La ineficiencia de la desigualdad

Capítulo VII
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
• La industria de las tecnologías de la información —hardware, plataformas, aplicaciones o datos—, a
fin de aumentar la oferta de calidad de proveedores de productos y servicios para la modernización
digital de las empresas.
• Capacidades empresariales para la transformación digital de los modelos de negocios, productos
y servicios.
Esta política industrial debe asegurar la sinergia entre los programas gubernamentales (nacionales,
subnacionales y locales), promover las alianzas público-privadas y garantizar la transparencia y los mecanismos
de evaluación y rendición de cuentas en los ámbitos de la inversión, la innovación y la regulación. El desafío
institucional consiste en:
• Ampliar las estrategias de desarrollo digital —las agendas digitales— con políticas de transformación
y especialización productiva, formación de recursos humanos e innovación tecnológica que presten
atención a las MIPYMES.
• Transitar hacia modelos de regulación que generen incentivos para cubrir las nuevas necesidades
de inversión en redes y consideren las características de la Internet de la producción en términos de
nuevos modelos de despliegue, interoperabilidad, seguridad, protección de datos y privacidad.
• Desarrollar un mercado digital regional que permita aprovechar economías de escala y de red, mediante
la armonización del espectro y de las regulaciones nacionales.
Las propuestas de políticas se sitúan en las esferas de la inserción internacional, la infraestructura y la
regulación y las acciones de apoyo a la oferta y la demanda.
Las políticas de inserción internacional deben conectar a la región a las redes tecnológicas internacionales
y apoyar la transferencia de conocimientos y capacidades en áreas como las de los dispositivos, las redes de
alta velocidad, las plataformas digitales y la integración de mercados. Se busca atraer las nuevas capacidades
tecnológicas y empresariales necesarias para llevar a cabo los programas de especialización prioritarios mediante
instrumentos de cooperación internacional, formación de recursos humanos, transferencia tecnológica,
atracción de inversiones y redes de emprendimiento.
El objetivo principal de la política de infraestructura y regulación es generar condiciones que aumenten
la inversión en infraestructura para incrementar la penetración y la calidad de la banda ancha fija y móvil. El
retraso en las inversiones en redes de nueva generación puede provocar una saturación de las redes ante el
continuo crecimiento del tráfico de datos.
Esta política debe posibilitar, en un ambiente de creciente convergencia e hiperconectividad, la compatibilidad
entre inversión, competencia e innovación. Es cada vez más necesario redefinir el alcance de las políticas de
promoción de la competencia y precisar sus efectos sobre los nuevos mercados, cada vez más orientados a la
oferta de intangibles. Deben reconsiderarse las categorías tradicionales, como el poder de mercado o el abuso
de posición dominante, teniendo en cuenta dinámicas como la de los mercados en que el ganador se lleva
todo (winner takes all), que se traduce en una tendencia hacia la concentración, o, por el contrario, la de los
mercados en los que la entrada de nuevas empresas es muy significativa, debido a la disrupción tecnológica
que elimina barreras y crea nuevos sectores. Esto implica reforzar los entes regulatorios y los instrumentos
que aseguren marcos competitivos para la actividad empresarial en estas nuevas condiciones tecnológicas.
Ante los cambios en los marcos legales e institucionales, las empresas han adoptado dos enfoques. En
uno, las empresas disruptivas construyen una masa crítica antes de participar en las discusiones regulatorias,
lo que ejerce presión sobre el regulador y hace un llamado directo a la acción de todos los actores involucrados.
En otro, participan con los reguladores en la formulación de la legislación, incluso en ambientes desregulados,
como en el modelo de sandbox regulation o entorno de prueba 17 .
17
Este concepto de refiere a la creación de un espacio seguro y limitado temporalmente en el que las empresas pueden experimentar productos, servicios, modelos
de negocio o mecanismos de distribución y probar, en diálogo con los reguladores, nuevos modelos e instrumentos regulatorios.
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