La ineficiencia de la desigualdad

Capítulo VII
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
• La política industrial y el mercado no se oponen: las buenas prácticas de política industrial deben
coincidir con la defensa de la competencia y el dinamismo del sector privado. Existen abundantes
ejemplos de cómo diseñar estrategias de políticas para desarrollar mecanismos competitivos. Por
ejemplo, tarifas reguladas a partir de procesos de licitación pública, normas ambientales de productos
y procesos con base en propuestas y prácticas óptimas del sector privado o la concesión de subsidios
a la investigación y desarrollo solo después de haber recibido y evaluado licitaciones de conglomerados
productivos o de regiones.
• Es necesario proveer una dirección a largo plazo: las políticas modernas trazan una trayectoria de
desarrollo a largo plazo, se mantienen en el tiempo y simultáneamente ofrecen la necesaria flexibilidad.
Es posible crear mercados para inversiones verdes (por ejemplo, mediante tarifas reguladas para
favorecer las energías renovables) que generen aprendizajes tecnológicos, aprovechen economías de
escala y produzcan con menores costos unitarios.
• Lo que distingue a los países es la capacidad de implementar políticas, no la de formularlas: las
fallas de implementación debilitan o anulan las señales de política que buscan impulsar la inversión y la
innovación. En la región, aún proliferan los programas que no se ejecutan por insuficiencia de recursos
humanos y financieros o por falta de compromisos políticos para superar los problemas de gestión de
políticas complejas que deben sostenerse a largo plazo.
• La implementación es compleja y arriesgada: se pueden reducir los costos de los posibles fracasos
aumentando la transparencia del proceso, la participación y los pactos entre las partes interesadas,
llevando a cabo un monitoreo continuo y evaluando el progreso hacia el logro del aprendizaje sistemático
de políticas.
En resumen, cuando están bien formuladas, las políticas industriales y tecnológicas establecen un marco
estratégico con indicadores para facilitar las decisiones de las empresas sobre las inversiones de largo plazo,
en un proceso que estimula la competencia y ofrece garantías para la adopción de medidas correctivas. En la
región, la atención debe centrarse en los arreglos institucionales necesarios para una efectiva implementación.
a) Políticas e instrumentos para la transformación digital
de la actividad productiva
El principal desafío del cambio estructural ante la disrupción tecnológica analizada en el capítulo II es la
incorporación de las tecnologías digitales y el paso de la Internet del consumo a la Internet de la producción
(CEPAL, 2016). La digitalización de la producción es una poderosa fuerza en favor de la descarbonización y
la sostenibilidad. Su expansión en la economía y la sociedad aumenta el peso de los servicios y los bienes
intangibles (digitales), cuya huella material y de carbono es muy inferior a la de los bienes físicos, sobre todo
en lo referente al uso de plásticos y a los costos de transporte. En este sentido, la virtualización de procesos
—por ejemplo, en las fases de diseño, desarrollo de prototipos y pruebas— reduce o elimina insumos físicos.
En relación con el funcionamiento de los mercados, la digitalización hace posible un notable proceso de
desintermediación, mediante el cual se reduce el número de etapas o eslabones de las cadenas de valor
y, por consiguiente, se ahorran energía e insumos. Por otra parte, la analítica de datos posibilita una mejor
desagregación o segmentación de los mercados, dado que reduce las existencias invendibles y el desperdicio
de materiales y esfuerzos. Finalmente, las empresas de la economía de ocupaciones transitorias (gig economy),
desarrollada sobre la base de la digitalización, permiten un mejor aprovechamiento del capital fijo inmueble y
móvil. Así, aumentan la oferta de servicios de hospedaje sin requerir más construcción hotelera e incrementan
la oferta de servicios de movilidad urbana aprovechando el tiempo ocioso del capital en vehículos, sin aumentar
la demanda de unidades, con el ahorro en materiales y energía que ello conlleva. Por su parte, las aplicaciones
de navegación urbana (por ejemplo, Waze) reducen los tiempos de transporte y las emisiones. En este sentido,
la digitalización es un poderoso instrumento para avanzar hacia ciudades sostenibles.
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