento que fue expuesto
por el A quo, en el sentido de que el plazo de los diez días corrieron desde el 28 de febrero de 2018 hasta
el 07 de marzo del mismo año, esto es, durante seis días, atendiendo a que el 08 del mismo mes y
año el expediente había entrado al despacho para resolver la solicitud de adición que fue presentada
por el actor, generando la suspensión del conteo del referido término, y reanudándolo a partir de la
notificación por estado del auto que resolvió tal petición. Lo anterior por cuanto a partir de una interpretación
equivocada por parte del juez de primera instancia al inciso quinto del artículo 118 del C.G.P.
el cual dispone: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras esté corriendo un término,
no podrá ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo
término o que requieran trámite urgente...",el A quo consideró que la solicitud de adición presentada
por el actor había generado la suspensión, al encontrarse dicha petición dentro de las causales ya
referidas. En ese sentido, contrario a lo expuesto por el juez de primera instancia, se tiene que la petición
de adición que fue presentada por el actor popular a través de escrito de fecha 02 de marzo de
2018, no encaja en los presupuestos del inciso antes mencionado, toda vez que dicha solicitud no se
relacionó con el mismo término, en este caso, con el plazo de subsanación, ni requería de un trámite
urgente, por lo que se tiene entonces que al igual que la interposición del recurso de reposición, la solicitud
de adición lo que generó fue una interrupción. Una vez aclarado lo anterior, se tiene entonces que
el plazo ilegalmente concedido para subsanar la demanda, deba correr a partir de la notificación del
auto del 08 de marzo de 2018, por medio del cual se resolvió la solicitud de adición, lo cual ocurrió el 09
de marzo del corriente año, es decir, que dicho término feneció el 26 de marzo de 2018, advirtiendo que
el escrito de subsanación de la demanda se presentó el 23 de marzo del corriente año, esto es, dentro
del término concedido por el A quo. Conforme a lo anterior, se tiene entonces que, contrario a lo señalado
por el juez de primera instancia, el escrito de subsanación sí fue presentado dentro del término de
los 10 días, situación que implica entrar a analizar si la demanda se corrigió en debida forma, para lo
cual se comenzará por hacer un análisis en lo que respecta al requisito de procedibilidad en lo que se
refiere al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
MAGISTRADO: Dr. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO
PROVIDENCIA: Auto de fecha 26 de abril de 2018.
ACCIÓN: POPULAR
ACCIONANTES: GERMÁN GUEVARA OCHOA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA Y CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA
RADICACIÓN: 15001333300520180002701
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN POPULAR – Objeto.
ACCIÓN POPULAR - Improcedencia para que mediante acuerdo municipal se cambie el escudo y el
himno del Municipio de Tunja.
ACUERDO MUNICIPAL - No puede ser proferido a iniciativa de cualquier ciudadano, sin embargo
podrá ser de iniciativa popular, conforme la ley estatutaria correspondiente
TESIS:
En primer lugar ha de indicar la Sala que la Ley 472 de 1998 (…) Dicha norma, que reglamentó las acciones
populares, estableció unos parámetros para su procedencia como mecanismo de protección de
los derechos e intereses colectivos. Esos parámetros pueden sintetizarse así: i) Su objeto se circunscribe
a la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos. ii) Se ejercen para evitar el daño contingente,
hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos,
o restituir las cosas a su estado anterior. iii) Los derechos e intereses colectivos son los relacionados
en el artículo 4 ibídem y los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados
de Derecho Internacional celebrados por Colombia. iv) Proceden contra toda acción u omisión de

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las autoridades públicas o de los particulares, que amenacen o violen los derechos e intereses colectivos.
v) Puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o
privada, por organizaciones no gubernamentales, por organización populares o cívicas, por entidades
públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, por el Procurador General
de la Nación, el Defensor del Pueblo, los Personeros Distritales y Municipales, los Alcaldes y por todos
los servidores públicos que tengan como función promover la protección de los derechos colectivos
. vi )Podrá ejercerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación o amenaza al derecho
colectivo. Por lo tanto, es obligación del juez popular verificar el efectivo cumplimiento de los parámetros
anteriormente reseñados con miras a otorgarle el uso adecuado a este mecanismo de protección
de conformidad con el espíritu del legislador. En este orden de ideas, no es viable impetrar
una acción popular cuando la finalidad de la misma no concuerda con su objeto, es decir, la protección
de los derechos e intereses colectivos y, por lo tanto, la procedencia de la acción dependerá de
que las pretensiones incoadas estén dirigidas a tal propósito. En el sub examine, el actor señaló en el
escrito de subsanación de la demanda , como vulnerados los derechos colectivos a: . Moralidad administrativa.
Utilización y defensa de los bienes de uso público. Defensa del patrimonio público. La
defensa del patrimonio cultural de la Nación. No obstante, pese haberse mencionado por el actor los
derechos presuntamente vulnerados, considera la Sala que las pretensiones no están encaminadas a
la defensa y protección de tales derechos, tal y como lo adujo el a quo. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la presente acción popular se torna improcedente, pues la misma tiene como finalidad
que mediante Acuerdo municipal se modifique el Himno y el Escudo del ente territorial demandado,
sin que tal asunto sea del resorte de la acción constitucional que ocupa la atención de la Sala, ello
por cuanto el trámite para proferir Acuerdos municipales esta reglado en la Ley. Sobre este aspecto,
es importante mencionar que según el numeral 8 o del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, son atribuciones
del Concejo Municipal, la de velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. Por
su parte, el articulo 71 ibídem, establece a cargo de quien está la iniciativa para la expedición de los
Acuerdos Municipales, norma que prescribe: (…) Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados
por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros,
los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de
acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente. (. .)”De dicha norma se desprende que un Acuerdo
Municipal no puede ser proferido a iniciativa de cualquier ciudadano, sin embargo establece que
podrá ser de iniciativa popular, conforme la Ley estatutaria correspondiente. Es así como la Ley
Estatutaria 1757 de 2015, "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección
del derecho a la participación democrática”, refiere en su artículo 3 o : (…) Conforme lo señalado, advierte
la Sala que el objeto perseguido por el actor no puede lograrse mediante la presente acción,
pues la modificación del Himno y del Escudo de Tunja, debe hacerse mediante Acuerdo municipal, el
cual debe ser a iniciativa del alcalde, de los miembros del Concejo, o popular, situaciones que no se
presentan en el presente asunto. En virtud de lo anterior, considera la Sala que si bien el actor popular
presento escrito de subsanación de la demanda, procede su rechazo, teniendo en cuenta que no
se cumple con los requisitos sustanciales para su admisión, esto teniendo en cuenta que las pretensiones
formuladas son ajenas al objeto de la acción popular. (…)Para la Sala es claro, que tal y como
lo adujo el a quo en el auto que dispuso la inadmisión de la demanda calendado el 8 de febrero de
2018, que las pretensiones de la demanda deben guardar congruencia con la acción popular, es
decir que debe ser consecuente con la protección de los derechos colectivos. Así las cosas, se observa
que en el sub lite no se encuentran configurados los requisitos sustanciales de la demanda, toda
vez que las pretensiones formuladas por el actor son ajenas al objeto que le ha atribuido la ley a la
acción popular, razón por la cual la acción popular debe ser rechazada. Teniendo en cuenta lo anterior,
se impone confirmar la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja mediante la cual se rechazó la acción popular instaurada por el señor Germán
Guevara Ochoa en contra del Municipio de Tunja y el Concejo Municipal de la misma localidad.
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TUTELA
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 22 de marzo de 2018.
ACCIÓN: TUTELA
ACCIONANTE: JOHN JAIRO VARGAS MARTÍNEZ
DEMANDADO: POLICÍA NACIONAL Y OTROS
RADICACIÓN: 15001333300520180002201
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE -
No es procedente cuando las acciones ordinarias han caducado.
TESIS:
Como se anunció, lo primero que examinará la Sala es si se cumplen en este caso los aspectos de procedibilidad
antes contextualizados. Conforme lo señala el accionante la Policía Nacional vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo digno al expedir la Resolución N° 00590 del
27 de febrero de 2015. El mencionado acto administrativo decidió: (…) Lo primero que se concluye es
que este acto, la Resolución No. 590, fue proferida en el marco del concurso que inició la Dirección
General de la Policía Nacional mediante la Resolución N o 04703 de 14 de noviembre de 2014 "Por la
cual se establece el procedimiento para el concurso previo al curso de capacitación para el ingreso al
grado de Subintendente 2014-2015, dirigido al personal de Patrulleros (...) ”El accionante afirma que
extraoficialmente conoció los resultados obtenidos en la prueba que presentó el 18 de enero de 2015 y
que ellos fueron favorables a sus intereses, por lo cual deben tener validez. Sin embargo, lo que se lee
en el acto administrativo es que las pruebas presentadas no pudieron ser calificadas y los resultados no
pudieron ser publicados. En estas condiciones, ante la presunción de legalidad que protege a los actos
administrativos, resulta imposible admitir una información que no podía tener ningún conducto distinto
de comunicación que el establecido en la regla del concurso, a la luz de lo dispuesto en el artículo 10°
de la Resolución No. 4703 de 2014 que dispuso: (…) Ahora, no obra prueba en el plenario que acredite
la notificación de la Resolución No. 590 de 2015 al accionante, sin embargo, no queda duda que tuvo
conocimiento de la invalidación de la prueba realizada el 18 de enero de 2015, cuando menos el 8 de
marzo siguiente en tanto, afirma, se presentó nuevamente a la prueba, por no decir que antes, como se
infiere de lo afirmado en la demanda en la que el accionante precisa que el 2 de marzo de 2015 (hecho
12) se fijaron los parámetros para la repetición de las pruebas y el 16 de febrero de 2015 medios de
comunicación denunciaron públicamente "irregularidades como la del suscrito (sic)fue víctima aun así
se declaró inválido el concurso..." Así entonces, dirá la Sala que la conducta esperada, cuando menos,
exigía que el hoy accionante, si consideraba que tenía derecho a que se publicaran los resultados de la
prueba que presentó el 18 de enero de 2015, presentara la reclamación a la Policía Nacional para exigir
que se cumpliera la regla del concurso prevista en el artículo 10° de la Resolución No. 04703 de 14 de
noviembre de 2014, de manera que fuera dado a conocer el resultado, pero guardó silencio. Ahora,
examinando la naturaleza de la Resolución No. 590 de 2015, en principio, tenía el carácter de acto
administrativo de trámite pues no puso fin al concurso y tampoco excluyó al hoy accionante. Al punto
que fue admitido para presentar nuevamente la prueba, pero como al presentar nuevamente la prueba
los resultados no le fueron favorables, el mencionado acto sí implicó su retiro del concurso, es decir, tal
decisión adquirió el carácter de acto de trámite que puso fin a la actuación. Conforme al comunicado
que obra a folio 58 suscrito por la UNAD, institución contratada para adelantar el concomo de patrulleros
previo al curso de capacitación, los resultados de la prueba presentada el 8 de marzo de 2015 se
darían a conocer el 27 de marzo de 2015 y conforme lo dispuso la Directiva Administrativa 0132 de 2
de marzo de2015, cronograma de actividades, el 1 o de abril de 2015 se llevaría a cabo la notificación y
llamamiento al curso. En estas condiciones, no queda duda que desde el 1 o de abril de 2015, el accionante
tuvo conocimiento de su exclusión del concurso, en estas condiciones, acudir casi tres años después
a la acción de tutela para reclamar la validez de una prueba realizada en el concurso del que fue
excluido es sin duda extemporáneo, en los términos señalados por la jurisprudencia, lo cual permite

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afirmar, como allí se señala, que no se puede aceptar el alegado perjuicio irremediable. Pero, aún
más, ni siquiera es posible examinar si debe examinarse el fondo del asunto, admitiendo la subsidiaridad
de la tutela, por cuanto ya ni siquiera es posible que el tutelante acuda en demanda judicial
contra la Resolución No. 590 de 2015 pues, sin duda, el medio de control procedente, nulidad y restablecimiento
del derecho, estaría afectado por la caducidad y no puede el interesado acudir a la
acción de tutela para revivir términos judiciales que dejó vencer, en estas condiciones, la acción no
tendría prosperidad ni siquiera como mecanismo transitorio. Como ha quedado descrito la actora
contó con los mecanismos judiciales para pedir la protección de los derechos que consideraba vulnerados
sólo que, por omisión o ignorancia, no los ejerció y la acción de tutela no es el mecanismo
judicial llamado a subsanar la falta de acceso oportuno a la jurisdicción, de lo contrario perdería su
carácter transitorio y residual que puede obviarse sólo mientras se acude al juez ordinario para que
decida la controversia. En sana lógica, la viabilidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio,
únicamente tiene cabida cuando, existiendo las vías judiciales ordinarias ellas no resultan eficaces
para proteger el derecho del ciudadano, pero si éste, a pesar de contar con ellas, deja de ejercerlas
mal puede ocurrir en acción constitucional para que, de haberse vulnerado sus derechos, se le
protejan de manera definitiva dado que, lógicamente, ya no podrá el juez constitucional ordenar la
protección transitoria y que se ejerzan las acciones ordinarias porque, se repite, ellas están caducadas.
Es decir, cuando se pretende la protección de derechos fundamentales mediante el ejercicio de
la acción de tutela como mecanismo transitorio coexisten dos medios de defensa judicial: el ordinario
y el excepcional de tutela. Lo que se busca es que aun contando el interesado con otro mecanismo
de defensa judicial, ante la inminencia del perjuicio irremediable, sea conducente de manera
impostergable la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar la producción del daño,
finalidad que no se alcanzaría empleando la vía procesal ordinaria. De esta manera, el legislador
extraordinario precavió que, concurriendo los dos medios de defensa judicial, no se invadieran las
órbitas de competencia del juez constitucional y la del juez ordinario o especializado. Ahora, en punto
a los efectos procesales originados en la concurrencia de las dos vías judiciales - la ordinaria y la
constitucional - y ante la prosperidad del amparo tutelar, las consecuencias procesales de una y otra
vía fueron expresamente señaladas en el artículo 8 o del Decreto 2591 de 1991, así: La acción ordinaria
ante la “autoridad judicial competente" debe ser procesalmente viable, esto es que el término de
caducidad no haya transcurrido, porque de lo contrario se haría imposible la existencia del “otro
medio de defensa judicial” a que alude el inciso primero del artículo 8 o del decreto 2591 de 1991. a)
El juez de tutela señalará “expresamente en tu sentencia que su orden permanecerá vigente sólo
durante el término “que aquella autoridad "utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada
por el afectado''. Es decir que la protección provisional no compromete la competencia de la autoridad
judicial ordinaria o especializada correspondiente. En conclusión, el accionante no hizo uso
oportuno de los mecanismos ordinarios y, en gracia de discusión, si resultara procedente la protección
de derechos fundamentales por vía de hítela, tampoco podría considerarse el mecanismo transitorio
por perjuicio irremediable, dado que se acudió a la acción constitucional cuando habían caducado
las acciones ordinarias. Por último, en el caso en concreto, no hay ninguna justificación para
que el señor Vargas Martínez no haya interpuesto los medios de control del caso y así discutir en
sede judicial lo dispuesto porta Resolución N° 00590 del 27 de febrero de 2015. Debe destacarse que
en su escrito de tutela, el accionante jamás indicó porqué apenas hasta ahora acude al Juez constitucional;
y, si bien en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el accionante indica
que no acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo por una supuesta carencia de
medios económicos para pagar un abogado, lo cierto es que el señor Vargas Martínez podía solicitar
el ampare ce pobreza’ conforme a la cual, sí el Juez verifica la persona no tiene capacidad de atender
los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia (y la de las
personas a quienes por ley debe alimentos), debe designarle un apoderado que lo represente en el
proceso. Por lo anterior, en la medida en que -conforme se expuso en las consideraciones generalesa
mayor distancia tempera, entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales y la interposición
del amparo constitucional, la carga de argumentación del demandante para demostrar la
procedibilidad de la acción aumenta proporcionalmente; y dado que precisamente la argumentación
del hoy accionante es insuficiente pues, per ejemplo, no acreditó un estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física u otra circunstancia que le hubiera imposibilitado
por más de 3 años acudir a la acción de tutela, lo lógico es concluir que la presente solicitud
de amparo es improcedente.
B o l e t í n M e n s u a l

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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
MAGISTRADO: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 8 de marzo de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARÍA BERMÚDEZ RODRÍGUEZ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SABOYÁ
RADICACIÓN: 15001333300820160006201
DESCRIPTORES – Restrictores:
EL ENCARGO - Noción - Clasificación.
TESIS:
En virtud de lo anterior, el encargo se define como la designación que hace el titular que tiene dicha
función administrativa de manera temporal a un empleado para que asuma total o parcialmente las
funciones propias de un empleo diferente a aquél para el cual fue nombrado, con la posibilidad de continuar
con las propias del cargo titular, ya sea por vacancia temporal o definitiva." Así entonces, el
encargo será pleno cuando se ejercen la totalidad de funciones y parcial cuando se asume sólo una
parte de ellas, constituyéndose, en todo caso, como una figura temporal que debe establecido, desde el
momento mismo de la - concesión y que no cuenta con el fuero de estabilidad: Es decir, se trata de un
nombramiento que no es indefinido.
DESCRIPTORES – Restrictores:
EL ENCARGO - Nombramiento en empleo de libre nombramiento y remoción e insubsistencia.
EL ENCARGO - Se permite también en el caso de empleados de libre nombramiento y remoción.
EL ENCARGO - No varía las condiciones del cargo que se desempeña en propiedad.
TESIS:
Como ya se ha indicado el encargo es una situación administrativa en la cual, en aras de garantizar la
continuidad en la prestación del servicio, se designa temporalmente a un empleado para asumir total o
parcialmente las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular. En
otros términos, los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones
de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados. Obsérvese que la normatividad
antes aludida permite el encargo, también en el caso de empleados de libre nombramiento y remoción,
en consecuencia, no resulta acertada la afirmación de la jueza-quo cuando limita esta situación administrativa
a los empleos de carrera, es decir, como un derecho exclusivo de esta categoría de empleados,
aspecto que resulta necesario precisar a título de corrección de la sentencia apelada. Ahora, en
todo caso, no correspondía a este proceso examinar la legalidad de la decisión de encargo pues, como
se precisó en la sentencia apelada, ese no fue el acto demandado; por ende, tampoco es de recibo la
conclusión de la a-quo al señalar, como razón denegatoria de las pretensiones la prolongación del encargo
e indicar así que "por lo que ordenar un reintegro como lo pretende la actora, estarla en contravía
de la norma referida. " Ese debate, considera la Sala, no era el objeto de la demanda, es decir, se
desborda con esta consideración la controversia que, desde otra óptica, se contraía únicamente a estudiar
si el hecho de estar la actora encargada de un empleo de libre nombramiento y remoción, pero de
período, le generaba la estabilidad propia de éste último. Ahora, tal como se ha dejado expuesto, el
encargo es una designación que se caracteriza por su temporalidad; y, de otra parte, la insubsistencia,
que tiene cabida en los empleos de libre nombramiento y remoción, implica para su titular el retiro del
servicio. En efecto, se encuentra probado que mediante la Resolución No. 67 de 1 de julio de 2014 expedida
por el Alcalde Municipal, Miguel Antonio Torres Poveda, se resolvió: ARTÍCULO PRIMERO. Nom-

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brar con carácter ORDINARIO a la Ingeniera ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRÍGUEZ, identificada
con cédala de ciudadanía 52.425.995 de Bogotá en el Cargo de SECRETARIA DE PLANEACÍÓN Y
DESARROLLO SOCIAL, Código 020 Grado 15, nivel Directivo de la planta global de la Alcaldía Municipal
de Saboya. (...) "La demandante tomó posesión del cargo el mismo día, 1 de julio de 2014. A folio
56 del cuaderno 1, obra certificación expedida por la Secretaria General y de Hacienda del Municipio
de Saboya el 5 de noviembre de 2015, en la cual se lee que para esa fecha, la demandante se encontraba
"ejerciendo el cargo de SECRETARIA DE PLANEACÍÓN Y DESARROLLO". En estas condiciones, la
primera conclusión, es que como lo accesorio corre la suerte de lo principal, entonces, en tanto el
desempeño del empleo como Jefe de Control Interno, provenía de una situación precaria - el encargo
-, al terminarse la vinculación en relación con el empleo del cual era titular la actora con nombramiento
en propiedad como Secretaria de Planeación y Desarrollo Social, que era de libre nombramiento
y remoción sin período fijo, es claro que terminaba también el encargo. Sería un contrasentido
afirmar que un empleado encargado de un empleo, sea retirado de aquel del que es titular, pero
mantenga su vinculación en aquel del que está encargado. De otra parte considera la recurrente
que el desempeño de funciones como Jefe de Control Interno, le generaba la estabilidad propia de
este empleo. No obstante, téngase en cuenta que el encargo no tiene la finalidad de mutar el nombramiento
del empleo del que se es titular, solamente, se trata de solventar temporalmente la continuidad
del servicio y que, la posesión en el empleo del cual se es encargado únicamente buscar legalizar
el ejercicio de las funciones propias del empleo que es objeto de provisión mediante esta situación
administrativa, se repite, de forma temporal y que, es legal, considerar que el encargado
desempeñe de forma simultánea las funciones de los dos empleo, aquel del cual es titular y aquel
del que es encargado. (…)Lo que sí permite concluir la prueba es que la demandante no dejó de ejercer
las funciones de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social, al punto que, algunos fueron
presentados como Jefe de Control Interno; otros como Secretaria de Planeación y Desarrollo Social -
Control Interno; otros invocando la condición de Secretaria de Planeación y Desarrollo Social Encargada
de Funciones de Control Interno; y, otros como Secretaria de Planeación y Desarrollo Social
Responsable de Control Interno. Es decir, para la actora era clara su condición como encargada de
las funciones de Jefe de Control Interno, no su nombramiento en propiedad. (…) En efecto, en el
Manual de Funciones y de Competencias Laborales se indica que el cargo de Jefe de Control Interno
Código 006, Grado 10 tenía naturaleza de libre nombramiento y remoción y un tipo de vinculación
por período (f. 333). Además, en la Certificación expedida por la Secretaría General y de Hacienda
del Municipio de Saboya, se indicó que la demandante "viene ejerciendo funciones como JEFE DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO, desde el mes de enero de 2.015,.." En este punto se resalta el contenido
de las certificaciones traídas a colación pues ellas se diferencian básicamente por las expresiones
de "viene ejerciendo el cargo" y "viene ejerciendo junciones" que denotan la naturaleza de, la
actividad de la demandante frente a los cargos que desarrollaba, por una parte, ejercía el cargo de
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social, es decir, era su titular, y por otra, desarrollaba las funciones
del cargo de Jefe de Oficina de Control Interno. A juicio de la Sala, entonces tiene respaldo
legal la situación que reportan los hechos y las pruebas; se reitera la demandante desarrollaba fas
funciones de control interno, pero no era su titular, ni le generó los derechos, del cargo a los que
alega la demanda, es decir, el de permanecer en el encargo hasta finalizar el primer año del período
del nuevo alcalde. Recuérdese que el encargo es una situación administrativa entendida como "los
accidentes, eventualidades y circunstancias que rodean el ejercicio de las funciones oficiales e influyen
o modifican el desarrollo normal de las actividades del empleo o de la relación laboral pública",
es decir, se configura cuando una persona titular de un cargo se ve afectada por una circunstancia
que altera el desarrollo de las funciones del cargo en el cual fue nombrado. En el sub lite, la demandante
ostentaba las funciones propias de la Secretaria de Planeación y Desarrollo y, una vez establecido
el cargo de Jefe de Oficina de Control Interno, fue encargada para desarrollar las funciones
propias de ese cargo contenidas en la Resolución No. 121 de 2014. Ahora, si bien es cierto que, según
el acto administrativo de encargo, la demandante ejercía funciones de Jefe de Control Interno,
ello ocurría antes de ajustarse el Manual de Funciones y Competencias Laborales, de manera que
antes que indicar ilegalidad del encargo, refleja, como lo precisó este acto, la necesidad del servicio,
sin desprenderse de las funciones del empleo del cual era titular. Sencillamente, una vez expedido el
acto administrativo que definió las funciones de cada empleo, se consideró favorable al servicio,
encargar del empleo de Jefe de Control Interno a quien, no sólo había tenido en su desempeño actividades
afines con las del nuevo perfil, sino también los requisito del mismo, así lo precisó la motivación
del acto de encargo en su consideración quinta. En consecuencia, carece de fundamento el
argumento de la actora, pues el ejercicio de las funciones de control interno que ejercía en calidad
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de Secretaria de Planeación y Desarrollo, no implican per se que, creado el cargo de Jefe de Control
Interno, ella automáticamente se entendiera titular de éste.
MAGISTRADA: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 22 de marzo de 2018.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S.A.S.
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
RADICACIÓN: 15001333300620160002001
DESCRIPTORES – Restrictores:
FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO - Vulneración del debido proceso por parte de la Superintendencia
de Puertos y Transporte al no decretar una prueba para demostrar el estado de calibración
de báscula.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO - Su vulneración por no decretarse o practicarse una prueba, no
es suficiente para el éxito de las pretensiones en vía judicial pues en ésta el actor debe desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos. Rectificación jurisprudencial.
TESIS:
En conclusión, si bien le asiste razón a la parte demandante al considerar que se trasgredió el debido
proceso administrativo, no es menos cierto que en sede judicial, no realizó esfuerzo probatorio alguno
para demostrar su dicho, es decir, que la balanza no cumplía los parámetros de calibración, sino lo
contrario prueba respecto de la cual el demandante no realizó actividad alguna tendiente a poner,
siquiera en duda, su veracidad. Ello sin perjuicio que la prueba se lograra en ejercicio de la facultad
oficiosa del juez. En consecuencia, la Sala rectificará el criterio conforme al cual la vulneración del debido
proceso administrativo es suficiente para sacar avante las pretensiones de la demanda, en tanto,
por las razones que se vierten en esta sentencia, se concluye lo contrario, al considerase que en vía
judicial el demandante tiene el deber de desvirtuar la legalidad de los actos administrativos y para ello
debe solicitar la prueba que le fuera negada en vía administrativa y que, afirma, trascendental para la
prosperidad de sus pretensiones. Aclarando, además, que la inactividad de la parte interesada no impide
el recaudo probatorio oficioso en aras a encontrar la verdad real, como en este caso, en que se demostró
la correcta calibración de la báscula que reportó el exceso de peso en el vehículo y que sustentó
la sanción aplicada.
MAGISTRADO: DR. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 11 de abril de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: NANCY RUTH HERNÁNDEZ MALAGÓN
DEMANDADO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
RADICACIÓN: 15238333300220160003401
DESCRIPTORES – Restrictores:
CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CONFORME A LA LEY 909 DE 2004 - Su
regulación no incluyó a los entes universitarios autónomos dentro de su ámbito de aplicación general,
sino de manera supletoria.
TESIS:
Mediante la ley 909 de 2004, se expidieron normas que regulan el empleo público, la carrera adminis-

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trativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, al tiempo que deroga la Ley 443 de 1998,
con excepción de los artículos 24, 58, 81 y 82 y las demás disposiciones que le sean contrarias. Su
ámbito de aplicación, de conformidad con el artículo 3 o , es: (…) Tal disposición permite establecer
que el legislador, al regular la carrera administrativa de los empleados públicos, no incluyó a los
entes universitarios autónomos dentro de su ámbito de aplicación general, sino de manera supletoria.
En efecto, la literalidad del numeral 1 del artículo 3 o mencionado, excluye de su aplicación, en
principio, al personal administrativo de las instituciones de educación superior que estén organizadas
como entes universitarios autónomos, reafirmando de esta manera que dichos entes deben
regirse por una carrera administrativa especial. Sin embargo, el numeral 2 del mismo artículo considera
aplicable a ellos la norma general de carrera, cuando se presenten vacíos en la “normatividad
que los rige”, esto es, la ley 30 de 1992. Al no incluir la ley 909 de 2004 a los entes universitarios
autónomos dentro de su ámbito de aplicación, y por el contrario excluirlos expresamente y dejar su
aplicación sólo de manera supletoria, es claro que el legislador fue consecuente con lo dispuesto en
el artículo 69 de la Carta y los artículos 28, 57 y 79 de la ley 30 de 1992, que lo desarrollan, al respetar
su autonomía y reconocerle el régimen especial constitucional. La conclusión de que la carrera
administrativa de los empleados públicos administrativos de los entes universitarios autónomos, es
de índole constitucional y tiene un régimen especial en virtud de lo señalado en el artículo 69 de la
Carta, no es nueva, en tal sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en la sentencia C-175 de
2006 (…)Con la presente demanda, se pretende el reconocimiento de la existencia de un contrato
realidad entre la señora Nancy Ruth Hernández y la UPTC, y en tal virtud, se ordene su reintegró al
cargo que venía desempeñando, así como el pago de las prestaciones sociales desde su retiro hasta
la fecha de reintegro al cargo. La juez de instancia negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que la vinculación de la actora para con el ente universitario, se dio a través de resoluciones
rectorales, en calidad de personal administrativo temporal, de medio tiempo y que los mismos ordenaron
la cancelación de las prestaciones sociales, conforme a lo dispuesto en el acuerdo No 145 de
2006, expedido por el Consejo Superior de la universidad. Razón por la cual encontró que no era
procedente la declaratoria de existencia de un contrato realidad, pues la vinculación que surgió
entre las partes, constituye una categoría de empleo público. De igual modo, negó la pretensión
relacionada con el reintegro al cargo que desempañaba la actora, al considerar que la vinculación
obedeció a suplir necesidades de personal y evitar la parálisis de las funciones de la universidad, por
lo que se hizo por periodos determinados y delimitados en el tiempo, recibiendo las prestaciones
sociales a que tenía derecho, durante el tiempo de su vinculación. Así entonces, conforme al recurso
de apelación interpuesto, se tiene que el inconformismo de la parte actora radica en las siguientes
circunstancias: i) falta de cumplimiento de los requisitos legales contemplados para la institución de
la temporalidad, establecidos en la ley 909 de 2004 y por la prolongación de la vinculación en forma
indefinida en el tiempo, lo que genera un estatus laboral amparado legal y constitucionalmente,
como contrato realidad, ii) falta de discusión en relación a los hechos 16 y 17 de la demanda, pese a
que quedaron contemplados como parte de la fijación del litigio. Así entonces, y como viene de verse,
la autonomía universitaria es la facultad que tienen las universidades para auto-dirigirse y autoregularse,
potestad que tiene manifestaciones en diferentes campos: (i) en primer lugar, en el plano
académico, que responde de forma más directa e inmediata a los fines para los cuales se consagró,
y (ii) también en los planos administrativo y financiero, “en donde cobra relevancia en la regulación
de todo lo referente con la organización interna de la institución superior’, como medio o instrumento
para hacer posible que las universidades tengan una independencia real y efectiva en el ámbito
académico. En este segundo campo, las universidades pueden dictar sus propias normas y adoptar
sus propias determinaciones en aspectos administrativos, disciplinarios, financieros etc., dentro del
marco de la Constitución y la ley que las rige. En efecto, la independencia de las universidades para
administrar sus propios recursos financieros, sus bienes, su presupuesto, su personal, sus compras y
suministros etc., aunque no forman parte del núcleo esencial de la autonomía universitaria, persiguen
precisamente proteger y garantizar dicho aspecto, como una suerte de escudo que protege a
dichas instituciones de las injerencias innecesarias, indebidas o excesivas de otros órganos y poderes
del Estado, y también de los particulares, en el manejo de sus propios asuntos administrativos y
financieros. Estas injerencias, a la postre, podrían impedir o dificultar la realización de las metas y
estrategias fijadas por las mismas universidades en el campo académico, o desviarlas hacia otros
objetivos. Ahora bien, como se advirtió en precedencia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, estableció que de conformidad con el artículo 3 de la ley 909 de 2004, el legislador, al
regular la carrera administrativa de los empleados públicos, no incluyó a los entes universitarios
autónomos dentro de su ámbito de aplicación general, sino de manera supletoria, razón por la cual
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con fundamento en la ley 30 de 1992, artículo 65, literales b) y d), la regulación de dicha carrera de
índole constitucional, está a cargo de los Consejos Superiores Universitarios, atendiendo los principios
constitucionales y las reglas de la carrera administrativa general, quienes al expedir los estatutos de los
empleados administrativos, aplicarán supletoriamente las normas de la ley 909 de 2004.Lo anterior,
significa que es el Consejo Superior Universitario, quien supletoriamente aplica las disposiciones de la
ley 909 de 2004, al momento de expedir los estatutos de los empleados administrativos, ello en virtud
de la autonomía universitaria establecida en el artículo 69 de la constitución y que se acompasa con la
facultad de auto dirigirse y auto regularse. Así entonces, conforme al material probatorio que integra
las diligencias, se encuentra copia del acuerdo No 045 de 2006, por medio del cual el Consejo Superior
de la UPTC, establece la vinculación de personal administrativo temporal. El fundamento legal de dicha
disposición obedeció a los artículos 79 y 57 de la ley 30 de 1993 y en correspondencia, procedió a reglamentar
la modalidad de vinculación que permitiera la provisión del personal requerido, hasta tanto se
efectuará la ampliación de la planta de personal administrativo que atendiera las necesidades generadas
por la oferta de servicios que presta la universidad. (…)En tal razón, no resulta procedente, como lo
pretende el apoderado de la parte actora, que se analice la vinculación de la señora Nancy Ruth a la luz
de la ley 909 de 2004, con miras a determinar si aquella se produjo con el cumplimiento de los requisitos
que dicha disposición contempla para las vinculaciones de carácter temporal, pues como se indicó,
la aplicación de dichas disposiciones son de carácter supletorio para los entes universitarios autónomos,
caso en el cual dicha labor corresponde, en virtud de la facultad de auto regulación, al Consejo
Superior Universitario. En consecuencia y como los nombramientos de la actora obedecieron a una
vinculación de personal administrativo de carácter temporal regulado por el acuerdo No 045 de 2006,
a través del cual la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia estableció dicho tipo de vinculación,
no hay lugar al análisis de la configuración de un contrato realidad entre las partes, púes el vínculo
laboral existente corresponde al establecido en el referido acuerdo.
MAGISTRADA: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 8 de marzo de 2018.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
DEMANDANTE: EFRAIN AGUILAR HERNÁNDEZ
DEMANDADO: DIAN
RADICACIÓN: 15001333300220150005601
DESCRIPTORES – Restrictores:
PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA - Ejecutoria del título ejecutivo. Importancia de su
notificación.
PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA - Es requisito indispensable que notifique al deudor
la existencia de la obligación, en la forma y condiciones que establece la ley, so pena que
aquel se termine por la prosperidad de la excepción de "falta de ejecutoria del título"
TESIS:
Constituyen título ejecutivo, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas (Art. 829 N° 2 E.T.).El
artículo 829 del Estatuto Tributario establece que se entienden ejecutoriados los actos administrativos
que sirven de fundamento para el cobro coactivo cuando i) contra ellos no proceda
recurso alguno; ii) vencido el término de interponer los recursos, no se hayan Interpuesto
o no se presenten en debida forma: iii) se renuncie de forma expresa a los recursos o se
desista de ellos; y iv) los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento
del derecho o revisión, se decidan de forma definitiva, según el caso. Obsérvese
que esta norma parte del supuesto de la notificación de los actos administrativos base de la
ejecución, toda vez que del conocimiento que se tenga de los mismos, depende la interposición
de los recursos y su firmeza. Por ello, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha considerado
que si se omite notificar el acto o se notifica en forma indebida, no produce efectos

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jurídicos y en esta medida, no puede quedar ejecutoriado ni iniciarse el proceso de cobro
coactivo por falta de exigibilidad. En conclusión, para que la Administración Tributaria
pueda adelantar el proceso de cobro coactivo, es requisito indispensable que notifique al
deudor la existencia de la obligación, en la forma y condiciones que establece la ley, so
pena que aquel se termine por la prosperidad de la excepción de "falta de ejecutoria del
título".
DESCRIPTORES – Restrictores:
PROCESO ADMINISTRATIVO ADELANTADO POR LA DIAN - Forma de notificación.
TESIS:
El artículo 565 del E. T. prevé: (…) De esta norma, se infiere que la liquidación oficial de
revisión se notifica de forma electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos
o de cualquier otro servicio de mensajería especializada. Cuando la notificación es
por correo -la que interesa a la Sala en este caso-, se envía copia del acto administrativo a
través de un correo físico a la última dirección informada por el contribuyente en el RUT o
la indicada de forma expresa durante el procedimiento de determinación y discusión del
tributo - dirección procesal-, evento en el cual la notificación debe practicarse en esta última
(Art. 564 E.T). Ahora bien, si el correo es devuelto, contempla el Estatuto Tributario lo
siguiente: "Artículo 568. (…)Así entonces, por regla general cuando no es posible llevar a
cabo la notificación por correo por la devolución de los mismos, procede la publicación
aviso en los términos de la norma traída en cita, como forma subsidiaria de comunicación
de las decisiones adoptadas por la administración.
DESCRIPTORES – Restrictores:
PROCESO ADMINISTRATIVO ADELANTADO POR LA DIAN - Trascendencia de la hora en
que se realizan las notificaciones por correo y su relación con el principio de publicidad
de los actos administrativos y el debido proceso del contribuyente.
TESIS:
Del examen de las anteriores pruebas se infiere que i) el 12 de abril de 2013 ingresó el
acto administrativo al centro logístico de Servientrega; ii) el 13 de abril de 2013 salió a
zona urbana y en el mismo día, se dejó constancia del reporte de la devolución con causales
"SE NEGO A RECIBIR" y "NO HAY QUIEN RECIBA ”; y iii) el 16 de abril de 2013 se intentó
la entrega de nuevo pero fue devuelto con la observación "CERRADO SEGUNDA VEZ" En
consecuencia, la DIAN el 23 de abril de 2013 procedió a la notificación por aviso de la Liquidación
Oficial de Revisión N° 202412013000015 -este hecho que fue aceptado por las
partes en la fijación del litigio. No obstante, al analizar el proceso de notificación por correo
y de las pruebas traídas en cita, encuentra la Sala que no fue garantizado el derecho
de defensa del señor Efraín Aguilar Hernández, por las razones que pasan a exponerse. En
primer término, se dirá que la empresa de correos no fue congruente con las causales de
devolución, en tanto en el segundo intento de entrega adujo que estaba cerrado por
“segunda vez" a pesar que en la primera oportunidad, éste no fue el motivo de la devolución,
sino que la persona que estaba en el lugar se negó a recibir. Además, omitió información
completa sobre el tiempo en que se trató de practicar la notificación por correo
pues si bien, incluyó en el sistema el día, mes y año nada dijo sobre la hora, obligación que
fue establecida en el contrato que celebró la DIAN con Servientrega. Este dato es fundamental
para garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos conforme
los artículos 209 de la Constitución Política y 3° numeral 9 o del OPACA, en tanto si el co-
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rreo se pretende entregar en un horario que no es hábil, so obstaculiza que el destinatario
tenga conocimiento del acto administrativo y ejerza su derecho de contradicción. Esta tesis,
cobra relevancia si se tiene en cuenta que de conformidad con el certificado expedido por la
administradora del Centro Comercial Centro Norte P.H., su horario de atención es de lunes a
sábado de ocho de la mañana (08:00 a.m.) a nueve y treinta de ¡a noche (09:30 p.m.) La
indefinición respecto de la hora en este caso, indudablemente perjudicó al demandante, toda
vez que impidió su ejercicio de su derecho de contradicción. Si bien, la DIAN manifestó en
el recurso de apelación que era lógico que el correo fue enviado en horas laborales por cuanto
este se hacía a través de mensajeros que cumplen horario de trabajo, lo cierto es que este
último no coincide con el de atención al público del centro comercial en el que se tenía que
hacer la notificación. Precisamente, el 16 de abril de 2013 salió a zona de distribución el correo
a las 07:14:14 a.m., antes que abrieran Centro Norte. Las afirmaciones de entrega del
correo en horario laboral no pasaron de allí, ninguna prueba se aportó para justificar tales
asertos. Sobre la trascendencia de la hora en que se realizan las notificaciones por correo, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 29 de noviembre de 2017 con
ponencia de la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto en el proceso radicado bajo el N°
76001-23-33-000-2012-00315- 01(20803) promovido por Suramericana de Guantes Ltda.
contra la DIAN, expuso: (…)En efecto, la precisión de la hora del intento de entrega está vinculada
de forma inescindible con el principio de publicidad de los actos administrativos y con
el debido proceso del contribuyente. Resulta fundamental que la persona que, por la devolución
del correo, tenga conocimiento pleno de las circunstancias en las que esta acaeció, lo
cual es carga del Estado. Comoquiera que en este caso, no se tenía certeza sobre la hora en
que el mensajero se acercó al lugar de notificaciones, la DIAN tenía la obligación de intentar
la notificación por correo de forma correcta, máxime cuando tampoco fue precisa Servientrega
en los motivos de devolución. Recuérdese que si bien, el artículo 568 del E.T. contempla
que se notifican por aviso los actos administrativos enviados por correo "que por cualquier
razón sean devueltos", la jurisprudencia de la Alta Corporación de lo contencioso administrativo
ha considerado que la Administración Tributaria tiene la carga de verificar en cada caso
que él envíe del correo sea correcto, pues el contribuyente no puede asumir las consecuencias
de una errónea notificación. Por lo expuesto, contrario a lo sostenido por el apoderado
de la DIAN, la falta de indicación de la hora no es un simple error de transcripción, toda vez
que la administración para garantizar el derecho al debido proceso, debe agotar los medios
que la ley le otorga para que la notificación se lleve a cabo de forma adecuada. Y es que, el
aviso, según lo ha admitido la Sección Cuarta', como forma de comunicación subsidiaria de
las decisiones de la administración, no permite que se logre el conocimiento efectivo de estas.
Insiste la Sala que, comoquiera que el ahora demandante desconocía la liquidación oficial
de revisión, no se le brindó la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en la vía
administrativa. Entonces, atenta contra los principios que rigen el Estado Social de Derecho,
que se le exija a través del proceso de jurisdicción coactiva, el cumplimiento de una obligación
que ignoraba. En efecto, en el momento en que la Administración Tributaria profirió el
aviso de cobro, Efraín Aguilar Hernández no tenía conocimiento de la liquidación oficial del
IVA 2009 periodo 5.
MAGISTRADO: DR. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 21 de marzo de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: CONSUELO ESTUPIÑAN CÁCERES
DEMANDADO: RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINSTRACIÓN JUDICIAL
RADICACIÓN: 15238333300220130007401
DESCRIPTORES – Restrictores:

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PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL - Noción - Génesis.
TESIS:
Independientemente de si la relación laboral se desarrolla en el sector público o privado, ella debe
ser justa y digna por orden expresa de la Constitución que en su artículo 25 dispone: "El trabajo es
un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Del segundo de
estos requisitos -justicia- se desprende el principio '"a trabajo igual, salario igual". Éste corresponde
a la obligación para el empleador de proporcionarles a sus trabajadores una remuneración acorde
con las condiciones reales del trabajo. Es decir, una que provenga de la observación de elementos
objetivos y no de consideraciones subjetivas, caprichosas o arbitrarias. Así pues, quienes ocupen el
mismo cargo, desarrollen las mismas funciones y demuestren tener las mismas competencias o habilidades
para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, deben percibir la misma remuneración,
toda vez que no existen, en principio, razones válidas para tratarlos de forma distinta. No obstante
lo anterior, no toda desigualdad salarial entre sujetos que ostentan las mismas características
constituye una vulneración de la Constitución, pues un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio
y, en esta medida, es reprochado cuando no obedece a causas objetivas y/o razonables. El
trato desigual que está fundamentado en criterios constitucionalmente válidos es conforme a la
Carta y, por ende, está permitido. La Corte Constitucional reiteradamente ha sostenido que para
acreditar la vulneración del principio "a trabajo igual, salario igual", primero debe estarse ante dos
(2) o más sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico
de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una
remuneración diferente. Seguidamente, ese Tribunal ha indicado que se deben analizar las razones
por las cuales existe la desigualdad, a efectos de determinar si ellas cuentan con un respaldo constitucional
y si son lo suficientemente poderosas como para limitar el derecho fundamental a la igualdad.
Respecto a los criterios válidos que pueden justificar una diferenciación salarial, la jurisprudencia
constitucional ha permitido, entre otros, los siguientes: (i) criterios objetivos de evaluación y
desempeño; (ii) diferencias de la estructura institucional de las dependencias públicas en que se
desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii) distinta clasificación de los empleos
públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones
igualmente disímiles para acceder a dichos empleos. En conclusión, el empleador debe otorgar
y garantizar la igualdad de trato en la relación laboral. No obstante, tal y como lo ha reconocido
también esa Alta Corporación en múltiples oportunidades, no se trata de establecer una equiparación
matemática del trabajador, puesto que "ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él
se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales" Por lo tanto no toda
desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye una vulneración de la Constitución,
pues se sigue aquí la regla general la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio
(y en esa medida en constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y
razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia se
fundamenta en criterios válidos constitucionalmente.
DESCRIPTORES – Restrictores:
NIVELACIÓN SALARIAL DE SERVIDORA JUDICIAL DEL CARGO DE ASISTENTE SOCIAL GRADO 02 AL
DE ASISTENTE SOCIAL GRADO 01 DE JUZGADO DE FAMILIA - Vulneración del principio “A trabajo
igual, salario igual” y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades legales.
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL - Aplicación.
TESIS:
Corresponde determinar al Tribunal si como lo aduce el recurrente es procedente la nivelación salarial
de la señora Consuelo Estupiñán de Cáceres quien desempeñó el cargo de Asistente Social Grado
02 del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama con menor asignación salarial al cargo de
Asistente Social Grado 01 (con mayor asignación salarial), cargos éstos que existen en la actualidad
en los Distritos de Competencia Administrativa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
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Judicatura, teniendo en cuenta que los requisitos para ocuparlos son los mismos y principalmente no
existe diferencia alguna entre los dos en cuanto a las funciones que debe cumplir quien los ocupa; o si,
por el contrario, le asiste razón al a quo de que no es viable dicho reconocimiento, dado que no es posible
hacer equiparación porque no se cuenta con elementos para hacerlo. (…)Se debe partir del hecho
de que la demandante señora Consuelo Estupiñán de Cáceres fue nombrada en propiedad en el cargo
de Asistente Social Grado 02 del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama, a partir del 1 o de
agosto de 2001, cargo que según la certificación vista a folio 278 ocupó hasta el 30 de septiembre de
2011, y luego desde el 1 o de abril de 2012 al 2 de febrero de 2014. A partir del 3 de febrero de 2014 fue
nombrada en descongestión como Asistente Social Grado 1 en ese mismo juzgado hasta la fecha de la
certificación, esto es al 4 de septiembre de 2014. Para la Sala con toda claridad le asiste razón al recurrente
cuando manifiesta que en el sub examine el principio de igualdad consagrado en los artículos 13
y 53 de la C.P. se viola flagrantemente. No otra cosa puede considerarse cuando a la señora Consuelo
Estupiñán de Cáceres, quien ocupaba el cargo de Asistente Social Grado 02 se le trató de forma diferente,
sin una justificación objetiva y razonable, pues su salario no era el mismo del establecido para el
Grado 01, aun cuando tenían que desarrollar las mismas funciones. Pues bien, en el expediente obra
material suficiente encaminado a probar que la señora Consuelo Estupiñán de Cáceres quien ocupaba
el cargo de Asistente Social Grado 02, en efecto devengaba un salario inferior a aquel que ocupaba el
de Asistente Social Grado 01 (…) Entonces en lo que respecta a la situación administrativa de la demandante,
resulta indiscutible que al haberse expedido el Acuerdo No. PSAA06-3826 de 20 de diciembre de
2006, mediante el cual se reestructuró la planta de cargos, se ajustó el funcionamiento del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Rionegro y se creó el cargo de Asistente Social Grado 02,
cargo que tiene asignadas las mismas funciones del denominado Asistente Social Grado 01 el salario y
demás emolumentos de la actora debían ser cancelados conforme a éste, y no como ocurrió, pues devengaba
un salario inferior, a pesar de que cumplía con las mismas funciones establecidas para el Grado
01. Es por ello que el acto demandado contenido en el Oficio CJOFI12-1554 del 13 de julio de 2010.
al negar la nivelación salarial de la actora de Asistente Social Grado 02 al de Asistente Social Grado 01,
resulta anulable, pues está desconociendo flagrantemente derechos fundamentales de la señora Consuelo
Estupiñán de Cáceres ya que la remuneración contemplada para los cargos públicos hace parte
de la justa retribución por el trabajo que el servidor desempeña. No puede pasarse por alto que cualquier
empleado, público o privado, en términos constitucionales, tiene derecho a recibir en forma completa
y oportuna la remuneración contemplada para su empleo, garantía ésta que en el presente caso
se ve conculcada cuando la administración decide pagar a la demandante una remuneración inferior a
la establecida para el cargo de Asistente Social Grado 01, a sabiendas que las funciones establecidas
para el de Asistente Social Grado 02 -cargo que ocupaba la demandante-, son las mismas. (…)Por último
debe precisar la Sala que en tratándose del servicio público el derecho a percibir una retribución
proporcional al trabajo también se encuentra garantizado constitucionalmente desde la misma ley y
los reglamentos, los cuales determinan las funciones del empleo público y su correspondiente remuneración,
a fin de preservar, de un lado, la efectiva marcha de la administración y. de otro, la protección
de las garantías individuales de quien presta su fuerza de trabajo al servicio del Estado. (…)En este caso
habrá de revocarse el fallo de instancia que negó las súplicas de la demanda, pues tal como ha quedado
establecido se evidencia el quebrantamiento del derecho a la igualdad de la actora, principio fundamental
que se predica de aquellos funcionarios que se encuentran en idénticas circunstancias laborales,
conforme a las funciones asignadas a cada empleo. En efecto, tal como se indicó en precedencia,
existe en el plenario prueba suficiente que permite establecer que el cargo al que se pretende la nivelación
salarial tiene funciones idénticas o siquiera similares a las realizadas por la señora Consuelo Estupiñán
de Cáceres cuando se desempeñaba en el cargo de Asistente Social Grado 02. Además, los requisitos
para ocuparlos son los mismos de acuerdo con el reglamento, y deben ser desempeñados en juzgados
de la misma especialidad y categoría, aunque puedan pertenecer a distintos distritos judiciales,
circunstancia esta que carece de toda relevancia a efectos de establecer un trato diferente, que para el
caso resulta a todas luces discriminatorio. Así las cosas, habiendo demostrado la demandante el derecho
a la nivelación del cargo que ocupaba como Asistente Social Grado 02, con el de Asistente Social
Grado 01, y habiéndose acreditado el quebrantamiento de los derechos constitucionales fundamentales
a la igualdad, al principio universal de "a trabajo igual salario igual" y a la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades legales, la sentencia proferida por el a quo amerita ser revocada.

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REPETICIÓN
MAGISTRADA: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia del 8 de marzo de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN
DEMANDANTE: POLICÍA NACIONAL
DEMANDADO: JHON FREDY SIERRA AFRICANO
RADICACIÓN: 15001333300720130027001
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Condena por uso inadecuado de arma de fuero de dotación oficial por
ex auxiliar de la Policía Nacional habiendo incurrido en culpa grave.
TESIS:
Revisadas las pretensiones y argumentos jurídicos expuestos en la demanda, se observa que en el
hecho 2.14, la entidad adora sostuvo que el demandado faltó a todas las medidas de precaución,
prudencia, diligencia y cuidado que debe tener un servidor público, por tanto, debe ser declarado
responsable a título de culpa grave. Así mismo, en los fundamentos de derecho se citó el artículo 6
de la Ley 678 de 2001 e inclinó sus argumentos y citas jurisprudenciales a este título de imputación
pero sin precisar causal específica, lo cual no impide que se examine la prueba aportada a efecto de
establecer la existencia del hecho y si la conducta del demandado puede ser enmarcada en los límites
de la culpa grave, tal como lo ha señalado la jurisprudencia. Procede la Sala a determinar si el
empleo del arma de dotación oficial del ex Auxiliar de Policía Jhon Fredy Sierra Africano, en las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, fue el correcto o no, con fundamento en el material probatorio
arrimado al expediente. La entidad accionante manifestó que el ex Auxiliar de Policía Jhon Fredy
Sierra Africano infringió el deber objetivo de cuidado, toda vez que i) desconoció los protocolos definidos
por institución respecto del manejo de armas de fuego de dotación oficial y omitió el deber de
entregar el arma de dotación a la hora del almuerzo y ii) portó el arma sin las medidas de seguridad
en tanto el arma se encontraba cargada. En cuanto se refiere al hecho, es decir, si con el arma oficial
asignada al demandado se causaron lesiones a Jorge Leonardo Peña Rodríguez, no existe duda.
(…)Ahora, obsérvese que, a diferencia de lo que concluyó la jueza a-quo, de una parte, el ahora demandado
aceptó que tenía formación en el manejo de armas cortas y, adicionalmente, de su versión
fuerza concluir que la instrucción de dejar las armas al momento de la alimentación era clara,
de lo contrario, el entonces Auxiliar de Policía no hubiera manifestado que a la hora del almuerzo se
dirigió a dejar el arma en el armerillo pero no encontró a quien debía recibir el armamento; igualmente
era de su entero conocimiento que, portar el arma en el alojamiento implicaba riesgo, no
sólo para él o sus compañeros, sino también para los auxiliares bachilleres. Adicionalmente, tampoco
resulta consistente con esta versión la conclusión del a- quo al señalar que el demandado estaba
en servicio pues, como él lo expresó, faltaban 10 minutos para ello; y sólo al levantarse pensó en
retirarse el arma para guardarla, lo que quiere decir que no tuvo tal cuidado al momento de ir a
recostarse en el alojamiento a pesar que, dijo, no pudo entregarlo; y finalmente, es claro que aunque
permaneció con el arma, sin insistir en llevarla al armerillo una vez terminó su almuerzo, a cambio
se dirigió al alojamiento sin asegurarla ni descargarla, al punto que fue este descuido inexcusable
el que permitió que su dedo accionara el arma cuando iba en caída hacia el suelo. No encuentra
la Sala justificado que el demandado, se permitiera el descanso con el arma en al arnés y sólo cuando
iba a levantarse, tratara de dejarla bajo la almohada, es decir, cuando al contrario, si era éste el
momento en que se disponía a reiniciar el servicio, era entonces cuando debía volver a portar el
armamento. (…)Como se ha indicado ut supra, la culpa es la conducta reprochable de un agente que
generó un daño antijurídico no querido pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber
objetivo de cuidado al no prever los efectos nocivos de su acto o cuando habiéndolos previsto, confió
imprudentemente en poder evitarlos; por su parte, la culpa grave parte del comportamiento negligente
y despreocupado del agente estatal. Y, si bien las decisiones tomadas en el curso de la investigación
disciplinaria no resultan incontrastables ante el presente proceso, lo que no deja de llamar la
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atención es que el investigado ni siquiera haya ejercido recurso alguno contra la determinación que lo
encontró omisivo y falto de cuidado al portar el arma cargada y sin observar la más mínima medida de
seguridad, además de proceder al margen de las instrucciones recibidas al respecto, lo cual, a juicio de
esta Sala, constituye un indicio de aceptación en relación con la conducta que ahora convoca nuestro
estudio. A juicio de esta Sala la conducta desplegada fue imprudente, en tanto acostarse a descansar
con el chaleco arnés y con el arma sin asegurar, no sólo ponía en peligro su integridad sino, como sucedió,
la de sus compañeros. Súmese a lo anterior que el Decreto 2584 de 1993, precisó la disciplina como
un elemento esencial para la existencia de la institución policial que implica la observancia por parte de
sus miembros de las leyes, reglamentos y órdenes sobre el uso adecuado de las armas de dotación
oficial, además, en el artículo 39 estableció: (…)A partir de la norma transcrita, se puede inferir que las
ordenes, entendidas como la manifestación externa de la autoridad que se debe obedecer, observar y
ejecutar, eran de carácter imperativo en el proceder frente al porte y uso del arma, entonces resultaba
inaceptable que el ahora demandado, si no pudo entregar su armamento al ingresar a la Estación de
Policía se dirigiera al alojamiento, sin cumplir la instrucción, y a pesar de ser consciente del riesgo, dada
la presencia de otros compañeros, no la retirara, siquiera, para asegurarla o descargarla y colocarla
en un lugar seguro. (…)En consecuencia, reafirma la Sala que el demandado, Jhon Fredy Sierra Africano,
contaba con la instrucción suficiente en el manejo de armamento largo y corto, sin que pueda
considerarse que por encontrarse prestando el servicio militar obligatorio, ameritara la asignación de
funciones sin manejo de armamento, lo cual resulta propio del auxiliar de policía bachiller a quien, en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 4 a de 1991, y 18 del Decreto 2853 de 1991,
solo corresponden servicios primarios de policía, conforme a las normas vigentes para la época de los
hechos. (…)Entonces, se reafirma que la entidad había dado al demandado Ia instrucción de forma
clara, concreta y precisa, de depositar el arma en el armerillo durante el horario de alimentación y fue
aceptado por él que había recibido instrucción para el manejo de armamento corto, es decir, la entidad
probó también los supuestos que el demandado puso en entredicho. (…)Se reitera, además, el demandado
tenía conocimiento que en las horas de alimentación estaba en la obligación de dejar el arma en
el armerillo y, aun admitiendo que ese sitio estaba cerrado, la mínima diligencia y cuidado en el manejo
del arma indicaría, aún a una persona sin adiestramiento que, cuando menos, debía asegurarla o
descargarla, ya que no había podido depositarla en el sitio destinado para ello, así tenía que proceder
conforme al decálogo de manejo de armas cuando dice “Siempre tenga su arma descargada. ”De lo
anterior se colige que, en el contexto expuesto, la actuación del ex Auxiliar de Policía no admite justificación
y constituye una conducta que se ubica dentro del concepto de culpa grave, ante la omisión
voluntaria de su deber de cuidado al no prever los efectos nocivos de omisión, pese a tener conocimiento
de las instrucciones y órdenes impartidas por sus superiores.

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VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
MAGISTRADO: Dr. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 21 de marzo de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE CERINZA
RADICACIÓN: 15001233300020180001700
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO - Los rubros
creados en el mismo deben determinar de manera clara y precisa los recursos que
servirán para su apertura.
TESIS:
La Sala declarará la invalidez parcial del Acuerdo N° 16 de 30 de noviembre de 2017 expedido
por el Concejo Municipal de Cerinza, en cuanto tiene que ver con los rubros creados
en el presupuesto y que se estimaron en las sumas de un peso ($1), dos pesos ($2), tres
pesos ($3), seis pesos ($6), ocho pesos ($8), dieciséis pesos ($16) y dieciocho pesos ($18),
por cuanto atentan contra los principios que orientan la fijación del presupuesto anual de
ingresos y gastos del municipio, particularmente los de planeación y universalidad, toda
vez que los ingresos y gastos que se establezcan en el respectivo presupuesto deben presentarse
de forma exacta y precisa, lo cual garantiza a su vez el cumplimiento de los planes
y proyectos fijados en el plan de desarrollo aprobado para la entidad territorial. (…)De
acuerdo con las normas en cita, cuando el crecimiento real de la economía sea un porcentaje
mayor al 4%, los recursos del Sistema General de Participaciones se incrementaran en
igual proporción, recursos que se destinarán a la atención integral de la primera infancia.
En tal virtud, si el Municipio de Cerinza no tenía previsto recibir dichos recursos, no era
dable proceder a su creación, toda vez que se insiste de acuerdo al artículo 81 del Decreto
111 de 1996, en el Acuerdo se debe “establecer de manera clara y precisa el recurso que
ha de servir de base para su apertura”. En tal virtud, contrario a proceder a crear el rubro
sin determinar de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura,
el Municipio de Cerinza, en el evento en que efectivamente fuera a recibirlos, debía
era proceder a adicionarlos al presupuesto de rentas y acreditarlos en el presupuesto de
gastos de los programas y subprogramas correspondientes a la atención en primera infancia.
Igual consideración puede predicarse de los recursos de capital, recursos del balance e
ingresos de fondos especiales, toda vez que si el supuesto de hecho era que dichos rubros
se esperaban recibir por parte de la entidad territorial, lo procedente era adicionarlos al
presupuesto y acreditarlos en el presupuesto de gastos de los programas y subprogramas
correspondientes. En suma, la Sala concluye que el cargo propuesto por el Departamento
de Boyacá en contra del Acuerdo No. 16 de 30 de noviembre de 2017, tiene vocación de
prosperidad, ello en la medida en que, se insiste, el Concejo municipal de Cerinza creó en
el presupuesto para la vigencia 2018 unos rubros, sin que se precisaran los recursos que
sirven de sustento para su apertura. Así las cosas, el Acuerdo No. 16 de 30 de noviembre
de 2017, en algunos de sus apartes no cumple en su totalidad con los requisitos previstos
en las normas aquí estudiadas para la elaboración y aprobación del presupuesto del Municipio
de Cerinza, particularmente en cuanto a la obligación según la cual los ingresos y
gastos que se establezcan en el respectivo presupuesto deben presentarse de forma exacta
y precisa, razón por la cual la Sala declarará la invalidez del acuerdo demandado única-
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P á g i n a 22
mente en el contenido de las partidas afectadas de invalidez.
MAGISTRADO: Dr. FELIX ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 26 de abril de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE CUCAITA
RADICACIÓN: 15001233300020170075800
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACTOS PÚBLICOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETAN HONORES A LOS CIUDADANOS - Marco normativo
- Regulación.
TESIS:
Sobre el particular, en el decreto 2987 de 1945, el Presidente de la República estableció que era deber
del Gobierno la veneración a los grandes valores humanos que en el pasado contribuyeron a formar y a
dar carácter a la nacionalidad colombiana y que para ello era necesario consagrar a la memoria de
esas personas las instituciones oficiales que se dedicaban al bien público; por ello dispuso que las instituciones
oficiales que en lo sucesivo se crearan para el bien público deberían llevar la memoria de los
grandes hombres desaparecidos o de los acontecimientos que hubiesen contribuido a la formación de
la nacionalidad colombiana. Posteriormente se expidió el decreto 1678 de 1958 que en su artículo 5
estableció la prohibición a los ministros del despacho, gobernadores, intendentes, comisarios y Alcaides
de designar con el nombre de personas vivas los bienes de uso público y (o sitios u obras pertenecientes
a la Nación. No obstante con la expedición del decreto 2759 de 1997 se estableció una excepción a la
aludida prohibición en el sentido de que las autoridades antes indicadas podrán designar con el nombre
de personas vivas los bienes de uso público a petición de la comunidad y siempre que la persona
epónima haya prestado servicios a la Nación que ameriten tal designación". Ahora, si bien el decreto
1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), en su artículo 99 numeral 3, prohibió decretar honores y
ordenar la erección de estatuas, bustos u otros monumentos conmemorativos a costa de los fondos
públicos, salvo casos excepcionales. De lo anterior puede concluirse que en tratándose de la regulación
de los actos públicos en que se exalten honores de ciudadanos, i) si bien se prohíbe a los Concejos Municipales
hacer exaltación de ciudadanos vivos, lo cierto es que en casos excepcionales sí resulta procedente;
ii) así mismo, si bien en principio resulta prohibido designar bienes públicos con el nombre de
personas que estén vivas lo cierto es que tal regla admite una excepción, a. si tal acto tiene su origen
en una petición de la comunidad y, siempre que la persona a exaltar haya prestado servicios a la Nación
que ameriten la designación.
DESCRIPTORES – Restrictores:
PROHIBICIÓN DE DESIGNACIÓN CON NOMBRE DE PERSONAS VIVAS A BIENES DE USO PÚBLICO -
Validez de acuerdo municipal que designó a polideportivo municipal con nombre de deportista viva,
por aplicación de la excepción prevista en el parágrafo del artículo 1 del decreto 2759 de 1997.
ACTOS PÚBLICOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETAN HONORES A LOS CIUDADANOS - Caso de
excepción en el que se designa un bien público con el nombre de una persona que está viva.
TESIS:
En el sub examine el Departamento de Boyacá pide que se declare la invalidez del acuerdo No. 15 del 1
de septiembre de 2017 expedido por el Concejo de Cucaita, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA A LA
DEPORTISTA DANIELA CAROLINA MUNEVAR FLOREZ Y SE DESIGNA CON SU NOMBRE EL POLIDEPORTI-
VO MUNICIPAL" pues a su juicio el artículo 1 o desconoce lo dispuesto en el decreto 2759 de 1997, en el
sentido de que la persona que allí se exalta se encuentra en vida. La Sala de entrada anuncia la improsperidad
de las pretensiones de la demanda, pues como lo señaló el grupo de ciudadanos de Cucaita

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que intervino en el proceso, el Presidente del Concejo y el Alcalde de ese Municipio, el Acuerdo demandado
se enmarca en la excepción prevista en el parágrafo del artículo 1 del decreto 2759 de
1997. En efecto, lo primero que debe decirse es que por petición de la comunidad de Cucaita, -como
ellos mismos lo manifestaron en su escrito de intervención y porque así lo confirmó el Presidente del
Concejo y el Alcalde del Municipio- el Presidente del Concejo presentó a la Corporación el proyecto
de acuerdo No. 001 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA A LA DEPORTISTA DANIELA CAROLINA MU-
NEVAR FLOREZ Y SE DESIGNA CON SU NOMBRE EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL". En la exposición de
motivos del aludido acuerdo se dijo que la deportista Múnevar Flórez es oriunda de ese Municipio y
que actualmente reside allí con sus padres, que desde temprana edad ingresó a la Escuela de ciclismo
del Municipio; que una vez adelantando sus estudios de pregrado sufrió un accidente, pero que
con la tenacidad que la caracteriza persistió en su sueño y se convirtió en ciclista paracycling. Allí
mismo se señaló que la deportista había obtenido varios títulos a nivel nacional e internacional entre
los que se describieron i) en 2015 obtuvo medalla de plata y cuarto lugar en la crono- CRI- Ruta
en el Mundial de Ruta en Notwill Suiza; ii) fue la primera colombiana en participar en ciclismo paralímpico
en los Juegos de Rio de Janeiro de 2016 donde obtuvo 3 diplomas, entre otras distinciones y
iii) obtuvo medalla de bronce en la contrareloj individual en el Campeonato Mundial de Paracicling
que se llevó a cabo en 2016 en Montecchiarini Italia. Más recientemente se convirtió en la primera
mujer colombiana en ganar una medalla de oro luego de conquistar la prueba de contrarreloj individual
C2 logrando un tiempo de 27 minutos y 57 segundos tras recorrer 15.5 kilómetros durante el
pasado Campeonato Mundial de Paracycling, realizado el 2 de septiembre de 2017 en Pietermaritzbrug
Sudáfrica y por ello fue nominada como mejor atleta paralímpica de Las Américas. De lo
expuesto puede colegirse que el Acuerdo demandado se expidió teniendo como fundamento la excepción
prevista en el parágrafo del artículo 1 del decreto 2759 de 1997, en el sentido de que fue la
misma comunidad de Cucaita la que pidió al Concejo Municipal la exaltación de la deportista oriunda
de ese Municipio y que además la misma se ha destacado en el campo deportivo en su condición
de deportista paralímpica, logrando títulos en el campo del paracycling como deportista de la delegación
colombiana. Con lo anterior se prueba que se dan los presupuestos del parágrafo de la norma
demandada, esto es, que la exaltación de la deportista Daniela Carolina Múnevar Flórez designando
con su nombre el Polideportivo del municipio de Cucaita fue producto de la petición de la
comunidad de ese Municipio y además ello responde a que la deportista ha prestado servicios a la
Nación como deportista paralímpica en la Delegación Colombiana obteniendo títulos en competiciones
internacionales, razones por las cuales la Sala estima que el Acuerdo demandado goza de validez
y así se declarará.
MAGISTRADO: Dr. JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 24 de abril de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE FLORESTA
RADICACIÓN: 15001233300020180006900
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRESUPUESTO DE LAS PERSONERÍAS - No es posible que las personerías presenten aisladamente
ante el Concejo Municipal su plan de presupuesto, justificándose en su autonomía administrativa
y presupuestal porque esta facultad está exclusivamente en cabeza del alcalde.
TESIS:
De los preceptos citados, debe quedar claro que las personerías municipales, son reconocidos como
órganos con autonomía presupuestal necesaria para el ejercicio independiente de su labor de control
de la administración local y les confiere la categoría de ser una sección del presupuesto del respectivo
distrito o municipio, con lo cual, además de la potestad de contratar y comprometer a nombre
de la persona jurídica de la cual hacen parte (el distrito o el municipio), pueden válidamente
ordenar el gasto respecto de las apropiaciones que han sido incorporadas en la Sección que les corresponde.
Sumado a lo anterior, la Ley Decreto 111 de 1996, también determinó la obligación que
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tiene el Alcalde junto con el Concejo Municipal a la hora de elaborar y aprobar el presupuesto, teniendo
en cuenta los montos correspondientes para los gastos de funcionamiento de las contralorías y personerías.
Para el efecto, se dispuso: “ARTICULO 106. (…) De la norma en cita, se extrae que la virtud de
elaboración del presupuesto, recae en manos del Alcalde Municipal, y su aprobación del Concejo de la
misma localidad, sin que hasta el momento se dimensione que las personerías municipales tenga un
trámite propio para el efecto. Lo anterior, es coherente con las atribuciones establecidas para la primera
autoridad municipal y a la Corporación edilicia por parte de la Constitución Política, en lo que le
compete al presupuesto: (…) Por su parte, la Ley 1551 de 2012, dispuso sobre las funciones de los Alcaldes
Municipales, lo que sigue: (…) Ahora bien, debe dejarse en claro que las personerías municipales,
son una institución inmersa en la estructura orgánica y funcional municipal. En otras palabras, hacen
parte de la estructura de la administración municipal (artículo 313-6-8 CP). De la condición de las personerías
frente a la estructura municipal, ha sido claro para la Corte Constitucional, al señalar que si
bien tienen autonomía presupuestal y sus agentes del Ministerio Público, también es cierto que hacen
parte de la administración local: (…) En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, trayendo a
colación el criterio de la Corte Constitucional. Así las cosas, en materia presupuestal la iniciativa es de
carácter exclusivo por parte del Gobierno en el nivel nacional y de los Gobernadores y Alcaldes en los
Departamentos y Municipios respectivamente. (..)Resalta entonces que, a nivel municipal el único que
puede presentar el presupuesto y las modificaciones durante su ejecución es el Alcalde, incluyendo el
sector para el funcionamiento de las personerías municipales. En ese orden de ideas, no es posible que
la Personería, como ocurrió en el sub lite, presente aisladamente el plan de presupuesto para su funcionamiento
ante el Concejo Municipal, y éste apruebe el mismo, justificándose en ser las personerías
municipales entidades con autonomía administrativa y presupuestal distinta a la del Municipio, pues se
reitera, dicha facultad está en cabeza del Alcalde y es exclusiva y excluyente. Así entonces, es evidente
que el Concejo Municipal de Floresta, se excedió en sus funciones al haber aprobado el Acuerdo 025 de
2015 que fijó el plan de presupuesto para el funcionamiento de la personería de la misma municipalidad,
siendo del caso, una vez analizado el cargo, concluir que prospera, debiéndose declarar su invalidez.

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SENTENCIA DE ESPECIAL INTERÉS GENERAL
En cumplimiento a lo ordenado en el literal f) del numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia
de fecha 14 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del
medio de control de reparación directa adelantado por Jorge Eduardo Cala Martínez y otros contra
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC - la Relatoría de esta corporación hace la
siguiente publicación.
POR FALTA DE PRESTACIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO DE SALUD A UN INTERNO DE LA CÁRCEL DE
CÓMBITA, TAB CONDENÓ AL INPEC Y AL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR CAPRE-
COM LIQUIDADO, AL PAGO DE PERJUICIOS Y MEDIDAS RESTAURATIVAS NO PECUNIARIAS.
Un interno de establecimiento carcelario de Cómbita junto con sus familiares, presentaron demanda
de reparación directa en contra del INPEC para que les cancelara los perjuicios que les fueron
ocasionados por la falta de atención y tratamiento médico oportuno que conllevó a que el aquel
presentara ceguera definitiva en ambos ojos y pérdida muscular en los cuatro miembros.
En fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que revocó el de
primera que había negado las pretensiones, concluyó luego del análisis probatorio respectivo, que
efectivamente el Estado omitió el cumplimiento de sus obligaciones de prestación del servicio de
salud de forma adecuada, oportuna y eficaz, como quiera que a pesar de los síntomas presentados
por el interno y de los insistentes derechos de petición, de forma inexcusable no lo remitieron inmediatamente
al optómetra, cuando desde la primera valoración realizada en octubre de 2008 en
el centro de reclusión, el médico general, expresó esta necesidad.
Indicó que trascurridos aproximadamente, ocho meses y como consecuencia de una acción de tutela,
le fue prestado el servicio de optometría al recluso, momento en el cual, su enfermedad ya había
progresado considerablemente. Por tal motivo, de forma inmediata tuvo que ser atendido por el
oftalmólogo, quien ante las características de la enfermedad lo remitió al neurólogo, hechos sobre
los cuales obraba prueba en el expediente sobre la negligencia del INPEC.
Respecto de los exámenes ordenados por el especialista al interno, encontró el tribunal que no
fueron practicados de forma oportuna, porque CAPRECOM no se pronunciaba sobre la prestación
del servicio, y el INPEC no adelantó las gestiones necesarias en relación con los soportes económicos
requeridos. Por esta razón fue necesaria la intervención judicial, pero para esa época el interno
ya había perdido la visión del ojo izquierdo y el derecho estaba gravemente comprometido.
Así, observó la corporación judicial que las entidades involucradas en modo alguno garantizaron el
acceso a los servicios de salud en condiciones oportunas, adecuadas, eficientes y continuas del interno,
al punto que fue necesaria la interposición de varias acciones de tutela e incidentes de
desacato.
Ahora bien, señaló que con certeza no era posible indicar que si la atención hubiese sido oportuna,
el interno recuperara la visión, pero lo cierto era que al no prestarle atención médica a tiempo,
desapareció la oportunidad de frenar el curso negativo de la patología que estaba padeciendo.
Así entonces, a su juicio, apareció razonable que la omisión de las entidades fue determinante para
que el señor perdiera la oportunidad de evitar la ceguera bilateral, pues él únicamente contaba con
el servicio médico que ofrecía el establecimiento carcelario, a través de la EPS contratada, y no se
encontraba en condiciones de acceder a otro tipo de atención.
En consecuencia, fue evidente que la falta de prestación oportuna del servicio médico constituyó en
sí mismo un daño imputable a las entidades demandadas, independientemente de los resultados
que se derivaran, pues de conformidad con los artículos 2 o y 90 de la Constitución Política, era de
rango superior la configuración de la responsabilidad del Estado por la omisión de las autoridades
B o l e t í n M e n s u a l

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públicas en el acatamiento de las obligaciones preestablecidas por las normas, máxime cuando se
trata de personas recluidas a quienes se les debe prestar la atención en idénticas condiciones de la
población que no ha sufrido la restricción a su derecho a la libertad.
Recordó de igual manera el fallo que en casos de pérdida de oportunidad lo trascendental no es determinar
la causa de la ceguera, sino el nexo de causalidad entre la incertidumbre y la probabilidad, lo
cual, en este caso, a juicio de la corporación, quedó demostrado.
Por lo expuesto, declaró la responsabilidad del INPEC y del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR
CAPRECOM LIQUIDADO, por la pérdida de oportunidad, teniendo en cuenta la participación de cada
una en la generación de este daño, por lo cual las condenó al pago de perjuicios morales en favor de
todos los demandantes y por concepto de daño a la salud y lucro cesante en favor del interno.
Adicionalmente condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- por la afectación de
los derechos convencional y constitucionalmente protegidos de los demandantes a las siguientes medidas
restaurativas no pecuniarias:
a. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, deberá incluir a Jorge Eduardo Cala Martínez
en un programa de Rehabilitación Integral para Personas Ciegas.
b. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, deberá brindar tratamiento psicológico a
Jorge Eduardo Cala Martínez, Flor Alba Martínez de Cala, Ana Isabel Cala Martínez, Eulalia Cala Martínez,
Julio Roberto Cala Martínez y María Eugenia García Aguirre.
c.Exhortar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- para que preste el servicio de salud a
Jorge Eduardo Cala Martínez de forma eficiente, oportuna y de acuerdo con la enfermedad que padece,
mientras se encuentre privado de la libertad.
d. Ordenar que la presente sentencia sea publicada en las páginas web del INPEC, de la Superintendencia
de Salud y del Ministerio de Justicia y del Derecho.
e. Ordenar al INPEC que, con la aquiescencia de los acá demandantes, realice en ceremonia privada o
pública, conforme ellos lo autoricen, en sus instalaciones, con la presencia del Director de la entidad y
de la parte demandante de este proceso, presente excusas por las deficiencias que en la atención a la
salud se incurrió en el caso del señor Jorge Eduardo Cala Martínez; ceremonia que, de ser autorizada
por la parte demandante, se llevará a cabo a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia.
f. Ordenar que la presente sentencia sea publicada en los medios de comunicación de los que dispone
este Tribunal.
Con las anteriores medidas restaurativas, consideró el tribunal que se satisfacían las condiciones de
reparación integral.
(Exp. 15001333300520150005602. Fecha providencia: 14-06-18).
TEXTO DE LA PROVIDENCIA

NOTA DE ADVERTENCIA
“La indexación de la información a través de descriptores, restrictores
y la tesis, no exoneran al usuario de la información de corroborar
su contenido con los textos de las providencias y atendiendo
posibles inconsistencias que de presentarse, se sugiere sean puestas
en conocimiento de la Relatoría”.
Tribunal Administrativo de Boyacá
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Gonzalo López Niño
BOYACA
“ALTAR DE LA PATRIA DE TODOS LOS COLOMBIANOS”