La ineficiencia de la desigualdad

Capítulo II
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Pese a su importancia, estos avances son insuficientes y es cada vez más necesario cambiar el sistema
financiero internacional para hacerlo compatible con la movilización de recursos requeridos por la Agenda 2030.
Por ello, en CEPAL (2016a) se resaltó que el aumento de la representación y el poder de decisión de los países
en desarrollo en las instituciones financieras internacionales (en función de su mayor peso en la economía
mundial) tendría el carácter de bien público global. En este esfuerzo debe combinarse la creación de otros
bienes públicos como la coordinación de políticas fiscales, cambiarias y financieras y, en particular, la acción
internacional para reducir la evasión y elusión fiscales, temas que se analizan en el capítulo III.
3. El debilitamiento del multilateralismo
en el comercio internacional
La revolución digital plantea desafíos sin precedentes a la regulación del comercio mundial. Los acuerdos de
los años noventa resultan hoy inadecuados para gobernar los flujos digitales transfronterizos, que crecen de
manera exponencial. Las plataformas digitales y las infraestructuras asociadas, los sistemas de innovación y
las instituciones acordes al nuevo paradigma son determinantes de las ventajas competitivas en esta nueva
era industrial y, por ende, de la hegemonía global en los próximos años.
Mientras el espacio para desarrollar políticas industriales tradicionales se ha reducido marcadamente
producto de los acuerdos de la OMC y de los acuerdos comerciales y de inversión Norte-Sur, la economía
digital permanece menos regulada. Ello deja espacios a los gobiernos para implementar medidas como el
bloqueo de ciertos sitios de Internet, requisitos de localización de servidores o exigencias a los proveedores
extranjeros de revelar el código fuente de sus programas. En este contexto, actores como China, los Estados
Unidos y la Unión Europea compiten por influir en la regulación del comercio digital mundial, con visiones y
modelos muy heterogéneos.
En parte como respuesta a la irrupción de la economía y el comercio digitales, en la primera mitad de la
presente década se iniciaron varios acuerdos comerciales a los que, dada su gran magnitud, se denominó
megarregionales. Entre ellos están el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), la Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión (TTIP) y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP). Estos tres procesos, si bien
diferentes en varios aspectos, tenían en común su carácter plurilateral, su gran peso económico y demográfico
y su amplia cobertura temática (CEPAL, 2016a). En particular, representaban la primera generación de acuerdos
comerciales que, además de abordar la liberalización de los flujos tradicionales de comercio e inversión,
buscaban (con diversos énfasis) la liberalización y regulación de los flujos digitales. Dada su gran escala y la
participación de los principales actores de la economía digital, las negociaciones megarregionales ofrecían el
potencial de generar estándares globales de facto para el comercio electrónico, particularmente en vista del
estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC. En efecto, uno de los aspectos más
destacados del TPP —y de su sucesor, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico— es su
énfasis en la regulación de la economía digital. Ello respondía originalmente al interés de los Estados Unidos
en preservar su posición de liderazgo frente a competidores emergentes, en particular China, país que en
los últimos años ha desplegado una agresiva política industrial digital (Azmeh y Foster, 2016) y adquirido un
papel preponderante en la estructura de poder de la economía digital global, desafiando el liderazgo de los
Estados Unidos.
La llegada al poder de una nueva administración en los Estados Unidos en enero de 2017 alteró sustancialmente
los esfuerzos en curso para redefinir la gobernanza del comercio mundial. La nueva política comercial de ese
país, conocida como America First (los Estados Unidos ante todo), se caracteriza por un discurso abiertamente
proteccionista, un giro desde el multilateralismo al bilateralismo e incluso el unilateralismo, un enfoque
que prioriza la reducción de los déficits comerciales por sobre cualquier otro objetivo, y variados esfuerzos
por lograr una relocalización (reshoring) de industrias y empleos mediante la renegociación de acuerdos
comerciales, la desregulación ambiental y la reforma fiscal que entró en vigencia en diciembre de 2017 (véase
el recuadro II.1).
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