La ineficiencia de la desigualdad

La ineficiencia de la desigualdad
Capítulo II
Recuadro II.1
La nueva reforma tributaria de los Estados Unidos
El 1 de enero de 2018 entró en vigor la Ley de Empleo y Reducción Tributaria, la reforma impositiva federal más amplia
y completa desde 1986. En este nuevo contexto tributario se disponen cambios significativos en la estructura tributaria
corporativa y se reduce la tasa del impuesto corporativo del 35% al 21%. Además, permite la aplicación única de una tasa
corporativa de repatriación (del 8% para activos no líquidos y el 15% para activos líquidos) para alentar a las empresas
a repatriar casi 3 billones de dólares de activos corporativos que poseen en el extranjero, sobre todo en Europa, y
lleva a los Estados Unidos a un sistema de impuestos territoriales. Se espera que la Ley de Empleo y Reducción
Tributaria estimule significativamente a los sectores tecnológico, manufacturero, farmacéutico, automotor, financiero
y de telecomunicaciones. De hecho, los objetivos principales del nuevo régimen tributario son relocalizar empresas,
empleos y propiedad intelectual, fomentar la inversión extranjera y nacional y aumentar los ingresos fiscales. La ley
también contiene una reforma a la estructura tributaria individual.
Las repercusiones macroeconómicas del nuevo régimen aún no están claras dado que el estímulo fiscal podría
sumar más de 1 billón de dólares al déficit nacional en los próximos diez años y las estimaciones del incremento del
PIB que podría compensar estos costos oscilan entre el 0,7% y el 5% (Comité Conjunto de Tributación, 2017, Comité
de Consejeros Económicos de la Casa Blanca, 2017). La deuda nacional de los Estados Unidos, que ya se acerca a
los 20 billones de dólares, podría aumentar significativamente, lo que también causa preocupación en cuanto a la
sostenibilidad, ya que se alcanzarían los mayores niveles de deuda después de los existentes alrededor de la posguerra
(Appelbaum, 2017). La Ley de Empleo y Reducción Tributaria es la primera de muchas reformas legislativas previstas
en el corto plazo, o ya en curso, incluido un amplio plan de infraestructura, una revisión de los programas de seguridad
social y la desregulación en varios sectores.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Comité Conjunto de Tributación, Macroeconomic Analysis of the
Conference Agreement for H.R. 1, the Tax Cuts and Jobs Act, Washington, D.C., 22 de diciembre de 2017 [en línea] https://www.jct.gov/publications.
html?func=startdown&id=5055; Comité de Consejeros Económicos de la Casa Blanca, The Growth Effects of Corporate Tax Reform and Implications
for Wages, Washington, D.C., octubre de 2017 [en línea] https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/Corporate%20Tax%20
Reform%20and%20Growth%20Final.pdf y B. Appelbaum, “Debt concerns, once a core Republican tenet, take a back seat to tax cuts”, New York
Times, 1 de diciembre de 2017 [en línea] https://www.nytimes.com/2017/12/01/us/politics/tax-cuts-deficit-debt.html.
Otro cambio importante fue el referido a la neutralidad de Internet. En diciembre de 2017, la Comisión
Federal de Comunicaciones acordó revocar la regulación sobre neutralidad de la red adoptada en 2015 que,
en principio, prohibía cualquier tipo de bloqueo de contenido legítimo, degradación de tráfico y priorización
pagada en Internet, reclasificando también los servicios de Internet como servicios de comunicación públicos.
El argumento principal fue que esas regulaciones afectaban negativamente a la inversión, la innovación y el
surgimiento de nuevos modelos de negocios. Sin embargo, dada la estructura del mercado de provisión de
esos servicios, estos cambios podrían perjudicar también a los consumidores, quienes podrán ser sujetos
de nuevos cargos por parte de los operadores según la calidad y la velocidad de la señal. Por otra parte, los
proveedores de servicios en línea más pequeños (por ejemplo, empresas minoristas de comercio electrónico)
pueden verse afectados al no poder acceder a un tratamiento preferencial de su contenido, como lo pueden
hacer las empresas de mayor tamaño, incrementando aún más las asimetrías en Internet.
Producto del drástico giro de la política comercial de los Estados Unidos, la principal negociación megarregional
que continúa en curso es la de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), con la participación de los
diez países miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), Australia, China, la India, el
Japón, Nueva Zelandia y la República de Corea. En caso de prosperar, ese proceso culminaría con la creación
de un área de libre comercio cuyos miembros representan la mitad de la población del mundo, el 38% de
su PIB (medido en paridad de poder adquisitivo), el 31% de las exportaciones mundiales de bienes y el 26%
de las importaciones. No obstante, la conclusión exitosa de esta Asociación Económica también enfrenta
importantes dificultades que derivan, en gran medida, de la marcada heterogeneidad de sus participantes
en términos de niveles de desarrollo y, por ende, de sus posiciones negociadoras (Cook y Basu Das, 2017).
La incertidumbre en torno a los acuerdos megarregionales tiene implicancias para la normativa y la
estructura de la economía global. Primero, resalta la ausencia de un consenso entre los principales actores
65