La ineficiencia de la desigualdad

Capítulo VII
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
de los catastros mediante herramientas satelitales y de georreferenciación puede formar parte de una
estrategia urbana de innovación tecnológica.
La normativa nacional sobre desarrollo urbano puede contribuir de manera significativa al empoderamiento
de las ciudades y otros niveles de gobierno a la hora de aplicar instrumentos de fiscalidad e inclusión. Entre las
experiencias de innovación referidas a esas políticas, destacan los países que cuentan con un marco normativo
avanzado en materia de desarrollo urbano 31 . En este sentido, la integración de objetivos compatibles con el
derecho a la ciudad en un marco coherente de legislación urbana es un reto estratégico para construir ciudades
sostenibles y aprovechar mejor los beneficios de las nuevas tecnologías 32 . Una forma de impulsar avances
legislativos en la materia es articular una política nacional urbana que considere la urbanización sostenible
como parte de los objetivos nacionales de desarrollo.
e) Condiciones habilitantes de la sostenibilidad urbana y el cambio productivo
Las siguientes propuestas se articulan en torno a la descarbonización de los servicios públicos masivos
y la apropiación del cambio tecnológico en los territorios urbanos:
1. Mejorar radicalmente la normativa sobre el desempeño ambiental de los servicios públicos y las
emisiones de los vehículos urbanos para acelerar la innovación en el sector productivo, particularmente
en materia de movilidad y construcción.
2. Fortalecer las finanzas locales sobre la base de la racionalización del uso del territorio urbano para
descarbonizar la actividad productiva y reducir la desigualdad.
3. Fomentar la apropiación de las tecnologías digitales para mejorar la operación urbana mediante la
virtualización y la consiguiente racionalización de la demanda de viajes, el mayor y más fácil acceso a
todo tipo de servicios y la optimización de los servicios públicos —incluidos registros y catastros— y
las finanzas locales. La digitalización también debe fortalecer y profundizar la participación informada
y oportuna en las decisiones clave para orientar el estilo del desarrollo.
4. Desarrollar políticas nacionales urbanas —uno de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana aprobada en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III),
puesto que constituye una oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenible— y articularlas con las
políticas industriales y tecnológicas en los distintos niveles de gobierno.
4. El sector energético como motor del cambio
La experiencia internacional muestra que el gran impulso ambiental es posible. Como ejemplos de fuera de
la región pueden mencionarse el desarrollo de la energía fotovoltaica en China y el de la energía eólica en
Alemania. En ambos, se trata de inversiones que requirieron procesos madurativos para poder desplegar todo
su potencial y transformar los patrones de producción y consumo.
La estrategia de China se estructura en planes quinquenales que prevén inversiones equivalentes al 5%
del PIB en sistemas de ahorro de energía y tecnologías respetuosas con el medio ambiente, biotecnología,
tecnologías de la información de nueva generación, nuevos materiales, combustibles alternativos y automóviles
eléctricos. En ese marco, se han realizado cuantiosas inversiones en tecnologías solares y eólicas. Para ello,
se fomentó el aporte del financiamiento necesario por parte del Banco de Desarrollo de China a las empresas
31
El Estatuto de la Ciudad, del Brasil (2001), así como la Ley de Reforma Urbana (1989) y la Ley núm. 388, sobre ordenamiento territorial (1997), de Colombia, aseguran
el marco normativo para numerosas iniciativas en esos países.
32
La participación de la sociedad civil en la articulación de la legislación urbana y la insistencia en su implementación es fundamental, más aún cuando se constatan
la aplicación irregular de los instrumentos y deficiencias en la recaudación, incluso en contextos en que se cuenta con normativa avanzada.
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