La ineficiencia de la desigualdad

Capítulo II
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
globales sobre cómo regular el comercio en bienes y servicios y los sectores emergentes del siglo XXI. Esto
dificulta los procesos de convergencia regulatoria y la modernización del marco de la OMC. Además, se
desaceleran los proyectos de integración económica de amplio alcance entre los Estados Unidos, América
Latina y el Caribe y Asia y el Pacífico (TPP) y entre los Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP). La mayor
integración económica que podría ocurrir a mediano plazo es en Asia y el Pacífico mediante la Asociación
Económica Integral Regional, si estas negociaciones superan las dificultades.
La ausencia de marcos regulatorios de carácter multilateral ha llevado a la creación de estándares
fragmentados basados en prioridades nacionales, particularmente con respecto a comercio, inversión y
tecnología. En suma, los Estados Unidos, que durante las primeras siete décadas de la posguerra fueron
el principal promotor de la liberalización comercial, han tomado una dirección opuesta, con resultados que
son aún difíciles de prever. Hasta ahora este giro no parece marcar un punto de inflexión en el proceso de
apertura comercial que ha experimentado el mundo en las últimas tres décadas. En efecto, los otros grandes
actores de la economía mundial, en particular la Unión Europea, China y el Japón, han reiterado públicamente
su compromiso con la apertura y el multilateralismo. No obstante, es indudable que se ha configurado un
panorama de fuerte incertidumbre en la gobernanza mundial, que requiere un multilateralismo reforzado y
equitativo que responda a las urgencias del siglo XXI.
4. La solución de controversias entre inversionista y Estado
La inversión extranjera es otra dimensión fundamental de la globalización, cuya actual gobernanza presenta
serias deficiencias. En efecto, en los últimos años surgieron crecientes cuestionamientos a los acuerdos
internacionales sobre inversión, argumentándose que privilegian los derechos de los inversionistas extranjeros
por sobre el derecho del Estado anfitrión a regular en la búsqueda del interés público y del desarrollo sostenible
(UNCTAD, 2015). La percepción de la importancia de este tema ha aumentado producto de eventos como la
crisis financiera global, que llevó a muchos gobiernos a asumir posturas más intervencionistas en la economía.
El impacto negativo sobre el espacio regulatorio de los Estados se ve magnificado por el hecho de que un
gran número de acuerdos sobre inversión incluyen mecanismos de solución de controversias entre inversionistas
y Estados, que permiten a un inversionista extranjero demandar directamente al Estado anfitrión en un proceso
de arbitraje internacional si considera que no se han respetado sus derechos según el acuerdo respectivo. Desde
mediados de los años noventa, los inversionistas extranjeros han utilizado cada vez más estos mecanismos: más
del 80% de los casos en este período han sido iniciados por empresas transnacionales de países desarrollados.
Las principales críticas a los mecanismos de solución de controversias son: i) la posibilidad de que el
Estado anfitrión se inhiba de regular en el interés público por temor a ser demandado (situación conocida como
regulatory chill); ii) la falta de consistencia entre fallos sobre asuntos similares; iii) la imposibilidad de corregir
eventuales decisiones erróneas de los tribunales al no existir una instancia de apelación; iv) la discriminación
hacia los inversionistas locales, que no pueden recurrir al arbitraje internacional; v) los eventuales conflictos
de interés de los árbitros; vi) la falta de transparencia de los procedimientos; vii) los elevados costos de la
defensa para los Estados anfitriones, y viii) el otorgamiento de sumas excesivas como compensación a los
inversionistas extranjeros (Herreros y García-Millán, 2017).
Numerosos países han reaccionado a los cuestionamientos a estos mecanismos mediante reformas a sus
acuerdos sobre inversión. Algunos han introducido ajustes menores al mecanismo, manteniendo su estructura
básica (este fue el enfoque seguido en el TPP y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico).
Otros, como la India, establecieron el requisito de recurrir a los tribunales locales como condición previa al
arbitraje internacional. Con un mayor grado de ambición se sitúa la propuesta de la Unión Europea de pasar del
actual sistema de arbitrajes ad hoc, sin instancia de apelación, a un sistema de tribunales permanentes con
apelación 23 . Por último, otros países, como el Brasil, optaron por eliminar estos mecanismos de sus nuevos
acuerdos de inversión, recurriendo a mecanismos alternativos de solución de controversias.
23
Sus recientes acuerdos comerciales con el Canadá y Singapur incluyen este mecanismo, así como el compromiso de las partes de promover la creación de un
tribunal multilateral de inversiones. Estos acuerdos contienen también disposiciones para garantizar el derecho del Estado anfitrión a regular en el interés público,
como se indica en Comisión Europea (2015).
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