La ineficiencia de la desigualdad

La ineficiencia de la desigualdad
Capítulo VII
incluso la coordinación y supervisión de su comercialización. Esta noción del gran impulso es aún más completa
si se caracteriza la intervención estatal mediante el trinomio visión-misión-plan (Mazzucato, 2011 y 2015) 13 .
La propuesta de la CEPAL recoge estas ideas y las adapta a las particularidades de la región. Busca articular
el cambio de los patrones de producción y consumo con la transformación productiva, poniendo a las políticas
industrial y tecnológica en el centro de la agenda de desarrollo sobre la base de la sostenibilidad ambiental.
Ello supone implementar políticas públicas coherentes y con continuidad; de no ser así, las inversiones,
regulaciones, precios, impuestos y otros componentes de la acción estatal no darían lugar a una trayectoria
de innovación, sino que quedarían como iniciativas aisladas.
Las nuevas oportunidades de transformación productiva pueden surgir de la aplicación de las tecnologías
digitales a la producción, así como del aumento de la densidad del tejido industrial por efecto de la redefinición
de las tecnologías en uso y de la matriz energética. Algunos ejemplos de ello son la gestión de ciudades
inteligentes; la expansión del transporte masivo; el manejo de la biodiversidad; la recuperación de los
territorios rurales; el manejo y aprovechamiento sostenible del agua dulce; el desarrollo de los biomateriales,
y la producción de energías renovables y el consiguiente desarrollo de sus cadenas de valor. Cada una de
estas actividades es una opción de diversificación productiva en una agenda transformadora que genere las
condiciones materiales para la inclusión social al tiempo que oriente las inversiones en una trayectoria de
crecimiento bajo en carbono.
2. Políticas industriales y tecnológicas para la digitalización
de la producción
Promover el crecimiento económico y el empleo con sostenibilidad ambiental implica diseñar e implementar
políticas industriales y tecnológicas que favorezcan la inversión en la elaboración de bienes y la provisión de
servicios asociados a la producción y el consumo bajos en carbono y con una huella material que no atente
contra el patrimonio natural. Para encauzar las inversiones en la dirección deseada y hacerlas viables, son
necesarios instrumentos e instituciones que generen los incentivos adecuados, desde las políticas impositiva
y regulatoria a las políticas de financiamiento e inversión pública, incluidos el desarrollo de infraestructura, la
provisión de bienes públicos, el fomento a las MIPYMES y el estímulo a las asociaciones público-privadas. El
objetivo es sustituir las actividades que tengan un alto impacto ambiental y un reducido dinamismo tecnológico,
y que generen relativamente pocos eslabonamientos productivos y empleos, por una estructura productiva
basada en actividades de elevado dinamismo tecnológico, fuertes encadenamientos productivos, empleos
de calidad y baja huella ambiental. Es decir, un cambio estructural progresivo basado en un gran impulso
ambiental. La experiencia internacional ofrece lecciones para conformar el marco en el que deberán operar
ese tipo de políticas (Cimoli y otros, 2017):
• Se ha de responder a objetivos económicos y sociales: las políticas deben ser más que herramientas
para aumentar la productividad, mejorar la competitividad y promover el cambio estructural. Deben
formar parte de un proyecto social para alcanzar y equilibrar metas como la creación de empleo, el
aumento de la igualdad y el combate del calentamiento global, como se postula en la Agenda 2030.
• Se requieren políticas activas de cambio estructural: las políticas deben concebirse en un contexto
dinámico y focalizarse en trayectorias de aprendizaje y resultados en términos de productividad y
competitividad. Estas trayectorias se apoyan en los mercados y la competencia, donde las políticas
públicas orientan e incentivan la inversión privada.
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La “visión” define la tecnología que se investiga y prevé sus aplicaciones y efectos en la producción y el consumo. Una visión que sea un pronunciamiento
sociopolítico y defina una dirección permite la convergencia de actores, sectores e inversiones e impulsa innovaciones y procesos sinérgicos entre suministros,
habilidades, equipamientos, servicios, distribuciones, redes y demandas (Mazzucato y Pérez, 2014). La noción de “misión” alude a la organización de una agenda
acorde con la visión, la coordinación de los estamentos públicos que deben invertir en la creación de esa agenda y la articulación de los institutos y organismos
que participarán en el proceso de investigación. Finalmente, el “plan” abarca la coordinación de las inversiones iniciales, la generación de condiciones para el
mercado —incluida su articulación con los organismos públicos responsables de establecer estándares de producción y consumo— y la convocatoria al sector
privado en el momento y las fases en que resulte más adecuado.
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