La ineficiencia de la desigualdad

La ineficiencia de la desigualdad
Capítulo II
En la década de 1990, la migración neta superó el aumento natural como el principal impulsor del
crecimiento poblacional en las regiones desarrolladas y se espera que sea el único motor de crecimiento a
partir de la década de 2020. Para la década de 2040, se proyecta que el crecimiento de la población en esas
regiones será negativo y la migración neta positiva ya no podrá compensar el mayor número de defunciones
con relación a los nacimientos. En las regiones en desarrollo, se espera que el crecimiento demográfico
disminuya entre 2000 a 2050, debido principalmente a una desaceleración del aumento natural causado por
la caída de la tasa de fecundidad. Si bien, de una manera general, el efecto de la migración sobre el tamaño
de la población en estas regiones será relativamente pequeño, sería bastante significativo en algunos países,
en especial aquellos con poblaciones menos numerosas.
Dado que los migrantes internacionales tienden a concentrarse en las edades laborales, la migración neta
positiva puede reducir la relación de dependencia de las personas mayores (personas de 65 años o más por
cada 100 personas de 15 a 64 años), que es comúnmente utilizada para evaluar los posibles costos sociales
y económicos asociados al envejecimiento poblacional. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, esa
relación aumentará un 71% en las regiones desarrolladas entre 2015 y 2050. En ausencia de la migración, el
aumento sería del 87%. Si bien la migración internacional podría tener un impacto importante en las tasas de
dependencia en determinadas situaciones y períodos, es improbable que revierta la tendencia a largo plazo
hacia el envejecimiento.
El marco normativo sobre migración internacional incluye instrumentos relacionados con los derechos
humanos de las personas migrantes, los derechos de los trabajadores migrantes y la protección de los
refugiados, así como instrumentos diseñados para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas. En
general, en todas las regiones estos instrumentos muestran tasas de ratificación más bajas en comparación
con los demás instrumentos. En América Latina y el Caribe se encuentra el mayor porcentaje de países que
han ratificado al menos un instrumento de derechos de los migrantes, mientras que los países de América
del Norte no han ratificado ninguno (Naciones Unidas, 2016).
2. La necesidad de una nueva arquitectura financiera
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el financiamiento
para el desarrollo, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de París sobre el
cambio climático implican una transformación profunda del estilo de desarrollo, cuya implementación requiere
una gran movilización de recursos, acompañada de cambios en su financiación, organización y asignación.
Para ello es preciso profundizar la reforma a la gobernanza global iniciada por los organismos multilaterales,
que aumenta el reconocimiento del peso y el poder de voto de las economías en desarrollo. En septiembre
de 2016, el FMI incluyó el yuan en la canasta de monedas que conforman los derechos especiales de giro
(DEG). A esto hay que añadir que el Gobierno de los Estados Unidos aprobó la reforma al sistema de cuotas
del FMI planteada en 2010. Esta reforma dispone el aumento de las cuotas para sus 188 países miembros,
que se duplicaron, en un aumento sin precedentes, y la reasignación de un 6% de ellas desde los países
desarrollados a las economías emergentes y en desarrollo. Asimismo, otorga un mayor poder de decisión y
voto a algunas de las mayores economías emergentes y en desarrollo: Brasil, China, India y Rusia, que pasan
a situarse entre los diez principales miembros del FMI. Además, se mantuvieron las cuotas y los derechos de
voto de los países miembros con menores ingresos (con un PIB per cápita inferior a 1.135 dólares en 2008).
Por último, esa reforma planteó aumentar los cupos para países emergentes y países en desarrollo.
En 2008, el Banco Mundial inició una reforma para ampliar la representación de los países en desarrollo,
reconociendo que “la distribución de la participación es importante para la legitimidad de la institución”.
En 2010, aumentó la participación de los países en desarrollo al 47,19%, de un 44,06% en 2009. En
septiembre de 2015, se reconoció la participación creciente de los países en desarrollo y en transición en
la economía mundial y, en consecuencia, se plantea que la participación con derecho a voto de los países
en desarrollo ascienda al 52,76%.
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